Mayra Elizabeth Perez Álvarez
Expediente 725/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Mayra Elizabeth Perez Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se declara que dicho auto ha causado estado; agréguese el original del incidente de suspensión dejando sin efectos la medida suspensional decretada; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado Sala Sede, en San Luis Potosí, en el que manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que en la continuación de audiencia de control de detención celebrada el veinte de mayo de dos mil veintitrés, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la quejosa ********************, por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado. Asimismo, refiere que en la audiencia de vinculación a proceso se autorizó la suspensión condicional del proceso a favor de la quejosa, de lo cual se colige que se comprometió a las condiciones previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el término de diez meses, así como pagar la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) en sede ministerial el veintidós de mayo de este año y otros $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) el veinte de junio del año en curso y otras condiciones. Por otra parte, señala que a la revisión de la carpeta administrativa relativa a la causa penal, se advirtió que se encuentran señaladas las doce horas del catorce de julio de dos mil veintitrés para llevar a cabo audiencia de revocación de la suspensión condicional del proceso, la cual fue solicitada por el Asesor Jurídico, derivado del incumplimiento del pago de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) a que se comprometió a pagar la parte quejosa el veintidós de mayo en Sede Ministerial, precisando que una vez que se lleve a cabo dicha audiencia lo hará del conocimiento. Pruebas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas en este acto, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que acompaña y un disco compacto, mismas que se tomarán en consideración al momento de resolver el presente asunto; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Disco compacto. Asimismo, a fin de brindar certeza jurídica, con el disco de audio y video, el cual adjuntó la referida responsable a su informe justificado, dese vista a las partes a efecto de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en él y manifestar lo que a su derecho convenga, el cual queda bajo resguardo de esta secretaría guardado por separado. Precisión del acto reclamado. Visto el estado de los autos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional el auto de vinculación a proceso dictado el veinte de mayo de dos mil veintitrés dentro de la causa penal ********************, instruida en contra de la quejosa ********************, por el hecho que la ley señala como el delito de robo calificado. Causal de improcedencia. Visto el informe y los anexos allegados por la autoridad responsable a su informe de cuenta, se estima que se surte una causal de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.( XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)." El referido numeral establece que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Contradicción de tesis 220/2016. En la contradicción de tesis 220/2016 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que cuando el quejoso -en su calidad de imputado- suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Ello en atención a que, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena, privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Lo anterior, propicia una adecuada interacción entre el Sistema de Justicia Penal y el Juicio de Amparo, pues implica que al examinarse la constitucionalidad del acto reclamado, el Juez constitucional pondere que la paralización del proceso motivado por haber alcanzado algún mecanismo alternativo de solución, se debe al único propósito que distingue a la justicia restaurativa: reparar el daño causado por el delito, sin sanción penal. Estimar lo contrario, no sólo se traduciría en un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia, se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento en el juicio. En efecto, del precepto legal 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo antes citado, se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente por actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, es decir, para que esta causa de improcedencia se materialice es necesario que el peticionario de amparo consienta el acto que reclama de la autoridad responsable y todas sus consecuencias jurídicas. Es decir, es necesario que: a) El interesado exprese su consentimiento con el acto que pretende combatir en el amparo; b) Dicha manifestación de voluntad sea inequívoca, indudable y completa, dando cuenta de que la verdadera voluntad del interesado es efectivamente conformarse con ese acto de autoridad; y, c) Esa conformidad se actualice respecto del acto o la decisión en sí misma y de todas sus consecuencias jurídicas. Caso concreto. En el caso particular, el quejoso reclama el auto de vinculación a proceso dictado el veinte de mayo de dos mil veintitrés dentro de la causa penal ********************, instruida en contra de la quejosa ********************, por el hecho que la ley señala como el delito de robo calificado, previsto en el artículo 211 en relación con el numeral 218, fracción I, sancionado por el dispositivo 215, fracción I, en relación con el diverso 218, penúltimo párrafo, todos del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, dictado por el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral Adscrito a la Primera Región Judicial del Estado Sala Sede San Luis Potosí. Ahora bien, como se advierte del disco compacto allegado mediante promoción registrada con folio 11965, se advierte la continuación de la audiencia de control de detención de veinte de mayo de dos mil veintitrés, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la ahora quejosa ********************, por el delito antes precisado. Asimismo, que en dicha audiencia de vinculación a proceso el defensor de la quejosa solicitó al Juez de Control se autorizara la solución alterna del procedimiento consistente en la suspensión condicional del proceso. Una vez expuesta la solicitud del defensor, el Juez de Control explicó a la imputada y a la víctima lo que consistía la suspensión condicional del proceso, y una vez analizadas las manifestaciones de las partes, determinó decretar la suspensión condicional del proceso al encontrarse colmados los requisitos previstos de los artículos 192, 193 y 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en favor de ********************, por el hecho que la ley señala como delito robo calificado, la que tendrá una duración de diez meses que concluye el veinte de marzo de dos mil veinticuatro, bajo el esquema de que deben de cumplir condiciones y que si no cumplen las condiciones y la reparación del daño se revocara la suspensión condicional del proceso. Por tanto, atendiendo a las consideraciones expuestas por la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 220/2016 y advirtiéndose que la quejosa se acogió a la suspensión condicional del proceso, resulta evidente que dicha acción entraña el consentimiento del auto de los actos reclamados, dado que su voluntad de concluir el proceso penal a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Lo anterior es así, porque el presupuesto para operar la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, implicando así la aceptación de los hechos de la imputación o que, por lo menos no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, ya que evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena privativa de la libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Pues estimar lo contrario, no sólo se traduciría en un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado -suscribir la suspensión condicional del proceso- y, otro, que lo cuestiona mediante el juicio de amparo -controvertir el auto de vinculación a proceso-, lo que jurídicamente es inadmisible. Conclusión. Por lo que, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, puesto que se tienen por consentidos los actos reclamados consistentes en el auto de vinculación a proceso emitido el veinte de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral Adscrito a la Primera Región Judicial del Estado Sala Sede San Luis Potosí, dentro de la causa penal ********************, instruida en contra de la quejosa ********************, así como la medida cautelar impuesta en dicho proceso penal, toda vez que la suscripción de la suspensión condicional del proceso entraña el consentimiento de los referidos actos, dado que la voluntad de la quejosa de concluir el proceso penal a través de dicho mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos, lo que significa que las cosas se encuentran como si se hubiera otorgado la protección de la Justicia Federal, lo cual restituye a la parte quejosa en el goce de sus derechos vulnerados. Robustece lo anterior, el criterio jurisprudencial 1a./J. 33/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Sin que sea óbice a lo anterior, que el juez responsable haya manifestado en su informe justificado que a la revisión de la carpeta administrativa relativa a la causa penal, se advirtió que se encuentran señaladas las doce horas del catorce de julio de dos mil veintitrés para llevar a cabo audiencia de revocación de la suspensión condicional del proceso, la cual fue solicitada por el Asesor Jurídico, derivado del incumplimiento del pago de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) a que se comprometió a pagar la parte quejosa el veintidós de mayo en Sede Ministerial, toda vez que la misma aún no se lleva a cabo y no influye en el consentimiento de la quejosa respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación. Decisión. Ante lo anteriormente expuesto, al revelarse el consentimiento de la quejosa en relación con el acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Incidental
ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por...
- Incidental
Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese el informe previo que rinde el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado Sala Sede San Luis Potosí. La referida autoridad manifiesta que es cierto el acto reclamado. Con el contenido de dicho informe, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se relacionen en la audiencia respectiva.
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