Mayren Polanco Gaytán

Expediente 1193/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1193/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Mayren Polanco Gaytán

Actuaciones

  1. Incidental

    Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia del escrito de demanda, de conformidad con los artículos 128 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo; tramítese únicamente el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1193/2022-VI, promovido por ******, contra actos de los Diputados Locales Integrantes de la Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima y otra autoridad. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, mismo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sea notificada, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable de que en caso de que no rinda el informe requeridos, se le sancionara con una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos); con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo; y, se presumirá cierto el acto reclamado en términos del artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo electrónico informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); sin que la remisión del mismo por este medio las exima de acompañar las constancias respectivas para justificar sus actos, mismas que deberán ser remitidas por la mensajería rápida que estimen conveniente, al domicilio que ocupa el local de este juzgado, cito en Boulevard Camino Real No 1052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de Colima. Colima, Col. C.P. 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tengan la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Se señalan las nueve horas con cincuenta y seis minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia incidental, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Por otra parte, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que, los actos reclamados se hacen consistir en el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, por medio del cual se instauró contra el quejoso el procedimiento de juicio político CR-JP/07/2022, así como su ejecución y el emplazamiento practicado el doce de octubre de dos mil veintidós. Y solicita la suspensión provisional de los actos reclamados para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y se suspenda la tramitación del juicio político CR-JP/07/2022. Por su parte, los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado... "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente. El primero de ellos, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por otra parte, el segundo de los citados precisa que, una vez promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. En el caso, se estima procedente conceder la medida suspensional. En efecto, para acreditar su interés suspensional, la parte quejosa allegó el acta de cédula de notificación y emplazamiento al juicio político CR-JP/07/2022, así como copia certificada del auto de doce de mayo de dos mil veintidós, emitido en el referido procedimiento. Por su parte, como se desprende del artículo 150 de la Ley de Amparo, cuando se trata de procedimientos existe una regla general y una excepción. La regla general es que la suspensión en el amparo se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; y la excepción a esa regla es que procederá la suspensión del procedimiento cuando su continuación deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarle al quejoso. En ese sentido, destaca que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 28/2003, estableció que el aspecto medular que debe dilucidarse para determinar si la suspensión puede tener o no el efecto de suspender el procedimiento, es la irreparabilidad del daño ocasionado al quejoso. De esa manera, si el daño o perjuicio es reparable, la suspensión se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado; por el contrario, si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. De dicho asunto derivó la jurisprudencia P./J. 83/2003 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con registro digital 182528, que señala: SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO. El artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo establece como requisito para conceder la suspensión de los actos reclamados que no se contravengan disposiciones de orden público, destacando que en ninguno de los supuestos que prevé, de manera enunciativa, se contempló la suspensión de un procedimiento, por lo que el legislador no dispuso expresamente que tal suspensión fuera improcedente. Aunado a lo anterior, del análisis histórico de la tesis del Tribunal Pleno, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 292, de rubro: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL.", se advierte que el criterio de que la continuación del procedimiento es de orden público y, por ende, su suspensión lo contraviene, se fundó en el anterior artículo 64 de la Ley de Amparo de 1919, cuyo contenido, en esencia, se reitera en el artículo 138, primer párrafo, de la ley vigente, por lo que, conforme a este precepto, debe resolverse sobre la procedencia de la suspensión definitiva respecto de la resolución que dirime la cuestión de personalidad. En congruencia con lo antes expuesto, si del contenido del precepto últimamente citado deriva que el aspecto medular que debe dilucidarse, para determinar si la suspensión puede tener o no el efecto de paralizar el procedimiento, es la irreparabilidad del daño ocasionado al quejoso, y en atención a que ésta se materializa sólo con el dictado de la sentencia definitiva en el procedimiento del cual derive el acto reclamado por operar un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo, es indudable que la suspensión definitiva debe concederse al quejoso para el efecto de que el Juez natural continúe con el procedimiento hasta su resolución, pero debe abstenerse de dictar la sentencia definitiva