Melani Marin Bucio

Expediente 1214/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1214/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/11/2019

Partes del expediente

  • Melani Marin Bucio

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad informa que en auto de veinticinco de noviembre del presente año, admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra de la determinación de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por éste órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-1214/2019-C. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".IV. ACTO RECLAMADO. De la autoridad ordenadora, reclamo la determinación anticonstitucional de limitar el monto máximo de mi pensión por jubilación y de la pensión por viudez, al importe de diez días de salario mínimo general, contenida en el oficio con número de folio - número de documento -, con fecha de recepción del día 5 cinco de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, derivado de la concesión de pensión por viudez por muerte de pensionado con número de folio - número de documento -. De la autoridad ejecutora, el indebido descuento realizado a mis pensiones otorgadas a partir del 22 veintidós de febrero al mes de octubre de 2019 dos mil diecinueve, señaladas en el apartado de deducciones bajo el concepto "48 COMPATIBILIDAD 2019 249 DÍAS", del oficio con número de folio -, número de documento - fundamentado en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo Décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, declarado ya inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Ahora respecto de dichos actos, la suscrita estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedentes, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse las causas de improcedencia, previstas por el artículo 61, fracción XIV en relación con los diversos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a la suscrita a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Ahora, por lo que ve al acto reclamado, la suscrita estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV en relación con los artículos 17, 18 y 19 todos de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, se interpondrá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor. c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o a aquél en que ostente sabedor del mismo, actualizándose en el particular el segundo de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos; además de que el artículo 19 de la ley de la materia, señala claramente los días inhábiles para su presentación. Ahora, del libelo constitucional, se desprende que la peticionaria de garantías, refiere bajo protesta de decir verdad que el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se dio cuenta de que le aplicaron un descuento indebido en su perjuicio, y el cual es materia del presente asunto. En las relatadas condiciones, es inconcuso que si la parte quejosa se enteró del acto reclamado, desde la fecha que se precisó en el párrafo que antecede, esto es el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, tal hecho surtió efectos al día siguiente, de ahí que, el término de quince días que prevé la ley, empezó a computarse a partir del día siguiente como lo dispone el referido precepto legal, esto es nueve siguiente, y feneció el uno de octubre del año que transcurre; por tal motivo, es incuestionable que tuvo que haber comparecido dentro de dicho término a solicitar la protección y amparo de la justicia de la unión y no hasta ahora después de tanto tiempo, por ende resulta extemporánea la demanda de garantías en virtud de haber excedido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que la misma se presentó hasta el cuatro del mes y año que transcurre, como se advierte del sello de recibido que obra en autos. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XXII, agosto de 2005, página 1890, que al rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." En ese orden de ideas y por lo aquí expuesto se estima la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, siendo por tanto procedente desechar la presente demanda. No pasa inadvertido para la suscrita, lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que no debe tomarse en consideración el plazo establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo, puesto que la tesis aislada del rubro siguiente: "PENSIÓN POR VIUDEZ OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, LA PRIVACIÓN DE SU PAGO O LA CONCESIÓN DE UNA INFERIOR PUEDE IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN EL JUICIO DE AMPARO.", hace referencia a que la presentación de la demanda constitucional puede hacerse en cualquier momento; sin embargo, dicha TESIS AISLADA no constituye un criterio de aplicación obligatoria para este órgano jurisdiccional, pues la misma no tiene el carácter de jurisprudencia y por tanto no es necesaria su aplicación al caso concreto. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Finalmente, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles, se tiene a la parte quejosa, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y por autorizando para tal efecto a las personas que menciona.

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