[Menor] Junior Cijey Sambrano Nogales

Expediente 894/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
894/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2019

Partes del expediente

  • [Menor] Junior Cijey Sambrano Nogales
  • María Josefina Nogales Anguiano y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por su propio derecho y en representación del menor *****, personalidad que acredita con la copia del acta de nacimiento con folio de validación 1528940 que anexa, contra actos de la Fiscalía General del Estado de Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 4°, 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 894/2019-V. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La omisión de emitir el dictamen de causalidad y la reparación del daño, en la carpeta de investigación 1224/2019. Al respecto debe indicarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a este tribunal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Ahora bien, en el caso particular este órgano jurisdiccional considera que la demanda es improcedente al actualizarse en forma evidente, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Al respecto, es necesario precisar que los actos aquí reclamados, se rigen por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece en su artículo 258, que tal acto es materia de conocimiento del Juez de Control, autoridad que es la facultada para para vencer la omisión que se atribuye a la autoridad ministerial; aspecto que se robustece con lo manifestado por la quejosa en su escrito de demanda, en el sentido de que la autoridad responsable es omisa en emitir el dictamen de causalidad y garantizar la reparación del daño, dentro de la carpeta de investigación 1224/2019; por tanto, es claro con ello, que los actos que emanan de la carpeta de investigación señalada, se rigen bajo el nuevo paradigma constitucional. En principio, conviene establecer para el estudio de la causal de improcedencia, el contenido el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo constitucional antes citado establece que la víctima o el ofendido pueden impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales, señala lo siguiente. De este numeral, se advierte que la abstención del Ministerio Público de seguir investigando, es susceptible de impugnarse ante el Juez de Control, ya que establece en forma clara, que es a esta autoridad jurisdiccional a quien le corresponde el instruir a la autoridad ministerial a realizar los actos de investigación, o a que se emitan las determinaciones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, la aplicación de un criterio oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Al respecto, el artículo invocado con antelación dispone el trámite que se sigue ante la autoridad judicial, el cual, consiste en que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y en su caso al imputado y a su defensor; y, será en esta audiencia en la cual, con la comparecencia de las partes, y en debido respeto a la audiencia de las partes, el Juez de Control determinará si es o no justificada la abstención de la autoridad ministerial de proseguir en la investigación. Asimismo, establece, que en el caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Bajo tales aspectos, se estima conveniente destacar, que los artículos 40 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el principio de supremacía constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella; de lo que colige que la Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133. Ello es así, en virtud de que es precisamente la Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado. De ahí que la Constitución no puede ser violatoria de derechos fundamentales, pues precisamente el carácter de Norma Fundamental le otorga la prerrogativa formal de ser el único ordenamiento que puede llegar al extremo de limitar o restringir alguna garantía individual; en atención a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 1° de la Ley Fundamental. Por consiguiente, el principio de supremacía constitucional, permite incorporar a la Ley Fundamental ciertas restricciones, modalidades, limitaciones e incluso supresiones de los derechos políticos o de los derechos fundamentales, sin que ello implique una contravención a los mismos, ya que nos son inmutables, ni existe constitucionalmente impedimento alguno para ajustar su contenido a la voluntad social predominante. De ahí que al ser la Constitución el fundamento de validez formal de todo orden jurídico, sus disposiciones adquieren un rango que no es posible discutir en un órgano jurisdiccional, ya que los tribunales también se apoyan y se alojan dentro de dicho orden, y en el caso de querer resolver sobre la justificación de alguna norma constitucional, carecería de una referente jurídico contra el cual contrastarla, pues no puede subordinar entre si sus contenidos, con lo cual dejaría de ser la razón de validez de todo el sistema de normas que de ella derivan. Por tanto, sí el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que uno de los derechos de la víctima u ofendido consiste en la facultad de Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y por su parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, define que la autoridad judicial a quien le corresponde el vigilar el actuar o las omisiones que se atribuyan al Ministerio Publico, lo es el Juez de Control; por lo que es claro, que bajo el nuevo paradigma Constitucional, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, la víctima o el ofendido, que reclame la inacción del órgano ministerial para seguir investigado los delitos, deberá acudir ante la autoridad judicial reconocida por la Constitución, para vencer con ello, la actitud asumida por el Ministerio Publico, o bien, para impugnar lo relativo a la determinación de no ejercicio de la acción penal. Aunado a que de sostener que es innecesario acudir ante dicha instancia judicial previo a la promoción del juicio de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio Constitucional, pues para hacerlo procedente bastaría aducir que una omisión del Fiscal investigador durante la integración de la carpeta de investigación viola derechos humanos, obligando al Juez de Distrito a estudiar las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis ante la instancia judicial correspondiente. Es por ello que, en el caso, se surte la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las abstenciones de la autoridad ministerial. Por lo cual, con motivo de lo antes expuesto y al no advertirse que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, ocasionen una afectación en la esfera patrimonial de la parte quejosa, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse en forma evidente la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 9/2019, en sesión de catorce de marzo de dos mil diecinueve.

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