Mélvin Josué Mendoza Raymundo
Expediente 1026/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1026/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/01/2023
Partes del expediente
- Mélvin Josué Mendoza Raymundo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que en dieciséis de enero de dos mil veintitrés entró en vigor el Acuerdo General 107/2022, publicado en trece de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; en el que se amplió la competencia de este Juzgado de Distrito, a materia mixta y cambió la denominación, quedando de la siguiente manera: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Por tanto, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no impugnó el auto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, ha causado estado.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, que presenta el quejoso ********************, por el que se desiste de la demanda de amparo, por así convenir a sus intereses; previamente a acordar lo solicitado, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se constituya en el local que ocupa este Juzgado Federal, con identificación oficial vigente y copia de ésta; o bien, ante el actuario judicial, en la propia diligencia que se lleve a cabo, respecto a la presente determinación, ratifique la firma que calza el ocurso de cuenta; apercibido que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, se continuará con el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 82/2016 (10a), publicada en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, julio de 2016, página 462, cuyo tenor literal es el siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a./J. 161/2010, publicada en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 687, cuyo tenor literal es el siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL." Para lo cual, de conformidad con lo establecido en el apartado A.2., de la circular SECNO/12/2020, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el veintiséis de junio de esta anualidad, en relación con el Acuerdo 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid19, reformado por el similar 18/2020, del propio Consejo, en relación al periodo de vigencia, se deberá llevar a cabo con todas las medidas de salud, seguridad y sana distancia. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite la autoridad responsable, mediante el cual, se le tiene rindiendo informe respecto del cumplimiento de la suspensión de plano decretada en el presente juicio; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya a lugar. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por la parte quejosa, mediante el cual señala que la autoridad responsable ha sido omisa en dar cumplimiento pleno a la medida suspensional concedida en fecha once de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 206, 207 y 208, de la Ley de Amparo, se abre a trámite incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, decretada autos respecto de las autoridades responsables que menciona en el ocurso de cuenta; por tanto, deberá correrse traslado a las partes con copia del escrito correspondiente. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, rindan informe en relación a la incidencia planteada en su contra, en el entendido que la falta o deficiencia de dicho informe establecerá, en su caso, la presunción de ser cierta la conducta que se les atribuye. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de recepción de pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 208 de la Ley de Amparo. Ahora bien, sin ser óbice a lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Delegado de Baja California del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabadores del Estado, con residencia en Mexicali, así como al Subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabadores del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informen el cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida en autos, para los siguientes efectos: Por ende y dado que a decir del promovente de la parte quejosa se encuentra privado de su libertad fuera de todo procedimiento, asegurado, alojado, detenido, presentado de manera forzosa o cualquier denominación en este sentido; se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en relación con el diverso 164, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con las disposiciones atinentes de Ley de Migración que rige el actuar de las autoridades responsables, en los siguientes términos: 1. Para que la autoridad responsable, bajo su más estricta responsabilidad, acredite de inmediato ante este Juez de Distrito, si el directamente agraviado está sujeto a un procedimiento migratorio o bajo la comisión de un delito. 2. Para el caso que esté detenido bajo la comisión de un delito, deberá ponerlo sin demora alguna a disposición del Ministerio Público. 3. Si no se demuestra fehacientemente que Josué Mendoza Raymundo, está sujeto a un procedimiento migratorio, ni algún otro por su posible participación en un hecho que la ley señale como delito, deberá ordenar su inmediata libertad. De igual forma SE CONCEDE LA SUSPENSION DE PLANO para el efecto de que el directamente agraviado, de encontrarse en las instalaciones de la Estación Migratoria en esta Ciudad, NO SEA TRASLADADO A UNA DIVERSA ESTACION MIGRATORIA. En el entendido de que, sin prejuzgar el fondo del asunto, la detención del directamente agraviado no se trata de una privación de tipo penal por la comisión de un delito ni es realizada por autoridades administrativas derivadas de infracciones de ese tipo, reguladas en reglamentos gubernativos y de policía que excede del plazo máximo de treinta y seis horas de arresto, porque tal supuesto es el que se encuentra vinculado con lo que dispone el artículo 21, párrafo cuarto1 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual tiene impacto en las disposiciones aplicables a la suspensión, previstas en la segunda parte de la sección III de la Ley de Amparo, o sea, la suspensión del acto reclamado en materia penal. Conforme a la información suministrada en la demanda de derechos fundamentales, se advierte que los actos reclamados se vinculan con la presentación o alojamiento en una estación migratoria derivado de lo establecido en el artículo 33, párrafo segundo2 , de la Carta Magna, la cual prevé expresamente las bases para la substanciación del procedimiento migratorio, previo a la expulsión de personas extranjeras del territorio nacional y de la fijación del lugar y tiempo de detención, que a su vez regula la norma secundaria, esto es la Ley de Migración, cuya distinción fáctica y jurídica es de suma relevancia al caso. Ahora, si los directamente agraviados se encuentran en las instalaciones de referencia por virtud de su situación migratoria, las autoridades responsables deberán acatar en sus términos la Ley de Migración y su reglamento, así como el Protocolo para Juzgar Casos que Involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición de mayo de dos mil veintiuno, en específico el apartado denominado b. Excepcionalidad y medidas alternativas en el que se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento, prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción; concretamente y de manera destacada, se prevé la posibilidad de que los impetrantes obtengan la libertad en los términos y en los supuestos contenidos en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, conforme a lo cual se garantiza su acceso a ese derecho. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en relación con el diverso 162, ambos de la Ley de Amparo, en consonancia con las disposiciones atinentes de Ley de Migración, en caso de que Josué Mendoza Raymundo, actualmente estuviera detenido ante la autoridad sujeto a un procedimiento administrativo migratorio para poder definir la situación legal en el país, este queda a disposición del presente Juzgado de Distrito, únicamente por lo que a su libertad personal se refiere, pero en el lugar en el que actualmente se encuentra instalaciones de la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, en tal sentido la autoridad migratoria se encuentra obligada a obedecer esta orden bajo su más estricta responsabilidad. De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de los migrantes no podrá exceder de treinta y seis horas, ante la autoridad migratoria, por tanto, en caso de que la presentación exceda las treinta y seis horas, sin iniciar el procedimiento administrativo migratorio, se concede la suspensión de plano para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad y dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que el directamente agraviado no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; entre ellas, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces les sea exigido. Sin embargo, para el caso de que se hubiere iniciado el procedimiento administrativo de migración, a fin de lograr su estancia regular en el país, pueden: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por ciento cincuenta, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo.; además se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por la posible comisión de alguna conducta tipificada en el Código Penal Federal, así como al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México, ante la probable responsabilidad por las omisiones incurridas ante los requerimientos de un órgano jurisdiccional.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta que presenta el quejoso, mediante el cual hace diversas manifestaciones; atento a su contenido, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso. De igual forma, se tiene como autorizado de su parte en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a ********************, siempre y cuando tenga inscrita la cédula profesional en el registro correspondiente que lo acredita como licenciado en derecho; asimismo, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************. Por otro lado, de conformidad con el artículo 2 fracción XIX del Acuerdo General 15/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, se tiene a la parte quejosa señalando el correo electrónico cosiri-acs@hotmail.com, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que este Juzgado Federal lo estime necesario.
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