Mayra Paola Torres Reyes
Expediente 49/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mayra Paola Torres Reyes
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.
- Principal
Notifíquese personalmente. Vista la demanda de cuenta, se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 49/2022-III. RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD. Se reconoce a Mayra Paola Torres Reyes, el carácter de representante legal de los menores de iniciales T.D.D.T. y L.V.D.T., pues lo acredita con copia certificada de las copias certificadas de las actas de nacimiento que anexó a su escrito inicial de demanda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Pues bien, quien esto resuelve estima que en el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. Ello es así, porque el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que dispone que el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables. Así, en términos del citado numeral, en el juicio de origen (donde la parte quejosa es parte demandada original y actora reconvencionista), era procedente el recurso de revocación contra el auto que aquí se reclama, a saber, el de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 976/2020-F, del índice del Juzgado de Partido Civil especializado en materia Familiar del Partido Judicial de León, a través del cual, a su petición de que los peritajes en psicología y trabajo social se llevaran a cabo sin costo para la promovente, la jueza señalada como responsable determinó que debía apegarse a las reglas y cuotas que establece para tal efecto el Sistema Municipal DIF, invocando como hecho notorio que los costos de desahogo de esas probanzas a cargo de peritos nombrado por esa dependencia municipal son más bajos que los de un perito particular; por lo que no accedió a su petición. Pues se trata de un proveído que no está previsto como apelable ni resuelve un incidente, en términos del artículo 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; de ahí que puede ser revocado por el juez que lo dictó. En este orden de ideas, resulta evidente que el acto que se tilda de inconstitucional debe ser impugnado mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, a través del cual es factible lograr su modificación, revocación o anulación. Además, no se advierte que la parte quejosa esté en alguno de los supuestos de excepción que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no se trata de un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa; no es persona extraña al procedimiento, dado que tiene el carácter de parte actora en el juicio de origen. En ese contexto, la parte quejosa está sujeta a las reglas que rigen esa relación procesal, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto y, por tanto, obligada a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad. Finalmente, tampoco se está en el supuesto de que el recurso de revocación que debió agotar la parte quejosa, deba sujetarse a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo. En este último aspecto, cabe precisar que la citada excepción no se actualiza atento a que, para considerar que contra el acto reclamado procede revocación de conformidad con el artículo 232 del aludido Código, no se requiere mayor interpretación que la simple lectura del referido artículo; de ahí que no existe duda en cuanto a que el referido medio de defensa es procedente contra la determinación reclamada. No pasa inadvertido que los artículos 893 y 894 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, señalan en forma precisa las determinaciones en contra de las cuales procede el recurso de revocación y de apelación; y que entre las recurribles vía revocación no se encuentra la determinación que constituye el acto reclamado. Sin embargo, los artículos 893 y 894 del mismo ordenamiento legal, hacen mención de las determinaciones que pueden ser impugnados a través del recurso de revocación o apelación, pero se refieren de forma expresa a las resoluciones adoptadas dentro de la propia audiencia oral, sin contemplar las diversas determinaciones dictadas fuera de tales audiencias. Luego, la procedencia de los recursos previstos en los artículos 892 y 893 del código analizado, aplican exclusivamente a las resoluciones dictadas dentro de las audiencias en los juicios orales; y por exclusión, los autos y decretos dictados fuera de las audiencias, se encuentran regulados por la regla general procedencia del recurso de revocación, emanada del numeral 232 del aludido código procesal, cuyas disposiciones deben interpretarse en forma sistemática. Ello en virtud de que lo reclamado por la parte quejosa al tratarse de la negativa a decretar que los costos de las pruebas periciales ofertadas se llevaran a cabo sin costo para la promovente, ello en sí mismo no representa para los menores involucrados, o al menos eso no está probado en autos, un riesgo de vulnerabilidad, que deba suspenderse de inmediato. En esas condiciones, se impone desechar de plano la demanda de trato, acorde con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene señalando como domicilio para recibir notificaciones ubicado en calle Mar Jónico número 225-B, colonia Jardines de la Pradera, de esta ciudad. AUTORIZADO. Se tiene como sus autorizados, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones a Sandra Verónica Montelongo Valdez y Noé García Domínguez, por así haberlo solicitado. FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Además, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene proponiendo de manera alternativa y como forma especial y expedita de contacto, la siguiente dirección de correo electrónico g.mabogadosmx@gmail.com. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción realicen las notificaciones que deban ser personales en el presente juicio. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE DEL USO DE SU FIREL O e.firma (ANTES FIEL). Se requiere a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En su caso, podrán solicitar la autorización para el acceso al expediente electrónico, señalar el nombre su usuario y podrán autorizar de igual forma que las notificaciones subsecuentes se realice de forma electrónica. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico.
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