MELANNY TATIANA CORTES RICO y Otros.
Expediente 748/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 748/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/11/2022
Partes del expediente
- MELANNY TATIANA CORTES RICO y Otros.
- Melanny Tatiana Cortes Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, a nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa ni su autorizado, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra del auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida determinación ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se haya decretado el sobreseimiento fuera de audiencia, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que, en auto de veintiocho de septiembre del mes y año en curso, se tuvo a los quejosos (1) Melanny Tatiana Cortes Rico, (2) Leonardo Lozano Rodríguez, (3) Allan Giovanny Camacho y/o Allan Giovanny Camacho Duarte, y (4) Valentina Martines Reyes y/o Valentina Martínez desistiéndose de la demanda de amparo y se tuvo por no presentada la misma. Sin embargo, de la certificación secretarial se desprende que por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós se tuvo a los quejoso ratificando la demanda de amparo promovida a su favor y se admitió la misma. En consecuencia, a fin de no vulnerar los derechos fundamentales de las partes, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento a fin de dejar sin efectos el auto por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, atendiendo que del estado de autos se desprende que en diverso de veintitrés del mes y año en curso los quejosos ratificaron la misma. Sin embargo, tomando en consideración que los directos quejosos (1) Melanny Tatiana Cortes Rico, (2) Leonardo Lozano Rodríguez, (3) Allan Giovanny Camacho y/o Allan Giovanny Camacho Duarte, y (4) Valentina Martines Reyes y/o Valentina Martínez, el veintisiete de septiembre último, manifestaron ante el actuario judicial su deseo de desistirse de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Bajo esas premisas, es inconcuso que en la especie se actualiza la hipótesis normativa prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, la cual dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando el quejoso desista de la demanda o no ratifique ésta. A fin de acreditar la causal de sobreseimiento de referencia, es importante destacar que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que en la especie acontece, en virtud de que los quejosos (1) Melanny Tatiana Cortes Rico, (2) Leonardo Lozano Rodríguez, (3) Allan Giovanny Camacho y/o Allan Giovanny Camacho Duarte, y (4) Valentina Martines Reyes y/o Valentina Martínez, ante la presencia del fedatario judicial, han desistido de la prosecución del juicio, por así convenir a sus intereses; no obstante que en atención a los principios de debido proceso y seguridad jurídica, se explicaron al quejoso los alcances y consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia iniciado, y expresamente reiteraron su decisión de desistirse del juicio. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento de garantías, sin la necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Apoya a lo anterior, en la parte conducente la jurisprudencia 1a./J. 19/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1650, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Undécima Época, Libro 6, octubre de 2021, Tomo II, con registro digital 2023670, que dispone: "RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL O DE ALGUNO DE SUS RECURSOS. PARA SU VALIDEZ, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ORDENAR AL FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA QUE EXPLIQUE AL QUEJOSO O RECURRENTE LOS ALCANCES Y LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN, AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. Hechos: Una persona sentenciada en un procedimiento penal interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en un juicio de amparo directo. El recurso se desechó; contra ese proveído interpuso recurso de reclamación, y durante el trámite de este último presentó un escrito de desistimiento de ese medio de defensa, por lo que se ordenó su ratificación, haciendo del conocimiento del recurrente los alcances y las consecuencias de su decisión para el efecto de tenerlo por desistido del recurso de reclamación y dejar firme el auto impugnado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a los principios de debido proceso y de seguridad jurídica, para dar validez a la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de los recursos ordenada en el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, tratándose de un asunto de naturaleza penal, el órgano jurisdiccional correspondiente debe ordenar al funcionario judicial encomendado que al momento de la diligencia de ratificación explique al quejoso o recurrente los alcances y las consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia o medio de defensa iniciado. Justificación: En la doctrina procesal y en la jurisprudencia, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Por tanto, como consiste en apartarse del ejercicio de un derecho o de facultades procesales ya ejercidos, puede referirse tanto a una acción, como a un recurso, a una prueba o a un incidente. En ese sentido, el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, no sólo comprende el desistimiento de la demanda de un juicio de amparo, sino también de los recursos que establece para ese procedimiento dicha legislación. Ahora bien, para que se tenga certeza de la decisión del quejoso o recurrente, el citado artículo 63 establece la necesidad de que se ratifique el desistimiento. Lo anterior significa que la autoridad encargada del asunto debe ordenar que ante el funcionario judicial con fe pública, el quejoso o recurrente expresamente manifieste que confirma su decisión de desistirse del juicio y/o del recurso. En ese tenor, para garantizar el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento penal, en cualquier etapa, dada su situación de fragilidad, es indispensable que antes de ratificar el desistimiento se les expliquen los efectos jurídicos que traerá consigo poner fin a la acción de amparo, o bien, a los diversos medios de impugnación que rigen dicho juicio constitucional. Ello, en atención a sus derechos de seguridad jurídica y al debido proceso, que son reconocidos en los artículos 14 de la Constitución General, 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (lo subrayado y en negrita no es de origen) Por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas en el presente juicio de amparo, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables. Además, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese el contenido del presente acuerdo a las partes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que los quejosos (1) Melanny Tatiana Cortes Rico, (2) Leonardo Lozano Rodríguez, (3) Allan Giovanny Camacho y/o Allan Giovanny Camacho Duarte, y (4) Valentina Martines Reyes y/o Valentina Martínez manifestaron su deseo desistirse de la demanda de amparo promovida a su favor. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, y se tiene por no presentada la demanda de amparo, por tanto, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto. Infórmese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveídos de veintidós y veintitrés, ambos de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para que en el término de veinticuatro horas informaran el cumplimiento de la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo o bien la imposibilidad jurídica que tuvieran para ello. Sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo anterior, no obstante de haber sido notificadas el veinticuatro de septiembre del año en curso a la una hora, como se corrobora del acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS siguientes a la recepción del oficio correspondiente, den cumplimiento a la suspensión de plano decretada en favor de (1) Melanny Tatiana Cortes Rico, (2) Leonardo Lozano Rodríguez, (3) Allan Giovanny Camacho y/o Allan Giovanny Camacho Duarte, y (4) Valentina Martines Reyes y/o Valentina Martínez; respecto a los actos reclamados en esencia consistentes en la incomunicación, detención, retención, aseguramiento, alojamiento, privación de la libertad, deportación, expulsión, violación a la liberta de tránsito y traslado a cualquier otra ciudad o país; es decir, deberán informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano de los actos reclamados decretada o bien informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello, apercibidas que de no acatar la presente determinación, se hará efectivo el apercibimiento decretado en esta misma fecha, es decir, se aplicará lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS.." Se autoriza a las autoridades para que rindan sus respectivos informes al correo electrónico 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, para privilegiar el uso de los medios electrónicos durante la contingencia sanitaria decretada en el país, sin perjuicio de que lo realice mediante oficio que se envíe a este juzgado. Notifíquese.
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