Mayra Elizabeth Pimentel Solorio
Expediente 875/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mayra Elizabeth Pimentel Solorio
- Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán.
Actuaciones
- Incidental
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. INFORME PREVIO. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, Michoacán de Ocampo, rindiendo su informe previo, con vista a las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa ********************; atento a su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención de demanda formulada en auto de quince de noviembre del año en curso; esto es, manifiesta bajo protesta de decir verdad que es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, asimismo, precisa el acto que le reclama. ADMISIÓN. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda promovida por ********************, por propio derecho, y en cuanto representante legal de su hijo menor de edad de identidad reservada con iniciales ********************. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con el artículo 3 en relación con el diverso 128 de la Ley de Amparo, por cuerda separada, tramítese el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, sin que sea necesario su formación por duplicado de manera física, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquellas en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que en dichos informes deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencia, la omisa, se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; o bien, por oficio ordinario. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REMITA COMO APOYO AL INFORME JUSTIFICADO. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberán remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. INTEGRACIÓN DEL JUICIO. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expedites de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe justificado proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial, para garantizar a las partes el derecho fundamental a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resulto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". PARTE TERCERA INTERESADA. Resérvese proveer lo conducente en torno al llamamiento a juicio de la parte tercera interesada, hasta en tanto se reciba el informe justificado de las autoridades responsables. PRUEBAS. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley que rige el juicio constitucional, ténganse como pruebas de la parte quejosa las documentales que se adjuntaron al escrito de demanda, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, las cuales se admiten y desahogan en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. REQUIERE A LAS PARTES COMUNIQUEN LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, así como a la parte quejosa y en su caso, tercero interesado, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, cuando por alguna cuestión tengan conocimiento de ello y; de ser posible acompañen las constancias que acrediten tal extremo. MULTA. En el entendido que de hacer caso omiso al presente requerimiento, si en el trámite o resolución del juicio se advierte una posible causal que las partes hayan sido omisas en comunicarlo a éste órgano, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia debe asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda y ocurso aclaratorio. CAPTURA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. Se instruye al Oficial Judicial "A", para que realice la captura exacta de las autoridades responsables, tal y como se señalaron en la demanda inicial y ocurso aclaratorio, en el entendido que si durante el trámite del asunto se conoce que la denominación es correcta, inexistente, imprecisa, cambió o diversa cuestión que incida en el tema, deberá atenderlo puntual y oportunamente a la luz del acuerdo que se emita. Para lo cual, la secretaria encargada de la mesa deberá verificar que la anterior instrucción se efectúe en sus términos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; por oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
Uruapan, Michoacán de Ocampo, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE...AUDIENCIA INCIDENTAL. Se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS... NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Por lo que corresponde a la emisión de la resolución de once de octubre del año en curso, dictada dentro del toca número... IMPROCEDENTE." Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora, por lo que hace a las consecuencias jurídicas de tal acto reclamado, tomando en consideración que se actualizan las condiciones que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada, únicamente para que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, llegado el momento procesal en los autos del juicio especial oral familiar que sobre convivencia, alimentos y otras prestaciones, promueve J. Jesús Anaya Contreras, frente a la aquí quejosa Mayra Elizabeth Pimentel Solorio, se abstenga de dictar la sentencia respectiva en cada una de sus correspondientes etapas, sin que ello implique paralizar el procedimiento natural, en aquellas cuestiones relativas a su tramitación; empero, sin emitir la sentencia que concluya dicho juicio. Es aplicable a lo anterior tesis aislada número I 2o.C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 1975, tomo XXII, Agosto de 2005, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. La tesis jurisprudencial 282 que determina que el