Mayra Sandoval Figueroa

Expediente 143/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
143/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Mayra Sandoval Figueroa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de la Sección de Amparos de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia con sede en Jojutla, Morelos, mediante el cual solicita se le informe el estado de autos del presente juicio. De lo anterior, se hace del conocimiento a la autoridad oficiante que el dieciocho de abril del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada el seis de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Cabe precisar que aun cuando no obran las constancias de notificación a las autoridades responsables de la sentencia definitiva, lo cierto es que el sobreseimiento decretado en este juicio únicamente afecta al quejoso y no a las demás partes. Para tal efecto, se invoca como sustento la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), que a continuación se cita para pronta referencia: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia de la sentencia definitiva a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como definitiva, se determinó negarlas. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Mayra Sandoval Figueroa, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes. Autoridad responsable. Magistrados Integrantes de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Jojutla, Morelos. Acto reclamado: ".La resolución de fecha 22 de veintidós de diciembre de dos mil veinte, emitida por los ciudadanos Magistrados., dictada en el recurso de apelación ., dentro del toca penal 56/2020-10-OP, con número de causa penal JCJ/515/2020,." SEGUNDO. Previo auto aclaratorio, el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 143/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazo al tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sentencia de veintidós de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, responsable en el toca de apelación 56/2020-10-OP, con número de causa penal JCJ/515/2020, que confirmó el auto de no vinculación a proceso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado la Sala, consistente en copia certificada del toca penal 56/2020-10-OP, con número de causa penal JCJ/515/2020, y discos compactos DVD, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Con fundamento en los artículos 217 y transitorio sexto de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia consultable en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 917812, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Tomo VI, parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época, materia común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Máxime que la información contenida en el disco compacto de referencia, constituye, dada su naturaleza, documentación pública lato sensu, que no requiere desahogo de audiencia especial para ser tomada en consideración al emitir el fallo constitucional. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Libro XXIII, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2013, Décima Época, materia común, con número de registro 2004362, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, esta autoridad advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no está legitimado para interponer el juicio. En principio, cabe destacar, que quien promueve el juicio de amparo es la Mayra Sandoval Figueroa, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de la sentencia de segundo grado emitido por la Sala responsable, que confirma la interlocutoria de no vinculación a proceso. Ahora, los artículos 1º y 5° de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º., de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si estos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde solo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, solo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia.". El contenido de los preceptos legales trascritos en lo que interesa revelan, por un lado, que tiene carácter de quejoso, el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que la norma, acto u omisión reclamados, violan los derechos previstos en el artículo primero de la misma ley, que no son otros que las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos, los derechos fundamentales otorgados por la constitución y por los tratados internacionales en los que el estado mexicano sea parte, así como las demás normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal, de los estados o del distrito federal, ahora Ciudad de México, que ahí se consignan, incluida la protección de las personas, frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la misma ley. Asimismo, se exige que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Además destaca, que la autoridad pública no puede invocar interés legítimo. Y, finalmente se establece, que la víctima u ofendido del delito, podrán tener el carácter de quejosos conforme a la misma ley. Lo anterior determina, que en ninguna parte de las analizadas disposiciones, se prevé la posibilidad de que el Ministerio Público que en el presente caso promueve el juicio de amparo, pueda tener el carácter de quejoso; pues atento a lo transcrito, la única que puede ser quejoso es el ofendido o víctima del delito. Entonces, si bien el ocursante, comparece como "quejoso"; es obvio que esa calidad no la acepta la ley, por lo que es notoria la falta de legitimación de la promovente. Pues siendo el caso que la resolución que se reclama, proviene de un tribunal judicial, la quejosa no solo debió aducir ser titular de un derecho subjetivo, sino que tal derecho le afectara de manera personal y directa; esto es, debió acreditar la doble calidad requerida; ser quejoso en términos previstos en la ley y que el acto le afectara en lo personal, lo que con lo visto es obvio que no podría acreditar; habida cuenta de que a la única que podía afectarle de esa forma la sentencia reclamada, sería a la parte ofendida del delito en la causa penal de origen, a quien acorde con la parte final del inciso I, del reproducido artículo 5º de la Ley de Amparo, es a la que la ley le confiere la posibilidad de ser quejosa y no así, a la representación social. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que el Ministerio Público es tan solo un representante social, que en el caso pudiera entenderse que promueve en representación del ofendido o víctima, siendo que en términos generales no puede representar los intereses de la víctima u ofendido. Lo que así se puede evidenciar de la tesis 77/2015, de rubro y texto, siguientes: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA UN FALLO ABSOLUTORIO CUANDO LA LEY NO LE RECONOCE EL CARÁCTER DE PARTE EN EL RECURSO DE APELACIÓN PARA INTERVENIR EN ÉL. Cuando el Ministerio Público, como parte en el proceso penal, es notificado de la sentencia de apelación que confirma un fallo absolutorio y la ley ordinaria no reconoce legitimación a la víctima u ofendido del delito para interponer dicho recurso, el plazo para la presentación del juicio de amparo directo contra tal determinación no debe computarse a partir de su notificación al representante social, pues ello sería contrario al derecho fundamental de acceso a la justicia en detrimento de la víctima u ofendido, al generar el inicio de un término legal a partir de la notificación del acto reclamado a un ente que carece de facultades para instar el juicio uniinstancial en su favor, cuando quien podría hacerlo -el pasivo del delito-, no había sido impuesto de esa resolución, con independencia de la calidad de coadyuvante que le asiste en el proceso, ya que el fiscal, en términos generales, no podría representar sus intereses, por lo que debe desvincularse el efecto que produce la notificación del acto reclamado realizada al Ministerio Público que ejerce una representación en la causa penal, del interés jurídico y la legitimación que asiste a la parte quejosa para instar el juicio constitucional. Por tanto, para determinar el plazo con que cuenta la víctima u ofendido del delito para instar el juicio de amparo directo contra la sentencia aludida, cuando la ley no le reconoce el carácter de parte en el recurso de apelación para intervenir en él, debe atenderse a las reglas establecidas en la Ley de Amparo aplicable; de ahí que dicho término se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la sentencia, del día que tuvo conocimiento de ésta, o en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste haberse hecho sabedora de ella." En cuyo precedente amparo directo 72/2014 resuelto en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil quince, se consideró: "97 Esta Primera Sala ha considerado que la adición del apartado B al artículo 20 de la Constitución Federal, con motivo de la reforma del año dos mil, a la víctima u ofendido del delito se le reconoció como titular de derechos específicos. El alcance de la reforma, de acuerdo al proceso legislativo que le dio origen, fue generar el reconocimiento constitucional de "parte" en las diversas etapas procedimentales penales a favor de la víctima u ofendido, con la consecuente implicación de asegurar su eficaz intervención activa. 98 Lo que se dijo, está corroborado con la exposición de motivos presentada ante la Cámara de Diputados el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, misma que dio origen a la última reforma en comento, en la que se establece claramente que el Constituyente permanente tuvo la clara intención de dotar de voz a la víctima para el efecto de asegurar su participación activa con el carácter de parte en la averiguación previa y en el proceso penal, otorgándole los medios necesarios para hacer efectivas sus prerrogativas. Estimar lo contrario sería tanto como desconocer los objetivos del legislador ordinario al revisar la Constitución Federal. 99 Así, se concluye la posición que guarda la víctima o el ofendido del delito frente al proceso penal -aplicable también en la etapa preliminar de averiguación previa-, desde la óptica de las prerrogativas que otorga a su favor la Constitución Federal, es de parte procesal, con derecho a intervenir activamente. 100 En este mismo orden de ideas, pueden enumerarse los derechos que se consignan en los artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que estipulan: "toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." 101 En efecto, el derecho de acceso a la justicia en el ámbito de derecho internacional, se contiene en diversos instrumentos internacionales, tales como: La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XVIII) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8.1 y 25). 102 En términos generales, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, los derechos de las víctimas en relación con los procedimientos penales están basados en cuatro pilares esenciales: a) el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, para la determinación de sus derechos; b) el derecho a un recurso efectivo, que incluye, inter alia, el derecho a una investigación; c) el derecho a la verdad; y d) el derecho a obtener reparación. 103 Derechos están íntimamente ligados a la obligación internacional del Estado de juzgar y sancionar a los responsables con seriedad y otorgando las debidas garantías, como bien lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 104 En esa misma línea, la Corte se pronunció al emitir la resolución respectiva al Caso Radilla Pacheco contra México, al referirse a que en el derecho que asiste a las víctimas durante el proceso a efecto de hacer valer sus intereses, lo siguiente: ".los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses. Dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación.", como se advierte del párrafo 247 de esa resolución de veintitrés de noviembre de dos mil nueve. 105 Resultan de singular importancia los razonamientos sostenidos por la Corte Interamericana en la resolución del Caso Fernández Ortega y otros contra México, que en su resolución de treinta de agosto de dos mil diez, al analizar la violación alegada en torno a la inexistencia de un recurso efectivo para impugnar la competencia militar, concluyó que a nivel interno, el Estado debe prever la existencia de recursos adecuados y efectivos a través de los cuales los sujetos pasivos del delito estén en posibilidad, no sólo a la simple obtención de la reparación del daño, preponderantemente, a hacer efectivos sus derechos a conocer la verdad y a la justicia ante Tribunales competentes, ya que no basta que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad, pues dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente. [.] 143 Atendiendo a las funciones del Ministerio Público como parte en el proceso penal, quien fija las bases de la pretensión punitiva del Estado, el fin perseguido por esa institución en el recurso de apelación es verificar que los delitos no queden impunes, sean aplicadas las disposiciones legales durante la tramitación del asunto, se empleen y extingan las sanciones penales y, en general, como representante de la sociedad, vigilar que se respeten los derechos de los intervinientes en el proceso. [.] 