MELCHOR JEFFERSON ÁNGEL GUERRA CERPA y Otros.

Expediente 550/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
550/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa
  • MELCHOR JEFFERSON ÁNGEL GUERRA CERPA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo relativa al presente asunto, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se haya tenido por no presentada la demanda de amparo, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.Así lo proveyó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintinueve de julio de dos mil veintidós. Vistas las constancias actuariales de cuenta, se advierte que los directamente agraviados Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba, no ratificaron la demanda de amparo promovida por conducto de Armando Bernal Reyes; en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda, y quedan sin efectos las providencias dictadas en auto de veintiocho de julio del año en curso, de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, dado que de las constancias actuariales de cuenta, no se desprende que en el acto de la notificación personal, los directos agraviados hayan señalado para oír y recibir notificaciones, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíqueseles el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Por otra parte, agréguese al presente expediente el oficio que remite la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Baja California, en esta ciudad, por el cual rinde el informe en relación a la suspensión de plano decretada en el presente asunto; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento en atención a lo precisado en párrafos que anteceden. Notifíquese y por lista a Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. Radicación. Visto el escrito de demanda de amparo presentada por Armando Bernal Reyes, en representación de los directos agraviados Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 550/2022-G. Suspensión de plano. Ahora, toda vez que en el escrito inicial se señalan como actos reclamados lo siguientes: El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. Toda orden verbal o escrita que hayan emitido tendente a determinar el aseguramiento, alojamiento, privación de su libertad o detención por más de 36 horas, sin que medie un acuerdo o resolución fundado o motivado. Cualquier regreso asistido, traslado o deportación de los quejosos. Toda omisión de emitir la orden de salida a pesar de haber transcurrido el plazo de 36 horas. La omisión de hacer del conocimiento el procedimiento administrativo incoado en su contra. La incomunicación. La omisión de establecer un plan inmediato para asegurar las alternativas en libertad de los quejosos. Cualquiera de los actos prohibidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La ilegal detención fuera de procedimiento La privación de la libertad personal por más de treinta y seis horas. La retención u orden inminente orden de deportación. Todos, infligidos en contra de los directos agraviados Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN, INMINENTE DEPORTACIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO O 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En tal virtud, por cuanto hace a los actos reclamados por la parte promovente de amparo consistentes en la incomunicación, o cualquier otro acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que dicen ser objeto de los directos agraviados Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba; con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, en caso de que se estén ejecutando o, en su caso, no se lleven a cabo, si es que se ordenaron. Ahora, con relación a los actos consistentes en la retención de los directos agraviados con fines de deportación o expulsión, así como su ejecución; y, considerando que hasta el momento no se tiene certeza de cuál es la situación migratoria del directo accionante, a fin de velar por una protección más amplia para el impetrante, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 1, 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba la suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: 1. Se insiste, que al desconocerse en este momento la situación migratoria del agraviado, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. 2. No se ejecute ningún acto que traiga como consecuencia la deportación del directo quejoso Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba, y queden a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que atañe a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para los efectos de la determinación de su situación migratoria, en el sitio en que estime la misma de acuerdo a sus facultades administrativas, y bajo su más estricta responsabilidad deberán observar en todo momento las obligaciones que le impone la Ley de Migración y evitar tratos discriminatorios o violación de derechos, para lo cual están obligadas a respetar la dignidad inherente al ser humano. 3. En el entendido que los efectos de esta suspensión de plano no impiden a las autoridades responsables resolver lo conducente respecto de su situación migratoria. Es decir, la suspensión de plano concedida, únicamente es para el efecto de que no se ejecuten los actos de deportación de lso quejosos; de igual manera, en caso de que el referido agraviado se encuentre en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, no deberá ser trasladado a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo. Empero, si al resolver la situación migratoria de aquél (sobre lo cual no se concede la medida suspensiva) las autoridades responsables, determinan que no procede la deportación, sino una figura diversa que califique el estatus en que se ubica el extranjero quejoso; e inclusive, a consecuencia de ello, resulte procedente ordenar su libertad, podrán realizarlo, al no abarcar la suspensión concedida tal aspecto, siempre y cuando derive de un proceso migratorio. Lo anterior, indicándole a las autoridades responsables que la seguridad y custodia de los directos agraviados queda bajo su más estricta responsabilidad, debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LOS ACTOS CONSISTENTES EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO Y SU POSIBLE PROLONGACIÓN POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS. Por otra