Mayra Lizeth Moreno Negrete
Expediente 6/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mayra Lizeth Moreno Negrete
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta promovida Mayra Lizeth Moreno Negrete, se acuerda: FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 6/2023-I, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, pues se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, cuarto párrafo, ambos de la Ley de Amparo. En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de citación que han emitido en su carácter de responsables ordenadoras la Procuraduría General de Justicia del Estado, Subprocurador de Justicia Región "A", Coordinador Regional "A" de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato, Jefe de la Unidad de Investigación de Tramitación Común de la Subprocuraduría de Justicia Región "A", Agente del Ministerio Publico de la Agencia de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 02, de la Subprocuraduría "A" y Jefe de la Célula de Grupo especializado en mandamiento judiciales Región "A" de la Agencia de Investigación Criminal, emitida dentro de una carpeta de investigación de su índice a fin de que el impetrante rinda su entrevista en dicha indagatoria. Sin embargo, la citación de una persona en una carpeta de investigación no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contenido similar al numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. Precisado lo anterior, se destaca que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas: 1. La de investigación, que abarca las fases de: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia o su equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para la formulación de la imputación; y, b) La complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación hasta que se cierra la investigación. 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3. La de juicio, que inicia con el auto de apertura a juicio y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial, en lo atinente a los deberes de investigación conferidos al Agente del Ministerio Público, previstos en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la cual deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permiten allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; entre otros, a través de la citación del imputado, testigos, peritos y demás personas a quienes les resulte cita dentro de la carpeta de investigación respectiva. En ese sentido, el acto reclamado precisado, no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, pues en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, el Ministerio Público cumple con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social. Ello es así, pues la citación es un acto tendente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, reviste el carácter de acto de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, no puede considerarse como generador de afectación al interés jurídico del accionante, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Consecuentemente, la orden de citación reclamada no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del promovente, de ahí que lo precedente es desechar de plano la demanda de amparo. En consecuencia, es dable sostener que en el caso particular se actualizan de manera manifiesta e indudable el citado motivo de improcedencia, por lo que se impone desechar de plano la demanda de amparo, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida Mayra Lizeth Moreno Negrete, se acuerda: FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 6/2023-I, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, pues se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, cuarto párrafo, ambos de la Ley de Amparo. En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de citación que han emitido en su carácter de responsables ordenadoras la Procuraduría General de Justicia del Estado, Subprocurador de Justicia Región "A", Coordinador Regional "A" de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato, Jefe de la Unidad de Investigación de Tramitación Común de la Subprocuraduría de Justicia Región "A", Agente del Ministerio Publico de la Agencia de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 02, de la Subprocuraduría "A" y Jefe de la Célula de Grupo especializado en mandamiento judiciales Región "A" de la Agencia de Investigación Criminal, emitida dentro de una carpeta de investigación de su índice a fin de que el impetrante rinda su entrevista en dicha indagatoria. Sin embargo, la citación de una persona en una carpeta de investigación no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contenido similar al numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. Precisado lo anterior, se destaca que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas: 1. La de investigación, que abarca las fases de: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia o su equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para la formulación de la imputación; y, b) La complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación hasta que se cierra la investigación. 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3. La de juicio, que inicia con el auto de apertura a juicio y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial, en lo atinente a los deberes de investigación conferidos al Agente del Ministerio Público, previstos en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la cual deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permiten allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; entre otros, a través de la citación del imputado, testigos, peritos y demás personas a quienes les resulte cita dentro de la carpeta de investigación respectiva. En ese sentido, el acto reclamado precisado, no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, pues en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, el Ministerio Público cumple con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social. Ello es así, pues la citación es un acto tendente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, reviste el carácter de acto de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, no puede considerarse como generador de afectación al interés jurídico del accionante, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Consecuentemente, la orden de citación reclamada no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del promovente, de ahí que lo precedente es desechar de plano la demanda de amparo. En consecuencia, es dable sostener que en el caso particular se actualizan de manera manifiesta e indudable el citado motivo de improcedencia, por lo que se impone desechar de plano la demanda de amparo, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 de la Ley de Amparo.
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