Mayra Lorena Corona Aguilera

Expediente 594/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
594/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/09/2018

Partes del expediente

  • Mayra Lorena Corona Aguilera

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de treinta de agosto de la presente anualidad, dentro de la queja administrativa 140/2018, relativo al juicio de amparo VI-594/2018-1, del índice de este Juzgado; ejecutoria de la que se desprende que, la Superioridad resolvió lo siguiente: ".ÚNICO. Es infundado recurso de queja." Háganse lo anterior del conocimiento de las partes, las anotaciones del caso en el libro de Gobierno, que se lleva en este Juzgado, acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercero Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, mediante el cual acusa recibo del expediente original del juicio de amparo VI-594/2018-1 del índice de este juzgado y comunica que mediante auto de dos de agosto del año en curso, se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de once de julio de dos mil dieciocho, emitido por este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del acuerdo de once de julio de dos mil dieciocho... Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por - por propio derecho, contra actos del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; señalando como acto reclamado el siguiente: "...De la autoridad que señalo como responsable ORDENADORA, reclamo la resolución de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho, dictada dentro del Cuaderno 21/2018, formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria promovido por el Ayuntamiento de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán, dentro del Juicio Mercantil número 71/2018 que sobre pago, de pesos y otras prestaciones promueve en su contra -, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, sentencia mediante la cual, se declaró procedente la incompetencia planteada y ordena remitir los autos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, para que conozca del juicio. De la autoridad que señalo como, responsable ejecutora, se reclama el cumplimiento que pretende darle a la sentencia antes mencionada." Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Mientras que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "El amparo indirecto procede:. [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el quejoso, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros -los que lesionan los derechos sustantivos del agraviado- los cuales se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, virtud a que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del impetrante de garantías. Por tanto, se estima que la resolución de treinta y uno de mayo pasado, que el impetrante señala como acto reclamado, en el que la autoridad responsable declaró procedente la excepción de incompetencia por declinatoria que hizo valer la parte demanda en el juicio de origen; no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, en virtud de que es una determinación que se hace dentro del proceso de origen y la misma no afecta derechos sustantivos, ya que esto depende del desenlace de dicho asunto -juicio ejecutivo mercantil número 71/2018-, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; por ende, resulta indudable que la determinación reclamada es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se resuelva vaya a causar un perjuicio al quejoso, en consecuencia, no irroga ningún perjuicio al quejoso. Por tanto, se estima que el acto reclamado, en el que la autoridad responsable declaró procedente la excepción de incompetencia dentro del juicio ejecutivo mercantil al que hace alusión, declinando su competencia en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio del quejoso, en virtud de que es un planteamiento de incompetencia en el cual la autoridad a favor de quien se declinó la competencia no ha determinado si la acepta o no; por ende, resulta indudable que dicho acto por su naturaleza es de realización futura y probable, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se resuelva vaya a causar un perjuicio al quejoso, esto es, en caso de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, a favor del cual se declinó la competencia, no aceptara la misma, se suscitaría un conflicto competencial, por tanto, el auto en reclamo, aún no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de garantías; en consecuencia, no irroga ningún perjuicio al quejoso. Es aplicable a la anterior conclusión la diversa Jurisprudencia, Octava Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 73, que a la letra dice: "INCOMPETENCIA, DECLARACION DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE.- Es inexacto que la declaración de incompetencia adoptada por el tribunal de trabajo que conoce de la demanda en primer lugar y que remite los autos a la autoridad que estima competente, sea de ejecución irreparable porque él ya no pueda revocar tal determinación; por lo contrario, puede tener reparación mediante el procedimiento señalado en el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo y por las autoridades mencionadas en el artículo 705 del mismo ordenamiento". Así como, la tesis de jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala del Máximo Tribunal del país, número 267, y la tesis aislada sostenida por este Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 216, y Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, febrero de 1992, página 204, respectivamente, bajo los rubros y textos siguientes: "INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. La declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto." En ese orden de ideas, se arriba a la conclusión de que la determinación reclamada, no es de aquéllas que motivan la procedencia del juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no es un acto de imposible reparación, ni definitivo para los efectos del amparo indirecto, virtud a que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto. Y siendo esto así, es evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que contempla el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo además en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. Es aplicable, por similitud, la jurisprudencia consultable en la página 1190, Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época del texto siguiente: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto." Sin que en el particular se estime que este último criterio, se contraponga con el artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, pues si bien refiere que el amparo procede contra actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto; empero, en el particular, dicha determinación aún no es definitiva, pues el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, no se ha pronunciado sobre si acepta o no la competencia planteada, y en todo caso cuando esto ocurra, es que se pudiera determinar que dicha resolución causa o no perjuicio a los derechos sustantivos de la parte quejosa, por lo que se concluye la sola determinación de incompetencia, en el presente no vulnera derechos fundamentales del peticionario de amparo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga". Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que señala, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, no tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito...

