Mayra Ivette Alejandre Sánchez

Expediente 238/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
238/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, ciudad
  • Mayra Ivette Alejandre Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el asunto como definitivamente concluido. Valoración del amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente, el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por medio del cual remite copia autorizada del auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ordinario laboral 5B-2244/2021 de su índice, del que se advierte que radico la demanda laboral presentada por la aquí quejosa -actora en dicho juicio de origen- y como consecuencia señaló las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En atención a lo anterior, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento. En el caso, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no desarrolla el juicio Especial número 5B-2244/2021, con diligencia sino con dilación o demora, ya que el escrito inicial de demanda se presentó en fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, y la responsable hasta la fecha ha sido omisa en radicar la misma, es decir a más de tres meses de haber presentado el escrito inicial, aun no señala fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, constituyendo así el acto reclamado. En el caso, Mayra Ivette Alejandre Sánchez, promovió el juicio de amparo debido a que consideró que la responsable estaba siendo omisa en administrar justicia en los plazos y términos previstos por la Ley Federal del Trabajo, al no radicar la demanda laboral presentada por la actora aquí quejosa desde el trece de octubre de dos mil veintiuno. Bajo ese tamiz se tiene que la pretensión fundamental de la promovente de amparo es que se radique la demanda laboral y de admitirse la misma que se fije día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los plazos que fija la Ley Federal del Trabajo. Por lo que la responsable con el anexo que remitió al oficio de cuenta, hace del conocimiento que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós radicó la demanda laboral presentada por la actora -aquí quejosa- y como consecuencia, señaló las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo cual pone de manifiesto que la pretensión constitucional de la quejosa quedó satisfecha en su totalidad, y por ende que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, se encuentra corroborado como ya se dijo con la documental que en esta pieza de autos se tiene por exhibida por la autoridad responsable, con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclaman, pues la omisión de radicar la demanda, quedó sin efectos, al haber sido radicada la misma, con lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. De ahí que como ya se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Lo anterior, toda vez que el actuar de la autoridad responsable restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional en el presente juicio señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por medio del cual remite copia autorizada del auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ordinario laboral 5B-2244/2021 de su índice, del que se advierte que radico la demanda laboral presentada por la aquí quejosa -actora en dicho juicio de origen- y como consecuencia señaló las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En atención a lo anterior, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento. En el caso, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no desarrolla el juicio Especial número 5B-2244/2021, con diligencia sino con dilación o demora, ya que el escrito inicial de demanda se presentó en fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, y la responsable hasta la fecha ha sido omisa en radicar la misma, es decir a más de tres meses de haber presentado el escrito inicial, aun no señala fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, constituyendo así el acto reclamado. En el caso, Mayra Ivette Alejandre Sánchez, promovió el juicio de amparo debido a que consideró que la responsable estaba siendo omisa en administrar justicia en los plazos y términos previstos por la Ley Federal del Trabajo, al no radicar la demanda laboral presentada por la actora aquí quejosa desde el trece de octubre de dos mil veintiuno. Bajo ese tamiz se tiene que la pretensión fundamental de la promovente de amparo es que se radique la demanda laboral y de admitirse la misma que se fije día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los plazos que fija la Ley Federal del Trabajo. Por lo que la responsable con el anexo que remitió al oficio de cuenta, hace del conocimiento que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós radicó la demanda laboral presentada por la actora -aquí quejosa- y como consecuencia, señaló las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo cual pone de manifiesto que la pretensión constitucional de la quejosa quedó satisfecha en su totalidad, y por ende que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, se encuentra corroborado como ya se dijo con la documental que en esta pieza de autos se tiene por exhibida por la autoridad responsable, con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclaman, pues la omisión de radicar la demanda, quedó sin efectos, al haber sido radicada la misma, con lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. De ahí que como ya se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Lo anterior, toda vez que el actuar de la autoridad responsable restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional en el presente juicio señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; dése vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Prueba documental. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

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