Mayra Yereidad Munguía Castellanos

Expediente 856/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
856/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Mayra Yereidad Munguía Castellanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Colima, Colima, once de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interponga el recurso de revisión contra la audiencia y resolución constitucional dictada en autos, sin que lo haya hecho; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que resultan innecesarias las constancias que allegó la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, a su informe justificado, devuélvanse las mismas para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el artículo 20 del citado del Acuerdo General. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 34, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Conservable", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 28, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    S E R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa Mayra Yereidad Munguía Castellanos, contra el acto que reclamó del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima; por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito de cuenta por medio del cual la autoridad responsable Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, da cumplimiento al requerimiento efectuado en oficio *********** relativo al auto de diecisiete de agosto del año en curso y remite copia certificada de las constancias que integran el juicio administrativo ******************** En relación con las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán en el momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Con las constancias presentadas por la autoridad responsable, fórmese el legajo de pruebas I. Luego, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) y al expediente electrónico en relación con el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, se determina la imposibilidad material para la digitalización de las pruebas exhibidas por la autoridad responsable. Por tanto, hágase saber a las partes que éstas se encuentran a su disposición físicamente en el legajo de pruebas I. En otro orden de ideas, de la certificación de cuenta se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que el informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, acordado en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, no fue conocido por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello y a efecto de que se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con seis minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Lo anterior es acorde con la tesis jurisprudencial P./J. 54/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, página 5, registro digital: 191995, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Común, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, rinde informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Por otro lado, del contenido del informe con que se da cuenta, se advierte que la autoridad responsable, manifiesta que es cierto el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita la totalidad de las constancias que integran el juicio administrativo ************; o bien, informe el impedimento legal que tiene para ello, toda vez que dichas constancias resultan necesarias para resolver el presente asunto en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo. Atendiendo a que las copias certificadas que remita deberán ser legibles, completas y ordenadas, además considerando las siguientes directrices: Si algunas fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de donde se obtuvieron; entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las copias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles; deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las copias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así lo realice. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con número de registro 199454, P./J 17/97, novena época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, materia común, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.13o.A.1 K, visible en la página 1113, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías". Con el conocimiento para la autoridad responsable que de no cumplir con lo establecido en el presente proveído, dentro del plazo otorgado para ello, o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa por la cantidad de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $4,811 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 M. N.), la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista.

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