[Menor] María José Ordorica Rodríguez
Expediente 801/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- [Menor] María José Ordorica Rodríguez
- [MENOR] MARÍA JOSÉ ORDORICA RODRÍGUEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual informa que causó estado el auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, que desechó la queja 414/2019; por tanto, este juzgador ordena que dicho[s] comunicado[s] debe[n] obrar como constancia. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo, fracción I, y vigésimo quinto del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del punto décimo primero, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental"; así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro e informa que causó estado el auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve, que desechó el impedimento *****2019; por tanto, este juzgador ordena que dicho[s] comunicado[s] debe[n] obrar como constancia. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente. Finalmente, respecto a la remisión al archivo del presente asunto, se reserva hasta en tanto se informe si ya causó estado la queja ****2019 interpuesta en autos.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual solicita copias certificadas; en consecuencia, se ordena expedir únicamente las copias que solicita previo recibo y razón que de ello otorgue en autos el legitimado para ello. Lo anterior, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; asimismo, indíquesele que el uso que le dé a los documentos solicitados, es bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En otro contexto, la parte quejosa solicita que el suscrito se excuse de conocer del presente juicio de acuerdo a las siguientes manifestaciones [.] El artículo 51 de la Ley de Amparo, enumera las causas de impedimento que las partes pueden invocar como excusas para que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y autoridades que conozcan del amparo, dejen de conocer de un juicio de amparo. Además, el citado numeral en sus diferentes hipótesis privilegia la imparcialidad con la cual se debe conducir todo Juzgador, que le impiden impartir una justicia exenta de parcialidad, la cual obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una sentencia justa, lo que no podría cumplirse en el supuesto de que el juzgador estuviese en una situación que implicara elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. En el caso concreto, la fracción VII, del numeral transcrito, establece entre otros supuestos, como causa de impedimento que exista una enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes, la cual hace valer el promovente en el escrito de cuenta. En ese contexto, en el presente caso, a criterio de este Juzgador, no se actualiza causa de impedimento alguna, pues no me encuentro en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 51 de la Ley de Amparo, para seguir conociendo del presente juicio de amparo. Sin embargo, por así solicitarlo la parte quejosa, se da trámite a la excusa que plantea; por tanto, con fundamento en el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remítanse los autos del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, a fin de que se sirva calificar el recurso planteado. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***** y ***** en representación de sus hijas menores de edad ***** y *****, ambas de apellidos *****, contra actos del Juez Civil del Primer Partido Judicial con sede en el Estado de Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4°, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 801/2019-I. Del análisis integral del escrito de demanda y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se obtiene que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en *****, en Colima, Colima; en donde se ubica el "*****", ordenado por el Juez Noveno de lo Civil del Primer Partido Judicial del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, Jalisco; así como su ejecución. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. El citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. Como se precisó con antelación, la parte quejosa señaló en su demanda de amparo, como acto reclamado la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en *****, en Colima, Colima; en donde se ubica el "*****", ordenado por el Juez Noveno de lo Civil del Primer Partido Judicial del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, Jalisco; así como su ejecución. De esta manera, una vez analizado el acto reclamado, se advierte que en el presente juicio se actualiza en forma evidente, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXXII, del artículo 61, con relación en el artículo 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción I, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los artículos antes transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual al quejoso. El principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así, es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un ciudadano, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de este juzgador, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que el acto reclamado no afecta directa, real, objetiva y jurídicamente derechos fundamentales de la parte quejosa, puesto que con el mismo no se genera un perjuicio real y actual, por lo que no resiente una afectación de manera directa. En efecto, a raíz de las reformas constitucionales de seis y el diez de junio de dos mil once, se introdujeron dos aspectos importantes para la materia en estudio como son: la institución protectora de los derechos fundamentales incluso, por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y, los conceptos de interés legítimo individual y colectivo, reflejados posteriormente, en la reforma a la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. Asimismo, señalan que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de una derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Los conceptos de interés jurídico, legítimo y simple plasmados en la actual Ley de Amparo, han sido analizados por la doctrina jurisprudencial, con sus destacadas diferencias. ? El interés simple es un interés general que tiene todo miembro de la comunidad de que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ese cumplimiento implique un beneficio personal; es el mero interés ciudadano por la legalidad, que no faculta para accionar el juicio de amparo, ni solicita la suspensión, pues únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes lo permiten. ? El interés jurídico, al que se le ha identificado con el derecho subjetivo, consiste en la situación de ventaja que el derecho objetivo concede a un individuo frente a otros, cuyos elementos constitutivos son la posibilidad de hacer o querer y de exigir de otros el respeto a esa situación preferencial. ? Ahora, el interés legítimo corresponde a las personas que por su situación particular y en correlación con el poder público en cumplimiento de la ley, tienen interés en conservar un beneficio o evitar un perjuicio cierto, en tanto que resienten una afectación indirecta en sus derechos fundamentales, aun y cuando carezcan de un derecho subjetivo, por lo que pretende una actuación legal del poder público, bajo la demostración de un elemento que lo diferencia de la generalidad de las personas, ya que ese interés debe ser personal y actual. Además, en lo concerniente al interés legítimo, es definido por la Corte como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin que el interés legítimo suponga la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí, que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", es decir, supone la tutela de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Cabe precisar, que el interés legítimo también se encuentra ligado a la protección de los intereses difusos o colectivos, es decir, aquellos que consignados de alguna manera en el derecho positivo, reportan algún provecho a los integrantes de amplios sectores de la sociedad, de una manera compartida por todos, sin la "exclusividad" e índole "directa" que son notas distintivas del interés jurídico. De lo antes dicho, destaca como elemento para acreditar el interés legítimo, que se cause una afectación a la esfera jurídica del individuo ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, lo cual supone que corresponde a las personas que por su situación particular y en correlación con el poder público en cumplimiento de la ley, tienen interés en conservar un beneficio o evitar un perjuicio cierto, en tanto que resienten una afectación indirecta en sus derechos fundamentales, de modo que pretenden una actuación legal del poder público; además se vislumbra que para que se configure el interés legítimo es necesario que, de concederse el amparo, se produzca un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. En esas condiciones, es posible arribar a las premisas siguientes respecto del interés legítimo. ? El derecho vulnerado exige para la procedencia de su tutela el acreditamiento o demostración de un interés de mayor dimensión que el interés simple. ? La afectación que produce el acto combatido debe encontrar sustento en un valor o interés jurídicamente protegido. ? El interés de que se trate debe corresponder a un grupo social o colectividad, generalmente indeterminado o indeterminable. De lo anterior, se observa que el interés legítimo se basa primordialmente en la existencia de un interés de mayor dimensión que el simple; es decir, en un interés cualificado, actual y real, que se traduce en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que éste guarde en relación con el orden jurídico, de modo que la promoción y resolución favorable del juicio de amparo le reporte un beneficio concreto y real a efecto de restituirlo en el goce del derecho vulnerado. Ahora bien, la afectación a que hace referencia la parte quejosa respecto del acto reclamado consistente en la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en *****, en Colima, Colima; en donde se ubica el "****", ordenado por el Juez Noveno de lo Civil del Primer Partido Judicial del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, Jalisco y su ejecución; lo anterior, constituye una resolución proveniente de un tribunal judicial, en donde solo es procedente el juicio de amparo por un interés jurídico, como lo dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, es improcedente el juicio de amparo puesto que comparecen a defender un interés legítimo contra una resolución proveniente de un tribunal judicial, en donde no procede el juicio de amparo. En esas premisas, en el caso que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa, ostentándose como persona extraña en estricto sentido, reclama por esta vía constitucional la orden de desposeimiento o lanzamiento del inmueble ubicado en *****, en Colima, Colima; en donde se ubica el "****", ordenado por el Juez Noveno de lo Civil del Primer Partido Judicial del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, Jalisco y su ejecución, donde dice tiene un interés legítimo porque se encuentran recibiendo educación escolar, por lo que aducen que se vulnera su derecho fundamental del interés superior del menor, respecto a recibir una educación libre de violencia; sin embargo, el amparo es improcedente porque se reclama una resolución que proviene de un tribunal judicial, ya que al ejecutarse el lanzamiento, consideran que se afecta un interés legítimo; en efecto, el juicio es improcedente para acudir en la vía constitucional en defensa de bienes ajenos a la propiedad de los directos quejosos que, aunque en esas instalaciones reciben la educación escolar correspondiente, el inmueble de referencia, no es de su propiedad ni justifican una posesión originaria o derivada de ello, por el simple hecho de estar