Mayte Guadalupe Blancas Córdoba

Expediente 542/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
542/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
09/06/2023

Partes del expediente

  • Mayte Guadalupe Blancas Córdoba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta; mediante el cual, Mayte Guadalupe Blancas Córdova, por derecho propio y en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales A.H.B. y S.E.H.B., solicita se sobresea en el presente juicio de amparo, toda vez que el cumplimiento de lo demandado ha sido satisfecho por el Instituto de Seguridad del Estado de México y Municipios y otras autoridades; asimismo, solicita la devolución de los documentos originales base de la acción. Atento a lo anterior, como se advierte del auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, remitió el comprobante de pago correspondiente a la primera quincena de mayo del presente año, a favor de la quejosa, por lo que, este órgano jurisdiccional determinó sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que deberá estarse a lo acordado en dicha determinación. Finalmente, respecto a la devolución de los documentos que refiere la quejosa en el escrito que se atiende, previo cotejo de éstos, procédase a hacer su devolución, de lo cual se deberá asentar la razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal. .

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo); a través del cual el apoderado legal del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, remite el comprobante de pago correspondiente a la primera quincena de mayo del presente año, a favor de la quejosa ********************, para efecto de acreditar el pago total de la pensión, en favor de la imperante de garantías, tal y como se estipuló en el oficio 207C0401520101L/ dP/4787/2023, de dos de mayo de dos mil veintitrés. En esa tesitura, es menester precisar que de la lectura integral de la demanda que dio origen al presente sumario, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de dar contestación al escrito de aceptación de pensión por fallecimiento de ********************, de veinte de mayo de dos mil veintidós, por parte de las autoridades responsables y realizar el pago correspondiente. Establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de amparo. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido del artículo antes mencionado de la Ley de Amparo el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Así, este juzgador arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así de la interpretación de dicho ordinal, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto, acontece cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, partiendo de la base que en términos generales, un acto reclamado cesa en sus efectos cuando con posterioridad a su emisión se suscita una circunstancia de hecho o de derecho que elimina toda afectación que éste produjo con su existencia; tal situación es aplicable al caso en estudio. En ese orden de ideas, como se dijo, la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional combatiendo la omisión de dar contestación al escrito de aceptación de pensión por fallecimiento de ********************, de veinte de mayo de dos mil veintidós, por parte de las autoridades responsables y realizar el pago correspondiente; sin embargo, de las constancias remitidas con el oficio de cuenta, se advierte el comprobante de pago correspondiente a la primera quincena de mayo del presente año, a favor de la quejosa ********************, para acreditar el pago total de pensión, tal y como se estipuló en el oficio 207C0401520101L/dP/4787/2023, de dos de mayo de esta anualidad; con lo que, a consideración del suscrito, quedaron destruidos en forma total los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, visible a página 38, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Tomo XVII, Novena Época, visible a página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las doce horas con treinta minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés, se deja sin efectos en razón a la determinación anterior.

  3. Incidental

    Toluca, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), mediante el cual; el apoderado legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en atención al auto de ocho de mayo pasado, remite copia del oficio 207C0401 520101L/dP/4787/2023, de dos de mayo de dos mil veintitrés, signado por la Encargada del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, donde informa el pago total de la pensión en favor de la parte quejosa, así como todas y cada una de las prestaciones en su calidad de pensionista; asimismo, adjunta el comprobante de pago correspondiente a la primera quincena de mayo de la presente anualidad para acreditar su dicho. Circunstancias de las que se toma conocimiento. Ahora bien, con el informe remitido por la autoridad responsable respecto al pago realizado a la parte quejosa, dese cuenta en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión para los efectos a que haya lugar.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el auto de esta data emitido en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se advierte que el apoderado legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, remitió copia del oficio 207C0401 520101L/dP/4787/2023 de dos de mayo de dos mil veintitrés, signado por la Encargada del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, donde informó el pago total de la pensión en favor de la parte quejosa, así como todas y cada una de las prestaciones en su calidad de pensionista; asimismo, adjuntó el comprobante de pago correspondiente a la primera quincena de mayo de la presente anualidad para acreditar su dicho. En consecuencia, toda vez que de la información proporcionada a este juzgado de distrito podría acreditarse la actualización de una causa de improcedencia; en consecuencia, con fundamento en los artículos 63 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad oficiante para que en el término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe si el pago por concepto de pensión que se ve reflejado en el comprobante que anexó a su informe, ya se encuentra programado en el calendario su programa de pagos, de manera ordinaria. Lo anterior, en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, relativo a la obligación de las responsables de informar causas de improcedencia, así como remitir las constancias relativas.

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