Melina Joseline Maravilla Ramos
Expediente 54/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 44 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 17/01/2023
Partes del expediente
- Melina Joseline Maravilla Ramos
- Juan Samuel Mariscal Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte en esta fecha entró en vigor el Acuerdo General 107/2022, publicado en trece de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; en el que se amplió la competencia de este Juzgado de Distrito, a materia mixta y cambió la denominación, quedando de la siguiente manera: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Por tanto, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. De igual manera, vista la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia en la que se negó el amparo en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Por otra parte, no es necesario notificar a las autoridades responsables el presente proveído para remitir el presente expediente al archivo, con motivo de que se negó el amparo en el juicio y únicamente a la parte quejosa es a quien le pudo causar afectación el sentido del fallo en cuestión; y por consecuencia, la única legitimada para recurrirlo, no así las autoridades responsables, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Ahora bien, desprendiéndose de autos que este juicio de amparo en el que se sobreseyó, se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se procede a indicar la valoración correspondiente del presente este asunto. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;...". Cuadernos incidentales. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; (.)" De igual forma, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: (.) II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y (.)" Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del citado acuerdo, se comisiona a la secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de anexos. Finalmente, durante la sustanciación del juicio de amparo en que se actúa se formó un tomo de pruebas por separado -anexo-; mediante oficio devuélvanse a la autoridad que los remitió. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y la secretaria que da fe, al tener el mismo valor de firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22 35 Y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Notifíquese.
- Principal
CELEBRA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la defensora pública Estatal ********************, mediante el cual anexa constancia de asesoría del quejoso ********************, de lo cual se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento con el que se les requirió, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el estado de advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, no obra desahogo a lo requerido en auto de nueve de septiembre de la presente anualidad. Ahora bien, en obvio de mayores dilaciones procesales y con la finalidad de salvaguardar los derechos y no dejar al peticionario del amparo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, se designa como defensores públicos del quejoso Juan Samuel Mariscal Méndez a Mirna Alicia Briseño Gómez, Ana Elizabeth Montaño Dueñas, Mariana Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina. La anterior designación es en razón de que, mediante oficio DP/52/2022 de veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Coordinador Penal de Defensoría Pública Estatal Zona Costa en Tijuana, Baja California, informó a este juzgado que los profesionistas antes mencionados serian quienes intervendrían en los juicios de amparo en los que se requiriera que las partes cuenten con una debida representación. Asimismo, se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a la personas que refiere el Coordinador Penal de Defensoría Pública Estatal Zona Costa en Tijuana, Baja California, en el oficio DP/52/2022 de veintisiete de enero de dos mil veintidós, y por señalado el domicilio procesal que indica. Es precisarse que designación de defensores públicos realizada en párrafos que anteceden, se hizo con la finalidad de evitar retrasar la integración de este expediente con diligencias innecesarias y así privilegiar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional -impartición de justicia pronta y expedidita, sobre cualquier formulismo-. En ese sentido, requiérase a los defensores mencionados, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la legal notificación, informen la fecha en que se contactaron con el interno para proporcionarle el debido asesoramiento respecto al juicio que nos ocupa, lo que deberán acreditar con las constancias correspondientes; para lo cual, se remite copia simple del escrito inicial de demanda así como del informe justificado rendido por la responsable a efecto que manifieste lo que en derecho corresponda. Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas del nueve de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo.
Quedan 40 actuaciones en este expediente
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