Mayra Belen Freire Aldaz

Expediente 254/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
254/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Mayra Belen Freire Aldaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en representación del menor de iniciales E.D.P.F. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Capítulo 7, punto 7.4 (Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano), del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente cuaderno de antecedentes, es susceptible de depuración, en virtud de que no obstante se desechó la demanda de amparo, se ubica en el supuesto previsto en el citado Manual, pues se trata de un asunto en el que se concedió la suspensión de plano. ??????????????? C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 7.6 del referido manual, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la depuración del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos, ni tomos exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 254/2023 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vistos; I. El oficio firmado por la Administradora del Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes en el Berriozábal, Chiapas, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de nueve de marzo de este año, informa que los quejosos ***y esta última en representación del menor de iniciales E.D.P.F., ya no se encuentran alojadas en ese centro asistencial; remitiendo para tal efecto diversas constancias. II. La certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerda: En atención a lo expuesto en el punto I, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y anexo. Téngase a la citada Administradora del Centro de Asistencia Social, dando cumplimiento a lo ordenado por el este órgano jurisdiccional en acuerdo de nueve de marzo de este año. Ahora respecto al punto II, previo acordar lo conducente respecto a lo indicado en párrafos precedentes, se estima pertinente destacar que este órgano jurisdiccional en auto de dieciséis de febrero del año actual, concedió la suspensión de plano a la quejosa Mayra Belén Freire Aldaz y esta última en representación del menor de iniciales E.D.P.F., respecto a los actos reclamados consistentes en: 1. La privación de la libertad y/o detención y/o aseguramiento y/o alojamiento y/o retención de los quejosos por más de treinta y seis horas, en la Estación Migratoria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; actualmente alojados en el albergue para mujeres y niños perteneciente al Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, residente en Berriozábal, Chiapas. 2 La deportación y/o retorno asistido. 3 La incomunicación y falta de asistencia consular. 4 Maltrato, amenazas, hacinamiento y tortura psicológica. 5 Falta de atención médica y suministro de medicamentos. Atribuidos a las autoridades responsables siguientes: 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, residente en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. 2. El Titular de la Oficina de Sub Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado. 3. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado. 4. Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. 5. Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF). Todos con residencia en esta ciudad. 6. Centro Asistencial para Niños, Niñas, Adolescentes y Familias Migrantes perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral la Familia del Estado de Chiapas, con residencia en Berriozábal, Chiapas. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional requirió a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas rindieran el informe de la suspensión de plano; los que en la especie obran agregados a los presentes autos. Ahora bien, tomando en consideración la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa a efecto de que manifestara si señalaba como acto reclamado: "Indique si desea manifestar como acto reclamado la falta de asistencia institucional para acceder a los mecanismos de solicitud del reconocimiento de la calidad de refugiados", sin que en la especie hubiera realizado manifestación alguna en ese sentido. En atención a ello, lo procedente sería admitir la demanda de derechos fundamentales promovida respecto los actos precisados en el preámbulo del presente acuerdo; sin embargo, tomando en consideración lo informado por las responsables al rendir su informe plano, en el caso, se estima que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto; por lo que, a ningún fin practico traería requerir los informe justificados a las responsables, en virtud de que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente. En la especie, de las constancias remitidas por la responsable en el oficio de cuenta, se advierte que por oficio INM/ORCHIS/SFZC/TGZ/OA/1155/2023, la Sub-Directora de Área del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, solicitó a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia DIF Chiapas, el egreso definitivo de la parte quejosa del centro asistencia donde se encontraban alojadas. Asimismo, del estado de autos se advierte que mediante oficio SDIF/DG/0238/2023, la Directora General para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, informó que mediante comunicado SDIF/DG/PPNNAF-DRCAS/868/2023 y SDIF/DG/PPNNAF-DRCAS/867/2023 signados por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema para el Desarrollo de los Niños, se solicitó a la Administradora del Centro de Asistencial para Niñas, Niños, Adolescentes y las Familias Migrantes Berriozábal, el egreso de los citados quejosos, de dicho centro asistencial (fojas 72 y 73). Posteriormente, el Representante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, informó a este juzgado que mediante oficio ORCHIS/SFZC/TGZ/OA/1166/2023, emitido en el expediente E.A./I.S.9/ORCHIS/SRZC/TGZ/MMA/PAM/OA/0400/2023, de diecisiete de febrero del año actual, se determinó otorgarle a los referidos quejosos oficio de salida del Centro Asistencial para Niños, Niñas, Adolescentes y Familias Migrantes perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, con residencia en Berriozábal, Chiapas, de conformidad en el artículo 