Melisa Contreras Macías

Expediente 1057/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1057/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
14/12/2017

Partes del expediente

  • Melisa Contreras Macías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicha providencia queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; conforme a los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que el quejoso **********, quien se ostenta como tutor de la menor incapaz **********, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en providencia de dieciséis de los actuales, consistente en ratificar el contenido y firma del escrito presentado el quince de noviembre del año en curso, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, se acuerda: Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Como cuestión previa, es necesario definir que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: Todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil M-1446/2014, radicado en el Juzgado Menor Tercero Civil de esta ciudad, promovido por **********, en su carácter de endosatario en procuración de **********, en contra de **********; así como la notificación de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, en la que se le hizo de su conocimiento el remate del inmueble ubicado en la boulevard ********** número **********, del fraccionamiento **********, perteneciente al municipio de Yuríria, Guanajuato, sobre el cual aduce tener derecho su menor hija al haber sido embargado en diverso controvertido para garantizar alimentos provisionales. Ahora bien, para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; se ordena traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 773/2017-II del índice de este órgano jurisdiccional y agregar al presente juicio copia certificada de la papeleta de turno y la demanda. Al respecto, debe decirse que del escrito inicial de demanda que dio origen al referido juicio de amparo, promovido por el aquí quejoso contra los mismos actos reclamados, se advierte, al menos, desde el uno de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que fue presentada su demanda de amparo, tuvo conocimiento que se estaba tramitando el juicio ejecutivo mercantil M-1446/2014 radicado en el Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, no así la fecha que aduce en el escrito que se acuerda. Manifestaciones formuladas en dicho juicio, a las cuales el suscrito les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Por lo anterior, se sostiene que, al menos, desde que el impetrante presentó la demanda que dio origen al juicio de amparo 773/2017-II (uno de agosto de dos mil diecisiete), tuvo conocimiento de los actos que reclama en esta instancia, y no en la data que menciona en la demanda que nos ocupa. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del dos de al veintidós de agosto del año en curso, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que presentó la demanda de amparo que dio origen al juicio 773/2017-II, a saber, el uno de agosto pasado, por lo que desde esa fecha ya tenía conocimiento de los actos que reclama en esta instancia. II. Fueron inhábiles los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de agosto del año en curso, por ser sábados y domingos. Entonces, como el acto que reclama el quejoso no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y el impetrante promovió la demanda que se estudia hasta el quince de noviembre del año en curso, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que el quejoso **********, quien se ostenta como tutor de la menor incapaz **********, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en providencia de dieciséis de los actuales, consistente en ratificar el contenido y firma del escrito presentado el quince de noviembre del año en curso, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, se acuerda: Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Como cuestión previa, es necesario definir que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: Todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil M-1446/2014, radicado en el Juzgado Menor Tercero Civil de esta ciudad, promovido por **********, en su carácter de endosatario en procuración de **********, en contra de **********; así como la notificación de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, en la que se le hizo de su conocimiento el remate del inmueble ubicado en la boulevard ********** número **********, del fraccionamiento **********, perteneciente al municipio de Yuríria, Guanajuato, sobre el cual aduce tener derecho su menor hija al haber sido embargado en diverso controvertido para garantizar alimentos provisionales. Ahora bien, para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; se ordena traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 773/2017-II del índice de este órgano jurisdiccional y agregar al presente juicio copia certificada de la papeleta de turno y la demanda. Al respecto, debe decirse que del escrito inicial de demanda que dio origen al referido juicio de amparo, promovido por el aquí quejoso contra los mismos actos reclamados, se advierte, al menos, desde el uno de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que fue presentada su demanda de amparo, tuvo conocimiento que se estaba tramitando el juicio ejecutivo mercantil M-1446/2014 radicado en el Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, no así la fecha que aduce en el escrito que se acuerda. Manifestaciones formuladas en dicho juicio, a las cuales el suscrito les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Por lo anterior, se sostiene que, al menos, desde que el impetrante presentó la demanda que dio origen al juicio de amparo 773/2017-II (uno de agosto de dos mil diecisiete), tuvo conocimiento de los actos que reclama en esta instancia, y no en la data que menciona en la demanda que nos ocupa. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del dos de al veintidós de agosto del año en curso, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que presentó la demanda de amparo que dio origen al juicio 773/2017-II, a saber, el uno de agosto pasado, por lo que desde esa fecha ya tenía conocimiento de los actos que reclama en esta instancia. II. Fueron inhábiles los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de agosto del año en curso, por ser sábados y domingos. Entonces, como el acto que reclama el quejoso no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y el impetrante promovió la demanda que se estudia hasta el quince de noviembre del año en curso, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por **********, quien se ostenta como tutor de su hija **********, contra actos del Juez Tercero Menor Civil, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1057/2017-IV. Ahora bien, analizado el juicio de amparo 773/2017-II del índice de este órgano jurisdiccional, con el que da cuenta el secretario, promovido por el mismo quejoso ********** en calidad de tutor de la menor **********, y que se tiene a la vista como hecho notorio conforme lo dispone el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, editada en junio de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; se advierte que: Ese controvertido lo promovió el aquí promovente en calidad de tutor de su menor hija **********. En proveído de dos de agosto de dos mil diecisiete se le previno para que precisara si acudía al amparo por su propio derecho, o bien en representación de la citada menor en cuyo caso debería acreditar ese carácter con documento idóneo. Mediante ocurso recibido el diez de agosto del año actual, al parecer ********** pretendió desahogar el requerimiento formulado; no obstante, como la firma obrante al calce de ese escrito era notoriamente distinta de la estampada en la demanda inicial, se le previno para que acudiera a ratificarla. En diligencia efectuada a las once horas con treinta y cinco minutos del quince de agosto del presente año, compareció ante este juzgado **********, quien se identificó con credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, a fin de ratificar la firma de la demanda de amparo. Como entre la firma ratificada y la plasmada durante la diligencia de ratificación existía una notoria diferencia, y en atención a que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de oficio se ordenó el desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía a fin de corroborar su autenticidad, para lo cual se solicitó a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría de la República que designara a un perito en la materia para que auxiliara a este juzgado. En auto de dieciocho de septiembre del año que transcurre, en virtud de que el quejoso se desistió del juicio y ratificó dicho desistimiento, se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en comento. En ese orden, antes de proveer respecto de la demanda de cuenta y tomando en consideración que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advierte de la simple confrontación de la firma que calza el escrito de cuenta, con la que obra en la diligencia de quince de agosto de dos mil diecisiete efectuada en el juicio de amparo 773/2017-II del índice de este juzgado, que la signatura que calza aquél tiene rasgos coincidentes pero notoriamente discrepantes con la estampada por el nombrado quejoso en la referida actuación; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente auto se le practique, comparezca ante este juzgado debidamente identificado, en día y hora hábiles, para que en diligencia formal y bajo protesta de decir verdad, ratifique el contenido y firma del ocurso de mérito, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado. En la inteligencia de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia del rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES."; sustentó lo siguiente: ".Finalmente, no pasa desapercibido para esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por regla general, cuando los Juzgados de Distrito requieren a quien aparece como promovente en una demanda de amparo para que comparezca y manifieste -bajo protesta de decir verdad- si la firma contenida en el escrito respectivo fue puesta de su puño y letra, aperciben a dicha persona acerca de las consecuencias penales que conlleva el delito de falsedad de declaraciones. El apercibimiento de mérito implica informar al compareciente acerca de las consecuencias legales que pueden producirse en su esfera jurídica si se comprueba que se condujo con falsedad; y, en este sentido, cumple con la finalidad de hacerle saber el carácter ilícito de tal conducta. Por ello, una vez que se lleva a cabo, debe considerarse superada toda posibilidad de que dicho compareciente alegue, a fin de comprobar la actualización de la causa de exclusión del delito de falsedad de declaraciones, relativa al error de prohibición previsto en el artículo 15, fracción VIII, inciso B), del Código Penal Federal,(63) el desconocimiento de la existencia del tipo penal y del alcance del ordenamiento legal al respecto, así como el convencimiento de que la conducta se encontraba justificada. Ello, como así lo ha resuelto por la Primera Sala de este Alto Tribunal en la contradicción de tesis 49/2009, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 89/2009,(64) en el sentido de que el error de prohibición no se actualiza tratándose del delito de falsedad de declaración, si previamente el denunciante o querellante fue protestado para conducirse con verdad, pues en tal caso queda superada toda falsa apreciación sobre la licitud de su conducta. Ahora, según lo expuesto en la presente contradicción de tesis, los Jueces de Distrito están facultados para ordenar oficiosamente la realización de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de verificar la autenticidad de la firma contenida en una demanda de amparo que ha sido reconocida por quien aparece como promovente en ella, únicamente cuando aprecian, a simple vista, que entre la firma ratificada y las suscritas durante el desahogo de la diligencia de ratificación existen diferencias manifiestas. En ese contexto, si a pesar de haber sido apercibida con la posible actualización de las consecuencias referentes al tipo penal aludido, la persona comparece y reconoce una firma como suya, pero, posteriormente, con el dictamen relativo a dicha prueba pericial, se comprueba que ésta no fue puesta de su puño y letra, es decir, que no es auténtica, resulta dable presumir que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito. Consecuentemente, en tal caso, los Jueces de Distrito no sólo deberán resolver lo conducente respecto de la posible actualización de una causal de improcedencia relacionada con el incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada (en tanto se han allegado de los elementos necesarios para obtener certeza acerca de si fue suscrito por la persona que aparece como promovente). Asimismo, deberán dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción por la posible comisión de un hecho delictivo.." (lo resaltado no es de origen.) De tal suerte que si entre la firma que calza la demanda de amparo y la que se plasme en la diligencia de ratificación, se aprecian diferencias manifiestas, se ordenará de oficio el desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía a fin de resolver lo conducente respecto de la posible actualización de una causal de improcedencia, relacionada con el incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada; pero además, de resultar que la firma que se realice en la diligencia no corresponde a la que bajo protesta de decir verdad ratifique el promovente, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción por la posible comisión de un hecho delictivo. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, al contar con cédula profesional número ********, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en términos limitados del numeral en cita a las demás personas, por no encontrarse en el supuesto los citados profesionistas. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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