procedimiento judicial es de orden público y por ello es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo, no es aplicable al caso en que el acto reclamado consiste en una resolución que decide una excepción dilatoria de incompetencia. De las normas del Código de Procedimientos Civiles, que son de orden público según la tesis citada, se desprende que el procedimiento debe suspenderse mientras no se resuelva en definitiva una excepción dilatoria de previo y especial pronunciamiento. Así, el artículo 36 del citado código dice: "En los juicios, sólo formarán artículo de previo y especial pronunciamiento y por ello, impiden el curso del juicio, la incompetencia, la litispendencia, la conexidad y la falta de personalidad en el actor", y el 262 determina en su primer párrafo que "Si entre las excepciones opuestas hubiere de previo y especial pronunciamiento, se sustanciarán dejando en suspenso el principal. Resueltas que sean, continuará en su caso el curso del juicio.". En tal situación, si la legislación procesal decreta la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva la dilatoria de previo y especial pronunciamiento, es lógico razonar en el sentido de que procede la suspensión en el amparo contra la resolución que decidió sobre una excepción de esa naturaleza, dado que la continuación del procedimiento se producirá en su caso, cuando la excepción quede resuelta en definitiva, lo que sucederá cuando el amparo se falle en cuanto al fondo, por sentencia que cause estado". Finalmente, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible a foja 637, Tomo 217-228 Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, el siguiente criterio: "SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ESTE DE ORDEN PÚBLICO. La continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo." En efecto en el caso, de llegar a dictarse la sentencia en el juicio de origen traerá como consecuencia que se produzca un cambio fáctico en la esfera jurídica de la promovente que conllevaría dejar sin materia el fondo del juicio principal del que deriva el incidente en que se actúa, lo que la medida cautelar debe preservar VIGENCIA MEDIDA. Medida cautelar que surte efectos desde luego, hasta en tanto se notifique la resolución en que se resuelva sobre la suspensión definitiva, siempre y cuando los actos por los que se otorga a la fecha no hayan sido ejecutados o provengan de diversas autoridades a las precisadas como responsables por la agraviada, pues en tal caso, se considerarán como actos consumados para los efectos legales conducentes. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 253749 64 de 138 Tribunales Colegiados de Circuito Volumen 90, Sexta Parte Pag. 183 Jurisprudencia (Común) "SUSPENSIÓN. CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La suspensión a que se refieren los artículos 124 y relativos de la Ley de Amparo conforme a la jurisprudencia ya establecida, no sólo puede concederse respecto de actos ya dictados o actualizados, sino también respecto de actos futuros inminentes (tesis numero 19 visible en la página 50 de la Sexta Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación publicado en 1965, que con el mismo número aparece en la página 36 de la Octava Parte del Apéndice 1917-1975). Y junto con estos últimos actos pueden comprenderse, en principio, no sólo aquéllos actos que tendrán que dictarse necesariamente como consecuencia legal futura e ineludible de los actos ya actualizados, sino todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente, o que se trate de actos derivados de éste en forma tal que la realización de aquellos actos esté condicionada a la existencia legal de éste, si tales actos pudieran venir a entorpecer la restitución de las cosas al estado que antes guardaban, o a causar perjuicios de difícil reparación. Pues la suspensión podría hacerse nugatoria si las autoridades quedaran en posición de ejecutar actos futuros, derivados del existente o condicionados a la validez de éste, cuyas consecuencias fueran a hacer imposible o dificultar la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, que es el efecto propio de la sentencia que concede el amparo (artículo 80 de la Ley de Amparo), cuya materia debe preservar la suspensión." Asimismo, cabe señalar que las autoridades responsables están obligadas a acatar la suspensión desde este momento y están constreñidas a revocar su actuación, considerando el instante en que se otorgó la suspensión provisional de los actos reclamados y debe componer la ejecución de estos, en caso de ya haberse ejecutado, siempre y cuando la naturaleza del acto lo permita. Tiene aplicación a lo anterior. Tesis: 1a./J. 34/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006796 1 de 1 Primera Sala Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pag. 430 Jurisprudencia (Común) "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SE ORDENÓ Y HAYAN SIDO EJECUTADOS POR LA AUTORIDAD ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLA, DEBEN SER REVOCADOS PARA RETROTRAERLOS AL MOMENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Si bien la autoridad está obligada a acatar la suspensión desde el momento mismo en que se concede, la autoridad está obligada a revocar su actuación, considerando el instante en que se otorgó la suspensión y debe componer la ejecución, siempre que la naturaleza del acto ejecutado lo admita. En consecuencia lógica, no puede existir ni ser válido ningún acto que tenga como base los actos objeto de suspensión, cuya ejecución