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por - por propio derecho, contra actos del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; señalando como acto reclamado el siguiente: "...De la autoridad que señalo como responsable ORDENADORA, reclamo la resolución de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho, dictada dentro del Cuaderno 21/2018, formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria promovido por el Ayuntamiento de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán, dentro del Juicio Mercantil número 71/2018 que sobre pago, de pesos y otras prestaciones promueve en su contra -, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, sentencia mediante la cual, se declaró procedente la incompetencia planteada y ordena remitir los autos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, para que conozca del juicio. De la autoridad que señalo como, responsable ejecutora, se reclama el cumplimiento que pretende darle a la sentencia antes mencionada." Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Mientras que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "El amparo indirecto procede:. [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el quejoso, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros -los que lesionan los derechos sustantivos del agraviado- los cuales se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, virtud a que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del impetrante de garantías. Por tanto, se estima que la resolución de treinta y uno de mayo pasado, que el impetrante señala como acto reclamado, en el que la autoridad responsable declaró procedente la excepción de incompetencia por declinatoria que hizo valer la parte demanda en el juicio de origen; no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, en virtud de que es una determinación que se hace dentro del proceso de origen y la misma no afecta derechos sustantivos, ya que esto depende del desenlace de dicho asunto -juicio ejecutivo mercantil número 71/2018-, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; por ende, resulta indudable que la determinación reclamada es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se resuelva vaya a causar un perjuicio al quejoso, en consecuencia, no irroga ningún perjuicio al quejoso. Por tanto, se estima que el acto reclamado, en el que la autoridad responsable declaró procedente la excepción de incompetencia dentro del juicio ejecutivo mercantil al que hace alusión, declinando su competencia en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio del quejoso, en virtud de que es un planteamiento de incompetencia en el cual la autoridad a favor de quien se declinó la competencia no ha determinado si la acepta o no; por ende, resulta indudable que dicho acto por su naturaleza es de realización futura y probable, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se resuelva vaya a causar un perjuicio al quejoso, esto es, en caso de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, a favor del cual se declinó la competencia, no aceptara la misma, se suscitaría un conflicto competencial, por tanto, el auto en reclamo, aún no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de garantías; en consecuencia, no irroga ningún perjuicio al quejoso. Es aplicable a la anterior conclusión la diversa Jurisprudencia, Octava Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 73, que a la letra dice: "INCOMPETENCIA, DECLARACION DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE.- Es inexacto que la declaración de incompetencia adoptada por el tribunal de trabajo que conoce de la demanda en primer lugar y que remite los autos a la autoridad que estima competente, sea de ejecución irreparable porque él ya no pueda revocar tal determinación; por lo contrario, puede tener reparación mediante el procedimiento señalado en el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo y por las autoridades mencionadas en el artículo 705 del mismo ordenamiento". Así como, la tesis de jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala del Máximo Tribunal del país, número 267, y la tesis aislada sostenida por este Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 216, y Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, febrero de 1992, página 204, respectivamente, bajo los rubros y textos siguientes: "INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. La declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto." En ese orden de ideas, se arriba a la conclusión de que la determinación reclamada, no es de aquéllas que motivan la procedencia del juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no es un acto de imposible reparación, ni definitivo para los efectos del amparo indirecto, virtud a que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto. Y siendo esto así, es evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que contempla el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo además en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. Es aplicable, por similitud, la jurisprudencia consultable en la página 1190, Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época del texto siguiente: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto." Sin que en el particular se estime que este último criterio, se contraponga con el artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, pues si bien refiere que el amparo procede contra actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto; empero, en el particular, dicha determinación aún no es definitiva, pues el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, no se ha pronunciado sobre si acepta o no la competencia planteada, y en todo caso cuando esto ocurra, es que se pudiera determinar que dicha resolución causa o no perjuicio a los derechos sustantivos de la parte quejosa, por lo que se concluye la sola determinación de incompetencia, en el presente no vulnera derechos fundamentales del peticionario de amparo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga". Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que señala, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, no tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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