Melvin Jonathan Molina Vargas
Expediente 427/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 23 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Melvin Jonathan Molina Vargas
- Melvin Jonathan Molina Vargas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, de lo que se advierte que a la fecha ha transcurrido a la parte quejosa la vista que se le otorgó mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia de oficio en relación al cumplimiento a la sentencia amparadora. I. Mediante escrito de demanda recibida el seis de octubre de dos mil veintiuno, promovida por *******, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, por el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia inicial de ocho y continuación de catorce de septiembre de dos mil veintiuno dentro de la carpeta judicial ***. II. Seguida la secuela procesal con fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia definitiva, la cual otorgó al quejoso el amparo y protección de la justicia federal en los términos siguientes: Deje sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva decretada en la continuación de audiencia inicial de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación ****. Con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, emita una nueva resolución en relación a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público al decretarse el auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso en la carpeta judicial ****, conforme a lo establecido en la presente sentencia. En la inteligencia de que en la nueva resolución que emita deberá atender al contenido de la jurisprudencia 4/2022, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. III. Luego, por auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia respectiva y en el mismo acuerdo se requirió a la autoridad responsable Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, el cumplimiento de la sentencia de amparo. IV. A fin de cumplir con lo anterior, el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, remitió el oficio ***** de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, al cual adjuntó copias certificadas de las constancias con que acreditó el cumplimiento de sentencia, que en lo que interesa se advierte lo siguiente: Dictó resolución de medida cautelar, en la cual dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en la continuación de audiencia inicial de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación ***. En esa misma fecha con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, emita una nueva resolución en relación a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público al decretarse el auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso en la carpeta judicial ***, conforme a lo establecido en la presente sentencia, la cual fue atendiendo el contenido de la jurisprudencia 4/2022, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, del cumplimiento de la sentencia de amparo se advierte que el Juez responsable de la carpeta judicial de origen acató los lineamiento establecidos en la misma, esto es, dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en la continuación de audiencia inicial de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación ****, y con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, emita una nueva resolución ateniendo al contenido de la jurisprudencia 4/2022, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior es así, en virtud de que la responsable al momento de emitir la nueva resolución de medida cautelar lo hizo en base a la jurisprudencia referida, esto es, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales estableció de imponer prisión preventiva justificada bajo un marco de análisis de riesgo, siempre constreñido a las causales de procedencia señaladas en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, motivando la imposición de la medida cumpliendo con las finalidades enunciadas por el artículo 153 del mismo ordenamiento. Asimismo, resolvió la medida cautelar para el caso concreto, bajo un análisis de racionalidad que le permitió hacer un estudio de riesgo para imponer la medida cautelar más idónea, proporcional y menos lesiva para el imputado. Dicha imposición de la medida fue vista en estricto apego al principio de subsariedad; así la responsable analizó el caso concreto previo a la imposición de la medida cautelar idónea y correspondiente, esto es, el asunto de tentativa de violación, el cual al no estar previsto de manera expresa en la Constitución ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no podrá imponer la medida por extensión, es decir, de manera oficiosa; por el contrario, la responsable consideró que si amerita imponer la prisión preventiva, pero justificada, atendiendo a las evaluaciones de riesgo y cada uno de los parámetros que prevé la norma procesal. V. Con lo anterior, se advierte que la autoridad responsable Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues siguió los lineamientos establecidos en la misma, al haber dejado sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en la continuación de audiencia inicial de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación ****, y con libertad de jurisdicción impuso la prisión preventiva, pero justificada, atendiendo a la jurisprudencia 4/2022 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que se óbice a la anterior determinación las manifestaciones del abogado del quejoso realizadas mediante escrito presentado ante este juzgado el treinta de marzo del año en curso, en las cuales expresó que la responsable no dio cumpliendo total a la sentencia de amparo, pues no atendió el contenido de la jurisprudencia 4/2022 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contrario a lo expuesto por el autorizado del quejoso, el suscrito estima que la autoridad responsable si cumplió con la sentencia de amparo, pues como se dijo anteriormente, sí atendió el contenido de la jurisprudencia 4/2022 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales estableció de imponer prisión preventiva justificada bajo un marco de análisis de riesgo, siempre constreñido a las causales de procedencia señaladas en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, motivando la imposición de la medida cumpliendo con las finalidades enunciadas por el artículo 153 del mismo ordenamiento. Asimismo, resolvió bajo un análisis de racionalidad que le permitió hacer un estudio de riesgo para imponer la medida cautelar más idónea, proporcional y menos lesiva para el imputado. Por lo que dicha imposición de la medida fue vista en estricto apego al principio de subsariedad; así la responsable consideró que si amerita imponer la prisión preventiva, pero justificada al quejoso, atendiendo a las evaluaciones de riesgo y cada uno de los parámetros que prevé la norma procesal. VI. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora. VII. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el capítulo séptimo, artículo 18, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo, el expediente principal transcurrido tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Asimismo, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, el original del incidente de suspensión debe ser DEPURABLE porque se concedió la medida cautelar definitiva; lo que una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el precepto legal referido se conservará únicamente la resolución relativa al otorgamiento de dicha medida. El duplicado del incidente de suspensión debe destruirse en términos del capítulo octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado de la incidencia respectiva. En términos de los artículos 8 y 15 del señalado Acuerdo General señalado, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica; asimismo, no obran documentos originales que devolver a las partes; empero, sí obran copias certificadas que anexó la autoridad responsable como pruebas documentales (un tomo). En consecuencia, como se dijo, de autos se aprecia que la autoridad responsable Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, exhibió copias certificadas de la carpeta judicial de origen en un tomo; por tanto, se ordena hacer la devolución de dichas reproducciones; en el entendido, que el sello de recibido del oficio respectivo se tomará como acuse de recibo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por ********************, autorizado de la parte quejosa; visto su contenido, téngasele desahogando la vista otorgada mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, y por hechas sus manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo hecho valer por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero. Lo anterior, habrá de ser considerado al momento de que este órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto al cumplimiento o no de la sentencia de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en ***************, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, por medio del cual atiende el requerimiento de catorce de marzo de dos mil veintidós, informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Luego, para brindar certeza jurídica se hace del conocimiento a las partes que el disco compacto remitido por la responsable queda a su disposición en la secretaría de este esta juzgado, a fin de que si lo estiman necesario puedan consultar la información contenida en el mismo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio que se provee con su anexo, para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso, y por lista al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por *******, autorizado de la parte quejosa, visto su contenido, así como el estado de los autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, como se solicita con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Deje sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva decretada en la continuación de audiencia inicial de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación *******. Con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, emita una nueva resolución en relación a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público al decretarse el auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso en la carpeta judicial ******, conforme a lo establecido en la presente sentencia. En la inteligencia de que en la nueva resolución que emita deberá atender al contenido de la jurisprudencia 4/2022, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a *******, en su carácter de Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. En el caso, se estima que el Juez de Control responsable se considera como órgano jurisdiccional plenamente autónomo, en concordancia por identidad jurídica con lo dispuesto en la tesis aislada VII.1o.P.T.4 K (10a.), consultable en la Décima Época, con número de registro 2007263, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada el veintidós de agosto de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "JUECES Y MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. El artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo dispone que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esa ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Por otro lado, de conformidad con el artículo 17, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por su imparcialidad en cuanto a la persona del Juez y en relación con sus sentencias, que sean dictadas en forma completa y pronta e imparcial. Por su parte, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz prevé que los órganos jurisdiccionales en que se deposita el Poder Judicial local, gozarán de plena autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones. Por tanto, los Jueces y los Magistrados de las Salas del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad carecen de superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, al no estar supeditados a alguna autoridad que ejerza sobre ellos poder o mando para obligarlos a actuar o dejarlo de hacer en la forma exigida en el fallo protector, o bien, para cumplir éste por sí mismo, como lo dispone el diverso 194 de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior, la existencia de un presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, porque el primero, entre otras facultades, representa al tribunal y al Consejo pero no puede tener facultades de superior jerárquico en relación con la función jurisdiccional de los Jueces, pues sus atribuciones las prevén la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y las leyes procesales respectivas; de ahí que el Consejo y su presidente sólo sean un órgano administrativo encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia y del Centro Estatal de Justicia Alternativa, es decir, de los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, pero no puede tener injerencia en las decisiones judiciales sino, en su caso, únicamente sancionarlas en términos de los artículos 100 y 104 de la ley orgánica aludida. Por lo anteriormente expuesto, y en atención a la tesis transcrita se establece que la autoridad responsable, debe ser clasificada como un órgano que cuenta con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento por ende, no se encuentra sometida a tribunal de alzada, ya que cuenta con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía, por tanto no cuenta con superior jerárquico alguno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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