MCC Servicios Integrados SCU

Expediente 478/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
478/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
09/06/2015

Partes del expediente

  • MCC Servicios Integrados SCU

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I A Agréguese a los autos el oficio 9207, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 99/2015; al respecto, acúsese recibo. Toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren después de la remisión del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal Colegiado en mención, en ejecutoria de veintinueve de mayo de dos mil quince, dictada en el recurso de queja 99/2015, declaro infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de diez de abril de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  2. Principal

    MESA I A Agréguese el oficio 8071, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 5408 del índice de este Juzgado, con el que se remitió el juicio de amparo 478/2015, así como el original del escrito de expresión de agravios, y comunica la admisión del recurso de queja interpuesto por HERNÁN LÓPEZ NICOLÁS en su carácter de apoderado legal "MCC, SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD CIVIL UNIVERSAL", contra el auto de diez de abril de dos mil quince dictado en el juicio de amparo al que corresponde este cuaderno de antecedentes; el que fue registrado con el número 99/2015, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, infórmese al citado Secretario que de los controles que se llevan en este juzgado no se tiene registrada alguna resolución en materia de amparo contra el acto reclamado de algún antecedente o asunto relacionado, diversos a los que constituye el auto recurrido.

  3. Principal

    MESA I A Agréguese a los autos copia del escrito signado por HERNÁN LÓPEZ NICOLÁS, en su carácter de apoderado legal "MCC, SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD CIVIL UNIVERSAL, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer, contra el auto de diez de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; proveído que fue notificado a la parte quejosa, el trece siguiente. Por consiguiente, toda vez que el recurso se interpone en contra del auto que desechó la demanda de amparo, remítanse los autos originales de este juicio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación del referido recurso, adjúntese el original del escrito de queja y la copia correspondiente para el Fiscal Federal adscrito al Tribunal de Alzada. Con copia certificada de las constancias correspondientes fórmese cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    MESA I A Vista la demanda de amparo promovida por Hernán López Nicolás, en su carácter de apoderado legal de MCC, SERVICIOS INTEGRADOS, SOCIEDAD CIVIL UNIVERSAL, contra un acto de la Magistrada Instructora de la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 478/2015. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, conviene señalar lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Del contenido de los dos últimos artículos transcritos, interpretados en sentido contrario, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación y que tienen la característica de actos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, el acto reclamado consiste en el acuerdo de trece de febrero de dos mil quince, dictado en el expediente 1702/14-15-01-5 del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por el que se requiere la exhibición del documento con firma autógrafa de la resolución impugnada número 500-45-00-02-01-2014-04525 de diez de julio de dos mil catorce, para el desahogo de la prueba pericial en grafoscopia ofrecida por la demandada. Ahora es conveniente plasmar que el quejoso en los antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa, indicó: 14.-En tal virtud, con fecha 25 de agosto de 2014 mi representada interpuso recurso de revocación en contra del crédito fiscal contenido en el oficio número 500-45-00-02-01-2014-04525, ante la Administración Local Jurídica de Oaxaca, mismo que mediante oficio 600-50-00-01-00-2014-05742 de fecha 29 de septiembre de 2014, desechó por improcedente el recurso intentado al considerar esa autoridad resolutora que la vía correcta para impugnar el crédito fiscal es el juicio contencioso Administrativo. 15.- En contra de dicha resolución mi representada interpuso juicio contencioso administrativo en contra del oficio número 500-45-00-02-01-2014-04525 por medio del cual determina en perjuicio de mi representada un nuevo crédito fiscal al amparo de la visita domiciliaria RIM7500006/10 y del oficio de reposición del procedimiento, correspondiente al ejercicio física comprendido del 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009, toda vez que el recurso fue desechado por improcedente y por ende no generó instancia. Aunado al hecho de que la demanda se interpuso oportunamente, En dicha demanda esta quejosa negó lisa y llanamente que el oficio impugnado ostentara la firma del puño y letra de la autoridad emisora toda vez que no le fue notificado y por lo tanto, solicitó ante la propia autoridad emisora copia certificada de la resolución determinante. Admitiendo la demandada (sic) bajo el número de expediente 1702/145-15-01-5. 16.