hasta que se resuelva el juicio de garantías correspondiente. Como se ve, si bien el propio Pleno de la Suprema Corte ha establecido que la continuación del procedimiento es de orden público, también ha puesto de manifiesto la excepción a la regla general de que no se suspenda, ello cuando la continuación del procedimiento ocasione a la parte quejosa un daño o perjuicio irreparable. En este sentido, conforme a lo puntualizado, se puede decir que la paralización del procedimiento no significa por sí solo que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, además, el propio procedimiento de responsabilidad resarcitoria es tendente a la rendición de cuentas como funcionario público, ya que la función pública se debe desempeñar por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y que se excluya, a aquellas personas que no son idóneas para tal fin, por lo que, la suspensión en el juicio de amparo no sería para paralizar todo el procedimiento administrativo, sino en forma exclusiva su etapa final, esto es, sólo se suspendería para el único efecto de que no se dicte resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Así, la suspensión en el juicio de amparo tendrá el efecto de que no se dicte resolución en el citado procedimiento, reservando esa decisión hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo, en lo principal. En suma, la solución no puede apuntar sino a lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo, dada la irreparabilidad del daño que se ocasionaría al agraviado en el supuesto en comento, considerando que la suspensión es una institución jurídica que, justamente, tiene como finalidad paralizar los actos reclamados en el juicio de amparo, a efecto de conservar la materia del juicio y, durante su tramitación, evitar perjuicios al agraviado, atendiendo para ello al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine precisamente la ley reglamentaria. Con ello no se afecta el orden público ni el interés social, pues la suspensión en el juicio de amparo tiene por efecto solamente que se reserve la decisión definitiva en ese procedimiento administrativo, hasta en tanto se resuelva el juicio amparo, esto es, reservar la decisión de las autoridades responsables hasta que se decide, en su caso, sobre la legalidad o constitucionalidad de los actos reclamados en sede constitucional. La importancia de acoger la finalidad inmediata que busca la suspensión, se encuentra a su vez vinculada con lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que la sentencia que conceda el amparo tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, para lo cual es indispensable el mantenimiento de la materia del juicio, esto es, impedir la consumación irreparable de los efectos o consecuencias del acto reclamado, y con ello hacer prevalecer todo el orden constitucional. Ello es así, dada la naturaleza propia del incidente de suspensión, cuyo objeto busca preservar derechos ya existentes en la esfera jurídica de la parte quejosa para que, de esa forma, evitar que se deje sin materia el juicio de amparo del cual emana la incidencia de mérito; empero, su otorgamiento no podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir nuevos que no tuviere previamente a la presentación de la demanda. Orienta lo anterior la jurisprudencia 608, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación de la Octava Época, con registro 918142, de contenido siguiente: SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos. Ahora, conforme a lo que se ha expuesto, como la suspensión en el juicio de amparo contra la continuación del procedimiento, ha de operar para paralizar sólo la etapa del procedimiento que pueda dejar irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarle al quejoso; por consiguiente, si ese tipo de daño o perjuicio se puede ocasionar precisamente con el dictado de la resolución, es entonces que la medida cautelar dictada en el juicio de amparo ha de suspender no la continuación de todo el procedimiento administrativo, sino exclusivamente el dictado de la resolución que ha de recaer en ese procedimiento administrativo, ello mientras se resuelve el juicio de amparo en el fondo, en lo principal. Dicho de otra forma, la suspensión al procedimiento administrativo para que no se dicte resolución, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en lo principal, porque la concesión de la medida cautelar permite acatar el contenido de lo dispuesto en sus diversas disposiciones, como el 107, cuya fracción X establece que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine precisamente la ley reglamentaria. Luego, si en armonía con ello, el artículo 150 de la Ley de Amparo establece expresamente que procederá la suspensión del procedimiento cuando su continuación deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarle al quejoso, es claro entonces que no se contraviene al orden público, trascendiendo que con ello se hace prevalecer el orden constitucional, destacadamente, en el supuesto jurídico en examen, la institución jurídica de la suspensión, que es un pilar fundamental del juicio de amparo. Bajo ese orden de ideas, se estima procedente conceder la medida suspensional, pues se consideran satisfechos los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, fue solicitado por la parte quejosa y, además, con su concesión no se causará perjuicio al interés social ni se contravendrán disposiciones de orden público, en tanto que, considerar lo contrario, se podrían dejar irreparablemente consumados los daños que pudiera resentir la quejosa con la tramitación del procedimiento de juicio político incoado en su contra. Por tanto, con fundamento en los artículos 128, 138 y 150 de la Ley de Amparo, se concede a ****, la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que, sin perjuicio de continuar con el procedimiento de juicio político ****, las responsables se abstengan de emitir la resolución definitiva. De conformidad con