Mayra Moreno Marroquin
Expediente 465/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mayra Moreno Marroquin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de junio de dos mil veintidós. ESCRITO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito signado por la tercera interesada Martha Guadalupe Moreno Marroquín, en atención a su contenido, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Juárez, número 81-C, primer piso, colonia centro, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Asimismo, como autorizado en los amplios términos que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Duarte Torres, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, como se obtiene de la constancia que al efecto se adjunta. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada (Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". Por lo que hace a Jorge Murguía Vargas, únicamente con las facultades restringidas del mencionado artículo 12 de la Ley de amparo, en virtud de que, después de realizar una minuciosa búsqueda en el mencionado sistema, así como en la en la página oficial de la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada. action, no se encontró registro de alguna cédula profesional expedida en su favor. SOLICITUD COPIAS. En atención a su solicitud inherente a la expedición de copias, la ocursante deberá de estarse a lo acorado en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en donde se proveyó lo inherente a la expedición de copias simples o certificadas en los términos ahí descritos. Finalmente, en relación con sus manifestaciones inherentes a que se hagan las gestiones pertinentes en caso de haberse concedido el amparo a la parte quejosa, se hace innecesario emitir mayor pronunciamiento en virtud de que el pasado treinta de marzo, se sobreseyó el presente juicio, determinación que se declaró firme el veintinueve de abril siguiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de abril de dos mil veintidós. FIRME FALLO. Por otro lado, del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de abril de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ténganse por recibido el correo electrónico de cuenta, mismo que contiene el oficio número 664/2022, firmado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado por el que se le notifico la sentencia terminada de engrosar el treinta de marzo de dos mil veintidós, dentro de los autos del presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE CONMINÓ A LA PARTE QUEJOSA MAYRA MORENO MARROQUIN, MEDIANTE AVISO DE UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR LO QUE SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS LA SENTENCIA DICTADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Uruapan, Michoacán, turnado al día siguiente a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, Mayra Moreno Marroquín, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que más adelante se precisan. Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló los derechos fundamentales que estimó transgredidos. Tercero. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse y de ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, 48, 49 y 54, fracción I, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito"; por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse la falta de emplazamiento al juicio intestamentario 156/2004, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, autoridad que se encuentra circunscrita al territorio sobre el cual ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso, debe tenerse como acto reclamado en atención al escrito de demanda de amparo, así como a las constancias remitidas por las responsables en apoyo a sus informes de ley: Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad: Todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario 156/2004 denunciado por Nicolás Moreno García a bienes de Ángela Marroquín Pérez; y sus consecuencias legales. Del Coordinador Región 4 Purépecha del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad: La nulidad de los registros y las inscripciones que se hayan realizado con motivo de la tramitación del juicio sucesorio intestamentario 156/2004. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil así como el Coordinador Región 4 Purépecha del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo que así se corrobora con las documentales que remitió en apoyo a su informe el Juez responsable, consistente en copia certificada del juicio sucesorio intestamentario 156/2004, así como las que adjuntó a su informe la autoridad registral responsable; documentales que tienen pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo estatuido en el artículo 2°, del último ordenamiento legal invocado. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, foja doscientos treinta y uno, Tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Igualmente es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Cuarto. Estudio de causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el particular, quien resuelve, advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, con relación a la fracción I del numeral 5, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)." Por su parte, los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, previenen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al oren jurídico. (.)" