Mayra Cortes Espinoza
Expediente 1656/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1656/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Mayra Cortes Espinoza y Otros.
- Mayra Cortes Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio de cuenta signado por el Subdirector de Amparo en ausencia del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante diverso ****, de veintidós de noviembre del año en curso, remite copia certificada del oficio **** de data veintidós de noviembre de este año, signado por el Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Indígena de la Unidad de Investigación y Judicialización 01 Nueva Palestina, con sede en ese lugar, por el que en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante diverso ****, hace del conocimiento, de las diligencias realizadas, para efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado, en relación a la localización de los directos agraviados y entrega de los oficios a las autoridades responsables. Al efecto, se acuerda. Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. Atento a su contenido, se ordena girar nuevamente oficio al Fiscal General del estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, se tiene a las autoridades oficiantes informando las gestiones tendientes a dar cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de tres y diez de noviembre del año en curso, respectivamente, para lo cual se toma conocimiento de lo informado. Sin embargo, hágase del conocimiento del Fiscal General del estado de Chiapas, para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación del presente proveído, deberá seguir informando las diligencias subsecuentes tendientes a dar cumplimiento al requerimiento de tres del mes en curso, relativas a la localización de los directos agraviados. Lo anterior en virtud de que estamos ante un posible caso de desaparición forzada; en ese sentido, como autoridad encargada de la investigación de los delitos, se encuentra obligada a realizar todas y cada una de las diligencias que sean necesarias para lograr la localización de los directos agraviados. Máxime que, como órgano de investigación cuenta con la fuerza institucional disponible y con toda la coordinación institucional, de inteligencia y logística para esta encomienda. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA BÚSQUEDA INMEDIATA, ACUCIOSA Y DILIGENTE DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE A CARGO DEL ESTADO QUE DEBE EMPRENDERSE SIN OBSTÁCULOS INJUSTIFICADOS Y CON TODA LA FUERZA INSTITUCIONAL DISPONIBLE, COMO CONSECUENCIA DEL DERECHO DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS A SER BUSCADAS. Hechos: En la ciudad de Veracruz se realizaron operativos en los que desapareció un grupo de personas, entre ellas, un adolescente de 16 años quien se encontraba en su lugar de trabajo cuando llegó un grupo de policías y civiles, informaron a su empleador de su detención y se lo llevaron en una camioneta. Desde ese momento se desconoce su paradero. Cuando su madre supo de esos hechos, acudió a diversas unidades para obtener información sobre su hijo. Por la falta de noticias, denunció, ante el Ministerio Público, su desaparición. Se inició la averiguación previa por el delito de privación de la libertad física, que se acumuló al resto de las averiguaciones iniciadas por hechos similares. Los familiares de las personas desaparecidas, por la falta de resultados en la indagatoria a cargo del Ministerio Público, presentaron una comunicación al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para solicitar medidas cautelares y acciones urgentes. Este órgano, conforme al artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, emitió acciones urgentes en las que requirió al Estado Mexicano realizar una serie de actuaciones tendientes a lograr la localización de las personas desaparecidas. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la desaparición forzada de personas es una violación grave de derechos humanos, cuyo parámetro de regularidad constitucional contiene no sólo la obligación de castigar a los responsables y asignarles las consecuencias jurídicas proporcionales con la magnitud de su violación, sino también la impostergable obligación de búsqueda de las personas desaparecidas con toda la fuerza institucional disponible y con toda la coordinación institucional necesaria para lograr su localización con vida. Justificación: Dado el carácter de violación grave de derechos humanos de la desaparición forzada, es importante empeñarse en identificar a los agentes perpetradores y castigarles proporcionalmente, en la medida de su responsabilidad; pero es más importante aún utilizar todos los esfuerzos institucionales disponibles para el hallazgo con vida de la persona reportada como desaparecida, lo cual configura la obligación general de garantía y los deberes específicos de prevenir y reparar las violaciones de derechos humanos. Se ha señalado que la desaparición forzada tiene una naturaleza compleja y pluriofensiva a partir del impacto indiscutible que tiene en multiplicidad de derechos, como el derecho a la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida. Es innegable, entonces, que la desaparición no sólo interrumpe y afecta la plena realización de un proyecto de vida de las víctimas directas