- Al contestar la demanda, la autoridad demandada no obstante de tener obligación conforme al artículo 16 fracción I y II de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte no exhibió el original de la resolución impugnada, sin embargo, ofreció la prueba pericial en grafoscopia sobre la copia certificada que exhibió la ahora quejosa en su demanda. 17.- Por lo anterior, el hoy responsable emitió el acuerdo de fecha 08 de diciembre de 2014, en el que admitió la prueba pericial la cual versaría sobre la copia certificada del oficio 500-45-00-02-01-2014-04525, por lo tanto, requirió a las partes la presentación de los peritos. 18.- En tal virtud esta quejosa presentó su perito, el cual emitió su dictamen y lo ratificó a través del acuerdo de nueve de febrero de 2015. 19.- Sin embargo, con fecha 20 de marzo de 2015, al acudir a las Instalaciones de la Sala Regional del Sureste tuve conocimiento del acuerdo trece de febrero de 2015 dictado en el expediente 1702/14-15-01-5 del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitida por la autoridad hoy responsable, ya que dicho acuerdo no me fue notificado. En dicho acuerdo, la autoridad responsable se sustituye a la autoridad demandada (hoy tercero perjudicada) y en franca violación a las formalidades esenciales del procedimiento en cuanto a la equidad procesal y garantía de audiencia obligatoriedad de la jurisprudencia requiere la exhibición del documento con firma autógrafa de la resolución impugnada número 500-45-00-02-01-2014-04525 de fecha 10 de julio de 2014 para el desahogo de la prueba pericial en grafoscopia ofrecida por la demandada. Como se ve en el acuerdo reclamado se requiere el original de un documento para el desahogo de una prueba pericial en grafoscopia admitida en el expediente 1702/14-15-01-5. Ahora, con base en las reglas previamente establecidas, este juzgador estima que en la especie, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que el requerimiento para presentar un documento que servirá para el desahogo de una prueba pericial, en modo alguno puede ser considerada como acto de imposible reparación susceptible de reclamación destacada en un juicio de amparo indirecto, puesto que con tal determinación no se afecta materialmente un derecho sustantivo del quejoso conforme a los lineamientos antes expuestos. En efecto, el requerimiento para presentar un documento que servirá para el desahogo de la prueba pericial ofrecida en el expediente 1702/14-15-01-5, es una violación procesal, y en el momento en que se produce, no afecta de manera irremediable algún derecho sustantivo del quejoso sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse el juicio relativo. De ahí que se estima que no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales. Aquí cabe apuntar que el artículo 107 constitucional establece la procedencia del amparo directo contra sentencias definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa al quejoso; en efecto, el amparo fue concebido por el legislador como un juicio extraordinario cuyo objetivo es la protección de derechos fundamentales de los gobernados frente a los gobernantes, y procede en la vía directa contra sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio, en donde se pueden analizar las violaciones del procedimiento respecto de actos emitidos en éste que hubiesen afectado las defensas del quejoso, y sólo de manera excepcional, se previó la tutela, mediante el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio que, por su trascendencia grave, afecten de manera directa los derechos sustantivos del quejoso, lo que implica que el juicio de amparo no es una instancia más para decidir las controversias, ni tiene como finalidad la supervisión de todos y cada uno de los actos del proceso de forma aislada en el momento en que se van emitiendo, sino excepcionalmente en los casos previstos por el legislador o la jurisprudencia establecida. Esto es, el legislador reservó para combatir vía amparo directo a las violaciones a las leyes del procedimiento establecidas en el artículo 172 de la Ley de Amparo, para evitar que se pudiese entorpecer el procedimiento que es de orden público. Lo anterior, en aras de impedir que las partes abusen en forma indiscriminada del amparo indirecto, pues desvirtuaría la tutela del amparo indirecto hacia elementos diferentes de su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al extender injustificadamente tal protección a un sin fin de actos de naturaleza procesal con independencia de que pudiesen tener cierta implicación de índole patrimonial, lo cual en el caso, como ya se dijo no acontece, puesto que hasta el momento no se advierte afectación que se refleje o materialice en la esfera jurídica de la parte quejosa. Por tanto, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, toda vez que el acto aquí reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del quejoso. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que menciona en su escrito de demanda, y por autorizado con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, a Pedro Lozano Jiménez, Paulina Mariela Ramírez Ramírez, Juan José Bartolo Alemán y Ana Laura Ruiz Peña, por encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, y a las restantes personas únicamente para recibir notificaciones, por así indicarlo expresamente la parte quejosa. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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