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" De la interpretación armónica de tales preceptos, se desprende que el juicio de amparo solo es procedente cuando la parte quejosa demuestra que el acto de autoridad lesionó su esfera jurídica de derechos. Esa afectación se traduce en el interés jurídico que reconoce el carácter de agraviada en el juicio de amparo a aquella persona a la que se afecte su esfera jurídica, ya sea porque el acto de autoridad invade la situación jurídica en la que se encuentra por reconocimiento expreso de la ley, o bien, por vulnerar un derecho subjetivo del que aduce ser titular. Esto es así porque el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general) y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, de manera que únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudique el acto reclamado. En ese sentido, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces éste carecerá de legitimación para instaurarlo. Así, se tiene que el interés jurídico es un presupuesto de procedencia en el juicio de amparo, impuesto como carga al quejoso para demostrar la titularidad del derecho subjetivo que reclama, el cual fue afectado. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia de la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." En el caso, la peticionaria insta el juicio de amparo en su calidad de tercera extraña al juicio sucesorio intestamentario a bienes de su extinta madre Ángela Marroquín Pérez, al aducir que Nicolás Moreno García, extinto padre de la quejosa, tramitó el juicio sucesorio sin señalarla como hija de la de cujus. Ahora, los artículos 1457, 1460, 1465, 1466 y 1509 del Código Civil para el Estado de Michoacán, vigentes en la época en que se inició el trámite de la sucesión a bienes de Ángela Marroquín Pérez disponían: "Artículo 1457. La herencia legítima se abre: I. Cuando no hay testamento, o el que se otorga es nulo o perdió su validez; II. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes; III. Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero; IV. Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, si no se ha nombrado sustituto. Artículo 1460.- Tienen derecho a heredar por sucesión legítima: I.- Los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y en ciertos casos la concubina. II.- A falta de los anteriores, el Fisco del Estado. Artículo 1465. Si a la muerte de los padres quedaren sólo hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales. Artículo 1466. Cuando concurran descendientes con el cónyuge que sobreviva, a éste le corresponderá la porción de un hijo. Artículo 1509. El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos." Acorde con tales preceptos, la sucesión legítima se abre, entre otros supuestos, cuando no existe disposición testamentaria y tienen derecho a heredar, los descendientes, el cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y en ciertos casos la concubina. Si el autor de la sucesión sólo tiene hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales; si sobrevive el cónyuge, éste heredará la porción de un hijo; igualmente todo aquél que se crea con derecho para reclamar tiene el lapso de diez años para hacerlo valer. Conforme con lo anterior, se tiene que el juicio de amparo es improcedente, pues la omisión de llamar a la quejosa al juicio sucesorio a defender su derecho a heredar ha prescrito. Para evidenciar la afirmación realizada es oportuno citar las constancias que integran el expediente 156/2004 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, de las que se desprende lo siguiente: Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil cuatro, Nicolás Moreno García denunció la sucesión intestamentaria a bienes de su extinta esposa Ángela Marroquín Pérez; adujo que la citada falleció el uno de julio del año dos mil y bajo protesta de decir verdad, expresó que no había más personas que tuvieran derecho a la herencia. Radicada la sucesión intestamentaria, el catorce de mayo de dos mil cuatro, el Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad, dictó resolución dentro de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario en la que determinó la procedencia de la sucesión legítima a bienes de Ángela Marroquín Pérez; igualmente declaró como único y universal heredero de los bienes, derechos y acciones que constituyen la masa hereditaria a Nicolás Moreno García; asimismo, designó al citado Moreno García como albacea definitivo de la sucesión haciéndole saber el cargo conferido. En proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, el Juez responsable ordenó remitir los autos del juicio sucesorio intestamentario al Notario Público Número Ochenta y cinco, con ejercicio y residencia en esta ciudad, para los efectos de que expidiera la hijuela correspondiente y girara los avisos respectivos; juicio que se tuvo por recibido en el