153 Asimismo, al resolver la antes mencionada Contradicción de Tesis 229/2011, esta Primera Sala estableció que los derechos fundamentales de la víctima u ofendido del delito y los acusados no son opuestos entre sí, por el contrario, el respeto a las prerrogativas de ambos constituye la vigencia del orden constitucional, de modo que no rompe con el equilibrio procesal de esos intereses el que se analice en sede constitucional el acto que hace nugatorio el derecho a la reparación del daño, aun cuando potencialmente el inculpado y su defensa hubieren superado conforme a las reglas del debido proceso la acción penal -y posteriormente la acusación- intentada por el Ministerio Público, pues la impugnación que en amparo directo haga la víctima u ofendido no genera un nuevo frente de imputación penal distinta a la pretensión punitiva estatal, por el contrario, al haber sido desvinculado el inculpado bajo la responsabilidad judicial de la acción penal que sigue siendo la condicionante o presupuesto lógico de cualquier tipo de reclamo sobre la reparación, es que se justifica que los pasivos del delito tengan esa facultad ante la imposibilidad jurídica que existe para el Fiscal. 154 En efecto, se mantiene firme el papel del Estado como monopolizador del ejercicio de la acción penal, relativo la carga de la prueba en materia penal y el expresar en proposiciones concretas la pretensión punitiva, es por ello que los derechos adquiridos constitucionalmente por las víctimas u ofendidos encaminados a la demostración del delito y la responsabilidad penal como elementos indispensables para obtener, en su caso, la reparación del daño que constituye uno de los derechos fundamentales que pueden ejercer, no inciden y mucho menos riñen con las funciones que competen exclusivamente a la institución del Ministerio Público." También conviene traer a colación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 152/2005, llegó al convencimiento de que en atención al principio de supremacía constitucional, la legitimación del ofendido o víctima del delito para promover juicio de amparo debe regirse por el texto constitucional y por los principios que contiene respecto de los supuestos en que sufra un agravio personal y directo de alguna garantía individual -antes así llamadas- prevista a su favor, lo que excluyó la aplicación restringida de los supuestos establecidos expresamente en el artículo 10 de la Ley de Amparo abrogada, en cuanto a las hipótesis que deben actualizarse para que la víctima u ofendido puedan promover juicio de amparo. Asimismo, la propia Sala, en la ejecutoria que dio origen a la tesis 92/2010, determinó en lo de interés: "[.] Máxime que la Ley de Amparo no faculta al Ministerio Público para que promueva juicio de garantías en favor del agraviado, situación que reafirma el hecho de que es el titular de la acción persecutoria y representante social, pero no sustituye al ofendido en los casos en que a este corresponde el inconformarse contra lo que se resuelva en cuanto a la reparación del daño con independencia de que también lo haga aquel. [.]". Tesis que lleva por rubro y texto, los siguientes: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO, EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, CUANDO AQUÉLLA CONFIRMÓ LO RESUELTO POR EL JUEZ NATURAL, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE NUEVO LEÓN). Cuando el juzgador de primera instancia dicta sentencia condenatoria al considerar comprobados el delito y la responsabilidad penal del inculpado, pero en lo relativo a la reparación del daño resuelve absolverlo, ello se traduce en un agravio a la víctima impugnable mediante el recurso de apelación, independientemente de que también lo haga el Ministerio Público, pues ambos gozan de legitimación para ese efecto, y en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y derechos otorgados al ofendido, quien también debe agotar sus medios de defensa. Así, en caso de que sólo el Ministerio Público interponga el recurso de apelación, y la ejecutoria de segundo grado confirme lo relativo a la reparación del daño, se concluye que el juicio de amparo directo promovido por el ofendido contra esta última resolución es improcedente en términos del artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, porque dicho acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye la manifestación de voluntad no subsanable por el hecho de que la sentencia de primera instancia haya sido apelada por la autoridad ministerial." Asimismo, en la diversa 90/2008, determinó en sus consideraciones, en lo de interés, que: "[.] Es de insistir que aun cuando el apartado constitucional en cita establece que la víctima o el ofendido puede actuar como coadyuvante del representante social, ello de ninguna forma significa que puede sustituirlo en sus facultades o actuar más allá de aquello para lo cual está legitimado, pues la coadyuvancia implica que cuenta con la posibilidad de auxiliar al Ministerio Público, sin poder ir más allá de aquello para lo que está legitimado dicho representante social, por lo que si conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 103 constitucional, el Ministerio Público no se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo en contra de una sentencia absolutoria dictada en un juicio penal, en virtud de que no puede a través de este, argumentar que la sociedad en general, la cual representa, resiente a través de esa sentencia absolutoria, violaciones a una garantía individual, o que dicho representante social, resiente un daño personal y directo con la emisión de esa sentencia, que le legitime conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo en su contra, por ende, aquellos casos en que el ofendido o víctima solo actúa como coadyuvante del Ministerio Público, tampoco puede promover el juicio de amparo, pues sería tanto como afirmar que en virtud de esa coadyuvancia, puede actuar más allá de lo que se encuentra legitimado el representante social, y el hecho de que la referida sentencia absolutoria tenga como consecuencia el que el procesado a su vez, sea absuelto de la reparación del daño, ello no daría lugar a la existencia de un agravio directo, sino en todo caso indirecto, el cual no legitima a quien afirma resentirlo, para acudir al juicio de amparo, reclamando esa afectación indirecta. Así las cosas, si el Ministerio Público no se encuentra legitimado para promover amparo en contra de una sentencia absolutoria, habida cuenta que no se lesiona un interés jurídico directo, con mayor razón no lo puede estar el simple coadyuvante, que es el ofendido." Argumentos que evidencian que ha sido criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el Ministerio Público no es un representante de los intereses de la víctima u ofendido, sino de la sociedad, a cuyo efecto tiene la facultad de investigar hechos presuntivamente delictivos y la de ejercer la