los artículos 132 y 136 del citado ordenamiento, la suspensión decretada surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, garantía por cualquiera de los medios previstos en la ley, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional), la cual servirá para garantizar los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionarse al tercero interesado con la concesión de la medida suspensional, en caso de que el quejoso no obtenga sentencia favorable. Cantidad que se fija de manera discrecional, al considerar que se trata de un asunto de cuantía indeterminada, en tanto que no se cuentan con mayores elementos que permitan apreciar lo contrario. Se cita en apoyo la tesis aislada XI.C.15 K (9a.) emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, ubicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con registro 160736, que señala: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SI EL JUEZ FEDERAL NO CUENTA CON ELEMENTOS QUE LE PERMITAN CALCULAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA ASEGURAR LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON AQUÉLLA SE OCASIONEN AL TERCERO PERJUDICADO, PUEDE FIJARLO DISCRECIONALMENTE Y FUNDARLO Y MOTIVARLO MENCIONANDO LOS ARTÍCULOS CORRESPONDIENTES Y EXPLICANDO SU PROCEDER. El artículo 125 de la Ley de Amparo establece que en los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios al tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo; mas si los derechos que pueden afectarse no son estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo "fijará discrecionalmente el importe de la garantía". Ahora bien, conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda autoridad debe fundar y motivar sus determinaciones, por lo que, en tratándose de la fijación de la garantía necesaria para la concesión de la suspensión de los actos reclamados, es incuestionable que el Juez del amparo sólo estará en condiciones de motivar la determinación relativa si en el expediente respectivo existen elementos que le permitan conocer, aunque sea presuncionalmente, la cuantía del asunto, por lo que, de no haberlos, podrá fijar el monto de la garantía discrecionalmente, cumpliendo aquella obligación constitucional, mencionando los artículos correspondientes y explicando su proceder. De igual manera, la tesis XIX.2o.7K del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con registro 204679, que expresa: SUSPENSION, GARANTIA EN LA. TRATÁNDOSE DE ASUNTOS DE CUANTIA INDETERMINADA.- Conforme al artículo 125 de la ley de Amparo, la suspensión se concederá al quejoso si éste otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo; así pues, el juez federal tiene la obligación de motivar el monto de la garantía que exija, sin embargo en asuntos de cuantía indeterminada, es correcto que el juzgador haga uso de su prudente arbitrio para fijar la cantidad que como garantía debe exhibirse, máxime si el promovente no allegó los datos suficientes para ilustrar su criterio. En el caso de exhibir billete de depósito deberá procurarse al reverso de éste, que incluya una leyenda relativa al otorgamiento de autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dicho depósito, de conformidad con el numeral 32 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento del fondo de apoyo a la Administración de Justicia. En el supuesto de que se exhiba póliza de fianza, la compañía afianzadora, en forma clara y precisa, deberá indicar que se somete a la jurisdicción del Juzgado de Distrito y que renuncia expresamente al procedimiento establecido en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el caso de hacer efectiva esa garantía, y se someterá al procedimiento incidental previsto en la Ley de Amparo. Asimismo, se precisa que esta medida tampoco surtirá efecto alguno si los actos reclamados provienen de una autoridad diversa de las señaladas como responsables, se encuentran consumados, o bien, fueron ordenados en cumplimiento a un juicio de amparo. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Iván Martínez Díaz, toda vez que señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Hidalgo, número 408 B, zona Centro de la ciudad de Colima. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Notifíquese al tercero interesado. Finalmente, notifíquese personalmente la presente suspensión provisional al tercero interesado *****, de esta ciudad de Colima.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el Secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, por el cual devuelve el juicio de amparo citado al rubro y remite copia autorizada de la resolución dictada el diez de noviembre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja ********************, cuyo resolutivo dice: "ÚNICO. Se declara fundado el presente recurso de queja." Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes la anterior circunstancia; agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente; el oficio y testimonio de la ejecutoria. Admisión de la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Requerimiento de informe justificado a las autoridades responsables. Pídase el informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendirlo por escrito dentro del plazo de quince días hábiles, el cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; debiendo acompañar, en su caso, el expediente original o el duplicado o copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias que apoyen el ocurso respecto del acto reclamado; incluyendo las pruebas que hubiesen sido rendidas y que por alguna razón no se hayan incorporado al expediente, considerando las siguientes directrices: Si algunas fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de donde se obtuvieron; entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las copias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles; deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las copias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así lo realice. En la inteligencia que de no hacerlo o de no remitir, en su caso, las referidas constancias, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $******************** (******************** pesos), de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la citada ley, en relación con el arábigo 238 del mismo cuerpo normativo; y, se presumirán ciertos los actos reclamados en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico: informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); sin que la remisión del mismo por este medio las exima de acompañar las constancias respectivas para justificar sus actos, mismas que deberán ser remitidas por la mensajería rápida que estimen conveniente, al domicilio que ocupa el local de este juzgado, cito en Boulevard Camino Real No 1052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de Colima. Colima, Col. C.P. 