Juzgado responsable el diecisiete de agosto de dos mil cinco y al encontrarse totalmente concluido se ordenó remitir al archivo para su resguardo definitivo. Precisados los antecedentes del acto reclamado, se tiene que, como se dijo, el juicio de amparo sólo es procedente cuando el promovente, acredita contar con interés jurídico o legítimo, de manera qué si no demuestra la lesión a un derecho subjetivo reconocido en su favor ocasionado con motivo del acto de autoridad, entonces la acción de constitucionalidad deviene inviable. Ahora, la quejosa argumenta trasgresión a su derecho fundamental de audiencia porque el juicio sucesorio a bienes de su extinta progenitora se siguió sin que se diera la oportunidad de comparecer. Lo cual es verídico como se desprende de la reseña de constancias realizadas; pese a ello, a la fecha esa omisión no causa una afectación a su esfera jurídica de derechos porque, como se indicó, en el artículo 1509 del Código Civil del Estado de Michoacán, vigente en la fecha en que ocurrió el deceso de Angela Marroquín Pérez, disponía que el derecho a reclamar la herencia prescribía en diez años. En efecto, tal precepto dispone que claramente que la acción de petición de herencia prescribe en diez años, es decir, fija el derecho a reclamar la herencia así como el término para que opere la prescripción para hacerlo. Por su parte, los artículos 8, 13, 14, 1022 y 1044 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la época en que se tramitó el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Ángela Marroquín Pérez disponían: "Artículo 8º. Las acciones reales pueden ejercitarse contra cualquier poseedor o detentador, con excepción de la petición de herencia y la negatoria. Artículo 13. La petición de herencia se deducirá por el heredero testamentario o ab-instetato (sic), o por el que haga sus veces en la disposición testamentaria; y se da contra el albacea o contra el poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de heredero, o cesionario de éste y contra el que no alega título alguno de posesión del bien hereditario, o dolosamente dejó de poseerlo. Artículo 14. La petición de herencias se ejercitará para que sea declarado heredero el demandante, se le haga entrega de los bienes hereditarios con sus acciones, sea indemnizado y le rindan cuentas. Artículo 1022. El Tribunal, tan luego como tenga conocimiento de que una persona ha fallecido, nombrará un Albacea provisional de la Sucesión, en los términos que adelante se expresan, quien se ocupará de inventariar los bienes mortuorios y representará a la sucesión mientras se nombra Albacea definitivo o se declara legítimo el testamento en su caso. El Albacea provisional será nombrado dentro de los presuntos herederos, si al radicarse el juicio sucesorio presentaren los documentos con que pretendan acreditar su entroncamiento con el autor de la herencia; en caso, contrario, se designará al Representante del Fisco del Estado. Artículo 1044. Los herederos o legatarios que no se presenten al juicio de sucesión, tienen derecho de pedir su herencia o legado, mientras no prescriba, demandando en el juicio correspondiente al albacea si el juicio no ha concluído, o a los que hayan adquirido los bienes sucesorios, si se ha verificado la partición." Tales preceptos regulan la denominada acción de petición de herencia, su naturaleza, su procedencia y objeto. Es decir, la legislación reconoce el derecho a reclamar la herencia, en vía de acción, el cual prescribirá en diez años computados a partir de la muerte del de cujus. Así determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 74/97 que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 39/99, que enseguida se cita, la cual analizó las legislaciones del Estado de Jalisco y Tlaxcala, siendo esta última de contenido similar a la de Michoacán, ejecutoria en la cual se estableció que el derecho a reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos, lapso que inicia a partir de la muerte del de cujus. En la ejecutoria a que se hizo referencia se anotaron las consideraciones siguientes: "Finalmente, antes de que esta Primera Sala fije la posición que habrá de adoptar para resolver la contradicción de tesis materia de estudio, respecto a la procedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los que un posible heredero que no fue debidamente emplazado a juicio reclama su derecho a intervenir en un juicio sucesorio intestamentario, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, es necesario analizar los diversos supuestos que podrían dar lugar a que se promoviera el juicio de garantías por parte una persona que se considera con derecho a participar de la masa hereditaria dejada por el de cujus, que en la especie son las siguientes: a) En primer lugar cabe mencionar aquellos casos en los que desde la denuncia del juicio intestamentario se señala a alguna persona familiar del de cujus, con derecho a participar en el juicio, respecto de la cual, el juzgador estaría en la obligación de ordenar que se le cite y de verificar que se dé cabal cumplimiento a las formalidades legales establecidas para ello, a