Mayra Arely Chavez Guerrero
Expediente 59/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 59/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/02/2023
Partes del expediente
- Mayra Arely Chavez Guerrero
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de febrero de dos mil veintitrés. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, por la que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese la razón actuarial de cuenta, a través de la cual la actuaria judicial adscrita a este juzgado manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el auto de prevención de dieciocho de enero del presente año, por los motivos que en ella expone. Sin que resulte necesario ordenar de nueva cuenta dicha notificación, en virtud de que la parte quejosa por escrito presentado el diecinueve de enero del año en curso, desahogó la prevención realizada; en virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese las subsecuentes determinaciones, por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional federal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, no pasa inadvertido que en auto de veintitrés de los cursantes se desechó la demanda de amparo; por lo que en atención a lo antes citado, se ordena notificar dicha determinación por dicho medio, es decir, las listas que se fijan en los estrados de este juzgado. Asimismo, se notifica el proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés del contenido siguiente: Toluca, Estado de México, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Desahogo de prevención Intégrese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual desahoga la prevención realizada el dieciocho de enero del año en curso. Consideraciones previas Del examen de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, revelan que la quejosa ******************** reclama del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: El auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente ********************, por el que la autoridad responsable declaró procedente la liquidación de pensión alimenticia provisional adeudada y ordena a ********************, el pago de la cantidad de ********************Desechamiento Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Así, se colige que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que, aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En ese entendido, se advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla y que está previsto en los artículos 107, fracción III, inciso a), penúltimo párrafo, de la constitución, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) (.) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la transcripción de las porciones normativas en cita, se advierte que el amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa para su impugnación, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El fundamento de este supuesto de improcedencia es el principio de definitividad del amparo, que establece que, antes de promoverlo, la parte agraviada debe agotar todos los medios de defensa ordinarios que la ley prevea contra el acto de autoridad y que produzcan su modificación, nulidad o revocación. La justificación de este principio radica en que el amparo es el único medio extraordinario de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, de ahí que se erija como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto de autoridad. De esta forma, la causa de improcedencia destacada se materializa cuando concurren los supuestos siguientes: Que en contra de la resolución judicial proceda algún medio de defensa o recurso, que lo modifique, revoque o anule. Que el acto reclamado no se ubique en alguna de las excepciones al principio de definitividad en el amparo indirecto (las que operan como un sistema; es decir, no son excluyentes una de otra, de tal suerte que si se actualiza alguna, entonces el amparo es procedente), que son: Cuando sean actos que importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Cuando sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando la persona afectada ostente la calidad de tercero extraño al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. En esta línea de pensamiento, se verifica la concurrencia de los supuestos que materializan la hipótesis de improcedencia en estudio. Procedencia de un medio ordinario de defensa. En el caso a estudio, se advierte que la promovente reclama el auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente ********************, por el que la autoridad responsable declaró procedente la liquidación de pensión alimenticia provisional adeudada y ordena a ********************, el pago de la cantidad de ********************En ese contexto, con relación al acto citado anteriormente, la parte quejosa tiene expedito su derecho para, en su caso, hacer valer los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación adjetiva civil, específicamente en el título noveno de dicho ordenamiento, del que se advierte : TITULO NOVENO Recursos CAPITULO I Disposiciones Generales "Recursos Artículo 1.360.- Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja." "Resoluciones materia de revocación Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Finalidad de la apelación Artículo 1.366.- La apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada, revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar motivarán su confirmación." "Materia de la queja Artículo 1.393.- El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: I. No admite una demanda; II. Deniega una apelación." De los artículos anteriormente citados, se advierten los medios de defensa que la aquí quejosa (revocación), en su carácter de parte demandada en el juicio de origen, puede hacer valer contra las actuaciones derivadas del procedimiento de origen; asimismo, en el supuesto de que existiera alguna violación procesal contra la que agote el recurso correspondiente, en su momento, pudiera hacerla valer al controvertir la sentencia definitiva que se dicte para resolver dicho juicio, en caso de no resultarle favorable. En ese contexto, dado que contra del acto reclamado acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente ******************** del índice de la responsable, por el que se declaró procedente la liquidación de pensión alimenticia provisional adeudada y ordena a ********************, el pago de la cantidad de ********************, la legislación civil como ya se dijo, prevé medios ordinarios de defensa, mismos que tendrían por efecto revocar, modificar o anular, dichas actuaciones, por lo que se estima que se materializa el supuesto descrito en este apartado. No actualización de algún supuesto de excepción. Además, no se está frente a ningún supuesto de excepción de los previamente enlistados en los incisos a), b) y c) del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por tanto, atento a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), penúltimo párrafo, de la constitución, en relación con el 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, en virtud de ser notoriamente improcedente. ***
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Desahogo de prevención Intégrese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual desahoga la prevención realizada el dieciocho de enero del año en curso. Consideraciones previas Del examen de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, revelan que la quejosa ******************** reclama del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: El auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente ********************, por el que la autoridad responsable declaró procedente la liquidación de pensión alimenticia provisional adeudada y ordena a ********************, el pago de la cantidad de ********************Desechamiento Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Así, se colige que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que, aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En ese entendido, se advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla y que está previsto en los artículos 107, fracción III, inciso a), penúltimo párrafo, de la constitución, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) (.) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la transcripción de las porciones normativas en cita, se advierte que el amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa para su impugnación, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El fundamento de este supuesto de improcedencia es el principio de definitividad del amparo, que establece que, antes de promoverlo, la parte agraviada debe agotar todos los medios de defensa ordinarios que la ley prevea contra el acto de autoridad y que produzcan su modificación, nulidad o revocación. La justificación de este principio radica en que el amparo es el único medio extraordinario de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, de ahí que se erija como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto de autoridad. De esta forma, la causa de improcedencia destacada se materializa cuando concurren los supuestos siguientes: Que en contra de la resolución judicial proceda algún medio de defensa o recurso, que lo modifique, revoque o anule. Que el acto reclamado no se ubique en alguna de las excepciones al principio de definitividad en el amparo indirecto (las que operan como un sistema; es decir, no son excluyentes una de otra, de tal suerte que si se actualiza alguna, entonces el amparo es procedente), que son: Cuando sean actos que importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Cuando sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando la persona afectada ostente la calidad de tercero extraño al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. En esta línea de pensamiento, se verifica la concurrencia de los supuestos que materializan la hipótesis de improcedencia en estudio. Procedencia de un medio ordinario de defensa. En el caso a estudio, se advierte que la promovente reclama el auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente ********************, por el que la autoridad responsable declaró procedente la liquidación de pensión alimenticia provisional adeudada y ordena a ********************, el pago de la cantidad de ********************En ese contexto, con relación al acto citado anteriormente, la parte quejosa tiene expedito su derecho para, en su caso, hacer valer los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación adjetiva civil, específicamente en el título noveno de dicho ordenamiento, del que se advierte : TITULO NOVENO Recursos CAPITULO I Disposiciones Generales "Recursos Artículo 1.360.- Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja." "Resoluciones materia de revocación Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Finalidad de la apelación Artículo 1.366.- La apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada, revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar motivarán su confirmación." "Materia de la queja Artículo 1.393.- El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: I. No admite una demanda; II. Deniega una apelación." De los artículos anteriormente citados, se advierten los medios de defensa que la aquí quejosa (revocación), en su carácter de parte demandada en el juicio de origen, puede hacer valer contra las actuaciones derivadas del procedimiento de origen; asimismo, en el supuesto de que existiera alguna violación procesal contra la que agote el recurso correspondiente, en su momento, pudiera hacerla valer al controvertir la sentencia definitiva que se dicte para resolver dicho juicio, en caso de no resultarle favorable. En ese contexto, dado que contra del acto reclamado acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente ******************** del índice de la responsable, por el que se declaró procedente la liquidación de pensión alimenticia provisional adeudada y ordena a ********************, el pago de la cantidad de ********************, la legislación civil como ya se dijo, prevé medios ordinarios de defensa, mismos que tendrían por efecto revocar, modificar o anular, dichas actuaciones, por lo que se estima que se materializa el supuesto descrito en este apartado. No actualización de algún supuesto de excepción. Además, no se está frente a ningún supuesto de excepción de los previamente enlistados en los incisos a), b) y c) del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por tanto, atento a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), penúltimo párrafo, de la constitución, en relación con el 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, en virtud de ser notoriamente improcedente. ***
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Registro Vista la demanda promovida por Mayra Arely**, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena se registre con el número de expediente 59/2023-IV-A. Consideraciones previas Del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Juez y Ejecutor, ambos adscritos al Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, el acto consistente en la resolución y/o determinación contenida en el auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, en la que se acordó la promoción 15037/2022, respecto de la procedencia del incidente de liquidación de pensiones alimentarias provisionales. De lo anterior se obtiene que la quejosa es omisa en señalar si el acto reclamado consiste en un acuerdo o bien, si se trata de una resolución interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación interpuesto; máxime que únicamente lo hace valer de forma genérica en forma de "determinación", ya que no lo transcribe, ni lo exhibe junto a su demanda de amparo; de igual forma no refiere la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto que impugna; también, informa por una parte, que dicho incidente previamente se inadmitió; empero, posteriomente refiere que la responsable declaró procedente el incidente de liquidación de pensión alimenticia, por lo que genera incirtidumbre. Prevención Entonces, en vista de que existen irregularidades en la demanda de amparo que deben subsanarse, con fundamento en los artículos 108, fracción V, y 114, fracción II, de la ley, requiérase a la promovente para que, dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las autoridades responsables, tercera interesada, incidente de suspensión y agente del Misterio Público Federal de la adscripción, bajo protesta de decir verdad y con el apercibimiento de las sanciones a que pueden hacerse acreedores a aquellos que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo conforme a lo que señala el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo: Refiera si el acto reclamado se trata de un acuerdo y/o proveído o bien, si se trata de una resolución interlocutoria en razón de que en primer lugar indica que se duele del acto de siete de diciembre de dos mil veintidós, por el que se acordó la promoción 15037, respecto de la procedencia del incidente de liquidación de pensiones alimenticias posteriormente, señala que se había inadmitido y en diverso párrafo aduce que se admitió y declaró procedente la liquidación; asimismo, deberá de exhibirlo o realizar una transcripción del acto reclamado. Hecho lo anterior, abunde en los antecedentes del acto que se reclama De igual forma, refiera la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto que impugna. En el entendido que la aclaración la tendrá que hacer de manera directa, por escrito, en razón de que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración se realice con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de ella, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) de la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Se apercibe a la promovente que, en caso de incumplir con lo requerido o que lo hagan de manera extemporánea, de conformidad con el artículo 114 de la Ley, se tendrá por no presentada la demanda. Domicilio, acceso y notificaciones electrónicas Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones. En caso de no contar con un usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera extraordinaria y conforme a lo establecido el artículo 257, fracción I del referido Acuerdo General, en el mismo término, deberá proporcionar un número telefónico, a fin de establecer comunicación no procesal y, por excepción, procesal, para realizar las notificaciones a las que les recaiga el carácter personal por este medio, apercibida que de ser omisa al respecto, sin ulterior acuerdo, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Instrucciones para la creación de usuario electrónico A fin de realizar lo anterior, deberá crear su usuario electrónico y tramitarse la firma electrónica vigente (FIREL), así como, solicitarse la autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal, debiendo indicar el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. **
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