Mayra Lorena Corona Aguilar
Expediente 150/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mayra Lorena Corona Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
En trece de marzo de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez, con un oficio recibido electrónicamente, registrado bajo el número de folio 3357. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de marzo de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE OFICIO. Agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado del Despacho de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual, acusa de recibo del oficio 36********************/2023, de veintisiete de febrero del año en curso, mediante el cual, le fueron devueltas las constancias que conforman el Toca Penal ********************/2020.********************De lo anterior, se toma para conocimiento para los efectos legales que haya lugar. ********************Cúmplase.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Alejandro Luna de los Santos, quien autoriza y da fe.
- Principal
En veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que obran las constancias que conforman el Toca Penal ********************, del índice del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, mismo que dice autoridad adjunto a su informe de ley. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Ahora, toda vez que en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo definitivo del presente juicio, previa digitalización de las constancias conducentes, devuélvanse las constancias que integran el referido Toca Penal ********************, a su lugar de origen; recábese el acuse de estilo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se aprecia que se concedió a Mayra Lorena Corona Aguilera, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, realizara lo siguiente: "a. Deje insubsistente la resolución de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca XI-63/2021, por medio de la cual modifica el auto de vinculación a proceso dictado contra Martín Manolo Espinoza Bautista, Rocío Ramírez Hernández y Alejandro Ramírez Gómez, María Guadalupe Becerril Rosas, dentro de la causa penal 140/2020, y en su lugar; b. Dicte una en la que; por una parte, deje intocados los aspectos que no fueron materia de esta sentencia, luego deberá subsanar el vicio formal advertido; esto es, funde y motive debidamente su determinación." 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, realizó lo siguiente: Por auto de dos de junio de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca XI-63/2021. El siete de junio de dos mil veintidós, dictó otra resolución en la que, por una parte, dejó intocado en lo inherente a la acreditación del hecho que la ley señala como delito de discriminación, previsto y sancionado por el artículo 179, párrafo primero, fracciones I, III y IV, del Código Penal del Estado; y, por otra, analizó los agravios expresados por la defensa de los imputados Guadalupe Becerril Rosas y/o María Guadalupe Becerril Rosas, Martín Manolo Espinoza Bautista, Rocío Ramírez Hernández y Alejandro Ramírez Gómez, en torno al segmento de la resolución impugnada en el que se tuvo por acreditado el hecho que la ley señala como delito de discriminación, y los declaró infundados. Asimismo, en el apartado relativo a la responsabilidad penal probable de los imputados, de manera fundada y motivada, expuso porque con los datos de prueba verbalizados durante la audiencia de vinculación a proceso, no eran suficientes para suponer que los imputados tenían obligación o responsabilidad de proporcionar a la víctima los insumos que le fueron negados; tampoco, que fuera obligación de los imputados avisarle del cambio de oficina. Ello es así, ya que en primer término relacionó los datos de prueba que la fiscalía expuso en la audiencia inicial y que fueron registrados en el auto de vinculación a proceso, estos son, querella presentada por la víctima y su ampliación, correos electrónicos enviados por M.L.C.A. a Bernardo Rodríguez Montes y a Martín Manolo Espinoza Bautista, dictamen psicológico de M.L.C.A. y ampliación de éste, e inspección de inmueble; luego, destacó los datos que se desprenden de dichos medios de prueba y explicó porque cada uno de ellos era insuficiente para tener por acreditada la probable participación de los imputados Guadalupe Becerril Rosas y/o María Guadalupe Becerril Rosas, Rocío Ramírez Hernández y Alejandro Ramírez Gómez, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de discriminación, previsto y sancionado por el artículo 179, párrafo primero, fracciones III (vejaciones) y IV, del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, en agravio de M.L.C.A, pues al respecto concluyó que no se advierten datos inherentes a: Que Guadalupe Becerril Rosas y/o María Guadalupe Becerril Rosas, Rocío Ramírez Hernández y Alejandro Ramírez Gómez, probablemente fueron las personas que le negaron a la víctima los insumos mencionados (vales de gasolina, papel de la oficina, dotación de vales de gasolina, facilidades para la adquisición de varilla y de utilizar la casa de club), ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ello. Que Guadalupe Becerril Rosas y/o María Guadalupe Becerril Rosas, Rocío Ramírez Hernández y Alejandro Ramírez Gómez, probablemente tenían la obligación o el deber de otorgarle los insumos de vales de gasolina, papel de la oficina, dotación de vales de gasolina, facilidades para la adquisición de varilla y de utilizar la casa de club. Que cuando sobrevino el cambio de oficinas, Guadalupe Becerril Rosas y/o María Guadalupe Becerril Rosas, Rocío Ramírez Hernández y Alejandro Ramírez Gómez, tenían el deber, obligación o responsabilidad de avisarle de dicho cambio y de donde deriva laboralmente tal deber, obligación o responsabilidad para estos tres últimos. En otro tenor, abordó el estudio de los datos de prueba que la fiscalía expuso en la audiencia inicial y que fueron registrados en el auto de vinculación a proceso como determinantes para establecer la probabilidad de que el imputado Martín Manolo Espinoza Bautista, probablemente en coautoría, cometió el hecho que la ley señala como delito de discriminación, previsto y sancionado por el artículo 179, párrafo primero, fracciones I, III y IV, del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo. En ese sentido, determinó que de dichas pruebas no se advierten datos inherentes a que Martín Manolo Espinoza Bautista, probablemente tenía el deber, la obligación o la responsabilidad de evitar y/o impedir que los imputados Guadalupe Becerril Rosas y/o María Guadalupe Becerril Rosas, Rocío Ramírez Hernández y Alejandro Ramírez Gómez, externaran repulsa hacia la víctima provocando su rechazo en el área laboral, incitando a su odio, así como que no la vejaran al hacerle comentarios burlones, ni atinente a que le dijeran que si se sentía superior dentro de la empresa, que le negaran los insumos de vales de gasolina y papel de la oficina, y relegarla dejándola en otro edificio sin avisarle del cambio de oficina, de que le negaran prestaciones laborales relacionadas con dotación de vales de gasolina, facilidades para la adquisición de varilla y de utilizar la casa club. De igual forma, concluyó que del oficio de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, suscrito por Héctor Gudiño Hernández, en cuanto representante legal de la empresa Arcelormittal, no comprende información relevante que haga suponer que el imputado Martín Manolo Espinoza Bautista, de acuerdo con el cargo de Director Ejecutivo de Minas que desempeñaba, le competía actuar de conformidad a lo establecido en los manuales, protocolos, circulares y políticas que establecen los criterios de actuación para prevenir conductas discriminatorias en la empresa Arcelormittal. Finalmente, dictó auto de no vinculación a proceso, única y exclusivamente en los siguientes aspectos: "A los imputados Rocío Ramírez Hernández, Alejandro Ramírez Gómez y Guadalupe Becerril Rosas y/o María Guadalupe Becerril Rosas, respecto a las hipótesis contenidas en las fracciones III (ello, solamente tocante a negarle los insumos de vales de gasolina y papel de la oficina; además, de relegarla dejándola sola en otro edificio en la mina Las truchas, sin avisarle del cambio de oficina) y IV (que se le negaron servicios inherentes a prestaciones laborales relacionadas con dotación de vales de gasolina, facilidades para la adquisición de varilla y de utilizar la casa Club), del artículo 179, párrafo primero, del Código Penal del Estado. Al imputado Martín Manolo Espinoza Bautista, respecto a las hipótesis previstas en el arábigo 179, párrafo primero, fracciones I, III y IV, del Código Penal del Estado (que era su obligación de actuar respecto de los hechos querellados por la víctima M.L.C.A., evitando que los coimputados Rocío Ramírez Hernández, Alejandro Ramírez Gómez y Guadalupe Becerril Rosas y/o María Guadalupe Becerril Rosas, derivado de que un alto mando de la empresa (sic) le reconoció su desempeño en el área laboral a la víctima, fue el detonante para que se incitara a su odio dentro de la empresa, externando repulsa hacia la víctima provocando su rechazo en el área laboral; así que no la vejaran, al hacerle comentarios burlones, ni le profirieran ofensas degradantes consistentes en decirle que si se sentía superior dentro de la empresa, de que no se le negaran los insumos de vales de gasolina y papel de la oficina, ni se le relegara dejándola en otro edificio ubicado en la mina Las Truchas, y que tenía que avisarle del cambio de oficina, además, de que no se le negaran los servicios inherentes a las prestaciones laborales relacionadas con dotación de vales de gasolina, facilidades para la adquisición de varilla y de utilizar la casa club." 4. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales de la quejosa, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA, ya que en ello no existe exceso ni defecto. 5. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista a la quejosa y a la parte tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hayan hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 8. Incidente de suspensión. Virtud a que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio y el cuaderno original del incidente, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 8.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 8.2. Constancia. Toda vez que no se glosarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
En trece de junio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el folio 8021, dentro del juicio de amparo indirecto número 150/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, mediante el cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y para tal efecto, remite constancias que así lo acreditan. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado, con desahogo de la vista o sin ella, se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
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