efecto de que se haga del conocimiento del heredero señalado la existencia del juicio sucesorio, para que esté en condiciones de acudir ante la autoridad judicial que conoce del juicio sucesorio a deducir sus derechos hereditarios, como ocurre en los casos expresamente señalados en los artículos 844, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 1197 y 1198 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que en lo conducente señalan: "Artículo 844. Efectuada la denuncia y una vez practicadas las diligencias de aseguramiento de los bienes, cuando así proceda, el Juez tendrá por radicado el intestado y mandará notificarlo por cédula o por correo con acuse de recibo a las personas que se hubiesen señalado como interesadas, haciéndoles saber el nombre del finado, las demás particularidades que lo identifiquen, la fecha y el lugar del fallecimiento, para que en un término improrrogable de treinta días se presenten a deducir y a justificar sus derechos, a la herencia y a hacer el nombramiento de albacea. En todo caso mandará a fijar y publicar los edictos correspondientes, haciendo saber a los interesados la radicación del intestado y previniéndoles que deberán presentarse a deducir y justificar sus derechos en la forma y términos que ordena el párrafo anterior." "Artículo 1197. En la denuncia o promoción de intestado, se expresará, si el autor de la sucesión dejó cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales, dentro del quinto grado." "Artículo 1198. El Juez citará a los presuntos herederos que aparecieren de la denuncia o a sus representantes legítimos, para una junta " Del contenido de los numerales transcritos de ambos ordenamientos legales citados, se advierte que en aquellos casos en que en la demanda de intestado se haga mención o se señale a alguna persona como familiar del de cujus, se genera la obligación por parte del Juez del conocimiento, de vigilar la correcta citación de dicha persona, a efecto de que se haga de su conocimiento la existencia del juicio sucesorio, para que acuda a deducir sus derechos hereditarios. En este caso, de darse alguna irregularidad -deficiencia u omisión- en la citación o llamamiento correspondiente, indudablemente el heredero en cuestión, se vería afectado en sus derechos fundamentales con las resoluciones que se dictaran en las diferentes etapas que integran el trámite del juicio sucesorio, pues las mismas no se ocuparían del quejoso porque no fue parte en el mismo, luego entonces dicha afectación no podría ser subsanada con el dictado de la resolución definitiva (en un juicio sucesorio se entiende como tal la que determina la adjudicación de bienes), pues no sería tomado en consideración en dicha determinación, por no haber sido parte en el juicio, razón por la que el interesado quedaría en la posibilidad de promover el juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito, dentro del término señalado para ello por el artículo 21 de la Ley de Amparo, a condición de que no haya operado en su perjuicio el término para la prescripción del derecho a reclamar la herencia a que se refieren los artículos 2993 del Código Civil para el Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, los cuales son coincidentes en señalar el término de diez años contados a partir de la muerte del de cujus. Sin que en las citadas condiciones, exista la obligación, por parte del quejoso, de tramitar previamente el juicio de petición de herencia, en virtud de que éste no tiene la calidad de un recurso ordinario, ya que se trata de un procedimiento autónomo y no de un recurso o medio ordinario de impugnación, como ya se precisó con anterioridad. Tampoco sería exigible en las condiciones apuntadas, que el quejoso agotara los recursos ordinarios señalados en los códigos de procedimientos civiles, pues al no haber sido parte en el juicio no tendría acceso a agotarlos, por tener la calidad de tercero extraño al juicio. b) Diversa circunstancia se presentaría cuando a una persona que se considera posible heredera, no se le da intervención alguna en el juicio sucesorio por omisión total de su señalamiento en el trámite del procedimiento sucesorio y reclama su derecho a intervenir en dicho juicio, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, circunstancia que daría lugar a dos situaciones diversas: 1-b) La primera se actualiza cuando la persona interesada cuenta con un documento público fehaciente que acredita su entroncamiento con el autor de la sucesión -en la especie el acta del Registro Civil correspondiente-, así como el grado de parentesco idóneo para ser declarado heredero, lo que le permitiría, sin prejuzgar sobre la primacía o no de sus derechos hereditarios en relación con las otras personas declaradas como herederos en el juicio sucesorio, establecer su derecho para ser llamado a juicio a través del juicio de garantías, siempre que no haya transcurrido el término de la prescripción de su derecho a reclamar la herencia. 