Merced García López
Expediente 1347/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1347/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Merced García López
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), se determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso b) (expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO QUE FUE ENTREGADO...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por MERCED GARCÍA LÓPEZ, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 1347/2022. Desechamiento Ahora bien, examinada la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano. La parte quejosa reclama de las autoridades responsables Vice Fiscal y Agente del Ministerio Público, adscritas a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, dependiente de la Vice Fiscalía Regional de la Mixteca dependiente de la Fiscalía General del Estado, lo siguiente: * La omisión de judicializar o pedir orden de aprehensión en la carpeta de investigación 22659/FMIX/HUAJUAPAN/2022, por el delito de corrupción con fundamento en los artículos 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 205 del Código Penal del Estado de Oaxaca, en contra de JORGE ALBERTO MIGUEL SANTIAGO. En ese contexto, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. (. )" La causa de improcedencia señalada, se actualiza cuando se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Como puede verse, la citada causa de improcedencia supone que antes de acudir a la vía constitucional extraordinaria, se agoten todas las posibilidades que la ley ordinaria concede a efecto de que la determinación o actuación judicial que genera afectación sea revocada, modificada o nulificada; salvo las excepciones expresamente delimitadas en la propia legislación. Ahora bien, debe precisarse que la Constitución Federal en su artículo 20 menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, y en su apartado C se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que constituyan la comisión de un delito como se advierte de las fracciones II y VII, que a la letra dicen: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (. ) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (. ) II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. (. ) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, también se reconocen los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, fracción XXI, pues se estima la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (. ) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (. )" En ese sentido, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el control judicial como medio de impugnación, al disponer lo siguiente: "Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del dispositivo legal transcrito, se advierte que las omisiones o negligencias del ministerio público pueden ser reclamadas ante el juez de control, a fin de que los asuntos sean resueltos de forma breve; por tanto, dicho juzgador puede revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público y conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias. En el caso, la parte quejosa estuvo en aptitud de promover el medio de defensa innominado contra las abstenciones u omisiones del ministerio público en la indagatoria, antes de acudir al juicio de amparo, ya que es el medio de impugnación que expresamente establece la legislación ordinaria aplicable, mediante el cual se puede conminar a la autoridad responsable a que realice las gestiones de su competencia a fin de lograr el estímulo procesal requerido, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional; por tanto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Consecuentemente, si el acto reclamado en el presente juicio lo constituye precisamente la omisión y negativa de proseguir la investigación inicial, judicializando la carpeta de investigación de origen, en la cual además, la quejosa tiene la calidad de víctima, entonces resulta claro que antes de acudir al juicio de amparo, se debió promover el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Siendo aplicable al caso la diversa jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." Cabe destacar que el acto reclamado en estudio, no encuadra en ninguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en la Ley de Amparo, pues como se aprecia de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad expuso, no es tercero extraña en el citado controvertido; además, no se trata de una ley o de un acto de privación de libertad que la exima de la obligación de agotar los recursos ordinarios antes de acudir en solicitud de amparo, por lo que estaba obligado a cumplir con el principio de definitividad aludido. Sin que sea óbice a la anterior determinación el hecho de que también se haya señalado como responsable a la Vice Fiscal adscrita a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, dependiente de la Vice Fiscalía Regional de la Mixteca dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ya que a ésta se le reclama también la omisión, como jefa del Agente del Ministerio Público de esa Vice Fiscalía; de ahí que respecto de ambas autoridades debió agotarse el principio de definitividad previamente a la promoción de este juicio constitucional. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 de ese cuerpo normativo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, Colonia ********************, Oaxaca, y por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las personas que señala, sin gozar de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional de licenciado en derecho o proporcione el número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA". Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente arbitrio de este juzgado federal, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por MERCED GARCÍA LÓPEZ, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 1347/2022. Desechamiento Ahora bien, examinada la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano. La parte quejosa reclama de las autoridades responsables Vice Fiscal y Agente del Ministerio Público, adscritas a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, dependiente de la Vice Fiscalía Regional de la Mixteca dependiente de la Fiscalía General del Estado, lo siguiente: * La omisión de judicializar o pedir orden de aprehensión en la carpeta de investigación 22659/FMIX/HUAJUAPAN/2022, por el delito de corrupción con fundamento en los artículos 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 205 del Código Penal del Estado de Oaxaca, en contra de JORGE ALBERTO MIGUEL SANTIAGO. En ese contexto, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. (. )" La causa de improcedencia señalada, se actualiza cuando se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Como puede verse, la citada causa de improcedencia supone que antes de acudir a la vía constitucional extraordinaria, se agoten todas las posibilidades que la ley ordinaria concede a efecto de que la determinación o actuación judicial que genera afectación sea revocada, modificada o nulificada; salvo las excepciones expresamente delimitadas en la propia legislación. Ahora bien, debe precisarse que la Constitución Federal en su artículo 20 menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, y en su apartado C se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que constituyan la comisión de un delito como se advierte de las fracciones II y VII, que a la letra dicen: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (. ) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (. ) II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. (. ) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, también se reconocen los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, fracción XXI, pues se estima la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (. ) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (. )" En ese sentido, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el control judicial como medio de impugnación, al disponer lo siguiente: "Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del dispositivo legal transcrito, se advierte que las omisiones o negligencias del ministerio público pueden ser reclamadas ante el juez de control, a fin de que los asuntos sean resueltos de forma breve; por tanto, dicho juzgador puede revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público y conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias. En el caso, la parte quejosa estuvo en aptitud de promover el medio de defensa innominado contra las abstenciones u omisiones del ministerio público en la indagatoria, antes de acudir al juicio de amparo, ya que es el medio de impugnación que expresamente establece la legislación ordinaria aplicable, mediante el cual se puede conminar a la autoridad responsable a que realice las gestiones de su competencia a fin de lograr el estímulo procesal requerido, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional; por tanto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Consecuentemente, si el acto reclamado en el presente juicio lo constituye precisamente la omisión y negativa de proseguir la investigación inicial, judicializando la carpeta de investigación de origen, en la cual además, la quejosa tiene la calidad de víctima, entonces resulta claro que antes de acudir al juicio de amparo, se debió promover el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Siendo aplicable al caso la diversa jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." Cabe destacar que el acto reclamado en estudio, no encuadra en ninguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en la Ley de Amparo, pues como se aprecia de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad expuso, no es tercero extraña en el citado controvertido; además, no se trata de una ley o de un acto de privación de libertad que la exima de la obligación de agotar los recursos ordinarios antes de acudir en solicitud de amparo, por lo que estaba obligado a cumplir con el principio de definitividad aludido. Sin que sea óbice a la anterior determinación el hecho de que también se haya señalado como responsable a la Vice Fiscal adscrita a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, dependiente de la Vice Fiscalía Regional de la Mixteca dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ya que a ésta se le reclama también la omisión, como jefa del Agente del Ministerio Público de esa Vice Fiscalía; de ahí que respecto de ambas autoridades debió agotarse el principio de definitividad previamente a la promoción de este juicio constitucional. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 de ese cuerpo normativo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, Colonia ********************, Oaxaca, y por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las personas que señala, sin gozar de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional de licenciado en derecho o proporcione el número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA". Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente arbitrio de este juzgado federal, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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