parte, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad de los directos agraviados fuera de procedimiento, debe destacarse que de una lectura integral al escrito de demanda, el promovente indicó que los quejosos se encuentran en las oficinas de Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana, Baja California. Por tanto, tomando en consideración que del ocurso de demanda no se aprecia que los directos agraviados, hasta esta data en que se resuelve sobre la suspensión de plano solicitada, se encuentren sujetos a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, o uno diverso, se estima que posiblemente, la privación de la libertad reclamada, en su caso, lo es fuera de procedimiento, el cual se encuentra previsto en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión del acto reclamado que se hace consistir en la privación de la libertad fuera de procedimiento, y su prolongación por más de treinta y seis horas. En relación con el sentido que regirá la presente determinación se cita, en lo conducente, lo establecido en los normativos 126, 162 y 164 de la Ley de Amparo: "Articulo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." "Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso." "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." De los preceptos transcritos, se desprende que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Aunado a ello, cuando se reclame la orden de privación de la libertad, el efecto de la suspensión será que no se ejecute y quedará el órgano jurisdiccional de amparo en aptitud de dictar las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigido. Asimismo, cuando la detención no tenga relación con la comisión de un delito y sea efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, el efecto de la medida cautelar también es dejar en libertad a los quejosos. Lo anterior es acorde con la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, conforme a los dispositivos 99 a 105 de la Ley de Migración, que prevén: "Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero adulto que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. En ningún caso, el Instituto presentará ni alojará a niñas, niños o adolescentes migrantes en estaciones migratorias ni en lugares habilitados para ello. La presentación de las personas adultas bajo cuyo cuidado estén niñas, niños o adolescentes migrantes deberá evitarse atendiendo al principio de unidad familiar y del interés superior de niñas, niños y adolescentes." "Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio." "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." "Artículo 103. Las autoridades judiciales deberán dar a conocer al Instituto la filiación del extranjero que se encuentre sujeto a providencias precautorias o medidas cautelares, o bien, que cuente con una orden de presentación, orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso, en el momento en que se dicten, informando del delito del que sean presuntos responsables. En el caso del auto de vinculación a proceso y la sentencia firme condenatoria o absolutoria, deberán notificarlo al Instituto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ésta se dicte." "Artículo 104. Una vez que se haya cumplimentado la sentencia a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial o administrativa competente de inmediato pondrá al extranjero con el certificado médico que haga constar su estado físico, a disposición del Instituto para que se resuelva su situación migratoria, en los términos previstos en el Capítulo V del presente Título." "Artículo 105. En los traslados de extranjeros presentados o en proceso de retorno voluntario, el Instituto podrá solicitar el apoyo de la Policía Federal de conformidad con el artículo 96 de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables." Dispositivos de la Ley de Migración que establecen que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, la presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto Nacional de Migración mediante la cual se acuerda el alojamiento (detención) temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. Asimismo, el artículo 111 de la citada ley dispone que el Instituto deberá resolver la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, sin que el alojamiento en las estaciones migratorias pueda exceder de ese plazo, salvo en los casos en que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su condición migratoria en territorio nacional, supuesto en el que el alojamiento se torna indefinido, hasta en tanto no se resuelva el medio de defensa. Sin embargo, en los demás casos el alojamiento no puede exceder de sesenta días hábiles y, una vez transcurrido, deberá otorgarse la condición de visitante con permiso para recibir remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se otorgó dicha condición de estancia. Bajo esas condiciones, es inconcuso que la posible irregularidad en el ingreso migratorio no debe ser vista como una conducta punible en el ámbito del derecho penal, sino en todo caso como una falta administrativa, por lo que los derechos de las personas migrantes son aquellos propios de las personas sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. En ese sentido, la detención administrativa debe ser excepcional y encontrarse debidamente justificada, sin que pueda ser indefinida conforme al ámbito temporal de su imposición, bajo el riesgo de transgredir derechos humanos, entre otros, como el derecho a la seguridad jurídica y la libertad personal. De la misma manera, es dable destacar que en el Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición de mayo de dos mil veintiuno, en el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción. Además, el citado organismo internacional ha indicado que la Ley de Migración y su Reglamento no evidencian un mayor desarrollo en lo que respecta a medidas alternativas a la detención migratoria, aunado a que la aplicación de estas normas en la práctica es aún más restrictiva. De este modo, la detención migratoria se ha constituido como la regla tanto a nivel normativo como en la práctica. En condiciones similares la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha constatado que, en virtud de que la detención se aplica como regla general, se ha visto en el país un crecimiento en el número de recintos migratorios