2-b) La segunda situación se daría cuando la persona interesada en intervenir en un juicio sucesorio, no obstante que cuenta con un documento público fehaciente -un acta del Registro Civil- para acreditar su entronque de parentesco con el autor de la sucesión, como base para promover el juicio de amparo, dicho documento sea insuficiente para acreditar su derecho a participar en el juicio sucesorio como ocurre en los casos en que en un juicio intestamentario ya se encuentran acreditadas como herederas personas con un grado de parentesco menor con el autor de sucesión, que el que acredita el quejoso, con el documento en cuestión, si se toma en consideración que en todos los Códigos Civiles de las entidades federativas y del Distrito Federal, establecen en sus preceptos la regla que señala que los parientes cercanos excluyen a los parientes lejanos, en la preferencia al haber hereditario. c) Otra circunstancia diversa se presenta en el caso en que la persona interesada en intervenir en el juicio sucesorio, para que se le declare heredero, pretende demostrar su entroncamiento familiar con el autor de la sucesión, mediante el acopio de diverso material probatorio, por carecer del documento público idóneo para ello -en la especie el acta del Registro Civil- en cuyo caso no sería procedente el juicio de amparo, pues se estaría en la imposibilidad de hacer alguna declaración en torno a la demostración del vínculo de parentesco, por no contarse con la prueba fehaciente requerida por los diversos Códigos Civiles para ello, en tales condiciones dicha pretensión deberá hacerse valer a través de un juicio ordinario ante las autoridades correspondientes a través del procedimiento de petición de herencia. (.)" (el énfasis no es de origen) Ejecutoria que dio lugar a la Jurisprudencia 1a./J. 39/99 consultable en la página 242 del Tomo X, Octubre de 1999 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados pueden promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala." Resolución y criterio de los cuales se obtiene que cuando una persona considera tener la calidad de heredero y pese a ello se omite darle intervención en el juicio sucesorio por omisión total de su señalamiento en el trámite del procedimiento, pero reclama su derecho a intervenir en dicho juicio, para ser declarado heredero, debe hacerlo siempre que no haya trascurrido el término de la prescripción de su derecho a reclamar la herencia. Con base en lo expuesto, se tiene que el sentido del presente fallo no trastoca los derechos fundamentales de la parte quejosa quien insta el juicio de amparo en su calidad de heredera no reconocida, pues si bien no tuvo conocimiento de la tramitación del juicio sucesorio intestamentario a bienes de su extinta madre Ángela Marroquín Pérez radicado en el expediente 156/2004, porque quien lo promovió omitió proporcionar su nombre, cierto es que sí conoció la fecha en que falleció su progenitora, autora de la herencia, como así se desprende de la demanda de derechos fundamentales en la cual expresa que su madre falleció el uno de julio del año dos mil. Entonces, aunque la quejosa promueve el juicio de amparo y afirma que no fue llamada ni reconocida como heredera en el referido procedimiento sucesorio; empero, ello no era obstáculo para que, de así estimarlo, ejerciera la acción de petición de herencia dentro del término de diez años a que se refiere el numeral 1509 del Código Civil vigente en la época en que se tramitó, pues acorde con lo expuesto, el lapso para hacerlo inicia con la muerte del de cujus, hecho del cual sí tuvo conocimiento pleno como manifiesta en el escrito de demanda. Así las cosas, si de la narrativa de constancias se desprende que la autora de la herencia Ángela Marroquín Pérez falleció el uno de julio del año dos mil y la quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno para reclamar del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad la omisión de ordenar su emplazamiento para estar en aptitud de apersonarse a la referida controversia radicada con el expediente 156/2004, es inconcuso que trascurrió en exceso el término de diez años para que la parte quejosa ejerciera la acción de petición de herencia respecto del patrimonio de su progenitora. En efecto, el juicio de amparo es improcedente, por no existir afectación al interés jurídico de la parte quejosa, cuando reclama la falta de emplazamiento a un procedimiento sucesorio intestamentario, si al momento en que presentó su demanda de derechos humanos la acción de petición de herencia ya había prescrito. Esto es así, porque por el simple trascurso del tiempo dejó de existir el derecho que habría permitido a la parte quejosa intervenir en ese procedimiento, de suerte que ninguna afectación irroga en su perjuicio porque su pretensión es anular todo lo actuado para ser convocada a participar en la sucesión, cuando su derecho a hacerlo ha prescrito. Consideración que se formula tomando en cuenta que al dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en que la parte quejosa presentó la demanda de amparo en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, trascurrió en exceso el término de diez años señalado por el artículo 1509 del Código Civil de esta Entidad para decretar la prescripción de su derecho a efecto de