Mayra Yanet Méndez Gómez
Expediente 1535/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 26 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1535/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 01/02/2017
Partes del expediente
- Mayra Yanet Méndez Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; uno de febrero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el doce de enero de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. En atención a lo anterior, mediante oficio, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, Estado de Guerrero, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado (foja 223). Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados (punto vigésimo, inciso III). Ahora, toda vez que en el presente asunto obra constancia original, en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 citado, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un plazo de noventa días, con la finalidad de comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger el documento adjuntado a su demanda de amparo, debiéndose dejar copia simple del mismo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éste podrá ser destruido junto con el expediente. Además, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para constancia legal debida. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, si bien es cierto que la notificación de la presente determinación debe ser en forma personalísima, no menos cierto resulta que mediante proveído de tres de noviembre de dos mil dieciséis (foja 161), se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1535/2016-III, promovido por Mayra Yanet Méndez Gómez, por propio derecho y en representación de su menor hijo Raúl Emilio Pérez Méndez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco, Guerrero, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante oficio 26719/2016, recibido el diez de octubre de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero por razón de incompetencia remitió la demanda promovida por Mayra Yanet Méndez Gómez, por propio derecho y en representación de su menor hijo Raúl Emilio Pérez Méndez, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA: 1.- Juez Primero de Primera Instancia de Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. EJECUTORAS: 1.- La Tercera Secretaría de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. 2.- El Representante legal del Instituto de Salud del Estado de México. 3.- Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (esta última señalada al desahogar la prevención). " ACTOS RECLAMADOS a).- Se reclama el pago ínfimo que se realiza a mi menor hijo RAÚL EMILIO PÉREZ MÉNDEZ por concepto de alimentos derivados del juicio ESPECIAL DE ALIMENTOS 859-3/2013 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con motivo de la ilegal ejecución de sentencia definitiva dictada en los autos de ese juicio. b) Consecuencia de lo anterior, se reclama que se continúe con la ejecución de la sentencia, reclamándose en consecuencia todos y cada uno de los pagos que efectúen por concepto de alimentos a favor de mi menor hijo, a partir de la primera quincena del mes de Junio del año 2016. . el cumplimiento a los actos de ejecución de la sentencia definitiva de fecha 11 de Abril del año 2016." SEGUNDO. Derechos humanos invocados. El quejoso señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, se registró con el número 1535/2016-III, se aceptó la competencia planteada, en auto de trece de octubre de dos mil dieciséis se admitió a trámite el escrito inicial, desechándose únicamente por los actos atribuidos a la Tercera Secretaría de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Cumplido lo anterior, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional respectiva en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito; al reclamarse un acto dictado por un tribunal del orden civil cuya ejecución se lleva a cabo dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se obtiene que la quejosa reclama: - EI pago del veinte por ciento de pensión alimenticia, decretado en sentencia definitiva de once de abril de dos mil dieciséis, en el juicio especial de alimentos 859-3/2013, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco. - El cumplimiento del descuento del veinte por ciento de pensión alimenticia que percibía antes de que se dictara la sentencia en el expediente citado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco, Guerrero y el Juez Supernumerario adscrito al Juzgado Sexto Familiar de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto que se les atribuye. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias enviadas, consistentes en copias certificadas de dos constancias del libro de oficio y exhortos (fojas 52 a 55), así como las copias certificadas del expediente 859-3/2013, en dos legajos; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por su parte, el apoderado legal del Instituto de Salud del Estado de México, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, se desvirtúa tal negativa, pues al tener el carácter de autoridad ejecutora, en cualquier momento puede materializar el acto reclamado. Sirve de apoyo la tesis publicada en la página 56 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, enero-junio de 1989, Octava Época, con el número de registro 227890, del rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, de las constancias de autos, valoradas anteriormente, destacan por su importancia los antecedentes siguientes: 1) La aquí quejosa Mayra Yanet Méndez Gómez, por propio derecho y en representación de su menor hijo Raúl Emilio Pérez Méndez, demandó al tercero interesado Raúl de Jesús Pérez Galindez, el pago de una pensión alimenticia provisional, entre otras prestaciones (fojas 1 a 7 de las copias certificadas del expediente 859-3/2013). 2) El asunto le correspondió conocerlo al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco, Guerrero, quien en auto de primero de julio de dos mil trece lo admitió a trámite bajo el número 859-3/2013, ordenó emplazar al demandado y fijó como pensión alimenticia provisional el 40% (cuarenta por ciento) de las percepciones del demandado (foja 21 y 22 Ídem). 3) Seguido el trámite del juicio, el once de abril de dos mil dieciséis se emitió la sentencia respectiva en la cual se declaró procedente la vía propuesta y se condenó al demandado a pagar a la parte actora el 20% (veinte por ciento), de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe; asimismo, se ordenó girar oficio al Instituto de Salud del Estado de México para que realizara en forma definitiva el descuento del porcentaje señalado (fojas 333 a 353 ídem). 4) En auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis se ordenó enviar exhorto al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar en Toluca, Estado de México, en turno, para que girara oficio al representante legal del Instituto de Salud del Estado de México, con el objeto de hacerle del conocimiento el punto resolutivo emitido en la sentencia emitida en el expediente 859-3/2013, donde al demandado se le había condenado a pagar el 20% (veinte por ciento), de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe (foja 404 Ídem). 5) En auto de diez de mayo de dos mil dieciséis se tuvo por interpuesto el recurso de apelación hecho valer por la parte actora -aquí quejosa- (foja 399 Ídem). 