para alojar a las personas migrantes en situación irregular. Lo anterior, en concepto del referido organismo autónomo, da cuenta "de la importancia que le ha dado el Estado mexicano a la detención, más allá de procurar medidas alternativas que sean menos lesivas de los derechos humanos de quienes se encuentran en contexto de movilidad". Ante tal escenario, en el Protocolo se estima pertinente tomar en cuenta los criterios que deben observar las personas juzgadoras al conocer de asuntos relacionados con la detención o privación de libertad por motivos migratorios. En adición a ello, la Corte Interamericana ha señalado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso; de ese modo, un balance adecuado entre los objetivos legítimos de los Estados en el control migratorio y el respeto del derecho a la libertad personal de los migrantes, requiere del establecimiento de medidas alternativas a la detención, las cuales representan medios menos invasivos para lograr el mismo fin. Así, considera que el carácter de última ratio atiende a las múltiples afectaciones que genera la privación de la libertad sobre los derechos de las personas, entre ellas, las causadas a la integridad personal y la salud física y psicológica de las y los migrantes detenidos. Ahora, en el caso en estudio, en la demanda de amparo, se afirma que desde el veintiséis de junio de dos mil veintidós, cuando viajaban vía terrestre a la Ciudad de Mexicali, fueron detenidos en un retén por agentes del Instituto Nacional de Migración, en el punto de revisión que se encuentra en la entrada de dicha ciudad, desde donde fueron trasladados a las instalaciones de la estación migratoria de esta ciudad. Sobre el particular cabe subrayar que, de conformidad con los artículos 18, primer párrafo y 19 de la Constitución Federal, sólo por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a prisión preventiva, la cual debe ser justificada por la autoridad judicial con un auto de vinculación a proceso en el que se expresara el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que las ley señale como delito y que exista la probabilidad de que al indiciado lo cometió o participó en su comisión; es decir, la privación de la libertad de los quejosos no deriva de la comisión de un delito del que conozca la autoridad jurisdiccional. Si bien el precepto 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República faculta a la autoridad administrativa para aplicar sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía; también lo es que limita dicha atribución a la imposición de multas, arresto, o trabajo en favor de la comunidad; sin que en ningún caso el arresto puede exceder de treinta y seis horas. Sin embargo, atendiendo al principio pro persona previsto en el artículo 1° de la Constitución General de la República, que permite el más amplio acceso a la impartición de justicia, debe privilegiarse la protección de los derechos humanos de los quejosos en su calidad de migrantes, de nacionalidad Peruana, como se señala en el escrito de la demanda, quien por su especial situación de vulnerabilidad deben ser sujetos de una protección especial, por lo que procede conceder la suspensión de oficio y de plano al constituir la detención alegada, posiblemente un ataque a la libertad personal fuera del procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la ley de la materia. En esa tesitura, no se justifica una detención por un plazo superior a treinta y seis horas, de conformidad con lo señalado en el normativo 21 de la Constitución General de la República, pues no debe soslayarse que además de provenir de autoridades administrativas -en el caso, de las autoridades migratorias cómo se advierte de lo plasmado en la demanda de amparo, no deriva de la probable comisión de un delito que merezca pena de prisión y que tuviera conocimiento de una autoridad jurisdiccional. Lo anterior es así, porque la irregularidad en el ingreso migratorio no debe ser vista como una conducta punible en el ámbito del derecho penal, sino en todo caso como una falta administrativa, por lo que los derechos de las personas migrantes son aquellos propios de las personas sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Circunstancia por la cual, la suspensión de los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad fuera de procedimiento y su posible prolongación por más de treinta y seis horas, tendrá por efecto que LOS QUEJOSOS SEAN PUESTOS EN LIBERTAD, tal como lo dispone el dispositivo 164 de la Ley de Amparo. Lo que no impide que la autoridad migratoria dicte las medidas que aseguren que el solicitante de derechos fundamentales no evada el cumplimiento de alguno de los procedimientos previstos en la Ley de Migración entre ellas, la obligación de presentarse ante ella cuantas veces les sea exigido. Lo anterior, tiene apoyo en el criterio sustentado por el Pleno del Décimo Circuito, en la Tesis de Jurisprudencia PC.X. J/15 K (10a.), publicada en la página 879, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 78, Septiembre de 2020, tomo I, materia Común, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." En este sentido, tomando en cuenta que el juzgador puede adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, cómo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el dispositivo 1 y la Ley de Migración; por tanto, con fundamento en los artículos 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión a Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba, del acto consistente en la ilegal retención fuera de procedimiento, para el efecto de que cese el alojamiento de que son sujetos en la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana y sean puestos en libertad en los siguientes términos: 1. Que las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración dicten las medidas previstas legalmente, en las que aseguren que los directos quejosos no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad migratoria que lo requiera cuantas veces les sea exigido. 2. Los peticionarios de amparo Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba, deberán permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria -en la Ciudad de Tijuana- con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio correspondiente, pues de no hacerlo así la presente medida cautelar quedará sin efectos, ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional a revocar la libertad otorgada por la medida suspensional cuando alguno de los quejosos incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas para su otorgamiento. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado que se analiza es diverso o deriva de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte quejosa en la demanda de amparo, como podría ser la comisión de un delito o, proviene de autoridades diversas a las señaladas como responsables. ADEMÁS, PROCEDERÁ DICHA MEDIDA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 43 Y 111 DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y ARTÍCULO 214 DE SU REGLAMENTO. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD. Además, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que, de derivar la detención de la comisión de un delito, ponga a los directos quejosos Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba, a disposición del Ministerio Público correspondiente. Asimismo, hágaseles saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando los aquí quejosos, no se encuentren sujetos a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. Así las cosas, si la detención de los directos agraviados Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba, no tiene relación con la comisión de un delito ni con un procedimiento migratorio deberán ser puestos en libertad de inmediato, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Lo último, sin perjuicio de que las autoridades migratorias le fijen las medidas establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, para la continuación del procedimiento migratorio que en su caso le esté instruyendo. El artículo en mención refiere en lo que aquí interesa, lo siguiente: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." Por tanto, solicítese a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento a la parte quejosa antes mencionada, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que los quejosos al momento de su detención, se encontraban en territorio nacional. La suspensión se concede en el entendido de que los directos agraviados Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. Por tanto hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: Qué calidad migratoria tienen Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba. Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentran sujetos y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos los directos agraviados; y, Si en su caso se ubican o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. Asimismo, si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, les informó a los directos quejosos los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria, que en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente: "Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria: I. Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la presente ley, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; VII. Acceder a comunicación telefónica; VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal; X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones; XI. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; XII. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria; XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, y XIV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría." Tomando en consideración que de la demanda se aprecia que los directos quejosos son de nacionalidad Peruana (país que forma parte de la denominada "Alianza del Pacífico" cuyos connacionales no requieren visa para entrar al territorio mexicano) y que según se refiere cuentan con el documento comprobatorio de su nacionalidad, las autoridades migratorias, deberán valorar si los directos quejosos cumplen con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, y EN ESE CASO DEBERÁN SER PUESTOS EN LIBERTAD DE INMEDIATO. Informes de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tenga para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas.". Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de la demanda. Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a los directamente agraviados Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba, para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización del agraviado en el lugar en que se encuentre detenidos. De igual manera, el actuario de la adscripción deberá requerir a los directos agraviados para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, manifiesten si autorizan en términos amplio conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, a Armando Bernal Reyes, Georgina Guadalupe Padilla Gaxiola, Evelyn Sánchez Martínez y Rosa Isela Castillo Carpio, así como para para oír y recibir notificaciones a las personas que se señalan en el mismo; además, si autorizan que se realicen las notificaciones que se emitan en el presente juicio, aún las de carácter personal por la vía electrónica y sí es su deseo que se autorice el acceso al expediente electrónico al usuario "BCN03AR". Igualmente, de advertirse que Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba se encuentran a disposición de alguna autoridad no señalada como responsable, se instruye al actuario que le requiera para que en el acto de la notificación, manifieste si es su interés ampliar su demanda por la autoridad correspondiente. Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan los informes vía correo electrónico institucional a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que en el caso de que se apliquen o continúe aplicándose en perjuicio de Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba, algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentra dicho agraviado. Obligatoriedad de recibir oficios. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos del artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo, y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos, asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano jurisdiccional deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este Juzgado sin digitalizarse. Notifíquese; y personalmente al directos agraviados Melchor Jefferson Ángel Guerra Cerpa y Milagros Fiorella Correa Alba.

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