e indirectas, sino que coloca la vida e integridad de la persona desaparecida en riesgo permanente, pues no existe para ella ninguna protección jurídica. De ahí que la búsqueda inmediata, acuciosa y diligente de la persona desaparecida constituya uno de los deberes específicos contenidos en el artículo 1o. constitucional: investigar exhaustivamente las violaciones de derechos humanos. Estos deberes comprometen al Estado a una búsqueda diligente, exhaustiva y continua, a una investigación imparcial y efectiva sobre la suerte o paradero de la persona desaparecida, así como sobre la identidad de quienes perpetraron la violación y garantizar que éstos enfrenten las consecuencias jurídicas que corresponden a sus hechos delictivos; sobre todo ante el mínimo indicio de la participación de agentes estatales o grupos que actúan con su aquiescencia. En el entendido que de no hacerlo o manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio de cuenta signado por el Subdirector de Amparo en ausencia del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante diverso 28175/2023, de seis de noviembre del año en curso, hace del conocimiento que giró oficio al Fiscal de Justicia Indígena, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado, en relación a la localización de los directos agraviados y entrega de los oficios a las autoridades responsables, por lo que, para corroborar su dicho, remite el acuse del diverso respectivo. Al efecto, se acuerda. Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta y este Juzgado toma nota de las gestiones realizadas para lograr la localización de los directos agraviados. Se reserva proveer respecto al requerimiento a la autoridad responsable oficiante, toda vez que la fecha del último requerimiento es muy próxima a la de esta data. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio de cuenta signado por el Subdirector de Amparo en ausencia del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento a los requerimientos efectuados mediante diversos 27478/2023 y 27779/2023, de nueve y trece de noviembre del año en curso, respectivamente, remite copia certificada del oficio 22590/1896/2023 de data once de noviembre de este año, signado por el Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Indígena de la Unidad de Investigación y Judicialización 01 Nueva Palestina, con sede en ese lugar, por el que en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante diverso 27248/2023, de diez de noviembre del año en curso, hace del conocimiento, de las diligencias realizadas, para efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado, en relación a la localización de los directos agraviados y entrega de los oficios a las autoridades responsables. Al efecto, se acuerda. Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. Atento a su contenido, se ordena girar nuevamente oficio al Fiscal General del estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, se tiene a las autoridades oficiantes informando las gestiones tendientes a dar cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de tres y diez de noviembre del año en curso, respectivamente, para lo cual se toma conocimiento de lo informado. Sin embargo, hágase del conocimiento del Fiscal General del estado de Chiapas, para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación del presente proveído, deberá seguir informando las diligencias subsecuentes tendientes a dar cumplimiento al requerimiento de tres del mes en curso, relativas a la localización de los directos agraviados. Lo anterior en virtud de que estamos ante un posible caso de desaparición forzada; en ese sentido, como autoridad encargada de la investigación de los delitos, se encuentra obligada a realizar todas y cada una de las diligencias que sean necesarias para lograr la localización de los directos agraviados. Máxime que, como órgano de investigación cuenta con la fuerza institucional disponible y con toda la coordinación institucional, de inteligencia y logística para esta encomienda. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA BÚSQUEDA INMEDIATA, ACUCIOSA Y DILIGENTE DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE A CARGO DEL ESTADO QUE DEBE EMPRENDERSE SIN OBSTÁCULOS INJUSTIFICADOS Y CON TODA LA FUERZA INSTITUCIONAL DISPONIBLE, COMO CONSECUENCIA DEL DERECHO DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS A SER BUSCADAS. Hechos: En la ciudad de Veracruz se realizaron operativos en los que desapareció un grupo de personas, entre ellas, un adolescente de 16 años quien se encontraba en su lugar de trabajo cuando llegó un grupo de policías y civiles, informaron a su empleador de su detención y se lo llevaron en una camioneta. Desde ese momento se desconoce su paradero. Cuando su madre supo de esos hechos, acudió a diversas unidades para obtener información sobre su hijo. Por la falta de noticias, denunció, ante el Ministerio Público, su desaparición. Se inició la averiguación previa por el delito de privación de la libertad física, que se acumuló al resto de las averiguaciones iniciadas por hechos similares. Los familiares de las personas desaparecidas, por la falta de resultados en la indagatoria a cargo del Ministerio Público, presentaron una comunicación al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para solicitar medidas cautelares y acciones urgentes. Este órgano, conforme al artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, emitió acciones urgentes en las que requirió al Estado Mexicano realizar una serie de actuaciones tendientes a lograr la localización de las personas desaparecidas. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la desaparición forzada de personas es una violación grave de derechos humanos, cuyo parámetro de regularidad constitucional contiene no sólo la obligación de castigar a los responsables y asignarles las consecuencias jurídicas proporcionales con la magnitud de su violación, sino también la impostergable obligación de búsqueda de las personas desaparecidas con toda la fuerza institucional disponible y con toda la coordinación institucional necesaria para lograr su localización con vida. Justificación: Dado el carácter de violación grave de derechos humanos de la desaparición forzada, es importante empeñarse en identificar a los agentes perpetradores y castigarles proporcionalmente, en la medida de su responsabilidad; pero es más importante aún utilizar todos los esfuerzos institucionales disponibles para el hallazgo con vida de la persona reportada como desaparecida, lo cual configura la obligación general de garantía y los deberes específicos de prevenir y reparar las violaciones de derechos humanos. Se ha señalado que la desaparición forzada tiene una naturaleza compleja y pluriofensiva a partir del impacto indiscutible que tiene en multiplicidad de derechos, como el derecho a la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida. Es innegable, entonces, que la desaparición no sólo interrumpe y afecta la plena realización de un proyecto de vida de las víctimas directas e indirectas, sino que coloca la vida e integridad de la persona desaparecida en riesgo permanente, pues no existe para ella ninguna protección jurídica. De ahí que la búsqueda inmediata, acuciosa y diligente de la persona desaparecida constituya uno de los deberes específicos contenidos en el artículo 1o. constitucional: investigar exhaustivamente las violaciones de derechos humanos. Estos deberes comprometen al Estado a una búsqueda diligente, exhaustiva y continua, a una investigación imparcial y efectiva sobre la suerte o paradero de la persona desaparecida, así como sobre la identidad de quienes perpetraron la violación y garantizar que éstos enfrenten las consecuencias jurídicas que corresponden a sus hechos delictivos; sobre todo ante el mínimo indicio de la participación de agentes estatales o grupos que actúan con su aquiescencia. En el entendido que de no hacerlo o manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos los escritos signado por el promovente del amparo *****, en favor de ****, por el que en cumplimiento al auto de nueve de noviembre de la anualidad en curso, hace diversas manifestaciones entre las que destacan: Que la quejosa *****, ya fueron liberadas, no así, el impetrante de amparo ****. Que existen negociaciones entre los tres poderes del estado a fin de acabar de alguna manera con el conflicto existente entre las comunidades de Frontera **** del municipio de Ocosingo, Chiapas, sin embargo, no dan espacio las autoridades de Frontera Corozal y han aprovechado un vacío de poder de implementar el estado de derecho y garantizar la protección de los derechos humanos; asimismo aduce que los quejosos fueron forzados o conminados a falsear la información a este Jugado, por lo que solicita, se ordene que sean presentados ante este juzgado para la ratificación del escrito de demanda, que incluso se haría cargo de los gastos que eroguen para su presentación. Al efecto, se acuerda. Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos los escritos de cuenta, y téngase dando cumplimiento al auto de nueve de noviembre de la anualidad en curso. Respecto a sus manifestaciones, en el sentido de que el directo agraviado *****, continúa privado de su libertad, se ordena girar nuevamente oficio al Fiscal General del estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación del presente proveído, deberá seguir informando las diligencias subsecuentes tendientes a dar cumplimiento al requerimiento de tres del mes en curso, relativas a la localización de los directos agraviados. Lo anterior en virtud de que estamos ante un posible caso de desaparición forzada; en ese sentido, como autoridad encargada de la investigación de los delitos, se encuentra obligada a realizar todas y cada una de las diligencias que sean necesarias para lograr la localización de los directos agraviados. Máxime que, como órgano de investigación cuenta con la fuerza institucional disponible y con toda la coordinación institucional, de inteligencia y logística para esta encomienda. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: ****** En el entendido que de no hacerlo o manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, dígase al promovente que este juzgado no tiene inconveniente en caso de que por sus propios medios pueda hacer comparecer a los directos agraviados para efectos de la ratificación del escrito de demanda de amparo, toda vez que la finalidad que se busca en estos casos es precisamente lograr su localización por los medios que sean necesarios.
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