ha debido dejarse inexistente." SE FIJA GARANTÍA. Con fundamento en el artículo 132, de la Ley de Amparo, la procedencia de la presente medida surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, la parte quejosa no exhibe garantía en favor de este juzgado por la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en efectivo, a través de certificado de depósito, el que deberá ser expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca y Desarrollo, antes Bansefi (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito); o bien, en cualquiera de las otras formas establecidas por la ley; cantidad que servirá para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada con el decretamiento de esta medida suspensional, en caso de no obtener resolución favorable en el amparo al que este incidente corresponde, sin perjuicio de aumentarla o disminuirla en vista de algún dato superveniente que lleguen a aportar las autoridades responsables. Tesis: III.3o.C. J/3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 202563 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo III, Mayo de 1996 Pag. 571 Jurisprudencia (Común) "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTIA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO." Por lo que, para que surta efectos desde luego la suspensión provisional del acto reclamado que solicita, deberá otorgar la garantía fijada, en razón de que el invocado artículo 132, párrafo primero, de la ley de la materia, establece que cuando sea procedente la medida cautelar solicitada pero puedan ocasionarse daños o perjuicios a terceros interesados y ésta se conceda, la parte quejosa deberá otorgar garantía para la reparación del daño e indemnizar los perjuicios que se causaren, en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo. En el entendido de que dicho certificado deberá contener los datos relativos al nombre de la promovente como depositante, número de expediente, cantidad que ampara y el concepto para el cual se exhibe, bajo apercibimiento que de omitirse tales requisitos, no se tendrá por exhibido. En la inteligencia de que, la parte quejosa deberá solicitar a la institución que emita el documento en el cual conste la garantía, se asiente la leyenda relativa a que "Las personas que constituyan los depósitos ante los órganos jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos", ello de conformidad con lo establecido en el artículo 883, en relación con el diverso 899 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, y si opta por exhibir póliza de fianza, ésta deberá de contener además del requisito anterior, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada y, deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 156 de la Ley de Amparo. LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LA GARANTÍA. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 883 y 889 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince; si la garantía se constituye a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, deberá contener: 1) La leyenda: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". 2) Deberá aparecer en cada billete de depósito el nombre correcto y completo de la quejosa. 3) El concepto dirá: "Para garantizar la suspensión provisional, concedida dentro del incidente de suspensión 875/2023". 4) Como autoridad: Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan. De no estar requisitado el documento valioso en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin tener por exhibida la garantía. VIGENCIA DE LA MEDIDA. Así las cosas, la medida cautelar concedida surte sus efectos desde esta fecha en que se decreta, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la interlocutoria que resuelva respecto a la suspensión definitiva, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a.lJ. 33/2014 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 431, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 20006797 y de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE y NO AL NOTIFICARSE." REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se requiere a las autoridades responsables para que informen dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que queden notificadas de esta resolución, el cumplimiento dado a dicha medida suspensional. A quien se le hace saber lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, esto es: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)." PRUEBAS. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa las documentales adjuntas al escrito de demanda; las cuales se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza jurídica; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia incidental. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente incidente. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora, del contenido del escrito de demanda y ocurso aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: Del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia: La resolución de once de octubre del año en curso, emitida dentro del toca número IV-14/2023, formado con motivo del conflicto negativo de competencia, suscitado entre la Jueza Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán y el Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, en relación con el expediente número 404/2022, del índice del primero de dichos órganos jurisdiccionales, y 490/2023, del segundo de ellos, relativo al juicio especial oral familiar, que sobre convivencia, alimentos y otras prestaciones, promueve J. Jesús Anaya Contreras, frente a la aquí quejosa Mayra Elizabeth Pimentel Solorio. Del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo: La ejecución de dicha resolución. EFECTO PARA EL QUE SOLICITA LA MEDIDA. La parte promovente solicita la suspensión provisional de los actos reclamados, con la finalidad de que se suspendan los efectos de la resolución reclamada, lo cual deviene improcedente, pues conllevaría a la paralización del procedimiento que motivó el acto reclamado, lo cual no es permisible acorde con el artículo 150 de la Ley de Amparo. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Por lo que corresponde a la emisión de la resolución de once de octubre del año en curso, dictada dentro del toca número IV-14/2023, por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán, con residencia en Morelia, se niega la suspensión provisional que solicita. En principio, debe establecerse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128 de la Ley de Amparo, los que son del siguiente tenor literal: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público." Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Del contenido de los preceptos transcritos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva, el juzgador de amparo debe atender a los siguientes requisitos: 1) que lo solicite el agraviado; 2) no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Ante tal circunstancia, en atención a dicho acto reclamado a las autoridades responsables, procede negar a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada, porque a ese acto le reviste el carácter de consumado y contra actos de esta naturaleza no es procedente conceder la medida cautelar, tomando como punto de partida el hecho de que la consumación de un acto se surte cuando éste ha sido materializado por la autoridad a la que se le atribuye, pues de concederse tal medida, se le estarían dando efectos restitutorios, los que son propios de la sentencia definitiva que llegare a dictarse en el juicio principal al que esta incidencia corresponde; en virtud de que la naturaleza del amparo es esencialmente restitutoria y, su efecto en el supuesto de concederse la protección de la Justicia Federal, sería el de reponer al agraviado en el goce de su garantía violada, por lo que es evidente que no se pueden volver las cosas al estado en que se encontraban, porque ello es materia del fondo de la sentencia definitiva que se emita en el juicio principal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia II.3º. J/37, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 51 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, Materia Común, que establece: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE." Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora, por lo que hace a las consecuencias jurídicas de tal acto reclamado, tomando en consideración que se actualizan las condiciones que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada, únicamente para que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, llegado el momento procesal en los autos del juicio especial oral familiar que sobre convivencia, alimentos y otras prestaciones, promueve J. Jesús Anaya Contreras, frente a la aquí quejosa Mayra Elizabeth Pimentel Solorio, se abstenga de dictar la sentencia respectiva en cada una de sus correspondientes etapas, sin que ello implique paralizar el procedimiento natural, en aquellas cuestiones relativas a su tramitación; empero, sin emitir la sentencia que concluya dicho juicio. Es aplicable a lo anterior tesis aislada número I 2o.C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 1975, tomo XXII, Agosto de 2005, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. La tesis jurisprudencial 282 que determina que el procedimiento judicial es de orden público y por ello es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo, no es aplicable al caso en que el acto reclamado consiste en una resolución que decide una excepción dilatoria de incompetencia. De las normas del Código de Procedimientos Civiles, que son de orden público según la tesis citada, se desprende que el procedimiento debe suspenderse mientras no se resuelva en definitiva una excepción dilatoria de previo y especial pronunciamiento. Así, el artículo 36 del citado código dice: "En los juicios, sólo formarán artículo de previo y especial pronunciamiento y por ello, impiden el curso del juicio, la incompetencia, la litispendencia, la conexidad y la falta de personalidad en el actor", y el 262 determina en su primer párrafo que "Si entre las excepciones opuestas hubiere de previo y especial pronunciamiento, se sustanciarán dejando en suspenso el principal. Resueltas que sean, continuará en su caso el curso del juicio.". En tal situación, si la legislación procesal decreta la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva la dilatoria de previo y especial pronunciamiento, es lógico razonar en el sentido de que procede la suspensión en el amparo contra la resolución que decidió sobre una excepción de esa naturaleza, dado que la continuación del procedimiento se producirá en su caso, cuando la excepción quede resuelta en definitiva, lo que sucederá cuando el amparo se falle en cuanto al fondo, por sentencia que cause estado". Finalmente, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible a foja 637, Tomo 217-228 Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, el siguiente criterio: "SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ESTE DE ORDEN PÚBLICO. La continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo." En efecto en el caso, de llegar a dictarse la sentencia en el juicio de origen traerá como consecuencia que se produzca un cambio fáctico en la esfera jurídica de la promovente que conllevaría dejar sin materia el fondo del juicio principal del que deriva el incidente en que se actúa, lo que la medida cautelar debe preservar VIGENCIA MEDIDA. Medida cautelar que surte efectos desde luego, hasta en tanto se notifique la resolución en que se resuelva sobre la suspensión definitiva, siempre y cuando los actos por los que se otorga a la fecha no hayan sido ejecutados o provengan de diversas autoridades a las precisadas como responsables por la agraviada, pues en tal caso, se considerarán como actos consumados para los efectos legales conducentes. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 253749 64 de 138 Tribunales Colegiados de Circuito Volumen 90, Sexta Parte Pag. 183 Jurisprudencia (Común) "SUSPENSIÓN. CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La suspensión a que se refieren los artículos 124 y relativos de la Ley de Amparo conforme a la jurisprudencia ya establecida, no sólo puede concederse respecto de actos ya dictados o actualizados, sino también respecto de actos futuros inminentes (tesis numero 19 visible en la página 50 de la Sexta Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación publicado en 1965, que con el mismo número aparece en la página 36 de la Octava Parte del Apéndice 1917-1975). Y junto con estos últimos actos pueden comprenderse, en principio, no sólo aquéllos actos que tendrán que dictarse necesariamente como consecuencia legal futura e ineludible de los actos ya actualizados, sino todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente, o que se trate de actos derivados de éste en forma tal que la realización de aquellos actos esté condicionada a la existencia legal de éste, si tales actos pudieran venir a entorpecer la restitución de las cosas al estado que antes guardaban, o a causar perjuicios de difícil reparación. Pues la suspensión podría hacerse nugatoria si las autoridades quedaran en posición de ejecutar actos futuros, derivados del existente o condicionados a la validez de éste, cuyas consecuencias fueran a hacer imposible o dificultar la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, que es el efecto propio de la sentencia que concede el amparo (artículo 80 de la Ley de Amparo), cuya materia debe preservar la suspensión." Asimismo, cabe señalar que las autoridades responsables están obligadas a acatar la suspensión desde este momento y están constreñidas a revocar su actuación, considerando el instante en que se otorgó la suspensión provisional de los actos reclamados y debe componer la ejecución de estos, en caso de ya haberse ejecutado, siempre y cuando la naturaleza del acto lo permita. Tiene aplicación a lo anterior. Tesis: 1a./J. 34/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006796 1 de 1 Primera Sala Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pag. 430 Jurisprudencia (Común) "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SE ORDENÓ Y HAYAN SIDO EJECUTADOS POR LA AUTORIDAD ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLA, DEBEN SER REVOCADOS PARA RETROTRAERLOS AL MOMENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Si bien la autoridad está obligada a acatar la suspensión desde el momento mismo en que se concede, la autoridad está obligada a revocar su actuación, considerando el instante en que se otorgó la suspensión y debe componer la ejecución, siempre que la naturaleza del acto ejecutado lo admita. En consecuencia lógica, no puede existir ni ser válido ningún acto que tenga como base los actos objeto de suspensión, cuya ejecución ha debido dejarse inexistente." SE FIJA GARANTÍA. Con fundamento en el artículo 132, de la Ley de Amparo, la procedencia de la presente medida surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, la parte quejosa no exhibe garantía en favor de este juzgado por la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en efectivo, a través de certificado de depósito, el que deberá ser expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca y Desarrollo, antes Bansefi (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito); o bien, en cualquiera de las otras formas establecidas por la ley; cantidad que servirá para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada con el decretamiento de esta medida suspensional, en caso de no obtener resolución favorable en el amparo al que este incidente corresponde, sin perjuicio de aumentarla o disminuirla en vista de algún dato superveniente que lleguen a aportar las autoridades responsables. Tesis: III.3o.C. J/3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 202563 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo III, Mayo de 1996 Pag. 571 Jurisprudencia (Común) "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTIA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO." Por lo que, para que surta efectos desde luego la suspensión provisional del acto reclamado que solicita, deberá otorgar la garantía fijada, en razón de que el invocado artículo 132, párrafo primero, de la ley de la materia, establece que cuando sea procedente la medida cautelar solicitada pero puedan ocasionarse daños o perjuicios a terceros interesados y ésta se conceda, la parte quejosa deberá otorgar garantía para la reparación del daño e indemnizar los perjuicios que se