acción penal. Adicionalmente, el artículo 107 constitucional, en su fracción XV, categóricamente establece que el Procurador General de la República o el agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo y que podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca, a su juicio, de interés público; lo que evidencia que no vela por el interés individual. Luego, si el concepto de agravio personal y directo es requisito de procedencia del amparo, en forma extensiva, también resulta exigible dicho principio de afectación para el Ministerio Público, de ahí que al no resentirlo, no sea admisible que acuda como quejoso, incluso en representación de la víctima u ofendido. Al tema en particular, por las razonas que la rigen, en esencia, es aplicable la tesis 17/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO, AUN CUANDO SEA DE LA MATERIA PENAL, SI NO AFECTA A SUS ATRIBUCIONES. Acorde con la jurisprudencia P./J. 4/91, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES.', si bien es cierto que en términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, el Ministerio Público de la Federación es parte en el juicio de garantías y por ello está legitimado para interponer el recurso de revisión, también lo es que dicha legitimación no es ilimitada o absoluta, pues aun cuando su función es velar por el orden constitucional, dicha atribución debe ejercerla sin contravenir los principios que rigen el juicio de amparo. En ese tenor, aunque las partes están legitimadas para interponer los recursos que estimen pertinentes para la defensa de sus intereses, tratándose de una sentencia de amparo en la que se declara la inconstitucionalidad de un precepto penal opera una excepción, pues la sola afirmación genérica del Ministerio Público de la Federación, en el sentido de que está defendiendo el orden constitucional no significa que esté legitimado para interponer el recurso de revisión en cualquier caso, menos en el amparo contra leyes penales, toda vez que, en este caso, su intervención solo tendría por objeto defender o reforzar la posición de las autoridades responsables que intervinieron en el proceso de formación de las leyes cuya constitucionalidad se cuestiona, lo cual trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio de la quejosa; máxime cuando la norma impugnada no impide el desarrollo de sus atribuciones; de ahí que el agente del Ministerio Público de la Federación carece de legitimación procesal para interponer el recurso de revisión, cuando se trata de una sentencia en la que un juez de distrito declaró la inconstitucionalidad de un precepto legal, aunque sea de la materia penal". Asimismo, la jurisprudencia 378 sustentada por el citado Pleno, cuyo rubro y texto dicen: "MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES. El artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, reformada por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, establece que el Ministerio Público Federal es parte en el juicio de garantías, con facultades para intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala dicho ordenamiento; por tanto, el Ministerio Público está facultado para interponer el recurso de revisión, aún en amparo contra leyes, pero ello no significa que tenga legitimación para interponerlo ad libitum ni en todos los casos, sino únicamente cuando la Constitución o las leyes le encomiendan la defensa de un interés específico como propio de su representación social, pues aun cuando los artículos 2o., 3o., fracción I y 10, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le señalan genéricamente la tarea de velar por el orden constitucional, esta debe interpretarse sin demérito de los principios que rigen todo juicio y, en especial, el de amparo, en cuanto que las partes solo están legitimadas para interponer los recursos en contra de las resoluciones que afecten el interés que respectivamente les corresponde. Por tanto, el Ministerio Público Federal está legitimado para interponer el recurso de revisión tratándose de las disposiciones contenidas en el artículo 102 constitucional y en los ordenamientos penales y procesales relativos que le otorgan atribuciones para perseguir ante los tribunales los delitos del fuero federal, lo mismo que en todos aquellos casos y materias en que el orden legal le señala específicamente a dicho representante de la sociedad, la defensa de un interés. Por el contrario, si con la sola invocación genérica o abstracta de defender el orden constitucional, se aceptara que el Ministerio Público puede interponer la revisión en el juicio de garantías a su libre voluntad y en cualquier caso, se estaría desfigurando el concepto del interés en sí, el cual ya no estaría sujeto a la comprobación objetiva de los supuestos de la norma, sino a la expresión subjetiva del recurrente, además de que tratándose del amparo contra leyes, trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio del quejoso, en virtud de que su intervención solo vendría a reforzar la posición de las autoridades responsables, tanto de las que expiden, como de las que promulgan las leyes.". Así como la jurisprudencia Registro digital: 2016221, III.1o.P. J/1 (10a.) de la: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, página 1318, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SALA RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO O LA SOCIEDAD EN GENERAL, SALVO LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA. Los párrafos segundo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuarto de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, establecen que para promover el juicio de amparo contra actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En este sentido, el Ministerio Público adscrito a la Sala responsable carece de legitimación procesal activa para promoverlo por propio derecho contra las resoluciones dictadas durante la tramitación del proceso penal o contra la sentencia definitiva con el que culmina, pues dichos actos no causan un agravio personal ni directo a un derecho subjetivo de esa institución, salvo los casos establecidos en la ley de la materia, como aquellos que afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares; y tampoco puede hacerlo como representante de las víctimas u ofendidos del delito, quienes tienen derecho a promoverlo directamente, ni de la sociedad en general, independientemente de la naturaleza y del bien jurídico tutelado por el delito materia de la sentencia o resolución que pretenda reclamar, porque la acción constitucional de amparo tiene por objeto salvaguardar los derechos humanos de los gobernados -personas físicas o morales- contra actos de autoridad y, excepcionalmente, de particulares, y cuando representa a la sociedad al ejercer la acción persecutoria con la que inicia el procedimiento penal, el Ministerio Público lo hace precisamente con el carácter de autoridad." En ese tenor, es evidente que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ende, debe sobreseerse en el juicio interpuesto por Mayra Sandoval Figueroa, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo.. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy seis de octubre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se le notifica la determinación de seis de octubre de dos mil veintiuno, al tercero interesado Eduardo Rivera Jiménez, así como de sus autorizados, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Mayra Sandoval Figueroa, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes. Autoridad responsable. Magistrados Integrantes de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Jojutla, Morelos. Acto reclamado: ".La resolución de fecha 22 de veintidós de diciembre de dos mil veinte, emitida por los ciudadanos Magistrados., dictada en el recurso de apelación ., dentro del toca penal 56/2020-10-OP, con número de causa penal JCJ/515/2020,." SEGUNDO. Previo auto aclaratorio, el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 143/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazo al tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sentencia de veintidós de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, responsable en el toca de apelación 56/2020-10-OP, con número de causa penal JCJ/515/2020, que confirmó el auto de no vinculación a proceso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado la Sala, consistente en copia certificada del toca penal 56/2020-10-OP, con número de causa penal JCJ/515/2020, y discos compactos DVD, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Con fundamento en los artículos 217 y transitorio sexto de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia consultable en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 917812, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Tomo VI, parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época, materia común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Máxime que la información contenida en el disco compacto de referencia, constituye, dada su naturaleza, documentación pública lato sensu, que no requiere desahogo de audiencia especial para ser tomada en consideración al emitir el fallo constitucional. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Libro XXIII, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2013, Décima Época, materia común, con número de registro 2004362, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, esta autoridad advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no está legitimado para interponer el juicio. En principio, cabe destacar, que quien promueve el juicio de amparo es la Mayra Sandoval Figueroa, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de la sentencia de segundo grado emitido por la Sala responsable, que confirma la interlocutoria de no vinculación a proceso. Ahora, los artículos 1º y 5° de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º., de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si estos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde solo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, solo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia.". El contenido de los preceptos legales trascritos en lo que interesa revelan, por un lado, que tiene carácter de quejoso, el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que la norma, acto u omisión reclamados, violan los derechos previstos en el artículo primero de la misma ley, que no son otros que las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos, los derechos fundamentales otorgados por la constitución y por los tratados internacionales en los que el estado mexicano sea parte, así como las demás normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal, de los estados o del distrito federal, ahora Ciudad de México, que ahí se consignan, incluida la protección de las personas, frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la misma ley. Asimismo, se exige que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Además destaca, que la autoridad pública no puede invocar interés legítimo. Y, finalmente se establece, que la víctima u ofendido del delito, podrán tener el carácter de quejosos conforme a la misma ley. Lo anterior determina, que en ninguna parte de las analizadas disposiciones, se prevé la posibilidad de que el Ministerio Público que en el presente caso promueve el juicio de amparo, pueda tener el carácter de quejoso; pues atento a lo transcrito, la única que puede ser quejoso es el ofendido o víctima del delito. Entonces, si bien el ocursante, comparece como "quejoso"; es obvio que esa calidad no la acepta la ley, por lo que es notoria la falta de legitimación de la promovente. Pues siendo el caso que la resolución que se reclama, proviene de un tribunal judicial, la quejosa no solo debió aducir ser titular de un derecho subjetivo, sino que tal derecho le afectara de manera personal y directa; esto es, debió acreditar la doble calidad requerida; ser quejoso en términos previstos en la ley y que el acto le afectara en lo personal, lo que con lo visto es obvio que no podría acreditar; habida cuenta de que a la única que podía afectarle de esa forma la sentencia reclamada, sería a la parte ofendida del delito en la causa penal de origen, a quien acorde con la parte final del inciso I, del reproducido artículo 5º de la Ley de Amparo, es a la que la ley le confiere la posibilidad de ser quejosa y no así, a la representación social. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que el Ministerio Público es tan solo un representante social, que en el caso pudiera entenderse que promueve en representación del ofendido o víctima, siendo que en términos generales no puede representar los intereses de la víctima u ofendido. Lo que así se puede evidenciar de la tesis 77/2015, de rubro y texto, siguientes: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA UN FALLO ABSOLUTORIO CUANDO LA LEY NO LE RECONOCE EL CARÁCTER DE PARTE EN EL RECURSO DE APELACIÓN PARA INTERVENIR EN ÉL. Cuando el Ministerio Público, como parte en el proceso penal, es notificado de la sentencia de apelación que confirma un fallo absolutorio y la ley ordinaria no reconoce legitimación a la víctima u ofendido del delito para interponer dicho recurso, el plazo para la presentación del juicio de amparo directo contra tal determinación no debe computarse a partir de su notificación al representante social, pues ello sería contrario al derecho fundamental de acceso a la justicia en detrimento de la víctima u ofendido, al generar el inicio de un término legal a partir de la notificación del acto reclamado a un ente que carece de facultades para instar el juicio uniinstancial en su favor, cuando quien podría hacerlo -el pasivo del delito-, no había sido impuesto de esa resolución, con independencia de la calidad de coadyuvante que le asiste en el proceso, ya que el fiscal, en términos generales, no podría representar sus intereses, por lo que debe desvincularse el efecto que produce la notificación del acto reclamado realizada al Ministerio Público que ejerce una representación en la causa penal, del interés jurídico y la legitimación que asiste a la parte quejosa para instar el juicio constitucional. Por tanto, para determinar el plazo con que cuenta la víctima u ofendido del delito para instar el juicio de amparo directo contra la sentencia aludida, cuando la ley no le reconoce el carácter de parte en el recurso de apelación para intervenir en él, debe atenderse a las reglas establecidas en la Ley de Amparo aplicable; de ahí que dicho término se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la sentencia, del día que tuvo conocimiento de ésta, o en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste haberse hecho sabedora de ella." En cuyo precedente amparo directo 72/2014 resuelto en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil quince, se consideró: "97 Esta Primera Sala ha considerado que la adición del apartado B al artículo 20 de la Constitución Federal, con motivo de la reforma del año dos mil, a la víctima u ofendido del delito se le reconoció como titular de derechos específicos. El alcance de la reforma, de acuerdo al proceso legislativo que le dio origen, fue generar el reconocimiento constitucional de "parte" en las diversas etapas procedimentales penales a favor de la víctima u ofendido, con la consecuente implicación de asegurar su eficaz intervención activa. 98 Lo que se dijo, está corroborado con la exposición de motivos presentada ante la Cámara de Diputados el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, misma que dio origen a la última reforma en comento, en la que se establece claramente que el Constituyente permanente tuvo la clara intención de dotar de voz a la víctima para el efecto de asegurar su participación activa con el carácter de parte en la averiguación previa y en el proceso penal, otorgándole los medios necesarios para hacer efectivas sus prerrogativas. Estimar lo contrario sería tanto como desconocer los objetivos del legislador ordinario al revisar la Constitución Federal. 99 Así, se concluye la posición que guarda la víctima o el ofendido del delito frente al proceso penal -aplicable también en la etapa preliminar de averiguación previa-, desde la óptica de las prerrogativas que otorga a su favor la Constitución Federal, es de parte procesal, con derecho a intervenir activamente. 100 En este mismo orden de ideas, pueden enumerarse los derechos que se consignan en los artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que estipulan: "toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." 101 En efecto, el derecho de acceso a la justicia en el ámbito de derecho internacional, se contiene en diversos instrumentos internacionales, tales como: La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XVIII) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8.1 y 25). 102 En términos generales, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, los derechos de las víctimas en relación con los procedimientos penales están basados en cuatro pilares esenciales: a) el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, para la determinación de sus derechos; b) el derecho a un recurso efectivo, que incluye, inter alia, el derecho a una investigación; c) el derecho a la verdad; y d) el derecho a obtener reparación. 103 Derechos están íntimamente ligados a la obligación internacional del Estado de juzgar y sancionar a los responsables con seriedad y otorgando las debidas garantías, como bien lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 104 En esa misma línea, la Corte se pronunció al emitir la resolución respectiva al Caso Radilla Pacheco contra México, al referirse a que en el derecho que asiste a las víctimas durante el proceso a efecto de hacer valer sus intereses, lo siguiente: ".los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses. Dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación.", como se advierte del párrafo 247 de esa resolución de veintitrés de noviembre de dos mil nueve. 105 Resultan de singular importancia los razonamientos sostenidos por la Corte Interamericana en la resolución del Caso Fernández Ortega y otros contra México, que en su resolución de treinta de agosto de dos mil diez, al analizar la violación alegada en torno a la inexistencia de un recurso efectivo para impugnar la competencia militar, concluyó que a nivel interno, el Estado debe prever la existencia de recursos adecuados y efectivos a través de los cuales los sujetos pasivos del delito estén en posibilidad, no sólo a la simple obtención de la reparación del daño, preponderantemente, a hacer efectivos sus derechos a conocer la verdad y a la justicia ante Tribunales competentes, ya que no basta que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad, pues dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente. [.] 143 Atendiendo a las funciones del Ministerio Público como parte en el proceso penal, quien fija las bases de la pretensión punitiva del Estado, el fin perseguido por esa institución en el recurso de apelación es verificar que los delitos no queden impunes, sean aplicadas las disposiciones legales durante la tramitación del asunto, se empleen y extingan las sanciones penales y, en general, como representante de la sociedad, vigilar que se respeten los derechos de los intervinientes en el proceso. [.] 153 Asimismo, al resolver la antes mencionada Contradicción de Tesis 229/2011, esta Primera Sala estableció que los derechos fundamentales de la víctima u ofendido del delito y los acusados no son opuestos entre sí, por el contrario, el respeto a las prerrogativas de ambos constituye la vigencia del orden constitucional, de modo que no rompe con el equilibrio procesal de esos intereses el que se analice en sede constitucional el acto que hace nugatorio el derecho a la reparación del daño, aun cuando potencialmente el inculpado y su defensa hubieren superado conforme a las reglas del debido proceso la acción penal -y posteriormente la acusación- intentada por el Ministerio Público, pues la impugnación que en amparo directo haga la víctima u ofendido no genera un nuevo frente de imputación penal distinta a la pretensión punitiva estatal, por el contrario, al haber sido desvinculado el inculpado bajo la responsabilidad judicial de la acción penal que sigue siendo la condicionante o presupuesto lógico de cualquier tipo de reclamo sobre la reparación, es que se justifica que los pasivos del delito tengan esa facultad ante la imposibilidad jurídica que existe para el Fiscal. 