Melitón Rosas Olmedo

Expediente 243/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
243/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Melitón Rosas Olmedo
  • Tercero Interesado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica la determinación de catorce de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio de amparo 393/2021-IX de su índice, en la que determinó que este órgano jurisdiccional es quien debe conocer del referido juicio formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Melitón Rosas Olmedo contra de la resolución interlocutoria de veinte de abril de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revocación interpuesto dentro del juicio ejecutivo mercantil 828/2021, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por conocimiento previo. En consecuencia, previa copia del oficio de cuenta que obre en autos para constancia, se ordena formar el expediente físico y electrónico correspondiente y su registro en el libro de gobierno como nuevo juicio de amparo indirecto. De igual modo, con copia del oficio de cuenta, infórmese la presente determinación al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, a fin de que realice la compensación del asunto a este Juzgado Federal, debiendo informar lo relativo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido al quejoso en proveído de veintitrés de abril del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La resolución interlocutoria emitida el seis de febrero de dos mil veinte, en el recurso de revocación interpuesto dentro del juicio ejecutivo mercantil identificado con el número 820/2019 y su ejecución. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso para los siguientes efectos: ". para el efecto de que la autoridad responsable Juez Civil de Cuantía Menor de Zinacantepec, Estado de México, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la determinación de seis de febrero de dos mil veinte; y, 2. En su lugar dicte otra en la que, con libertad de jurisdicción, pero subsanando las deficiencias que le fueron precisadas, resuelva lo que en derecho corresponda." Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Directora de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Legislativo del Estado de México, en virtud de que sus actos no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia. El veinticinco de marzo del año en curso, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el tres de mayo de este año, se tuvo por recibido el oficio 497 (con anexo), mediante el cual el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, remitió copia certificada de las actuaciones con las cuales refirió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, consistentes en la sentencia interlocutoria de veinte de abril de esta anualidad, emitida en expediente 828/2021, constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Ahora bien, al confrontar la esencia de los efectos definidos en la sentencia emitida, con las actuaciones que desplego la autoridad responsable, se obtiene que el Juzgado responsable dejó sin efecto la resolución reclamada por esta vía y dictó una nueva en forma congruente, pues analizó lo expuesto por el aquí quejoso; y una vez que expuso los motivos por los que estimó que el segundo agravio es infundado e improcedente, pues contrario a lo aducido por el recurrente el embargo del treinta por ciento del excedente del salario mínimo diario que percibe el deudor en su fuente laboral, es legal; porque la tesis que cita , a saber, 1a. CCLXVIII/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los sueldos y emolumentos de los funcionarios públicos del estado no son susceptibles de embargo, es un criterio aislado y por ende, no obliga para poder acogerlo y resolver en sentido favorable al recurrente por una parte; y además, porque no es aplicable al caso, esencialmente toda vez que en la especie, no se está embargando el salario mínimo sino el excedente del mismo; conclusión a la que se llegó una vez hecho el análisis correspondiente adminiculando diversos ordenamientos legales como son el artículo 83 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, lo previstas tanto en el artículo 434, fracción XI, 435 y 436 fracción VIII del Código Procedimientos Civiles, interpretados en armonía con los artículos 123 apartado 13, fracción VI de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 10 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo; e incluso, con los numerales 1054, 1063 y 1395 del Código de Comercio y con el diverso 2964 del Código Civil Federal, que aplica a los actos de comercio, por disposición del natural 2 del Código de Comercio, entre otros. Lo anterior, para concluir válidamente que, sí es posible que una autoridad jurisdiccional ordene el embargo de los sueldos y emolumentos de los servidores públicos para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por tales servidores, con la única limitante de que ese embargo sólo sea procedente/respecto del treinta por ciento del excedente del salario mínimo del trabajador; lo anterior a fin de proteger el sueldo de servidores públicos, para garantizar justamente la subsistencia de estos y de sus familias, respecto del salario minino, no del excedente del mismo, el cual sí es susceptible de embargo, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de carácter civil o mercantil, citando incluso los criterios que sobre el particular, el máximo tribunal de justicia estableció para apoyar sus argumentos. De ahí que, es factible concluir que se alcanzó el propósito de la protección constitucional, en virtud de que la autoridad responsable ajustó su actuar a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, pues, dejó sin efecto la determinación combatida por esta vía y procedió a dictar una nueva de manera congruente con los agravios formulados por la parte demandada aquí quejoso, en la que de manera fundada y motivada una vez que analizó lo conducente al segundo agravio sometido a su potestad por el ahora quejoso respecto a que en la especie no es aplicable la tesis 1a. CCLXVIII/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; haciendo un análisis armónico con preceptos legales de diversos ordenamientos legales respecto a los sueldos y emolumentos de los funcionarios públicos del estado; declaró infundado e improcedente al concluir que, sí es posible que una autoridad jurisdiccional ordene el embargo de los sueldos y emolumentos de los servidores públicos para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por tales servidores, con la única limitante de que ese embargo sólo sea procedente respecto del treinta por ciento del excedente del salario mínimo; de esta manera se reparó al quejoso la vulneración que sufrió en su esfera jurídica. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en atención al diverso 11797/2021 del propio índice, remite copia certificada de las actuaciones con las cuales refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, consistentes en la sentencia interlocutoria de veinte de abril de esta anualidad, emitida en expediente 828/2021. Lo anterior, toda vez que en cumplimiento al Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado de México, de once de febrero de esta anualidad, se ordenó la extinción del Juzgado Civil de Cuantía Menor de Zinacantepec, por lo que el expediente 820/2019 de su índice, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Diego **********, en su carácter de endosatarios en procuración de *****, en contra de ******, fue remitido al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, asignándole como nuevo número de expediente el 828/2021. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la constancia remitida por la responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos el oficio y escrito de cuenta, a través de los cuales, con el primero el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, solicita se le conceda una prórroga de cinco días a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención a que el once de marzo de dos mil veintiuno, se recibieron los autos del expediente 828/2021 procedente del Juzgado Civil de Cuantía Menor de Zinacantepec, Estado de México, a efecto de que esa autoridad se impusiera de los mismos; lo anterior, a efecto de realizar un estudio correcto y exhaustivo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le otorga una prórroga por el término de cinco días hábiles, a partir de la notificación del presente proveído, a fin de que de cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, con el apercibimiento que de ser omisa a lo anterior, se hará efectiva la multa con que se conminó en auto de veinticinco de marzo pasado; asimismo, se remitirá el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para que siga el trámite de inejecución de sentencia que podrá terminar en la separación de su cargo y su consignación. Luego, con el segundo de cuenta, el quejoso Melitón Rosas Olmedo, comunica que el Juzgado Civil de Cuantía menor de Zinacantepec, México por acuerdo de la judicatura del Poder Judicial de Estado de México, de once de febrero del dos mil veintiuno, remitió el expediente 820/2019 relativo a juicio ejecutivo mercantil donde se emitió el acto impugnado, al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, asignándole como nuevo número de expediente el 828/2021; asimismo, solicita se requiera a éste último, para que dé cumplimiento dentro del referido expediente a la sentencia dictada en eI presente juicio de amparo, con el apercibimiento correspondiente. En consecuencia, respecto de la remisión del expediente de origen al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, este órgano toma conocimiento; sin embargo, respecto del requerimiento solicitado por el quejoso, deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes.

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