Melvin Scott Bermudez Arteaga

Expediente 453/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
453/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
25/10/2021

Partes del expediente

  • Melvin Scott Bermudez Arteaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada con fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, se ordena devolver al juez de Control en materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, un disco DVD, que remitió como justificación a su informe. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca, mediante el cual informa que no cuenta con información del domicilio de la tercera interesada ********************; sin que haya lugar a dictar providencia alguna, toda vez que con fecha cinco de octubre del año en curso, se dictó la sentencia respectiva. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 453/2021; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. MELVIN SCOTT BERMUDEZ ARTEAGA, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, consistente en lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. AUTO DE APERTURA mediante el cual admite a Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la atención de delitos de alto impacto de la fiscalía general del estado de Oaxaca, los siguientes medios de prueba consistentes en: 1. Declaración a cargo del C. José Mendoza Martínez, Declaración del Ciudadano NÉSTOR GUZMÁN MARTÍNEZ, 3. Declaración a cargo de la ciudadana MADAI JEMIMA MENDOZA CHÁVEZ, 4. Declaración a cargo de la ciudadana ALEJANDRA LILIANA MORENO VILLANUEVA;." Los cuales estima violatorios de sus derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, este Tribunal admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, llevador de la carpeta de investigación, que dio origen a la causa penal 476/2020, en su carácter de tercero interesado; posteriormente, el once de junio del año en curso, se ordenó emplazar a los diversos terceros interesados Daniel Cruz Hernández y Martha Méndez Núñez. Finalmente, el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en términos del oficio SEADS/615/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, del secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a las partes que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el siete de julio de dos mil veintiuno, acordó la adscripción del juez Marco Antonio Vignola Conde, como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de agosto del presente año, lo anterior para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo; y citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como, a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama los siguientes actos: La admisión de los medios de prueba ofrecidos por el agente del Ministerio Público, consistentes en las declaraciones de José Mendoza Martínez, Néstor Guzmán Martínez, Madai Jemima Mendoza Chávez y Alejandra Liliana Moreno Villanueva, en la audiencia intermedia, que se llevó a cabo el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, continuada el cinco de abril del referido año, en la causa penal 476/2020. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así como la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. La juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio de amparo. A la documental pública ofrecida por la autoridad responsable consistente en copia autentificada del audio y video de la audiencia intermedia y desahogada en la causa penal 476/2020; con fundamento en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le concede valor probatorio pleno, al haber sido desahogada por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tiene ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionario públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual forma, tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este resolutor estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De lo anterior se advierte que los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en el procedimiento de ejecución reparable, respecto de los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. De tal manera, el amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante los derechos reconocidos en la Carta Magna, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable, por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Ahora, establecido que el amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación que afecta derechos sustantivos, dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, debe reiterarse que el juicio constitucional promovido por la parte quejosa resulta improcedente. Ahora bien, a efecto de realizar el análisis del acto reclamado, es necesario precisar que de la copia autentificada del audio y video de las audiencias desahogadas en la causa penal 476/2020, se advierte lo siguiente: 1. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia intermedia, en la causa penal 476/2020, en que con fundamento en el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la juez responsable, entre otros, admitió los medios de prueba ofrecidos por el agente del Ministerio Público, consistentes en las declaraciones de José Mendoza Martínez, Néstor Guzmán Martínez, Madai Jemima Mendoza Chávez y Alejandra Liliana Moreno Villanueva (minuto 17:06:37). Acto reclamado en este juicio. 2. Dicha audiencia continuó el cinco de abril de dos mil veintiuno, en que se admitieron diversas pruebas ofrecidas por el agente del Ministerio Público y la defensa. 3. Concluida la audiencia intermedia, la juez responsable dictó el auto de apertura a juicio (minuto 20:28:38), en que entre otros aspectos, enunció las pruebas que fueron admitidas a las partes. Ahora bien, el acto reclamado consiste en la admisión de los medios de prueba ofrecidos por el agente del Ministerio Público, consistentes en las declaraciones de José Mendoza Martínez, Néstor Guzmán Martínez, Madai Jemima Mendoza Chávez y Alejandra Liliana Moreno Villanueva, en la audiencia intermedia, que se llevó a cabo el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, continuada el cinco de abril del referido año, en la causa penal 476/2020, no causa un perjuicio de imposible reparación al quejoso, por lo que a continuación se indica. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula las etapas del procedimiento penal acusatorio y oral, al disponer: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." En el caso, el acto reclamado se efectuó en la segunda etapa del proceso, conforme a lo dispuesto por el artículo 211, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto es, la intermedia, que se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. Por otra parte, el artículo 346, del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, los medios de prueba que resulten sobreabundantes (porque acrediten lo mismo), impertinentes (por no referirse a los hechos controvertidos), o innecesarios (por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos). Además, se prevé que el juez de control podrá disponer que la parte que ofrece como medios de prueba la testimonial y la documental, reduzca el número de testigos o documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos (sobreabundantes) o circunstancias que no guarden pertinencia sustancial con la materia de juicio (impertinentes). Finalmente, el artículo 346 en comento, establece la prohibición para que la potestad judicial admita medios de prueba obtenidos con violación a derechos fundamentales, que hubieran sido declarados nulos, o que contravengan las disposiciones señaladas para su desahogo en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden de ideas, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio que incorpora medios de prueba, por tratarse de un acto que no causa un perjuicio irreparable; sin embargo, ese medio de control constitucional, excepcionalmente procederá cuando esa resolución, por sí misma implique un acto de imposible reparación derivado de la violación a un derecho fundamental. Por lo que el acto reclamado, no reviste la calidad de acto irreparable para lo procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que no engendra una violación a derechos sustantivos, pues sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones a derechos adjetivos, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento penal, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así es, la admisión de los medios de prueba de que se trata, por sí misma, no irroga un daño irreparable actual al peticionario del amparo, pues la afectación a su esfera jurídica que pudiera generar las declaraciones mencionadas están sujetas, primeramente a su desahogo, estos es, al contenido del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción que rige el proceso y, además, a que el tribunal de enjuiciamiento lo considere como prueba de cargo al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. Por lo tanto, al no causar el acto reclamado un perjuicio irreparable al quejoso, se actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la ley en cita. Así se sostuvo en la jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, cuyo rubro y texto dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." En ese sentido, al actualizarse la mencionada causa de improcedencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 453/2021, promovido por el quejoso Melvin Scott Bermudez Arteaga. NOTIFIQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el jefe de la Oficina de Atención a Clientes de la Zona Comercial Oaxaca de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Sureste, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de en auto de veintisiete de agosto último, informa que en los archivos de dicha dependencia, no cuenta con registros a nombre de Martha Méndez Núñez; sin que haya lugar a dictar providencia alguna, toda vez que dicha tercera interesada quedó debidamente emplazada al juicio el treinta de agosto del año en curso. NOTIFÍQUESE.

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