Maybely Dayana Rodríguez Figueroa
Expediente 679/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 679/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Maybely Dayana Rodríguez Figueroa
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diez de diciembre de dos mil veinte Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos el oficio proveniente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, mediante el cual rinden informe justificado; asimismo, remiten copia certificada del proveído de diecinueve de marzo del año en curso dictado en autos del expediente 3-461/2020, donde se admitió la demanda laboral, señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como ordenó emplazar a la demandada y notificar a la parte actora. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte, la documental que remite con el oficio de cuenta, la cual por ser pública en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Ahora bien, el acto reclamado en el juicio en que se actúa es: La omisión de dictar auto de admisión en el juicio laboral 3-461/2020. En ese sentido, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de diecinueve de marzo de dos mil veinte, en el que proveyó lo relativo a la admisión de demanda y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el sumario en comento. En ese sentido, si el reclamo que dio origen al presente sumario consistió en la omisión de dictar auto de admisión en el juicio de origen y, de las documentales allegadas por la responsable se advierte que se proveyó al respecto, esto, previo a la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de marzo del año en curso), es evidente que el acto reclamado es inexistente. Por lo anterior es que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la jurisprudencia 1a/J 49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 49, diciembre de 2017, tomo I, página 386, establece: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, el criterio de jurisprudencia invocado no resulta aplicable al caso concreto porque si bien estableció que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye causa notoria, manifiesta e indudable para decretar sobreseimiento fuera de audiencia, se refiere a los actos en que la negativa le arroja la carga procesal a la parte quejosa para comprobar la existencia del acto reclamado. Sin embargo, en el caso la autoridad responsable acreditó a través de acto positivo que sí emitió las actuaciones en fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo respecto de las cuales se reclamaba su omisión, de ahí que sea innecesario esperar a la celebración de la audiencia porque es patente la causa de sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues son claras y evidentes las actualizaciones de las causales de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas del uno de diciembre del año en curso. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, tres de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los escritos remitidos vía electrónica por José Ramón Dueñas Delegado, autorizado de la parte quejosa, mediante los cuales solicita el acceso al expediente electrónico y proporciona su nombre de usuario para efecto de ser notificado por medio del Sistema Electrónico. Atento a lo anterior, se autoriza la consulta del expediente electrónico a José Ramón Dueñas Delegado, en el entendido que la clave como usuario es "Ramonduenas69"; por tanto, otórguese la autorización correspondiente, toda vez que han cumplido con los requisitos para acceder a dicho servicio. Se comisiona al Actuario para que las notificaciones personales que se dicten en el expediente, sean notificadas por el sistema electrónico, levantándose la razón correspondiente. Se instruye a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que se realicen las actuaciones correspondientes en el referido sistema. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ante José Alejandro Bringas Aquino, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, siete de octubre de dos mil veinte. I. Quejosa. Maybely Dayana Rodríguez Figueroa II. Admisión y formación del expediente. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente; sin aperturar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS DEL UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciba el oficio en que se le solicita, para lo cual, en su caso deberá remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibida que de no rendir su informe justificado, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibida que de no rendir el informe solicitado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remita incompletas o ilegibles total o parcialmente, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. VI. Formalidades de constancias requeridas. Se indica a la autoridades responsables que las constancias que remitan en apoyo a su informe justificado deberán contener en original folio, rubrica y entre sello así como la certificación correspondiente, en términos del artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia. VII. Envío electrónico de constancias adjuntas a informes de autoridades o escritos. Se hace del conocimiento de las partes de este juicio, incluyendo a las autoridades responsables, que el Acuerdo general Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, señala en el capítulo cuarto, relativo al expediente electrónico artículo 12 inciso f) dispone: Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por la vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterable del documento impreso. Por tanto, se les requiere para que al momento de hacer uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y enviar a través de éste, constancias adjuntas a los informes que rindan o escritos que presenten, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que éstos, son copia íntegra e inalterada del documento impreso. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se aplicará multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. VIII. Denominación de las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo las autoridades señaladas como responsables o, en su caso, el encargado de la oficina de recibir su correspondencia, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le remitan, por lo que en caso de negativa injustificada se tendrá hecha la notificación así como los apercibimientos respectivos y, de ser así, será responsable del incumplimiento del acuerdo o resolución en cuestión; lo anterior, aun cuando no sea del todo correcta la denominación realizada por la parte quejosa, pues de no ser sustancial la imprecisión de su denominación que no impida su identificación y no exista duda o resulte evidente que sea esa la autoridad responsable deberá recibir los oficios enviados; en el entendido que podrán y deberán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su informe; por tanto, de no recibir el oficio respectivo el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. No obstante, dado que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, se apercibe a la parte quejosa que si incurrió en imprecisión sustancial en la denominación de la autoridad responsable que impida su identificación, sin mayor trámite se tendrá como inexistente y se suspenderá la comunicación con ella, lo cual está acorde con el principio de celeridad procesal, sustentado en el precepto 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; salvo que antes de la celebración de la audiencia constitucional de las constancias se advierta o el quejoso proporcione su denominación correcta. Asimismo, se le informa a las autoridades responsables y autoridades con carácter de tercero interesado, que sólo se les notificará por oficio los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, esto en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253, registro 2002576, la cual establece: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. IX. Pruebas. De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que agrega, la cual se tiene por desahogada dada su especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella, el día que tenga verificativo la audiencia de derecho. X. Causas de improcedencia. En observancia del artículo 64 de la Ley de Amparo, las partes deberán comunicar a este Juzgado cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el numeral 251 de referida legislación en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. XI. Terceros interesados. Se reserva proveer al respecto hasta en tanto se cuente con las constancias del informe justificado. XII. Autorizados y notificación electrónica. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ********************y ********************, virtud que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales circunstancia que no acontece con ********************por lo que únicamente se le tendrá como autorizada para oír y recibir notificaciones. Por su parte, se autoriza la consulta del expediente electrónico a ********************, en el entendido que la clave como usuarios es "********************"; por tanto, otórguese la autorización correspondiente, toda vez que han cumplido con los requisitos para acceder a dicho servicio. Se comisiona al Actuario para que las notificaciones personales que se dicten en el expediente, sean notificadas por el sistema electrónico, levantándose la razón correspondiente. Se instruye a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que se realicen las actuaciones correspondientes en el referido sistema. XIII. Transparencia y acceso a la información. Cabe precisar que cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia. XIV. Copias. Finalmente, a efecto que las partes puedan obtener copias certificadas o simples de las constancias que integran el presente sumario y estén en aptitud de preparar la defensa de sus intereses, se autoriza desde este momento la expedición de las mismas a su costa, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; así como el uso de medios electrónicos como cámara digital o scanner portátil para la reproducción del presente expediente ; siempre y cuando no se trate de documentos que a consideración de este órgano jurisdiccional contengan datos sensibles o bien sobre los cuales deba guardarse determinado sigilo; previa firma que por su recibo se asiente en autos. XV. Asimismo, en virtud de la contingencia sanitaria decretada y con el fin de evitar en lo posible el traslado, así como contacto físico del personal, con fundamento en lo establecido en las fracciones XII, XIV Y XIX del artículo 2 del Acuerdo general 13/2020 del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, se indica a las autoridades responsables que el informe requerido podrán remitirlo a través de su correo institucional al correo electrónico 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, o bien a través del portal electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 2° fracción XIX del acuerdo general 13/2020 del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe, proporcionen una dirección de correo electrónico institucional, en la que puedan recibir notificaciones por parte de este juzgado, así como un número de teléfono móvil a fin de establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios en el presente juicio. Finalmente, se sugiere a las partes la utilización de la vía electrónica; para lo cual, podrán solicitar la autorización para acceder al expediente electrónico y recibir notificaciones electrónicas, asimismo, agregar constancias al expediente, debiendo en todos los casos contar con la clave de acceso y firma FIREL, la que deberán generar a través de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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