Mayra Janet Castro Orozco

Expediente 248/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
248/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
18/06/2019

Partes del expediente

  • Mayra Janet Castro Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase al Juez Mixto Menor de Apatzingán, Michoacán, acusando recibo del oficio 11852/2019, con el que este juzgado le devolvió los autos originales del juicio ejecutivo mercantil 519/2018. Consecuentemente, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional en auto de cinco de los actuales, ordenó el archivo del presente juicio como asunto totalmente concluido, remítase materialmente al archivo. Cúmplase. Así lo acordó y firma Sergio Santam

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, cinco de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase al Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, devolviendo diligenciado el exhorto 344/2019 (número de orden 658/2019), del índice de este juzgado. Dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. Sin que haya lugar a girar el acuse de recibo, toda vez que el mismo puede obtenerse del propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, se advierte que feneció el término de tres días concedido al quejoso, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubiera hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado por auto de trece de mayo del año en curso, y se ordena practicar las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese tenor, se advierte que no fue impugnada en legal término el proveído que desechó la demanda de garantías, por lo que con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Por lo que con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. En consecuencia, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Finalmente, devuélvase el tomo de pruebas ue remitió el Juez Menor Mixto de Apatzingán, Michoacán, a su lugar de origen. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al que adjunta el escrito de Salvador Pedraza Mondragón, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, virtud a que la demanda de amparo fue desechada, y por ende, no tiene carácter reconocido en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, trece de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que adjunta el cuaderno de incompetencia 339/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Mayra Janet Castro Orozco, contra actos del Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán. 1.1 Ahora, de la ejecutoria de tres de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la superioridad, se advierte que estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida en la vía directa, en razón de que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva, ni una resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio. 1.2 Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. 1.3 Regístrese la demanda de amparo bajo el número 248/2019. 2. Con la documental que remitió el Juez Menor Mixto de Apatzingán, Michoacán, se ordena formar un tomo de pruebas. 3. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora, de una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, toda vez que con la emisión de la sentencia interlocutoria de veinte de marzo de dos mil diecinueve, en la que se declaró improcedente el incidente criminal planteado, no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la quejosa, como pueden ser la vida, la libertad, propiedades y posesiones, entre otros. Es así, pues dicho incidente versa sobre la alteración de los documentos base de la acción (pagares), sin que la promovente hubiere presentado las pruebas correspondientes a fin de acreditar tal supuesto, esto es, la falsedad de los referidos documentos, según los resuelto por el Juez responsable, de lo que se desprende que es un acto meramente intraprocesal que no afecta derechos sustantivos de la quejosa. Máxime, que en el caso, la referida falsedad puede ser demostrada por la parte quejosa, en el juicio de origen, mediante los medios de convicción correspondientes y valorados al momento de dictar sentencia. Por tanto, al quedar acreditado que los efectos jurídicos producidos con dicha resolución son meramente intraprocesales, ya que incluso podría, la solicitante del amparo obtener sentencia favorable dentro del juicio de origen, caso en el cual desaparecería el supuesto agravio, pero en caso contrario tiene expedito su derecho para hacerla valer como violación procesal dentro del juicio de amparo directo, que en su caso promueva contra la sentencia definitiva cumpliendo con los requisitos legales. Además, que no se afecta el desarrollo del juicio de origen, ni se vulnera la garantía de defensa de la quejosa; de ahí que, la naturaleza de tal violación, solo produce una afectación de naturaleza procesal; máxime, que en forma actual, no se impide a la promovente el ejercicio de un derecho. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J.6/1991, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, constitucional, en relación con los numerales 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad o la que, en su caso, confirme tal desechamiento al resolver el recurso de apelación correspondiente no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que a través de dicha excepción sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que el desechamiento de la referida excepción no implica, necesariamente, que el fallo deba ser contrario a los intereses del afectado. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales antes citados, la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad, o la resolución de alzada que confirme tal desechamiento de ser indebida, constituiría una violación procesal reclamable hasta que se dictara una sentencia desfavorable de fondo, a través del amparo directo, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, toda vez que como la personalidad de las partes es un presupuesto básico del procedimiento, la sentencia que se llegara a dictar resultaría ilegal por emanar de un juicio viciado en uno de sus presupuestos. Debe añadirse que si bien las resoluciones que desechan la excepción de falta de personalidad no se encuentran previstas expresamente en ninguna de las primeras diez fracciones del artículo 159 de la Ley de Amparo, ello se debe a que se trata de una enumeración meramente ejemplificativa, como lo corrobora la fracción XI que se refiere a "... los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda". Además, congruente con ello la Constitución Federal, en su artículo 107, fracción III, inciso a), sólo exige, para la procedencia del amparo contra sentencias definitivas o laudos respecto de violaciones cometidas durante el procedimiento, que dicha violación afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, requisitos que sí se cumplen en la hipótesis a estudio. Por otra parte si la sentencia definitiva del juicio ordinario, por ser favorable al demandado fuese reclamada por el actor en amparo y éste se concediera, la cuestión de falta de personalidad podría plantearse por el demandado como cuestión exclusiva en un nuevo amparo en contra de la sentencia dictada en acatamiento a la pronunciada en el juicio de amparo anterior, en el que no se pudo examinar la cuestión de personalidad, fundándose esta conclusión en la interpretación sistemática de las fracciones II y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la diversa, jurisprudencia IV.2o.C.J/2 (10a), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, tomo III, Mayo de 2014, Decima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. 4. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. La parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en el número 13, interior 4, de la calle Jardín Niños Héroes, Centro, de Morelia, Michoacán, y como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Armando Arteaga García, José Manuel Arteaga García, Alejandro Pimentel Pineda, Fernando del Toro Ramírez, Salvador Arriaga Colín y Alejandro Pimentel Alejo, por no contar con cédula registrada ante los Juzgados de Distrito, que los autorice para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 4.1. En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Morelia, para que ordene a quien corresponda, notifique a la parte quejosa el presente proveído; asimismo, la requiera para que en el momento de la diligencia, o bien, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le correrán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza al Juez exhortado para que, de estimarlo necesario, habilite días y horas inhábiles para que el actuario notificador lleve a cabo la diligencia encomendada. Sin que sea necesario que expida el acuse de recibo de la recepción de dicha comunicación oficial, pues a través del aludido sistema se genera la boleta de turno correspondiente. Se solicita de la manera más atenta, al órgano jurisdiccional que conozca del referido exhorto, lo devuelva por la misma vía. 5. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.

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