Mayra Yitzel Yarett Garcia Muñiz

Expediente 1592/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1592/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
28/12/2017

Partes del expediente

  • Mayra Yitzel Yarett Garcia Muñiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    I. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1592/2017-I, promovido por Mayra Yitzel Yarett García Muñiz, por propio derecho, contra actos del Colegio de Notarios del Estado de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido el cuatro de octubre de dos mil diecisiete en la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Mayra Yitzel Yarett García Muñiz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Mayra Yitzel Yarett García Muñiz, por propio derecho, contra actos del Colegio de Notarios del Estado de México, por el acto reclamado consistente en la omisión del Colegio de Notarios del Estado de México de resolver el recurso de queja interpuesto contra el Notario Público número 33 del Estado de México. SEGUNDO. La quejosa estimó violados en su perjuicio los artículos 14, 16 19 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. El conocimiento de la demanda de amparo correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; por auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite y se requirió el informe justificado de la autoridad responsable; asimismo, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado es atribuido a una autoridad con residencia en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la omisión del Colegio de Notarios del Estado de México, de resolver el recurso de queja contra el Notario Público número 33 del Estado de México. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, número de registro 181810, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. Ahora bien, la autoridad responsable Colegio de Notarios del Estado de México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. En efecto, del artículo 144 de la Ley del Notariado del Estado de México vigente, se advierte que la autoridad competente para resolver dicho recurso, lo es la Secretaría, y el diverso 2 de dicho ordenamiento, expone que la Secretaría lo será la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México; por tanto, la omisión reclamada es inexistente al no estar dentro de sus facultades la emisión de dicha resolución. Por tal motivo, si la quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación del quejoso de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a la autoridad en cita corresponde al solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1592/2017-I, promovido por Mayra Yitzel Yarett García Muñiz, por el acto, contra la autoridad y por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    I. Toluca, Estado de México; veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta evidencia que la quejosa ********************, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el sentido de manifestar si era su deseo ampliar su demanda respecto al informe justificado rendido por el Colegio de Notarios del Estado de México respecto al escrito de queja formulada contra el Notario Público número 33 del Estado de México. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se ordena continuar con la secuela de este juicio teniendo únicamente como acto reclamado el indicado en su escrito inicial de demanda. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa en términos del auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    I. Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de los presentes autos, del cual se advierte que el apoderado legal de la autoridad responsable Colegio de Notarios del Estado de México, remitió como complemento a su informe justificado un legajo copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto reclamado. Por tanto, como lo establecen los artículos 114 en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere a la quejosa por el plazo de quince días, para que por escrito y con cuatro copias de éste, manifieste si es su deseo ampliar la demanda respecto al informe rendido por el Colegio de Notarios del Estado de México respecto al escrito de queja formulada contra el Notario Público número 33 del Estado de México. Se estima aplicable, la Tesis VI.2o.C. J/240, publicada en la página 1339, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, Novena Época, con número de registro 182486, que establece: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, en el plazo concedido para tal efecto, se continuará con el trámite del presente asunto sólo por cuanto hace al acto inicialmente reclamado. Por tanto, a efecto de dar tiempo a que se cumplimente lo antes expuesto, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con quince minutos del veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, para su celebración. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    I. Toluca, Estado de México; diez de noviembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el apoderado legal del Colegio de Notarios del Estado de México, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete; es decir, remite un legajo copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto reclamado por la parte quejosa. Atento a lo anterior, téngase por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad oficiante inserto en el auto de referencia y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora, toda vez que en auto de treinta y uno de octubre anterior, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el apoderado legal del Colegio de Notarios del Estado de México, mediante el cual rindió su respectivo informe justificado; asimismo, designó delegados, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones e invoco diversas causas de sobreseimiento. Atento a lo anterior, para conocimiento de las partes y a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con el informe de referencia y con la documental adjunta al oficio que se atiende. Lo anterior, sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas indicadas por la responsable para tales efectos y como domicilio el señalado en los oficio de cuenta. En otro orden, se tienen por anunciadas las causas de sobreseimiento, hechas valer por la oficiante sin perjuicio de considerarlas al dictar la sentencia que se emita en el presente asunto. Finalmente, dígase al apoderado legal del Colegio de Notarios del Estado de México, que respecto a la solicitud de la devolución del documento con el cual acreditó su representación, no ha lugar acordar favorable, hasta en tanto, cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.

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