Merced Montero García
Expediente 299/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Merced Montero García
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual informa que en sesión celebrada el siete de enero del presente año, al resolver el conflicto competencial 8/2020, suscitado entre esta autoridad y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Si existe conflicto competencial. SEGUNDO.- Se declara competente al Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para conocer y resolver la demanda promovida por Merced Montero García, contra actos que reclama del Presidente Municipal del municipio de Huehuetlan, San Luis Potosí, y otras autoridades. En consecuencia, remítanse a esa autoridad los autos del expediente formado con motivo de dicho escrito de amparo y demás constancias agregadas al mismo." Atento a lo anterior y como lo solicita al autoridad oficiante, acúsese el recibo de estilo correspondiente, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente (cuaderno de antecedentes) es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó rechazar la competencia para conocer del presente asunto; y en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre y por la Secretaria de su adscripción, por medio del cual informan que, en relación con la demanda de amparo promovida por ...registrada con el número 642/2020 de su índice, se insiste en declinar la competencia a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles; en consecuencia, se planteó conflicto competencial y se remitieron los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. ....
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual, informa que dicho órgano colegiado se avocó al conocimiento del conflicto competencial entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el cual quedó registrado con el número 8/2020 de su índice; en tal virtud, agréguese dicha comunicación para los efectos legales a que haya lugar. ...
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veinte. Demanda de amparo. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 642/2020-6, de su índice, originado con motivo de la demanda de amparo promovida por Merced Montero García, contra actos del Presidente Municipal de Huehuetlán, San Luis Potosí y otras autoridades; toda vez que mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, estimó que corresponde a un juzgado de distrito, con residencia en Ciudad Valles, el conocimiento de la demanda de que se trata, por razón de territorio, por lo que ordenó la remisión de dicho expediente. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 299/2020. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Rechazo de competencia. Ahora, este órgano de control constitucional considera que no se actualiza el supuesto de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo. Lo anterior, debido a que dicho órgano de control constitucional fundamenta su declaración de incompetencia, en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48 de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En forma toral, el juzgado declinante, motiva la declinación de competencia, en el hecho de que a su consideración, las determinaciones reclamadas tuvieron ejecución en el municipio de Huehuetlán, San Luis Potosí, pues en dicho lugar fueron entregados a los demandados los oficios a través de los cuales se les requiere el cumplimiento del laudo a que resultaron condenados en el juicio de origen, y además en dicho lugar darán cumplimiento a lo ordenado por el tribunal laboral; por lo que, a su consideración los actos reclamados por la quejosa se ejecutaron y se seguirán ejecutando en el municipio en comento: y conforme a ello, declinó la competencia para conocer del presente asunto a los juzgados de distrito con residencia en esta ciudad. Ahora bien, este órgano jurisdiccional, considera que los actos reclamados carecen de ejecución material, toda vez que la parte quejosa los hace consistir: La omisión y abstención de dar contestación o respuesta a los oficios girados dentro del juicio laboral 118/2007/M-4 de fechas seis de febrero de esta anualidad por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en el que se requiere al Ayuntamiento de Huehuetlán, San Luis Potosí, por el cumplimiento del laudo emitido en su contra dentro del referido controvertido de origen, para que adecuen el presupuesto de egresos del Ejercicio Fiscal de este año y en su caso programen para el siguiente, por el pago del referido laudo, así mismo para que de las partidas presupuestales y aportaciones tanto Estatales como Federales que reciban realicen las gestiones y operaciones necesarias con la encomienda de realizar una sesión de cabildo extraordinaria para aprobar ese tema a efecto de que cumplan íntegramente con las resultas económicas a que fueron condenados en el laudo emitido en su contra. La omisión o abstención de realizar una sesión de cabildo extraordinaria para dar cumplimiento a los aludidos oficios girados dentro del juicio laboral de origen. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama las omisiones de las autoridades responsables de dar respuesta y cumplimiento a los oficios girados por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, dentro del juicio laboral 118/2007/M-4, y como tal la materia del presente juicio de amparo son dichas omisiones, es decir, un no actuar, que en caso de existir, llevará a resolver si vulnera, o no, derechos fundamentales, no así las actuaciones, que en su caso desplieguen dichas autoridades a fin de atender los oficios en cita. En ese contexto, se concluye que el acto que reclama la parte quejosa, carece de ejecución material y en consecuencia se considera que no se surte el supuesto de competencia referido por la juez federal en mención. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia PC.XV. J/34 L (10a.), emitida por el Pleno del Décimo Quinto Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1393, con número de registro 2017790, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE HACER CUMPLIR EL LAUDO Y ACORDAR PETICIONES, ASÍ COMO LA ABSTENCIÓN DE ACATARLO. AL SER ACTOS QUE NO REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; luego, la omisión de cumplir y hacer cumplir el laudo dictado y de acordar sus peticiones, así como la abstención de acatarlo, reclamados a las autoridades responsables (autoridad jurisdiccional y parte patronal en el juicio laboral), constituyen actos que no requieren de ejecución material. Por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, ya que se trata de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios para cumplir el laudo condenatorio, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución, lo que se traduce en que se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras las autoridades persistan con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es su omisión, es decir, un no actuar, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables." Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500, registro 2006529, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. Por tanto, no se acepta la competencia declinada por la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre. En consecuencia, devuélvanse las constancias al juez oficiante para que provea lo conducente. Previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo y solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Autorizado. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Oswaldo Ibarra Noyola, toda vez que cuenta con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este juzgado, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, registro 2021840, que es del siguiente tenor: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requieren el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: (I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese.
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