6) En proveído de trece de junio de dos mil dieciséis se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo conducente en relación al oficio enviado por el Instituto de Salud del Estado de México, a través del cual hizo del conocimiento que en cumplimiento a la sentencia definitiva, el descuento de la pensión alimenticia sería a partir de la segunda quincena de junio de dos mil dieciséis, auto notificado el catorce de junio de dos mil dieciséis (fojas 402 y 414 Ídem). 7) Vista que la aquí quejosa contestó en su escrito de veinte de junio de ese mismo año, donde entre otras cosas, solicitó que se le hiciera entrega de las pensiones alimenticias correspondientes a la primera quincena de junio de ese año, respecto del 20% (veinte por ciento) de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe Raúl de Jesús Pérez Galindez (fojas 416 y 417 Ídem). 8) En atención al desahogo de la vista, en auto de veintitrés de junio del citado año nuevamente se ordenó girar exhorto al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar en Toluca, Estado de México, en turno, para que enviara oficio al Instituto de Salud del Estado de México, con el objeto de que le entregara a la actora las pensiones que no habían sido pagadas, incluido el descuento del 20% (veinte por ciento), de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el demandado, acuerdo notificado el veintiocho de junio de dos mil dieciséis (foja 419 Ídem). La ejecución de la sentencia emitida en el expediente 859-3/2013, consistente en el 20% (veinte por ciento), de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el demandado, constituye el acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Conviene establecer que para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. En el caso concreto, este Juzgado de Distrito estima actualizada la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, esta última en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. [.]" Del contenido de los preceptos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo que se establece en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. Los quince días para promover la demanda de amparo, se computarán conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley de la Materia, de acuerdo a tres supuestos distintos: A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Resulta ilustrativa al particular la tesis XXI.2o.P.A.25 K, publicada en la página 1890, del Tomo XXII, Agosto de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el registro 165582, del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En este orden de ideas, es posible afirmar que en el presente juicio nos encontramos en el primer supuesto previsto por el precepto legal en mención, es decir, en el que el plazo para acudir al amparo empieza transcurrir a partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; en consecuencia, la demanda de que se trata es extemporánea. En efecto, los acto reclamados consistentes en: - EI pago del veinte por ciento de pensión alimenticia, decretado en sentencia definitiva de once de abril de dos mil dieciséis, en el juicio especial de alimentos 859-3/2013, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco. - El cumplimiento del descuento del veinte por ciento de pensión alimenticia que percibía antes de que se dictara la sentencia en el expediente citado. Ahora bien, dichos actos fueron notificados a la quejosa dentro del expediente 859-3/2013, desde el mes de junio de dos mil dieciséis, pues como se advirtió de los antecedentes narrados, aconteció lo siguiente: - En proveído de trece de junio de dos mil dieciséis se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo conducente en relación al oficio enviado por el Instituto de Salud del Estado de México, a través del cual hizo del conocimiento que en cumplimiento a la sentencia definitiva, el descuento de la pensión alimenticia del 20% (veinte por ciento) sería a partir de la segunda quincena de junio de dos mil dieciséis, auto notificado el catorce de junio de dos mil dieciséis. - Vista que la aquí quejosa contestó en su escrito de veinte de junio de ese mismo año, donde entre otras cosas, solicitó que se le hiciera entrega de las pensiones alimenticias correspondientes a la primera quincena de junio de ese año, respecto del 20% (veinte por ciento) de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe Raúl de Jesús Pérez Galindez. - En atención al desahogo de la vista, en auto de veintitrés de junio del citado año se ordenó girar exhorto al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar en Toluca, Estado de México, en turno, para que enviara oficio al Instituto de Salud del Estado de México, con el objeto de que le entregara a la actora las pensiones que no habían sido pagadas, incluido el descuento del 20% (veinte por ciento), de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el demandado, acuerdo notificado el veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Sin que pase inadvertido que la quejosa refiera que tuvo conocimiento de los actos reclamados el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, cuando se presentó en las oficinas del Instituto de Salud del Estado de México a cobrar las pensiones alimenticias adeudadas, sin embargo, como se observó, desde el mes de junio de dos mil dieciséis sabía que se le iba a aplicar el 20% (veinte por ciento) de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe Raúl de Jesús Pérez Galindez, tan es así, que ella misma mediante escrito de presentado el veinte de junio de ese mismo año, solicitó que se le hiciera entrega de las pensiones alimenticias correspondientes al 20% (veinte por ciento). En ese sentido, es evidente que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, pues la demanda de amparo se presentó hasta el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. En esa tesitura, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación al diverso 17, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el artículo 63, fracción V, de la misma legislación, procede sobreseer en el presente juicio constitucional promovido por Mayra Yanet Méndez Gómez, por propio derecho y en representación de su menor hijo. Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, octubre-diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con el número de registro 230809, que establece: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además los artículos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mayra Yanet Méndez Gómez, por propio derecho y en representación de su menor hijo, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario Víctor Manuel Rendón Sosa, que autoriza y da fe.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; dos de enero de dos mil diecisiete. Con apoyo en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas ofertadas por el representante especial del menor Raúl Emilio Pérez Méndez, así por formulados sus alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellos en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Por recibido el escrito de cuenta, a través del cual Oscar Merced Olivares Salazar, en su carácter de representante especial del menor Raúl Emilio Pérez Méndez, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autoriza a diversas personas para tales efectos. Acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Teresa de Jesús Rodríguez Medrano y, a las restantes personas en términos restringidos de dicho artículo, hasta en tanto tengan registrada la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
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