Mayra Elizalde María
Expediente 24/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mayra Elizalde María
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 2.2. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no le depara perjuicio alguno a ésta. Devolución de tomo de pruebas. Finalmente, en atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, se ordena su devolución en un cuaderno; en el entendido de que servirá como acuse del mismo la constancia que al efecto genere este juzgado. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 24/2023, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: El auto de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ********************, relativo al juicio ordinario civil que sobre prescripción positiva y otras prestaciones promovió la quejosa; a través del cual, la autoridad responsable, declaró la nulidad del emplazamiento por defectos en el mismo, así como todo lo actuado con posterioridad, para efectos de llevar a cabo nuevamente el llamamiento de los demandados en términos de ley. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, en tanto que así lo manifestó expresamente en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió junto con su informe, consistentes en copias certificadas del juicio ordinario civil ********************, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas por separado, con valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTA. Procedencia del juicio de amparo indirecto. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea las que hagan valer las partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia II.1o. J/5, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, este órgano de control constitucional de manera oficiosa advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, toda vez que el acto que se reclama fue emitido dentro de juicio, sin embargo, no es de aquéllos cuyos efectos son de imposible reparación, por las razones que enseguida se explican. Para sustentar la conclusión anterior, se transcriben las fracciones y numerales antes invocadas. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De lo transcrito se tiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio, únicamente cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, el juicio de amparo indirecto no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en un procedimiento, sino sólo contra aquéllas cuyos efectos causen un gravamen irreparable al peticionario del amparo, definido este por la propia ley, como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se impugne la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Debe entenderse como derechos adjetivos aquellos que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal dentro del procedimiento; por lo que si la parte que se dice afectada con el acto intraprocesal obtiene sentencia favorable, aquellas eventuales violaciones procesales se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 38/2007-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. En el caso en particular, la quejosa ********************, reclama del Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, la determinación tomada en resolución de quince de diciembre de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************, en el que procedió a analizar de manera oficiosa el emplazamiento de la parte demandada, al considerar que es de orden público y por ello de estudio oficioso en cualquier etapa del juicio. En dicha determinación, el Juez responsable, concluyó que los demandados no fueron debidamente emplazados al juicio ordinario, por lo que ordenó reponer el procedimiento, declarando la nulidad de las diligencias de dos de mayo de dos mil veintidós, así como todas y cada una de las actuaciones judiciales llevadas a cabo con posterioridad. Lo anterior, permite sostener -como se adelantó- que el acto reclamado no es de aquéllos considerados de imposible reparación, ya que la violación reclamada no afecta derechos sustantivos, como la vida, la propiedad, la libertad, etcétera. Ello es así porque lo resuelto en la determinación reclamada tiene como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal y no sustantiva, por lo que será hasta en tanto se dicte sentencia cuando podrá advertirse con certidumbre la trascendencia o no de tal determinación reclamada, y será hasta entonces cuando la quejosa, conforme con las reglas que rigen el juicio de amparo, podrá combatir tal cuestión. Se considera entonces que el acto reclamado tiene un efecto meramente procesal; por tanto, dada su propia naturaleza, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, ya que la decisión del juez responsable no implica la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste continuará su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó, una vez reparada la violación procesal mencionada. Sin que obste para concluir lo anterior el eventual retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Máxime que no se está en el supuesto de ejecución irreparable a que refieren las jurisprudencias que respectivamente han emitido la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo biinstancial, respecto de actos intraprocesales, concretamente en lo tocante a la admisión, desahogo o desechamiento de pruebas, cuyos rubros son: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA"; "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO"; y, "PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISIÓN DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES, QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA". En las anotadas condiciones se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en su interpretación inversa, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción V de la misma legislación, se sobresee en el presente juicio de amparo. En el entendido de que la anterior determinación no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales de la parte quejosa, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Por último, no se soslaya que la Agente del Ministerio Público Federal formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por las razones expuestas en la consideración cuarta de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, a través del cual remite las constancias en las que sustenta las manifestaciones vertidas en su informe justificado acordado el dieciocho de enero pasado. Prueba documental. En consecuencia, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofertando como prueba de su parte la documental de referencia, con la cual se ordena formar un tomo de prueba para mejor manejo del expediente, identificándose como TOMO I. Asimismo, de las aludidas constancias se advierte que le resulta el carácter de terceros interesados a ********************,********************y ********************, todos de apellidos ********************; sin embargo, sin que haya lugar a ordenar el emplazamiento de los mismos, toda vez que el diez de enero del año en curso se proveyó lo conducente al respecto. Se reciben alegatos. Por otra parte, incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, se le tiene formulando los alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Copias simples. Asimismo, solicita se le expidan copias simples de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, del que se advierte que el despacho 9/2023, orden 14/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se solicitó emplazar a juicio a la parte tercera interesada Neyla, Lilia y Jorge, todos de apellidos Villegas y/o Villegas López, fue sobrecartado al Juzgado Menor de ese Distrito Judicial. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Se requiere a autoridad despachada. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se libre, requiérase al Juzgado Menor del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, para que, una vez que dé cumplimiento a la encomienda planteada en la comunicación oficial de referencia, remita a la brevedad las constancias que acrediten su diligenciación en los términos solicitados por este órgano jurisdiccional, para estar en condiciones de continuar con la apropiada tramitación del juicio de amparo en que se actúa. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad requerida que, de no cumplir con lo solicitado, o bien, omitir informar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa por el monto de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, equivalente a ********************, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos, de la Ley de Amparo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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