52, fracción V, inciso b) 74 y 111, fracción V, de la Ley de Migración, sujetándose al control de firma en el libro de extranjeros que lleva esa representación local; por lo que se ordenó su salida de ese centro en esa misma data; oficio que fue firmado de conformidad por la propia quejosa Mayra Belén Freire Aldaz; y lo que se corrobora con la manifestación realizada por la responsable en el oficio de cuenta, en el que indicó que los quejosos ya no se encuentran alojados en dicho centro asistencial. Aunado a lo anterior, las autoridades responsables fueron coincidentes en manifestar que durante el tiempo en que estuvieron albergados en éste, se les respetaron sus derechos humanos y jurídicos. Por tanto, los actos reclamados deben considerarse como consumados de modo irreparable, pues, tal y como las referidas responsables lo manifestaron, los quejosos YA SE ENCUENTRAN LIBRES. Por lo que, en el supuesto de que se concediera el amparo no habría posibilidad material de que se repararan los efectos de los actos reclamados, ni de retrotraer las cosas y el tiempo antes de la posible violación a las prerrogativas para resarcir a los impetrantes en el goce de las mismas, al ser físicamente imposible. En atención a lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que estipulan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)" "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]" Conforme al primero de los numerales transcritos es improcedente el juicio de amparo contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir al quejoso, en el goce del derecho humano violado, aun cuando se concediera la protección constitucional (irreparables físicamente), al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. Cabe destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio de control constitucional, en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Cabe decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, sin ser posible restituir a la parte quejosa, en el goce del derecho fundamental que pudiere haber sido violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO RREPARABLE. OBJETO DE AMPARO. No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada." Por todo lo expuesto y toda vez que se otorgó salida a los quejosos del centro asistencial en el que se encontraban alojados, y por las consideraciones expresadas en el presente acuerdo, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo; por tanto, debe DESECHARSE la presente demanda en términos de lo establecido en el artículo 113 de la ley en cita. Hágase las anotaciones correspondientes en libro electrónico que se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, comuníquese la presente determinación a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vistos; I. El oficio firmado por la Administradora del Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes en el Berriozábal, Chiapas, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de nueve de marzo de este año, informa que los quejosos ***y esta última en representación del menor de iniciales E.D.P.F., ya no se encuentran alojadas en ese centro asistencial; remitiendo para tal efecto diversas constancias. II. La certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerda: En atención a lo expuesto en el punto I, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y anexo. Téngase a la citada Administradora del Centro de Asistencia Social, dando cumplimiento a lo ordenado por el este órgano jurisdiccional en acuerdo de nueve de marzo de este año. Ahora respecto al punto II, previo acordar lo conducente respecto a lo indicado en párrafos precedentes, se estima pertinente destacar que este órgano jurisdiccional en auto de dieciséis de febrero del año actual, concedió la suspensión de plano a la quejosa Mayra Belén Freire Aldaz y esta última en representación del menor de iniciales E.D.P.F., respecto a los actos reclamados consistentes en: 1. La privación de la libertad y/o detención y/o aseguramiento y/o alojamiento y/o retención de los quejosos por más de treinta y seis horas, en la Estación Migratoria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; actualmente alojados en el albergue para mujeres y niños perteneciente al Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, residente en Berriozábal, Chiapas. 2 La deportación y/o retorno asistido. 3 La incomunicación y falta de asistencia consular. 4 Maltrato, amenazas, hacinamiento y tortura psicológica. 5 Falta de atención médica y suministro de medicamentos. Atribuidos a las autoridades responsables siguientes: 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, residente en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. 2. El Titular de la Oficina de Sub Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado. 3. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado. 4. Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. 5. Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF). Todos con residencia en esta ciudad. 6. Centro Asistencial para Niños, Niñas, Adolescentes y Familias Migrantes perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral la Familia del Estado de Chiapas, con residencia en Berriozábal, Chiapas. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional requirió a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas rindieran el informe de la suspensión de plano; los que en la especie obran agregados a los presentes autos. Ahora bien, tomando en consideración la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa a efecto de que manifestara si señalaba como acto reclamado: "Indique si desea manifestar como acto reclamado la falta de asistencia institucional para acceder a los mecanismos de solicitud del reconocimiento de la calidad de refugiados", sin que en la especie hubiera realizado manifestación alguna en ese sentido. En atención a ello, lo procedente sería admitir la demanda de derechos fundamentales promovida respecto los actos precisados en el preámbulo del presente acuerdo; sin embargo, tomando en consideración lo informado por las responsables al rendir su informe plano, en el caso, se estima que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto; por lo que, a ningún fin practico traería requerir los informe justificados a las responsables, en virtud de que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente. En la especie, de las constancias remitidas por la responsable en el oficio de cuenta, se advierte que por oficio INM/ORCHIS/SFZC/TGZ/OA/1155/2023, la Sub-Directora de Área del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, solicitó a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia DIF Chiapas, el egreso definitivo de la parte quejosa del centro asistencia donde se encontraban alojadas. Asimismo, del estado de autos se advierte que mediante oficio SDIF/DG/0238/2023, la Directora General para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, informó que mediante comunicado SDIF/DG/PPNNAF-DRCAS/868/2023 y SDIF/DG/PPNNAF-DRCAS/867/2023 signados por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema para el Desarrollo de los Niños, se solicitó a la Administradora del Centro de Asistencial para Niñas, Niños, Adolescentes y las Familias Migrantes Berriozábal, el egreso de los citados quejosos, de dicho centro asistencial (fojas 72 y 73). Posteriormente, el Representante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, informó a este juzgado que mediante oficio ORCHIS/SFZC/TGZ/OA/1166/2023, emitido en el expediente E.A./I.S.9/ORCHIS/SRZC/TGZ/MMA/PAM/OA/0400/2023, de diecisiete de febrero del año actual, se determinó otorgarle a los referidos quejosos oficio de salida del Centro Asistencial para Niños, Niñas, Adolescentes y Familias Migrantes perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, con residencia en Berriozábal, Chiapas, de conformidad en el artículo 52, fracción V, inciso b) 74 y 111, fracción V, de la Ley de Migración, sujetándose al control de firma en el libro de extranjeros que lleva esa representación local; por lo que se ordenó su salida de ese centro en esa misma data; oficio que fue firmado de conformidad por la propia quejosa Mayra Belén Freire Aldaz; y lo que se corrobora con la manifestación realizada por la responsable en el oficio de cuenta, en el que indicó que los quejosos ya no se encuentran alojados en dicho centro asistencial. Aunado a lo anterior, las autoridades responsables fueron coincidentes en manifestar que durante el tiempo en que estuvieron albergados en éste, se les respetaron sus derechos humanos y jurídicos. Por tanto, los actos reclamados deben considerarse como consumados de modo irreparable, pues, tal y como las referidas responsables lo manifestaron, los quejosos YA SE ENCUENTRAN LIBRES. Por lo que, en el supuesto de que se concediera el amparo no habría posibilidad material de que se repararan los efectos de los actos reclamados, ni de retrotraer las cosas y el tiempo antes de la posible violación a las prerrogativas para resarcir a los impetrantes en el goce de las mismas, al ser físicamente imposible. En atención a lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que estipulan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)" "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]" Conforme al primero de los numerales transcritos es improcedente el juicio de amparo contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir al quejoso, en el goce del derecho humano violado, aun cuando se concediera la protección constitucional (irreparables físicamente), al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. Cabe destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio de control constitucional, en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Cabe decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, sin ser posible restituir a la parte quejosa, en el goce del derecho fundamental que pudiere haber sido violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO RREPARABLE. OBJETO DE AMPARO. No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada." Por todo lo expuesto y toda vez que se otorgó salida a los quejosos del centro asistencial en el que se encontraban alojados, y por las consideraciones expresadas en el presente acuerdo, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo; por tanto, debe DESECHARSE la presente demanda en términos de lo establecido en el artículo 113 de la ley en cita. Hágase las anotaciones correspondientes en libro electrónico que se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, comuníquese la presente determinación a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vistos; I. El oficio de cuenta signado por el Encargado de la Subrepresentación Federal Zona Centro, del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual refiere dar cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de seis de marzo de este año; para lo cual, adjunta las constancias relativas al egreso de los quejosos del centro asistencial donde se encontraban alojados. II. Del estado de autos se advierte que mediante oficio SDIF/DG/0238/2023, de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, informó que a través de oficio SDIF/DG/PPNNAF-DRCAS/0741/2023, los citados quejosos fueron canalizados al Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes, "Berriozábal I", con residencia en Berriozábal, Chiapas. Al efecto, se acuerda; Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. Tocante al punto I, concatenado con el punto II, ténganse a la autoridad oficiante dando cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de seis de marzo de este año; por tanto, este órgano jurisdiccional queda a la espera de las constancias que al efecto remita el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes, "Berriozábal I", con residencia en Berriozábal, Chiapas, requeridas en auto de nueve de marzo del año actual, para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 119 y 123 de la ley de la materia, se admite la documental que en copia certificada adjunta la autoridad responsable, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, la cual se agrega al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizada en el expediente electrónico y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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