Mayra Lorena Mendoza Salazar
Expediente 496/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Mayra Lorena Mendoza Salazar
Actuaciones
- Principal
En Culiacán, Sinaloa, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos del cuaderno en que se actúa, el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual informa que ese juzgado aceptó la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, circunstancia del cual se toma el debido conocimiento. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. I. Parte quejosa y representación común. Mayra Lorena Mendoza Salazar y Jorge Alejandro García Acosta. Toda vez que los quejosos no designaron representante común; en consecuencia, se designa con tal carácter al primero de los quejosos en mención, lo anterior con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo. II. Demanda y formación de expediente. Vista la demanda de amparo presentada por Mayra Lorena Mendoza Salazar y Jorge Alejandro García Acosta; regístrese en el libro de gobierno y fórmese el sumario físico respectivo. De igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Incompetencia. Ahora, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de emplazar a los demandados en el expediente laboral 8-1415/2020 en la Ciudad de México. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que carece de legal competencia en razón de territorio para conocer de la demanda de amparo en estudio, ya que el acto tendrá o tiene ejecución en la Ciudad de México, cuya jurisdicción está a cargo de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. En relación con la anterior, el artículo 37 de la Ley de Amparo contempla tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. En el presente asunto, se actualiza la primera de las hipótesis establecidas en el artículo 37, de la Ley de Amparo, que refiere que con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. Así, toda vez que la omisión de llevar a cabo el emplazamiento constituye una omisión con ejecución material; de ahí que resulte competente por territorio para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en Materia de Trabajo en Ciudad de México. Es aplicable la jurisprudencia 2ª/J. 17/2022 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo de 2022, undécima época, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límite territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especializado por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, este juzgado se declara incompetente legalmente por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto, y declina la competencia a favor del Juez de Distrito en Materia de Trabajo en Ciudad de México, con residencia en Ciudad de México, en turno. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y remítase vía mensajería acelerada la demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en Ciudad de México, con residencia en Ciudad de México, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito que corresponda y provea lo que estime procedente. Se instruye al Secretario encargado del trámite para que vigile que el envío de los autos sea hecho con la debida diligencia. Solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. IV. Domicilio y autorizados. Se tienen como domicilio procesal el que se indica en la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, sin necesidad de revisar el registro de su cédula profesional ante los órganos del Poder Judicial de la Federación por tratarse de asunto en materia laboral y ser parte trabajadora. V. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese.
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