Mayra Llanes Fernández
Expediente 219/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Mayra Llanes Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintidós, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el treinta de marzo de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, y que dicha determinación causó estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós que en lo conducente dice: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y un anexo que acompaña, consistente en copia certificada del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral 1304/2021/E-3 de su índice. Dicha autoridad manifiesta que no son ciertos los actos reclamados, ya que el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictó auto de radicación de demanda en el juicio de origen en el que señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Como lo pide la referida autoridad, se le tiene por nombrado como delegados de su parte en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tiene como correo electrónico de contacto de la autoridad responsable el que señala, única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje: "La omisión en dictar el acuerdo de radicación y su consecuencia notificación y fijación de fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas de la demanda laboral presentada por la quejosa ante la responsable en fecha 29 de noviembre de 2021." De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo cual se toman en cuenta los datos que emanan de la demanda, sus anexos, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, derivado preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. En ese sentido, la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje la omisión de dictar el auto de radicación de la demanda que presentó el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, del anexo que la autoridad responsable adjunto a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral de 1304/2021/E-3, el cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que radicó la demanda de la parte quejosa, admitiéndola a trámite, ordenó el emplazamiento de la parte demandada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Marco jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38. De las constancias que integran este juicio, así como del anexo que la autoridad responsable adjunto a su informe justificado se advierte: 1. El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa, presentó su escrito de demanda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en contra de Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí y otros. 2. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó auto de radicación de dicha demanda, la cual registró con el consecutivo 1304/2021/E-3, misma que admitió a trámite, ordenó el emplazamiento de la parte demandada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se admitió la demanda que presentó la parte quejosa, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, registro 196820 , Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. No escapa la atención del suscrito, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva de ese tribunal, por la que se notificó a la parte quejosa el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 1304/2021/E-3; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Finalmente, no obsta lo anterior, el hecho de que la demanda de amparo se presentó a las dieciséis horas con veinticinco minutos del veintiocho de febrero de este año y, en la misma fecha se dictó el acuerdo de radicación cuya omisión se reclama, toda vez que, no se tiene certeza de la fecha en que dictó éste último, de ahí que se estime que se actualiza la causal de improcedencia señalada. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, quedando sin efectos la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y un anexo que acompaña, consistente en copia certificada del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral 1304/2021/E-3 de su índice. Dicha autoridad manifiesta que no son ciertos los actos reclamados, ya que el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictó auto de radicación de demanda en el juicio de origen en el que señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Como lo pide la referida autoridad, se le tiene por nombrado como delegados de su parte en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tiene como correo electrónico de contacto de la autoridad responsable el que señala, única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje: "La omisión en dictar el acuerdo de radicación y su consecuencia notificación y fijación de fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas de la demanda laboral presentada por la quejosa ante la responsable en fecha 29 de noviembre de 2021." De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo cual se toman en cuenta los datos que emanan de la demanda, sus anexos, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, derivado preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. En ese sentido, la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje la omisión de dictar el auto de radicación de la demanda que presentó el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, del anexo que la autoridad responsable adjunto a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral de 1304/2021/E-3, el cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que radicó la demanda de la parte quejosa, admitiéndola a trámite, ordenó el emplazamiento de la parte demandada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Marco jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38. De las constancias que integran este juicio, así como del anexo que la autoridad responsable adjunto a su informe justificado se advierte: 1. El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa, presentó su escrito de demanda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en contra de Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí y otros. 2. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó auto de radicación de dicha demanda, la cual registró con el consecutivo 1304/2021/E-3, misma que admitió a trámite, ordenó el emplazamiento de la parte demandada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se admitió la demanda que presentó la parte quejosa, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, registro 196820 , Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. No escapa la atención del suscrito, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva de ese tribunal, por la que se notificó a la parte quejosa el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 1304/2021/E-3; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Finalmente, no obsta lo anterior, el hecho de que la demanda de amparo se presentó a las dieciséis horas con veinticinco minutos del veintiocho de febrero de este año y, en la misma fecha se dictó el acuerdo de radicación cuya omisión se reclama, toda vez que, no se tiene certeza de la fecha en que dictó éste último, de ahí que se estime que se actualiza la causal de improcedencia señalada. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, quedando sin efectos la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; expídasele copia que solicita.
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