causaren, en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo. En el entendido de que dicho certificado deberá contener los datos relativos al nombre de la promovente como depositante, número de expediente, cantidad que ampara y el concepto para el cual se exhibe, bajo apercibimiento que de omitirse tales requisitos, no se tendrá por exhibido. En la inteligencia de que, la parte quejosa deberá solicitar a la institución que emita el documento en el cual conste la garantía, se asiente la leyenda relativa a que "Las personas que constituyan los depósitos ante los órganos jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos", ello de conformidad con lo establecido en el artículo 883, en relación con el diverso 899 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, y si opta por exhibir póliza de fianza, ésta deberá de contener además del requisito anterior, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada y, deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 156 de la Ley de Amparo. LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LA GARANTÍA. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 883 y 889 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince; si la garantía se constituye a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, deberá contener: 1) La leyenda: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". 2) Deberá aparecer en cada billete de depósito el nombre correcto y completo de la quejosa. 3) El concepto dirá: "Para garantizar la suspensión provisional, concedida dentro del incidente de suspensión 875/2023". 4) Como autoridad: Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan. De no estar requisitado el documento valioso en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin tener por exhibida la garantía. VIGENCIA DE LA MEDIDA. Así las cosas, la medida cautelar concedida surte sus efectos desde esta fecha en que se decreta, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la interlocutoria que resuelva respecto a la suspensión definitiva, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a.lJ. 33/2014 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 431, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 20006797 y de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE y NO AL NOTIFICARSE." REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se requiere a las autoridades responsables para que informen dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que queden notificadas de esta resolución, el cumplimiento dado a dicha medida suspensional. A quien se le hace saber lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, esto es: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)." PRUEBAS. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa las documentales adjuntas al escrito de demanda; las cuales se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza jurídica; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia incidental. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente incidente. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." DOMICILIO. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Bogotá número 6 seis, Fraccionamiento Jardines del Cupatitzio, en esta ciudad. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia, así como el 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, instrúyase al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los usuarios "crismorelosg", con efectos de autorización para consultar vía electrónica el juicio de amparo en que se actúa. SE INSTRUYE AL OFICIAL JUDICIAL "A". Por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A" para que realice el registro correspondiente en el Sistema y agréguese a los autos la constancia respectiva. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. En ese sentido, como lo solicita, se autoriza que las notificaciones que surjan en el presente asunto se le practiquen por vía electrónica mediante el usuario señalado con antelación; por tanto, con apoyo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, y, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, en caso de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación. Consecuentemente, con apoyo en el citado numeral 31, fracción III, de la ley de la materia, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que realizada por vía electrónica la notificación respectiva, cuando se genere la constancia de la consulta realizada, por una parte, la digitalice para el expediente electrónico y, por otra, haga una impresión que se deberá agregar al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. PRECISIÓN. Ahora, dadas las peticiones realizadas, de la forma en que desea le sean notificados los acuerdos que le resulten de manera personal (en su domicilio procesal o a través del sistema electrónico), se instruye al actuario judicial adscrito que corresponda, para que éstas las haga de forma indistinta, es decir podrán practicarse de una u otra forma; empero no de ambas el mismo proveído. Ello, a efecto de que este juzgado esté en condiciones de establecer un punto de referencia (de ser el caso), para realizar los cómputos correspondientes; es decir, fecha en que fue practicada la notificación, día en que ésta haya surtido sus efectos e inicio y conclusión de la perentoria. Se establece anterior, no con la intención de conculcar derechos procesales de la parte quejosa, si no como un mecanismo de garantizar una tutela judicial efectiva en favor de las partes involucradas en el presente asunto, como es, el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos, tal como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en caso de duplicar las notificaciones, respecto de un mismo proveído (tenerlas por realizadas en momentos distintos), generaría incertidumbre cuál de ellas se tomaría en consideración para efectuar el cómputo correspondiente. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.14o.T.J/3 (10) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época Registro digital 2019394 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo II, Febrero de 2019 Pág. 2478 Jurisprudencia, Constitucional (Materia común) TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES. El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación de "privilegiar la solución del conflicto" por sobre los "formalismos procesales", con miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber impuesto a los tribunales tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso. El primero de ellos es el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos. El segundo, es el de debido proceso; es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento" (que consisten en la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con una resolución que dirima las cuestiones debatidas), así como otros derechos procesales que derivan de principios aceptados constitucionalmente, como los de presunción de inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, de eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera. Atento a lo anterior, debe considerarse que los formalismos tienen como razón de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante el proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la seguridad jurídica (en el sentido de predictibilidad). En este sentido, no se trata de obviar indiscriminada o irreflexivamente las formas que previene el orden jurídico, por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es su función y si ella puede ser cumplida sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 aludido, es sólo una de las normas -directrices, principios y reglas- a las que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a todas. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. AUTORIZADOS. Por otra parte, ténganse como autorizados con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Crispín Morelos Galván, Carlos Gustavo Cortés Guerra, Nadia Ireri Luna Caldera y Brasil Cuadra Duarte, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho; asimismo, se tienen como autorizadas en términos de la última parte del segundo párrafo del citado precepto legal a Fernando Facundo Gómez, Raúl Magaña Cinco y Elisa Ruiz Chávez, al así haberlo solicitado la parte quejosa. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mayra Elizabeth Pimentel Solorio, por propio derecho, y en cuanto representante legal de su hijo menor de edad de identidad reservada con iniciales I.T.A.P., contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 875/2023-III; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona a la secretaria, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asuntos, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido de que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. Ahora, apreciada íntegramente la demanda, a fin de acordar lo procedente respecto de su procedencia, con fundamento en el artículo 114, fracción I, en relación con el precepto 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes; esto es, dos para las autoridades señaladas como responsables (en caso de señalar a la autoridad que se indicará más adelante), una para el emplazamiento de la parte tercera interesada; otra para la apertura del incidente de suspensión que solicita, y una más para hacer entrega al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, realice la aclaración de su demanda de amparo en relación con lo siguiente: Manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, toda vez que de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte su participación en la ejecución del acto reclamado; y en caso afirmativo, precise el acto que en concreto le reclame. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 250, tomo III, Junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la Materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición". APERCIBIMIENTO. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo prevenido, en caso de resultar procedente la demanda, se admitirá a trámite únicamente respecto de la autoridad y acto reclamado precisados en el escrito de demanda. PRECISIÓN 1. Conviene indicar que la protesta de decir verdad no puede ser sustituida por la expresión "protesto lo necesario" o "protesto justicia", en virtud de que con aquella se procura evitar que la parte quejosa incurra en falsedad al momento de narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, so pena que de hacerlo, se hará acreedora a la pena privativa de libertad o pecuniaria, prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. PRECISIÓN 2. En el entendido de que dicha prevención deberá desahogarla la quejosa, ya que, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su aclaración también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, pero no así por los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues, éstos carecen de atribuciones para realizar tal acto. Es aplicable, por las consideraciones que sostiene la tesis de rubro siguiente: Tesis: 1a./J. 37/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161909 1 de 1 Primera Sala Tomo XXXIII, Junio de 2011 Pag. 68 Jurisprudencia (común) AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." DOMICILIO. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Bogotá número 6 seis, Fraccionamiento Jardines del Cupatitzio, en esta ciudad. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia, así como el 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, instrúyase al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los usuarios "crismorelosg", con efectos de autorización para consultar vía electrónica el juicio de amparo en que se actúa. SE INSTRUYE AL OFICIAL JUDICIAL "A". Por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A" para que realice el registro correspondiente en el Sistema y agréguese a los autos la constancia respectiva. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. En ese sentido, como lo solicita, se autoriza que las notificaciones que surjan en el presente asunto se le practiquen por vía electrónica mediante el usuario señalado con antelación; por tanto, con apoyo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, y, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, en caso de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación. Consecuentemente, con apoyo en el citado numeral 31, fracción III, de la ley de la materia, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que realizada por vía electrónica la notificación respectiva, cuando se genere la constancia de la consulta realizada, por una parte, la digitalice para el expediente electrónico y, por otra, haga una impresión que se deberá agregar al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. PRECISIÓN. Ahora, dadas las peticiones realizadas, de la forma en que desea le sean notificados los acuerdos que le resulten de manera personal (en su domicilio procesal o a través del sistema electrónico), se instruye al actuario judicial adscrito que corresponda, para que éstas las haga de forma indistinta, es decir podrán practicarse de una u otra forma; empero no de ambas el mismo proveído. Ello, a efecto de que este juzgado esté en condiciones de establecer un punto de referencia (de ser el caso), para realizar los cómputos correspondientes; es decir, fecha en que fue practicada la notificación, día en que ésta haya surtido sus efectos e inicio y conclusión de la perentoria. Se establece anterior, no con la intención de conculcar derechos procesales de la parte quejosa, si no como un mecanismo de garantizar una tutela judicial efectiva en favor de las partes involucradas en el presente asunto, como es, el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos, tal como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en caso de duplicar las notificaciones, respecto de un mismo proveído (tenerlas por realizadas en momentos distintos), generaría incertidumbre cuál de ellas se tomaría en consideración para efectuar el cómputo correspondiente. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.14o.T.J/3 (10) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época Registro digital 2019394 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo II, Febrero de 2019 Pág. 2478 Jurisprudencia, Constitucional (Materia común) TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES. El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación de "privilegiar la solución del conflicto" por sobre los "formalismos procesales", con miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber impuesto a los tribunales tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso. El primero de ellos es el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos. El segundo, es el de debido proceso; es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento" (que consisten en la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con una resolución que dirima las cuestiones debatidas), así como otros derechos procesales que derivan de principios aceptados constitucionalmente, como los de presunción de inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, de eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera. Atento a lo anterior, debe considerarse que los formalismos tienen como razón de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante el proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la seguridad jurídica (en el sentido de predictibilidad). En este sentido, no se trata de obviar indiscriminada o irreflexivamente las formas que previene el orden jurídico, por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es su función y si ella puede ser cumplida sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 aludido, es sólo una de las normas -directrices, principios y reglas- a las que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a todas. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. AUTORIZADOS. Por otra parte, ténganse como autorizados con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Crispín Morelos Galván, Carlos Gustavo Cortés Guerra, Nadia Ireri Luna Caldera y Brasil Cuadra Duarte, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho; asimismo, se tienen como autorizadas en términos de la última parte del segundo párrafo del citado precepto legal a Fernando Facundo Gómez, Raúl Magaña Cinco y Elisa Ruiz Chávez, al así haberlo solicitado la parte quejosa. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA." HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.
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