Mayra Cristina Gómez Corral

Expediente 1127/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1127/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Mayra Cristina Gómez Corral

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio del Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual remite los autos del juicio de amparo indirecto 1127/2019-I-C y testimonio de la ejecutoria emitida en la queja 314/2019, en la que se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, por el que acusa recibo del recurso de queja e informa que se admitió con el número ****.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Intégrese el escrito signado por la quejosa, a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintinueve de agosto del año en curso, en el cual se desechó la demanda. Con fundamento en los artículos 97, fracción I y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito de expresión de agravios en original y copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. Háganse las anotaciones respectivas.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE POR MEDIO DE LISTA: " el escrito de demanda promovida por Mayra Cristina Gómez Corral, regístrese bajo el número 1127/2019-I-C. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA De inicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede al análisis de causales de improcedencia, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, del escrito de demanda se colige que la promovente de amparo, reclama de los dueños y directivos del Campus Universitario Siglo XXI e UNIPRE: La omisión de avisarle en tiempo y forma que no se abrirá la matrícula de la carrera de Derecho en la que se inscribió y con ello no darle oportunidad de inscribirse a otra institución, privándole la prerrogativa de progresividad a la educación superior. DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, por lo que hace a la autoridad responsable, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.).". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. . La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para determinar a quiénes se debe considerar como autoridades para efectos del juicio de amparo, el último de los preceptos invocados señala que se atribuye ese carácter a la autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, a la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El elemento que define en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad es su naturaleza, en tanto afecte la situación jurídica de un particular además de que sea realizado con motivo de relaciones de supra a subordinación, que son las que se dan entre gobernantes y gobernados, en donde los primeros desempeñan frente a los segundos, actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad (su existencia depende solo de la autoridad), imperatividad (se impone aun contra la voluntad del gobernado) y, coercitividad (no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública). De igual manera, existen las relaciones de coordinación, en las cuales, la autoridad responsable y el gobernado se encuentran en el mismo nivel y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para regularlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se norman por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Entonces, para determinar si las autoridades señaladas como responsables, son autoridad para efectos del juicio de amparo, deberán examinarse, en principio, el tipo de relación jurídica establecida a fin de determinar si éstos se ubican dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernada y los directivos de la institución universitaria actúen en un plano superior. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo se debe tener en cuenta lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Lo anterior, se desprende de la tesis 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso, el presente asunto fue señalada como autoridad responsable a los directivos y dueños de la Universidad Siglo XXI e UNIPRE, a quienes se les reclama la omisión de avisarle a la quejosa en tiempo y forma que no se abrirá la carrera de derecho en la que se inscribió y darle la oportunidad de acceder a otra institución para continuar con sus estudios superiores. Entonces, es claro que en este caso no pueden tenerse como autoridades responsables a las descritas en el párrafo que antecede para efectos del amparo -institución educativa-, ya que no ejercen un poder público basado en una relación de supra a subordinación, que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de la quejosa, sino que en realidad se trata de relación de coordinación, derivada de la normativa interna de la institución en relación al número mínimo de alumnos para aperturar una carrera y el momento oportuno de comunicarle a los alumnos inscritos que la carrera a la que se inscribieron no se aperturará. En efecto, el acto reclamado se origina a partir de un acuerdo de voluntades que las partes suscribieron expresa o tácitamente, a fin de que la institución le brindará a la quejosa los estudios superiores, apegándose para ello, al plan interno de la propia universidad, así como lo establecido por la Secretaría de Educación Pública. Si bien es cierto que la Ley de Amparo contempla la posibilidad de que se ataquen actos de particulares, ello sólo acontece cuando actúan en un ámbito del derecho público, es decir, ejerciendo facultades que las leyes les otorguen, como si fueran autoridades. En ese sentido, una institución educativa de índole privada, a pesar de que presta el servicio de educación, no puede por ese solo hecho atribuírsele el carácter de autoridad, porque en realidad, los particulares no asumen las características atribuidas a las escuelas públicas, ya que el artículo 3° constitucional contempla dos formas de prestar ese servicio, esto es, a través de instituciones públicas y privadas; sin embargo, en el segundo supuesto sólo se les otorga una autorización para ello. A fin de sustentar lo anterior, resulta necesario precisar que la impartición de la educación por particulares en cualquiera de sus niveles, debe contar con validez oficial, para lo que, es necesario que se obtenga una autorización, por parte de la Secretaría de Educación correspondiente, conforme al contenido de los artículos 3º, fracción VI, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. (.) VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: (.) b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley; (.) En esencia, del numeral transcrito se establece la posibilidad que los particulares impartan educación en cualquiera de sus niveles, siempre y cuando cuenten con la autorización expresa del Poder Público. En ese sentido, tenemos que el acto impugnado por la quejosa, se plantea respecto de una institución educativa de carácter privado, sin embargo, en el supuesto planteado no existe una relación de supra a subordinación, sino una relación en un plano de igualdad, en el cual la parte quejosa se obligó a aceptar las disposiciones internas de la institución al momento de su inscripción. De ahí derivan las funciones de las universidades particulares como la que aquí se reclama, porque a partir de esas normas prestan un servicio educativo con autorización del Estado y con reconocimiento de validez oficial de los estudios. Por ello no puede considerarse a la universidad privada como un particular que realiza actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que la conducta omisiva a ella reclamada, no tiene nacimiento en una ley general, sino en la decisión de sus directivos de no aperturar una carrera porque no se cumple con el número mínimo de alumnos. De esta manera, admitir la procedencia del amparo en el caso concreto, implicaría abordar un tema que solo compete resolver a la institución educativa de que se trata; y permitiría que los alumnos de cualquier institución educativa privada, pudieran combatir en amparo todas las decisiones de sus autoridades educativas, lo cual es jurídicamente inaceptable, porque, se insiste, la relación entre un alumno y la universidad, en este caso, no deriva de una norma general, sino de un acuerdo de voluntades que perfeccionó la parte quejosa. Es plenamente aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Nación, de la Décima Época, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, julio de 2018, Tomo I, página 647, de contenido siguiente: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.". Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, se procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Mayra Cristina Gómez Corral. DOMICILIO y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En relación a las personas que designa como autorizados; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles."

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