inscritos como alumnos activos [parte demandada en el génesis], pues la orden de desalojo o lanzamiento y su ejecución, deriva de una relación meramente personal con él Colegio y su propietario o poseedor, es decir, de actos contraídos por el "****" con terceras personas. Incluso, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, al resolver el recurso de revisión 476/2017, en sesión de trece de diciembre de dos mil dieciocho, con relación al derecho de los menores estudiantes determinó lo siguiente. En tales circunstancias, atendiendo que la naturaleza del acto aquí reclamado consiste la orden de desposeimiento o lanzamiento del inmueble ubicado en ****, en Colima, en donde se ubica el "****", así como su ejecución emitido dentro de un procedimiento judicial no incide en su interés superior de los directos quejosos menores de edad, esto porque el citado acto reclamado no constituye un acto arbitrario que transgreda el interés superior de la niñez, sino que deriva de una acción de carácter civil entre particulares; es decir, la orden de desposeimiento del inmueble citado, no es un acto emitido por autoridad distinta a la jurisdiccional, que se encuentre dirigida a restricción del principio del interés superior de la infancia, primordialmente a los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, mediante una vida digna, donde se les garantice la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones. De esta manera, al no actualizarse el principio que establecen los artículos 107, fracción I, Constitucional, 5° y 6° de la Ley de Amparo, relativo a que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y que puede promoverse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, luego entonces, dicha situación refleja que la legitimación procesal para ocurrir al amparo solo la tiene la persona o personas físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorio de derechos fundamentales, mas no así quien por ello indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, lo que en el caso no acontece, pues la actuación de las autoridades responsables de ninguna manera puede concluirse que le ocasione un agravio personal y directo, esto es, que materialmente se vean afectados de manera real y actual sus intereses personalísimos, como un elemento fundamental y estructural del invocado principio de instancia de parte agraviada, de ahí que la substanciación del presente juicio de amparo sea improcedente al actualizarse la causal de improcedencia ya señalada. Además, este juzgador estima que aún en el supuesto caso de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería posible arribar a una conclusión diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, ya que subsiste el hecho de que lo reclamado por la parte quejosa no se sustenta en una afectación, concreta y real a sus derechos, sino que el mismo lo sustenta en un interés legítimo contra una resolución proveniente de un tribunal judicial del cual es improcedente el juicio de amparo, por disposición expresa de la constitución y de la Ley de Amparo. Sin que sean aplicables a la anterior determinación la jurisprudencias emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: INTERÉS LEGÍTIMO. EN PRINCIPIO, LA FALTA DE ÉSTE NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE CONDUZCA A DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS PADRES, EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJO MENOR DE EDAD, ACUDEN A COMBATIR ACTOS DE AUTORIDAD DIRIGIDOS A AFECTAR LOS PREDIOS DE UN TERCERO, DE CUYO USO SE BENEFICIAN POR ALGÚN TÍTULO LÍCITO, Y SE RELACIONAN CON LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES SENSIBLES PARA DETERMINADOS DERECHOS CONSTITUCIONALES y INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO; pues las mismas establecen la procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales, lo que en el caso no acontece, toda vez que el acto aquí reclamado -se insiste- fue emitido por una autoridad jurisdiccional dentro de un procedimiento de naturaleza civil. En esas condiciones, con fundamento con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, con relación en el artículo 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo y con base en lo establecido por el artículo 113, ya invocado, se desecha la demanda de amparo por su notoria improcedencia. Por último, la parte quejosa señaló a este juzgador como tercero interesado; sin embargo, como se precisó con antelación el acto reclamado deriva de una acción de carácter civil entre particulares y, por consecuencia, toda vez que no soy parte actora ni demandada, es que no se actualiza ninguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, de ahí que no tenga el carácter de tercero interesado, por lo que tampoco se encuentra configurado ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, para el efecto de excusarme de conocer del presente juicio de amparo. Tampoco, es suficiente la simple manifestación de la parte quejosa, respecto que quien aquí resuelve es padre de un menor de edad que es alumno de ese plantel escolar, pues la continuación o no de los estudios del menor, no actualiza supuesto alguno para excusarme de conocer el presente juicio de amparo, pues lo anterior no implica riesgo de pérdida de imparcialidad, pues se trata de una relación de prestación de servicios educativos, estimar lo contario obligaría a este juzgador considerar excusarse para conocer de todos los asuntos sometidos a este órgano jurisdiccional, promovidos por prestadores de servicios de cualquier índole, situación que evidentemente no prevé la ley. Además, de que este juzgador atiende las consideraciones que sostuvo el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, Colima, al resolver el impedimento 34/2016, en sesión ordinaria de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; lo anterior, al estar en tal supuesto.
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