MELCHOR AGUIRRE GARCÍA y Otros.
Expediente 1298/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1298/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- MELCHOR AGUIRRE GARCÍA y Otros.
- CRISTINO GARCÍA CORTÉS y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por el que, en atención al requerimiento formulado en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, remite el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio *************** de su índice, del que se advierte, acusa recibo del diverso de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, y aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del mismo. Archivo del expediente En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año citado, archívese este cuaderno como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este antecedente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Por tanto, conforme a lo establecido en el diverso precepto 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en consulta, una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Anotaciones carátula Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional estimó carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo origen del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes; por lo que declinó competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, sin que hasta esta data este juzgado de Distrito tenga conocimiento a qué Juzgado le tocó conocer dicho asunto. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para que en el plazo de tres días al que quede legalmente notificada, informe a esta autoridad a qué Juzgado de Distrito, remitió el juicio de amparo 1298/2022, de este índice, ello a fin de que este órgano jurisdiccional tenga certeza jurídica y pueda proveer sobre el destino del presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese.
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ******* en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1298/2022. Pronunciamiento sobre la admisión. Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Primero de Distrito, es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En efecto, el numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función del lugar en donde tenga ejecución el acto reclamado o no requiera ejecución, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos deban realizarse, se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo corresponde al juez de distrito ante el que se presenta la demanda. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se haya presentado la demanda de amparo. Establecido lo anterior, debe destacarse que el impetrante del amparo en este juicio, reclama lo siguiente. Autoridades responsables: Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con residencia en la Ciudad de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Fiscal General del Estado de Oaxaca. Vice Fiscal Regional de la Costa. Agente del Ministerio Público, adscrito a la Vice Fiscalía Regional de la Costa. Acto reclamado: La violación al debido proceso al momento de judicializar la Carpeta de Investigación número ******, así como la violación de sus derechos humanos y principios que rigen el procedimiento penal. Señalamiento que realizan en razón a que manifiestan que los abogados que los representan se percataron que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento ya que el licenciado ****** quien en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, judicializó el legajo de investigación, en aquel momento no contaba con cédula profesional para actuar como Agente del Ministerio Público y de igual forma dirigió la investigación, como se aprecia del dictamen de avalúo de diecisiete de diciembre de dos mil dieciséis, sin contar con dicha cédula profesional; que con dicho legajo de investigación se formó la causa penal ******, ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Pochutla. Actos reclamados que la parte impetrante estimó violatorios de los derechos humanos previstos en los artículos 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incompetencia En este tenor, es obvio que se surte la primera regla competencial, que es el lugar en que deban tener ejecución los actos combatidos precisados con antelación, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial resida el juez que conoce del proceso penal ya que los efectos de la ejecución, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, se trasladan directamente al proceso penal de origen, y es ahí donde tales efectos tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que los imputados fueron vinculados. Sirve de apoyo, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), visible en la página 2183, Tomo 3, Libro III, Diciembre de 2011, Materias Común, Penal, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 160608, de rubro y texto: COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. En tales condiciones, al haber quedado de manifiesto que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del presente asunto, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deban tener ejecución los actos reclamados, esto es, en San Pedro Pochutla, que se encuentra ubicada fuera del territorio en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en lo que interesa señala: "XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO:- - - (.) Los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: . San Pedro Pochutla..." Por ende, es en ese lugar donde tienen ejecución los actos reclamados, motivo por el que se estima que la competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por razón de territorio no corresponde a este órgano jurisdiccional, sino al que ejerce jurisdicción en San Pedro Pochutla. Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo y, por ende, se ordena remitirla con sus anexos (acuse original con sello de recibido de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós e impresión de consulta de cédula profesional) al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, al que se estima competente, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en ese lugar. Autorizaciones Se tiene por autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, porque se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, al tratarse el presente asunto de naturaleza penal, y por autorizada solo para recibir notificaciones a la diversa persona que señala, por así solicitarlo. Consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas Por otra parte, respecto a que se autorice al usuario *****, para que pueda consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36, 37, 38 y 40, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo", se otorga autorización al usuario: 1. Para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo. 2. Para que reciba por dicha vía las notificaciones que deriven del presente asunto. En razón de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A para que realice el alta correspondiente del citado usuario. Correo electrónico Respecto al correo electrónico que proporciona para recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO"; instrúyase al Actuario que podrá emplear dicho medio como comunicación procesal, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa.
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