Melvin Jonathan Molina Vargas

Expediente 1184/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1184/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Melvin Jonathan Molina Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio enviado vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional admitió el recurso de queja registrándolo bajo el número 275/2023; por tanto glósese a los autos para que obre como corresponda Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por ****************************** por su propio derecho, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés. En ese orden de ideas y en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, téngase por interponiendo recurso de queja en contra del proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio. En consecuencia, y como lo solicita el quejoso con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito original de queja al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno con residencia en esta Acapulco, Guerrero; y ríndase informe justificado manifestando que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio de amparo 1184/2023"A", se desechó la demanda de amparo promovida por Melvin Jonathan Molina Vargas por su propio derecho. Para justificar lo anterior, se hace del conocimiento a la superioridad que le toque conocer el presente asunto que las constancias relativas al presente medio de impugnación quedan a su disposición en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), con el número de expediente único nacional (NEUN) 33344037. En mérito de lo anterior, se comisiona al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expedientes", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con éste para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación que se provee. Finalmente, se remiten copias certificadas de las constancias que integran el juicio de amparo ******************** Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexo signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Acapulco de Juárez Guerrero, por medio del cual remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por Melvin Jonathan Molina Vargas por su propio derecho, los autos originales del toca penal SPU-C-VI-28/2022, un disco compacto y la carpeta judicial de amparo en dos tomos, el informe justificado y la constancia de emplazamiento, contra actos del Magistrado de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez Guerrero con residencia en esta ciudad capital. En términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, 103 y 107 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana, se acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto. ( Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1184/2023-A que le corresponde. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. ( DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se examinará ante todo el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Analizada la demanda de amparo en su integridad, se advierte que la parte quejosa hace consistir su acto reclamado en la resolución de catorce de junio de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio con jurisdicción y competencia en los Distrito Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, con residencia en esta ciudad, en el toca penal SPU/C-VI-28/2022, a través de la cual confirma la resolución emitido en audiencia intermedia de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictada en la carpeta judicial C-40/2021, por la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en los Distrito Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, en donde excluyó las pruebas testimoniales de Jessica Lavaro Martínez, Omar Salgado Ocampo, Areli Yaneth Ramírez Torres y Dulce Andrea Castro Martínez, ofrecidos por el defensor particular del imputado. Al respecto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de nuestra Carta Magna, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, El artículo 61, de la ley de Amparo, en su primer párrafo y fracciones XXIII, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" El último precepto legal transcrito reitera en su fracción V, el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, pues establece que tratándose de actos en juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con lo estipulado por el legislador en la norma de la ley reglamentaria del juicio de amparo, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreparable. Es decir, el supuesto de procedencia se actualiza cuando tales actos cumplen con las siguientes notas distintivas: a). Que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b). Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En ese orden de ideas, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que se fuere presentando en el procedimiento natural, susceptible de estimarse perjudicial por alguna de las partes. Luego, conforme a la doctrina de "actos de imposible reparación" para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en tratándose de una resolución que determina la exclusión de medios de prueba en un proceso penal acusatorio y oral, debe realizarse un estudio que permita decidir sobre si ese determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable; entonces, se debe partir de que dicha determinación que constituye un acto intraprocesal, para que en su contra se considere procedente el amparo indirecto, por excepción, será necesario evidenciarse que el mismo genera una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Es decir, además de su naturaleza de índole adjetiva -intraprocesal-, debe atenderse si en efecto implica una afectación material a derechos sustantivos del quejoso, que de forma inmediata deba ser revisada, y no quedar supeditado a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, que se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión. En ese sentido, la interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que excluye pruebas, en el auto de apertura a juicio oral que no las incluye, encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, por tratarse de un acto de índole adjetiva -intraprocesal-, y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de exclusión de medios de prueba, por sí misma afecte derechos sustantivos. Empero, la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la nación, ya se ha pronunciado en el sentido de que la determinación de exclusión de medios de pruebas es un acto de índole adjetiva, intraprocesal, que sirve como "herramienta" para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral, la cual ya está protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, por lo que de ser detenido el juicio oral por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Así como que además, cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, ya sea porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso o porque la parte quejosa obtenga una sentencia favorable, pudiendo ser éste el caso si el juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio generado por la exclusión de medios de prueba; de ahí que, el amparo, por regla general, es improcedente; y, que por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias, por ejemplo los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas, el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación"; pues esas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. De ahí que, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país arribó a la conclusión de que el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que excluye medios de prueba, por tratarse de actos de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución, por sí misma, implique un acto de imposible reparación. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.) por contradicción, que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada, con registro digital 2023906, en la página 1319, del Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, Materia Penal, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. HECHOS: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. JUSTIFICACIÓN: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Bajo el contexto expuesto, si el acto reclamado consiste en la resolución de catorce de junio de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio con jurisdicción y competencia en los Distrito Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, con residencia en esta ciudad, en el toca penal SPU/C-VI-28/2022, a través de la cual confirma la resolución emitido en audiencia intermedia de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictada en la carpeta judicial C-40/2021, por la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en los Distrito Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, en donde excluyó las pruebas testimoniales de Jessica Lavaro Martínez, Omar Salgado Ocampo, Areli Yaneth Ramírez Torres y Dulce Andrea Castro Martínez, ofrecidos por el defensor particular del imputado, al considerar esencialmente que no realizó el descubrimiento probatorio oportunamente. La suscrita considera que no reviste la calidad de acto irreparable para la procedencia de este juicio de amparo indirecto, en la medida que no engendra una violación a derechos sustantivos en forma inmediata, pues sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones a derechos adjetivos, en los que la afectación a la esfera jurídica del quejoso directo no es actual -a diferencia de los sustantivos-; por lo que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión de los referidos medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, porque la parte quejosa obtenga una sentencia favorable, debido a que el tribunal de enjuiciamiento al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral, considere que las pruebas admitidas no sean eficaces e idóneas para acredita los elementos que integran el tipo penal materia de la acusación o para acreditar la responsabilidad del acusado en su comisión, más allá de toda duda razonable; es decir, depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento penal, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Aunado a lo anterior, no se advierte que se esté ante un supuesto excepcional en el que, la exclusión de medios de prueba constituya un acto de imposible reparación, puesto que en el caso, se considera que no implicó cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata. Por consiguiente, inconcuso es que no se da la irreparabilidad que justifique la procedencia de la vía constitucional indirecta y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo propuesta. Domicilio. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren para tal efecto. Autorizados. Téngase como su autorizado en términos amplias del artículo 12 de la Ley de Amparo a******************** toda vez que cuenta con su registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. ( Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Finalmente, con los anexos adjuntos a la presente demanda fórmense legajos de pruebas y en su momento procesal devuélvase a las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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