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tengan la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Asimismo, se comisiona al actuario para que en caso de que la oficina encargada de recibir los oficios girados a las autoridades responsables se niegue a recibirlos de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, le haga saber que se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de eso subsiste en negarse a recibirlo, se asentará la razón y se tendrá por hecha; además de que si su negación es con motivo del cambio de denominación parcial de la autoridad o de algún sinónimo constitucional, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, que corresponden a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos), en razón de que su negativa implica un retardo injustificado en la procuración y administración de justicia. Aviso de causal de improcedencia y existencia amparos previos. De acuerdo con lo dispuesto en el precepto 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase tanto a las autoridades responsables, como a la parte quejosa, para que en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por ocurrir alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado; asimismo, se solicita que se informe sobre la existencia de amparos promovidos previamente por el solicitante de amparo, o bien, por alguna de las partes intervinientes en el juicio de origen, para lo cual se deberá precisar el estado procesal de los mismos y el juzgado del conocimiento; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con apoyo en el dispositivo 251 de la ley en comento. Requerimiento a las partes en el juicio. Tomando en consideración el considerable número de asuntos que se llevan por este juzgador, se requiere a todas las partes del presente juicio para que - en el supuesto de que el suscrito Juez Federal hubiese conocido en diversa instancia en materia mercantil, penal, civil, amparo, o de cualquier otra naturaleza-, de un juicio distinto que tenga relación alguna con los bienes o derechos materia del presente juicio de amparo, lo informen a este juzgado federal, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se les haga, precisando para tal efecto, la materia y el número de expediente del juicio respectivo. Lo anterior a fin de estar en aptitud de analizar si en el caso se actualiza alguna causa de impedimento para conocer y resolver el presente juicio, dado que en atención a la competencia y jurisdicción de este órgano jurisdiccional, el suscrito Juez Federal conoce de juicios de amparo, causas penales, juicios mercantiles y juicios civiles federales en los que en ocasiones el suscrito conoce sobre un mismo bien o derecho como juzgador de primera instancia y como juzgador de amparo y resulta necesario que sean las partes quienes informen lo conducente; máxime que son éstas quienes cuentan con el mejor conocimiento particular de los juicios que tienen relación con sus bienes y derechos. Se apercibe a las partes que en caso de no hacerlo, se impondrá al omiso como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; y, además atendiendo a la naturaleza de la omisión, se ponderará si en el caso resulta procedente dar vista a la autoridad competente para que proceda conforme a derecho corresponda. Pronunciamiento a la suspensión de oficio y/o apertura de cuaderno incidental. Toda vez que la parte quejosa solicita la medida cautelar del acto reclamado, tramítese por separado y únicamente en original el cuaderno incidental relativo al presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 128 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Intervención al Ministerio Público Federal. Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. Designación y emplazamiento de tercero interesado. De la demanda de amparo se aprecia que a ********************, le corresponde el carácter de tercero interesado, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituyan en el domicilio de la parte tercera interesa de referencia y con copia de la demanda de amparo, la emplacen al presente juicio constitucional. Ofrecimiento de pruebas documentales y certificación. De conformidad en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que anexó a su demanda de garantías, las cuáles serán tomadas en consideración en la audiencia constitucional respectiva; asimismo, por haber exhibido copias suficientes para anexarse al incidente, de oficio compúlsese y certifíquese para agregarse en éstos, de conformidad con la tesis de jurisprudencia número 19/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de febrero de dos mil doce, derivada de la contradicción de tesis 482/2011, bajo el rubro: CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010).

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, transcribe el proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, del que se desprende se admitió el recurso de queja interpuesto en autos, mismo que se registró con el número estadístico 553/2022; además, solicita la vinculación del expediente electrónico de origen. Cúmplase.