154 En efecto, se mantiene firme el papel del Estado como monopolizador del ejercicio de la acción penal, relativo la carga de la prueba en materia penal y el expresar en proposiciones concretas la pretensión punitiva, es por ello que los derechos adquiridos constitucionalmente por las víctimas u ofendidos encaminados a la demostración del delito y la responsabilidad penal como elementos indispensables para obtener, en su caso, la reparación del daño que constituye uno de los derechos fundamentales que pueden ejercer, no inciden y mucho menos riñen con las funciones que competen exclusivamente a la institución del Ministerio Público." También conviene traer a colación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 152/2005, llegó al convencimiento de que en atención al principio de supremacía constitucional, la legitimación del ofendido o víctima del delito para promover juicio de amparo debe regirse por el texto constitucional y por los principios que contiene respecto de los supuestos en que sufra un agravio personal y directo de alguna garantía individual -antes así llamadas- prevista a su favor, lo que excluyó la aplicación restringida de los supuestos establecidos expresamente en el artículo 10 de la Ley de Amparo abrogada, en cuanto a las hipótesis que deben actualizarse para que la víctima u ofendido puedan promover juicio de amparo. Asimismo, la propia Sala, en la ejecutoria que dio origen a la tesis 92/2010, determinó en lo de interés: "[.] Máxime que la Ley de Amparo no faculta al Ministerio Público para que promueva juicio de garantías en favor del agraviado, situación que reafirma el hecho de que es el titular de la acción persecutoria y representante social, pero no sustituye al ofendido en los casos en que a este corresponde el inconformarse contra lo que se resuelva en cuanto a la reparación del daño con independencia de que también lo haga aquel. [.]". Tesis que lleva por rubro y texto, los siguientes: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO, EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, CUANDO AQUÉLLA CONFIRMÓ LO RESUELTO POR EL JUEZ NATURAL, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE NUEVO LEÓN). Cuando el juzgador de primera instancia dicta sentencia condenatoria al considerar comprobados el delito y la responsabilidad penal del inculpado, pero en lo relativo a la reparación del daño resuelve absolverlo, ello se traduce en un agravio a la víctima impugnable mediante el recurso de apelación, independientemente de que también lo haga el Ministerio Público, pues ambos gozan de legitimación para ese efecto, y en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y derechos otorgados al ofendido, quien también debe agotar sus medios de defensa. Así, en caso de que sólo el Ministerio Público interponga el recurso de apelación, y la ejecutoria de segundo grado confirme lo relativo a la reparación del daño, se concluye que el juicio de amparo directo promovido por el ofendido contra esta última resolución es improcedente en términos del artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, porque dicho acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye la manifestación de voluntad no subsanable por el hecho de que la sentencia de primera instancia haya sido apelada por la autoridad ministerial." Asimismo, en la diversa 90/2008, determinó en sus consideraciones, en lo de interés, que: "[.] Es de insistir que aun cuando el apartado constitucional en cita establece que la víctima o el ofendido puede actuar como coadyuvante del representante social, ello de ninguna forma significa que puede sustituirlo en sus facultades o actuar más allá de aquello para lo cual está legitimado, pues la coadyuvancia implica que cuenta con la posibilidad de auxiliar al Ministerio Público, sin poder ir más allá de aquello para lo que está legitimado dicho representante social, por lo que si conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 103 constitucional, el Ministerio Público no se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo en contra de una sentencia absolutoria dictada en un juicio penal, en virtud de que no puede a través de este, argumentar que la sociedad en general, la cual representa, resiente a través de esa sentencia absolutoria, violaciones a una garantía individual, o que dicho representante social, resiente un daño personal y directo con la emisión de esa sentencia, que le legitime conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo en su contra, por ende, aquellos casos en que el ofendido o víctima solo actúa como coadyuvante del Ministerio Público, tampoco puede promover el juicio de amparo, pues sería tanto como afirmar que en virtud de esa coadyuvancia, puede actuar más allá de lo que se encuentra legitimado el representante social, y el hecho de que la referida sentencia absolutoria tenga como consecuencia el que el procesado a su vez, sea absuelto de la reparación del daño, ello no daría lugar a la existencia de un agravio directo, sino en todo caso indirecto, el cual no legitima a quien afirma resentirlo, para acudir al juicio de amparo, reclamando esa afectación indirecta. Así las cosas, si el Ministerio Público no se encuentra legitimado para promover amparo en contra de una sentencia absolutoria, habida cuenta que no se lesiona un interés jurídico directo, con mayor razón no lo puede estar el simple coadyuvante, que es el ofendido." Argumentos que evidencian que ha sido criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el Ministerio Público no es un representante de los intereses de la víctima u ofendido, sino de la sociedad, a cuyo efecto tiene la facultad de investigar hechos presuntivamente delictivos y la de ejercer la acción penal. Adicionalmente, el artículo 107 constitucional, en su fracción XV, categóricamente establece que el Procurador General de la República o el agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo y que podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca, a su juicio, de interés público; lo que evidencia que no vela por el interés individual. Luego, si el concepto de agravio personal y directo es requisito de procedencia del amparo, en forma extensiva, también resulta exigible dicho principio de afectación