Melitina Lárraga Lucero
Expediente 195/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 195/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Melitina Lárraga Lucero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta de la que se advierte, que mediante proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve (fojas 106 y 107), se concedió a la quejosa *** el plazo de noventa días naturales a efecto de que compareciera a este Juzgado Federal a recoger el documento original que acompañó a su demanda de amparo, esto, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado dicho documento sería destruido con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que ha fenecido el plazo otorgado mediante el proveído de referencia, sin que la promovente de amparo acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, el documento exhibido será destruido con el presente expediente. En virtud de lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 214 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Melitina Lárraga Lucero, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Por otro lado, toda vez que existe un documento original que se acompañó a la demanda de amparo, se ordena notificar personalmente a la parte promovente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger el documento original que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, será destruido con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, una vez que transcurra el aludido término, o se reciba la documental de referencia, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Notifíquese, y personalmente a la promovente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Melitina Lárraga Lucero, por el que pretende desahogar la prevención efectuada en acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso; sin embargo, dígase a la promovente que se esté a lo acordado en auto de diez de junio de dos mil diecinueve, en el cual se proveyó lo conducente y se desechó la demanda por notoriamente improcedente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días concedido a la parte promovente mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, transcurrió del tres al siete de junio del año en curso, sin que desahogara la prevención ahí contenida; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia y por ende, este órgano de control constitucional únicamente se pronunciará por las autoridades y actos precisados originalmente en el escrito de demanda de amparo, a excepción por la que se le previno. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que debe estar plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior, se tiene que los actos que aquí reclama la promovente del amparo, consisten esencialmente en: -El auto de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, dictado en los autos del juicio 38/2001, del índice de la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, en el que se aprobó el convenio laboral celebrado entre las partes. (Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en la Ciudad de México); -Haber dado fe de los actos reclamados (Secretario de acuerdos de la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje); -Haber permitido la ratificación del convenio celebrado la parte patronal y parte de los trabajadores actores en el juicio laboral de origen 38/2001, del índice de la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje exhortante, en auxilio de las labores de ésta en el exhorto 126/2014 (Junta Especial Número Treinta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en la ciudad de San Luis Potosí); y -La inscripción del convenio referido en líneas que anteceden, de veintidós y diecinueve de diciembre de dos mil catorce, en el inmueble registrado a nombre de Destilería Huasteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, inscritos bajo el Tomo treinta y seis del año mil novecientos cincuenta y seis, tomo tercero de mil novecientos cincuenta y cinco; y haber levantado el embargo trabado por los trabajadores actores en el juicio laboral 38/2001, inscrito en el número treinta y seis, Tomo III de Propiedad de veinte de marzo de mil novecientos cincuenta y seis (Registro Público de la Propiedad de Ciudad Valles, San Luis Potosí). En la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, es así, que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y .." La fracción inserta regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativos o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. De igual forma, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en página mil ochocientos dieciséis, tomo XXIII, marzo de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En el caso, resulta jurídicamente válido afirmar que la determinación reclamada, no constituye un acto con carácter definitivo; por ende, se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la promovente, en su carácter de parte actora en el juicio laboral 38/2001 de origen, no agotó el medio ordinario previsto por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 489, en atención a lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. En tal sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, el citado acto reclamado es susceptible de impugnarse mediante el recurso de revisión. El dispositivo legal invocado es del tenor literal siguiente: "Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Esto es, el auto combatido en el presente sumario constitucional, puede ser impugnado mediante el recurso de revisión, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne, ya que se encuentra expresamente regulado en la citada legislación, en ese sentido, y considerando que la promovente es parte actora en el juicio laboral de origen, está en condiciones de acudir a defender sus derechos, en la forma referida con anterioridad. En efecto, de la lectura de las constancias que anexó a su escrito de demanda de amparo la promovente, se destaca el relativo al acuerdo dictado por la Presidenta de la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje residente en la Ciudad de México, en el que aprobó el convenio de treinta de junio de dos mil catorce en la modalidad de cumplimiento del laudo dictado el veintitrés de febrero de dos mil catorce, y ordena expedir el oficio al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, para la cancelación del embargo en el bien inmueble detallado en líneas que anteceden, reservándose acordar lo relacionado al archivo del juicio laboral 38/2001, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo ahí ordenado (foja 20 reverso y 21), acuerdo anexo al exhorto 08.10 deducido del expediente 38/2001, de veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis. En este orden de ideas, al no haberse hecho valer contra la resolución que se reclama el recurso de revisión, en contra del acto destacado, que lo es el acuerdo dictado por la Presidenta de la Junta Especial número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje residente en la Ciudad de México, en el que se aprobó el convenio y ordenó la cancelación del embargo, debido a que se recibió el exhorto que se remitió a la diversa Junta Especial Número Treinta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje residente en la ciudad de San Luis Potosí, que en auxilio de sus labores realizó la ratificación del convenio de mérito, por alguno de los trabajadores actores en el juicio laboral de génesis; es claro que no se satisfizo por la parte promovente el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que regula la determinación impugnada, mediante los cuales pudo ser modificada o revocada; atento a lo cual, es incuestionable que el solicitante de la protección de la justicia federal debió agotar tal procedimiento antes de acudir a esta instancia constitucional, pues, ante la existencia del mismo pudo haber logrado lo pretendido a través del juicio de Amparo. Ahora bien, debe decirse, que de la lectura integra del escrito de demanda no se está en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; así como tampoco el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. De ahí que, este órgano de control constitucional estime que la promovente está obligada a agotar el aludido recurso de revisión previo a interponer el presente juicio constitucional, en observancia al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de revocar, modificar o confirmar la determinación reclamada, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. Expuesto lo anterior, es claro que la impetrante, no acató el principio de definitividad, que rige en el juicio de amparo, por tal motivo, se afirma que la demanda de amparo es improcedente, en virtud de que no se agotó el medio ordinario previsto por la ley, en atención a lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. En consecuencia, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara que opera la causal de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, además de que se cuenta con todos los elementos para llegar a esa determinación; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dispone: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ente los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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