  4. Principal

    Colima,********************Colima,********************diecisiete********************de********************noviembre********************de********************dos********************mil********************veintidós. Agréguese********************a********************las********************presentes********************actuaciones********************para********************que********************surta********************los********************efectos********************legales********************correspondientes,********************por********************encontrarse********************ajustado********************al********************artículo********************3°********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo,********************el********************documento********************de********************cuenta********************por********************el********************cual********************la********************quejosa****************************************,********************interpone********************recurso********************de********************queja********************contra********************el********************auto********************de********************siete********************de********************noviembre********************del********************año********************en********************curso,********************que********************desechó********************la********************demanda********************de********************amparo. En********************virtud********************de********************lo********************anterior,********************con********************fundamento********************en********************los********************artículos********************97,********************fracción********************I,********************inciso********************a),********************100********************y********************101,********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo,********************remítase********************al********************Tribunal********************Colegiado********************del********************Trigésimo********************Segundo********************Circuito,********************con********************residencia********************en********************esta********************ciudad,********************el********************original********************y********************copia********************del********************escrito********************en********************el********************que********************se********************formulan********************los********************agravios********************correspondientes,********************así********************como********************el********************original********************del********************juicio. Así,********************con********************base********************en********************lo********************dispuesto********************por********************el********************artículo********************3°********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo,********************se********************ordena********************formar********************cuaderno********************de********************antecedentes********************para********************seguir********************actuando********************en********************el********************presente********************el********************expediente,********************en********************razón********************de********************que********************la********************formación********************del********************mismo********************es********************a********************consideración********************del********************suscrito,********************como********************lo********************establece********************el********************criterio********************[revisión********************de********************cuaderno********************de********************antecedentes]********************emitido********************por********************el********************Visitador********************General********************de********************la********************Visitaduría********************Judicial********************del********************Consejo********************de********************la********************Judicatura********************Federal;********************no********************obstante********************ello,********************se********************hace********************del********************conocimiento********************de********************las********************partes,********************que********************dicho********************cuaderno********************se********************integrara********************únicamente********************con********************el********************presente********************acuerdo********************y********************las********************constancias********************posteriores********************al********************mismo,********************pues********************en********************el********************caso,********************aquellas********************que********************integran********************el********************expediente********************principal,********************se********************encuentran********************el********************expediente********************electrónico********************y********************en********************consecuencia********************pueden********************ser********************consultadas********************por********************las********************partes,********************una********************vez********************que********************cumplan********************con********************los********************requisitos********************que********************para********************tal********************efecto********************establece********************el********************Acuerdo********************General********************Conjunto********************1/2015,********************de********************la********************Suprema********************Corte********************de********************Justicia********************de********************la********************Nación********************y********************del********************Consejo********************de********************la********************Judicatura********************Federal,********************en********************relación********************con********************el********************diverso********************1/2013,********************de********************la********************Suprema********************Corte********************de********************Justicia********************de********************la********************Nación,********************del********************Tribunal********************Electoral********************del********************Poder********************Judicial********************de********************la********************Federación********************y********************del********************Consejo********************de********************la********************Judicatura********************Federal.******************** Por********************otra********************parte,********************en********************términos********************del********************artículo********************101********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo********************ríndase********************el********************informe********************justificado********************correspondiente,********************en********************el********************sentido********************de********************que********************son********************ciertos********************los********************actos********************reclamados********************los********************cuales********************fueron********************dictados********************en********************estricto********************apego********************a********************la********************legislación********************vigente. Finalmente,********************se********************hace********************del********************conocimiento********************del********************Tribunal********************Colegiado********************de********************referencia,********************que********************desde********************este********************momento********************se********************encuentra********************habilitado********************el********************acceso********************al********************expediente********************electrónico. Notifíquese********************por********************lista********************en********************el********************cuaderno********************de********************antecedentes. Así********************lo********************acordó********************y********************firma********************Francisco********************Javier********************García********************Contreras,********************Juez********************Segundo********************de********************Distrito********************en********************el********************Estado********************de********************Colima,********************ante********************la********************secretaria********************que********************autoriza********************y********************da********************fe********************Alejandra********************Navarro********************Moctezuma,********************quien********************certifica********************que********************la********************promoción********************y********************el********************acuerdo********************se********************encuentran********************debidamente********************incorporados********************al********************expediente********************electrónico.********************Doy********************fe.

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