para el Ministerio Público, de ahí que al no resentirlo, no sea admisible que acuda como quejoso, incluso en representación de la víctima u ofendido. Al tema en particular, por las razonas que la rigen, en esencia, es aplicable la tesis 17/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO, AUN CUANDO SEA DE LA MATERIA PENAL, SI NO AFECTA A SUS ATRIBUCIONES. Acorde con la jurisprudencia P./J. 4/91, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES.', si bien es cierto que en términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, el Ministerio Público de la Federación es parte en el juicio de garantías y por ello está legitimado para interponer el recurso de revisión, también lo es que dicha legitimación no es ilimitada o absoluta, pues aun cuando su función es velar por el orden constitucional, dicha atribución debe ejercerla sin contravenir los principios que rigen el juicio de amparo. En ese tenor, aunque las partes están legitimadas para interponer los recursos que estimen pertinentes para la defensa de sus intereses, tratándose de una sentencia de amparo en la que se declara la inconstitucionalidad de un precepto penal opera una excepción, pues la sola afirmación genérica del Ministerio Público de la Federación, en el sentido de que está defendiendo el orden constitucional no significa que esté legitimado para interponer el recurso de revisión en cualquier caso, menos en el amparo contra leyes penales, toda vez que, en este caso, su intervención solo tendría por objeto defender o reforzar la posición de las autoridades responsables que intervinieron en el proceso de formación de las leyes cuya constitucionalidad se cuestiona, lo cual trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio de la quejosa; máxime cuando la norma impugnada no impide el desarrollo de sus atribuciones; de ahí que el agente del Ministerio Público de la Federación carece de legitimación procesal para interponer el recurso de revisión, cuando se trata de una sentencia en la que un juez de distrito declaró la inconstitucionalidad de un precepto legal, aunque sea de la materia penal". Asimismo, la jurisprudencia 378 sustentada por el citado Pleno, cuyo rubro y texto dicen: "MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES. El artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, reformada por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, establece que el Ministerio Público Federal es parte en el juicio de garantías, con facultades para intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala dicho ordenamiento; por tanto, el Ministerio Público está facultado para interponer el recurso de revisión, aún en amparo contra leyes, pero ello no significa que tenga legitimación para interponerlo ad libitum ni en todos los casos, sino únicamente cuando la Constitución o las leyes le encomiendan la defensa de un interés específico como propio de su representación social, pues aun cuando los artículos 2o., 3o., fracción I y 10, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le señalan genéricamente la tarea de velar por el orden constitucional, esta debe interpretarse sin demérito de los principios que rigen todo juicio y, en especial, el de amparo, en cuanto que las partes solo están legitimadas para interponer los recursos en contra de las resoluciones que afecten el interés que respectivamente les corresponde. Por tanto, el Ministerio Público Federal está legitimado para interponer el recurso de revisión tratándose de las disposiciones contenidas en el artículo 102 constitucional y en los ordenamientos penales y procesales relativos que le otorgan atribuciones para perseguir ante los tribunales los delitos del fuero federal, lo mismo que en todos aquellos casos y materias en que el orden legal le señala específicamente a dicho representante de la sociedad, la defensa de un interés. Por el contrario, si con la sola invocación genérica o abstracta de defender el orden constitucional, se aceptara que el Ministerio Público puede interponer la revisión en el juicio de garantías a su libre voluntad y en cualquier caso, se estaría desfigurando el concepto del interés en sí, el cual ya no estaría sujeto a la comprobación objetiva de los supuestos de la norma, sino a la expresión subjetiva del recurrente, además de que tratándose del amparo contra leyes, trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio del quejoso, en virtud de que su intervención solo vendría a reforzar la posición de las autoridades responsables, tanto de las que expiden, como de las que promulgan las leyes.". Así como la jurisprudencia Registro digital: 2016221, III.1o.P. J/1 (10a.) de la: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, página 1318, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SALA RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO O LA SOCIEDAD EN GENERAL, SALVO LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA. Los párrafos segundo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuarto de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, establecen que para promover el juicio de amparo contra actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En este sentido, el Ministerio Público adscrito a la Sala responsable carece de legitimación procesal activa para promoverlo por propio derecho contra las resoluciones dictadas durante la tramitación del proceso penal o contra la sentencia definitiva con el que culmina, pues dichos actos no causan un agravio personal ni directo a un derecho subjetivo de esa institución, salvo los casos establecidos en la ley de la materia, como aquellos que afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares; y tampoco puede hacerlo como representante de las víctimas u ofendidos del delito, quienes tienen derecho a promoverlo directamente, ni de la sociedad en general, independientemente de la naturaleza y del bien jurídico tutelado por el delito materia de la sentencia o resolución que pretenda reclamar, porque la acción constitucional de amparo tiene por objeto salvaguardar los derechos humanos de los gobernados -personas físicas o morales- contra actos de autoridad y, excepcionalmente, de particulares, y cuando representa a la sociedad al ejercer la acción persecutoria con la que inicia el procedimiento penal, el Ministerio Público lo hace precisamente con el carácter de autoridad." En ese tenor, es evidente que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ende, debe sobreseerse en el juicio interpuesto por Mayra Sandoval Figueroa, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo.. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy seis de octubre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano