Mayte Cristina Cinto Perez
Expediente 186/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mayte Cristina Cinto Perez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el siete de febrero de dos mil dieciocho, que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a siete de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Cinthia Guadalupe Pérez Rosales por su propio derecho y en representación de su menor hija Mayte Cristina Cinto Pérez, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, la Maestra en Procuración y Administración de Justicia Librada de Guadalupe Pérez Meza, y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 186/2018, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento Ahora, se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. La impetrante de amparo señala como acto reclamado el auto de fecha doce de enero de dos mil dieciocho "mediante el cual, la autoridad responsable ordenadora, me niega la oportunidad de celebrar una audiencia de presentación de menor así como la presentación de dos testigos, acciones procesales ambas que iban encaminadas a justificar la necesidad de medidas cautelares solicitadas en varias ocasiones por la suscrita... que deviene del expediente 624/2017 radicado ante la C. Juez Primero de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos". Empero, dicho acto no es susceptible de impugnarse en esta instancia constitucional, en virtud de que, previo a ello, debe agotarse el recurso que contempla la ley en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que, el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En la especie, como se adelantó, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en el auto de doce de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 624/2017, del índice de la responsable, en el que se negó a celebrar la audiencia de presentación de la menor quejosa, así como la presentación de testigos, es susceptible de reclamarse mediante recurso de revocación que contempla el artículo 566, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, que a la letra dice: ".ARTÍCULO 566.- PROCEDENCIA DE LA REVOCACIÓN. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso..". De ahí que, si la quejosa estima que la negativa a celebrar la citada audiencia, así como la presentación de testigos son acciones procesales encaminadas a justificar las necesidad de medidas cautelares, es evidente que debió haber agotado el recurso a que alude en la transcripción anterior, previo a la promoción de este juicio de amparo. Por consecuencia, resulta que el presente juicio de amparo es improcedente, pues los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se puede abrir el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. De ahí que, la demanda de amparo deviene notoria e indudablemente improcedente, toda vez que en la especie se actualiza el supuesto normativo contemplado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto último se afirma, pues como se ha dicho, si el inconforme previo a la promoción de este juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario que expresamente contempla la codificación que rige la tramitación del expediente generador del acto de molestia, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es claro que el acto de molestia, y sus consecuencias no pueden ser analizados en esta instancia constitucional, pues, previamente a su promoción, debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número VI.1°J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 51, tomo 67, julio de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b) y c) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, lo que se reclama en el acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 624/2017, en el que se negó la oportunidad de celebrar una audiencia de presentación de una menor, así como la presentación de testigos, de modo que, este acto no encuadra en ninguna de las hipótesis acabadas de mencionar. Máxime, que las mismas son de aplicación estricta y no admiten analogía o similitud jurídica, y la quejosa no tiene la calidad de tercero extraño, sino de parte dentro del procedimiento de origen, y por tanto, está obligada a promover los medios ordinarios de defensa previo a la instauración del juicio de amparo, más aún que, el propio precepto legal ya invocado de la ley familiar permite la impugnación en los términos señalados incluso por un tercero. Así como la tesis número I.3° C. 249 C, que aparece a página 1363, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, agosto de 2001, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "MEDIDAS PRECAUTORIAS. PROCEDE SU REVOCACIÓN, MODIFICAClÓN O NULIFICACIÓN, MEDIANTE LA RECLAMACIÓN QUE SE TRAMITA EN FORMA INCIDENTAL. Las medidas precautorias son actos que se decretan sin audiencia de las personas contra quienes se dirigen, por lo que no puede establecerse que exista juicio; pero tal circunstancia no implica que los afectados por una providencia precautoria dejen de ser "parte" en ellas, y tienen la legitimación para intervenir en las mismas. Ello es así, porque el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, otorga a la persona contra quien se dicta una providencia precautoria, la facultad de reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria. Esa reclamación que se sustancia en forma incidental, tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación de la providencia precautoria decretada, puesto que como todo incidente, supone que debe ser ejercitado por quien tiene la legitimación procesal y tendrá un periodo probatorio, de alegatos y se resolverá sobre su procedencia. Esa reclamación, que constituye un incidente, es el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar la providencia precautoria, puesto que ésta supone que quien la solicitó satisfizo a juicio del órgano jurisdiccional la legitimación en la causa y los requisitos formales de procedencia de la medida y, por ende, desvirtuar la existencia de esos supuestos de procedencia de la providencia precautoria, requiere de prueba que no otorga un recurso, puesto que éste sólo tiene en cuenta las constancias y el contexto en que se dictó el auto impugnado, mientras que en el incidente existe la oportunidad de ofrecer pruebas que es más acorde con la finalidad de reclamar o impugnar una providencia precautoria, y el órgano que la emitió tendrá los elementos de prueba que en vía incidental se le aporten, a fin de resolver sobre la subsistencia, modificación o revocación de su medida." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo intentada por Cinthia Guadalupe Pérez Rosales, por su propio derecho y en representación de su menor hija Mayte Cristina Cinto Pérez. Transparencia y acceso a la información pública Luego, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, se hace de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva el consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Domicilio procesal y autorizados En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. También, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizada para oír notificaciones e imponerse de los autos a la persona que indica, y con facultades amplias a los profesionistas que refiere. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Notifíquese personalmente.
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