pedir la herencia de quien estima fue su ascendiente directo. Así las cosas, si por el transcurso del tiempo dejó de existir el derecho de la parte quejosa a intervenir en el juicio sucesorio del cual emana el acto reclamado, entonces, es inconcuso la inexistencia de la trasgresión a algún derecho subjetivo reconocido en la constitución en su favor. En ese orden de ideas, al no afectarse su interés jurídico, pues, se insiste, lo que pretende es que se permita intervenir en el juicio sucesorio cuando su derecho a hacerlo ha prescrito, entonces, es innegable que el juicio de amparo deviene improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.2o.C.637 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1001 Tomo XXVIII, Diciembre de 2008 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO RESULTA IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO SE PROMUEVE UNA VEZ QUE HA PRESCRITO LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 3391 del Código Civil para el Estado de Puebla, la acción de petición de herencia prescribe en diez años, contados a partir de la adjudicación del patrimonio al que pudiera aspirar quien se considere con derecho por estimarse heredero. Por otro lado, para que un juicio de garantías satisfaga la exigencia de ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado, acorde con el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que el ejercicio de la acción de amparo tenga por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, en razón de la existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no corresponde al quejoso, o que habiéndole pertenecido, hubieren perdido positividad con motivo del transcurso del tiempo, tal como ocurre cuando opera la prescripción. De tal suerte, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclama la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio intestamentario, si al momento de su promoción ya prescribió la acción de petición de herencia, dado que si por el solo transcurso del tiempo dejó de existir el derecho que habría permitido al quejoso intervenir en dicho procedimiento, es inconcuso que ninguna afectación se ocasiona a su interés jurídico, en tanto que su pretensión consiste en la anulación de lo actuado a efecto de que se le convoque a participar en la sucesión, derecho que se extinguió al operar la prescripción." Atento a lo expuesto, la determinación que se adopta no desconoce que la ahora quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento sucesorio del que deriva el acto reclamado, sin embargo, como su intención es que se deje sin efecto todo lo actuado dentro de él para que sea llamada a juicio y esté en aptitud de ejercer su derecho de petición de herencia, entonces debe estarse a las reglas que la propia legislación civil establece en esa materia. De suerte que si el precepto 1509 de la legislación sustantiva civil del Estado de Michoacán es claro al disponer que la acción de petición de herencia prescribe en diez años, entonces, si ese lapso ha trascurrido en exceso, es innegable que a la parte quejosa ya no asiste derecho para formular su reclamo. Así las cosas, si como se precisó, la quejosa carece de interés jurídico para instar el juicio de amparo bajo el argumento de que se trastocó su derecho fundamental a participar en la sucesión intestamentaria a bienes de su madre, cuando éste ha prescrito, entonces, es inconcuso que quien resuelve se encuentra impedida para analizar las actuaciones practicadas en el procedimiento sucesorio 156/2004. En las relatadas circunstancias, si quedó extinguida por prescripción la acción de petición de herencia que correspondió a la parte quejosa, al tenor de lo establecido en el artículo 1509 del Código Civil para el Estado de Michoacán, al haber transcurrido un plazo mayor de diez años entre la fecha en que ocurrió el deceso de la autora de la herencia y el día en que se presentó la demanda de amparo -dieciséis de agosto de dos mil veintiuno- es innegable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, con relación a la fracción I del numeral 5, de la Ley de Amparo. Por lo que, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los motivos de inconformidad que plantea la peticionaria de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia número 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Coordinador Región 4 Purépecha del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la ordenadora. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 91-96, Sexta Parte, Séptima Época, página doscientos ochenta y seis, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Quinto. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Sexto. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Mayra Moreno Marroquín, por su propio derecho, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo de este fallo, por las razones esgrimidas en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. En términos del penúltimo considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES; y mediante oficio a las autoridades responsables.
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