Melesio Ruíz Trejo
Expediente 936/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 936/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Melesio Ruíz Trejo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme. Háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Visto el estado de autos, en especial el escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso ******************, señalo como autoridad responsable a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra; sin embargo, tomando en consideración que mediante decreto publicado el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, se reestructuro la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra para transformarse en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, a partir de la presente determinación se hará referencia a la autoridad responsable con el nombre citado en último término. Por otra parte, agréguese el escrito signado por el promovente *******************, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene cumpliendo con el requerimiento efectuado en proveído de cuatro de octubre del año en curso. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el plazo genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa esencialmente reclama: La negativa emitida verbalmente el dieciocho de marzo del presente año, por personal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, con residencia en esta ciudad, para otorgarle la escrituración, respecto del predio que actualmente se encuentra en calle menta, sin número de la colonia del Bosque, tercera sección a espaldas del jardín de niños ************* de esta ciudad. Sin embargo, de las manifestaciones vertidas por el propio solicitante del amparo en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, tuvo conocimiento del acto que reclama. Esto último se afirma, ya que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que con anterioridad, en diversas ocasiones ha acudido a las oficinas de la autoridad responsable a solicitar la escrituración del inmueble que aduce es de su propiedad, lo cual se le había negado, que en la citada fecha (dieciocho de marzo de dos mil veintidós), acudió nuevamente ante la autoridad responsable Instituto Nacional del Suelo Sustentable, con sede en esta ciudad, que fue atendido por una dama quien dijo pertenecer a ese órgano administrativo y que debía estar dando vueltas para ver cuando se podría dar trámite a la petición de escriturar; lo cual constituye la última vez que le fue negada la solicitud que efectuó a la responsable. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del veintidós de marzo al once de abril del presente año, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que tuvo conocimiento del acto de autoridad, a saber, el veintidós de marzo del año que trascurre. II. Fueron inhábiles los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de marzo así como el dos, tres, nueve y diez de abril, todas las fecha de año en curso, por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, como el acto que reclama la parte quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un plazo distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y se promovió la demanda que se estudia hasta el tres de octubre del presente año; es inconcuso que lo hizo con posterioridad al plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la peticionaria del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, en especial el escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso ******************, señalo como autoridad responsable a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra; sin embargo, tomando en consideración que mediante decreto publicado el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, se reestructuro la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra para transformarse en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, a partir de la presente determinación se hará referencia a la autoridad responsable con el nombre citado en último término. Por otra parte, agréguese el escrito signado por el promovente *******************, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene cumpliendo con el requerimiento efectuado en proveído de cuatro de octubre del año en curso. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el plazo genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa esencialmente reclama: La negativa emitida verbalmente el dieciocho de marzo del presente año, por personal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, con residencia en esta ciudad, para otorgarle la escrituración, respecto del predio que actualmente se encuentra en calle menta, sin número de la colonia del Bosque, tercera sección a espaldas del jardín de niños ************* de esta ciudad. Sin embargo, de las manifestaciones vertidas por el propio solicitante del amparo en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, tuvo conocimiento del acto que reclama. Esto último se afirma, ya que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que con anterioridad, en diversas ocasiones ha acudido a las oficinas de la autoridad responsable a solicitar la escrituración del inmueble que aduce es de su propiedad, lo cual se le había negado, que en la citada fecha (dieciocho de marzo de dos mil veintidós), acudió nuevamente ante la autoridad responsable Instituto Nacional del Suelo Sustentable, con sede en esta ciudad, que fue atendido por una dama quien dijo pertenecer a ese órgano administrativo y que debía estar dando vueltas para ver cuando se podría dar trámite a la petición de escriturar; lo cual constituye la última vez que le fue negada la solicitud que efectuó a la responsable. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del veintidós de marzo al once de abril del presente año, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que tuvo conocimiento del acto de autoridad, a saber, el veintidós de marzo del año que trascurre. II. Fueron inhábiles los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de marzo así como el dos, tres, nueve y diez de abril, todas las fecha de año en curso, por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, como el acto que reclama la parte quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un plazo distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y se promovió la demanda que se estudia hasta el tres de octubre del presente año; es inconcuso que lo hizo con posterioridad al plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la peticionaria del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ******************, por su propio derecho, contra actos de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, con residencia en esta ciudad; con apoyo en lo establecido en los Acuerdos Generales 7/2022, 9/2022, 16/2022 y 21/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga el similar 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, en relación al Periodo de Vigencia y las Facultades de la Comisión Especial, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 936/2022-IV. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones II y IV del artículo 114, en relación con lo estipulado en las fracciones IV y V del artículo 108 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: i. La primera irregularidad detectada surge de lo estipulado en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." El citado numeral establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa indique con precisión cuál es el acto de autoridad que reclama. Al respecto, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado indique en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a) Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b) Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c) La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa señaló que se duele de: A. DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO, EL RECONOCIMIENTO DE MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD Y POSESION Y POR ENDE EL OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRTURA EN MI FAVOR RESPECTO DEL PREDIO LEGALMENTE ADQUIRIDO A EL EJIDO DE TROJES Y MAYORAZGO EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 Y DEL CUAL ANEXO EN ORIGINAL LA CONSTANCIA DE POSESION OTORGADA POR DICHA AUTORIDAD EJIDAL EN MI FAVOR. B. DERIVADO DE LO ANTERIOR EL OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA EN MI FAVOR POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DEL PREDIO RECONOCIDO COMO UBICADO EN LA ************* DE ESTA CIUDAD. C. COMO CONCECUENCIA DE LO ANTERIOR LA ABSTENCION POR PARTE DE MI DEMANDADA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PERTURBAR EN LA POSESION LEGAL QUE EL SUSCRITO EJERZO SOBRE EL PREDIO EN CUESTION Y DEL CUAL SE ME RECONOCE COMO LEGAL PROPIETARIO Y QUE POSEEO EN FORMA PACIFICA, PUBLICA, DE BUENA FE Y A TITULO DE DUEÑO DESDE EL AÑO 2000 MAS ES EL CASO QUE EL DIA DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 ME FUE LEGALMENTE FORMALIZADO MI COMPRAVENTA DE MI PREDIO POR LA AUTORIDAD EJIDAL, ESTO ES DURANTE LOS ULTIMOS 12 DOCE HE TENIDO DICO PREDIO EN POSESION DEBIDAMENTE DELIMITADO Y BARDEADO, CUMPLIENDO CON ELLO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS FORMALIDADES EXIGIDAS PARA MI TRAMITE.(SIC)" Sin embargo, los actos reclamados planteados de la manera en que lo hace el quejoso resultan imprecisos; al respecto cabe señalar que el artículo 1º, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción anterior, para que el juicio constitucional sea procedente es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En el juicio de amparo, no es jurídicamente posible entablar la demanda respectiva, como si el promovente se constituyera en calidad de parte actora y reclamara de cierta persona (demandado) una determinada pretensión, sino que el reclamo debe consistir, se insiste, en un hecho positivo o negativo que implique una contravención a la ley, con efectos particulares e imputable a un órgano del estado, impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Pues bien, del análisis de los actos que se señalan como reclamados, se advierte que el promovente demanda de la autoridad responsable ciertas pretensiones, a saber: El reconocimiento de un mejor derecho de propiedad y posesión respecto de un bien que aduce le pertenece. El otorgamiento y firma a su favor, de la escritura respecto del inmueble que dice es de su propiedad. La abstención de perturbarlo en la posesión del aludido bien raíz. En ese sentido, los actos que señalan como reclamados no pueden tener tal carácter para los efectos del juicio de amparo, dado que lo que formula en realidad el quejoso, es una demanda en la que reclama ciertas prestaciones que tienen sustento en el derechos común, pues las indicadas en los inciso a) y c), pueden reclamarse mediante la acción reivindicatoria o la plenaria de posesión, mientras que la acotada en el inciso b) puede intentarse a través de la acción proforma. Además, los actos señalados no cumplen con los requisitos que para tal efecto impone la ley, pues no se trata de un hecho positivo con efectos particulares, impuesto de manera imperativa, unilateral y coercitiva, ya que como se dijo, lo que reclama el quejoso son prestaciones, no actos de autoridad. Consecuentemente, el suscrito estima que no es posible establecer con exactitud cuáles son los actos que se reclaman en la presente instancia, lo cual torna obscuro el libelo constitucional; por tanto, a fin de proveer lo conducente respecto de la demanda de amparo que se intenta, es necesario que el peticionario del amparo precise cuáles son los actos que pretende reclamar en la presente instancia constitucional, en términos de las consideraciones planteadas en párrafos precedentes. ii. La segunda irregularidad advertida emerge en cuanto al requisito establecido en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, el suscrito estima que si bien es cierto que el solicitante del amparo, en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, tales como que ha acudido a la dependencia "CORETT" a solicitar la formalización de sus escrituras, lo cual se le ha negado "sistemáticamente"; también lo es que, omitió expresar: Las fechas precisas en las que ha acudido ante la autoridad responsable a solicitar la formalización de la citada escritura, respecto del predio que dice se encuentra ubicado en calle menta, sin número de la colonia del Bosque, tercera sección a espaldas del jardín de niños Jaime Torres Bodett de esta ciudad; incluso la fecha en la que acudió por última ocasión. Datos que resultan necesarios para determinar lo que en derecho corresponda, en relación con la procedencia del presente juicio de amparo, por lo que dicha irregularidad torna obscuro e irregular el escrito de demanda, al no permitir al suscrito conocer los pormenores de los antecedentes de los actos reclamados. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, fracciones II y IV, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes realice lo siguiente: Precise con claridad cuál o cuáles son los actos que reclama; en términos de lo expuesto en este proveído. Manifieste bajo protesta de decir verdad de manera sucinta y cronológica la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, de acuerdo con lo expuesto en el cuerpo del presente auto. Los requisitos que al efecto se emiten conllevan el apercibimiento que de no ser exactamente observados dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual el directo quejoso debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. En otro contexto, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, en virtud de que obra su cédula profesional número *************, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que indica por no encontrarse en ese supuesto. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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