Mayra Alejandra Camacho Mascorro
Expediente 1386/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1386/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Mayra Alejandra Camacho Mascorro
- Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de Hermosillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Resuelve: 14. Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mayra Alejandra Camacho Mascorro, respecto del reclamo y autoridades precisados en el considerando II, por las razones, fundamentos y motivos, expuestos en el diverso apartado III del presente fallo.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de cinco de octubre del año en curso, derivada de la materia de la revisión civil***, el órgano colegiado, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto ***. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto ***, promovido por ****, contra el acto reclamado al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca civil ****, y su ejecución atribuida al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora." Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en la revisión civil ***, del control del órgano oficiante, así como los autos originales del juicio de amparo **** del propio índice y cinco legajos de prueba. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión y, háganse las anotaciones correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte quejosa a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de legajos de pruebas. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar los legajos de pruebas recibidos mediante proveído de doce de enero de la presente anualidad, identificados como tomos I al V, los cuales fueron formados con las constancias remitidas por la autoridad responsable juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y presidente Accidental del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en el que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; por oficio -remitido vía interconexión- al órgano colegiado, así como a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de octubre de dos mil veintitrés. Se de vista con estado de los autos. Del estado de los autos, se advierte que la autoridad responsable Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Mercantil de Hermosillo, no ha rendido su informe justificado, solicitado mediante proveído de ocho de septiembre del año en curso, no obstante de estar debidamente notificado y respecto de lo cual transcurrió el plazo otorgado para tal efecto. Por tanto, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en consideración de que se hace necesario contar con las constancias relativas a los actos reclamados, requiérase de nueva cuenta a la referida autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este órgano de control constitucional copia certificada de las actuaciones que tienen que ver con el reclamo constitucional. Apercibimiento. Apercibida que de incumplir, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento constitucional. Para dar tiempo a lo anterior, la audiencia señalada para el día de hoy, se difiere y se fijan las once horas con seis minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Audiencia y resolución incidental En Hermosillo, Sonora, a las diez horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, celebran la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El secretario hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en los presentes autos y da cuenta con copia del escrito inicial de demanda. Asimismo, el secretario da cuenta con el oficio registrado bajo número de promoción 14737. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Informe previo. Por otro lado, conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe previo rendido por el juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, provéase lo conducente en la parte relativa de esta audiencia. Abierto el período de pruebas. El secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecer medios de prueba de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. El secretario certifica que ninguna de las partes los expresó. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para formular los alegatos que refiere el artículo 144 de la ley de la materia. Cerrado el período de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1386/2023; y, R e s u l t a n d o s : I. Antecedentes A petición de Mayra Alejandra Camacho Mascorro, por acuerdo de ocho de septiembre del año en curso, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión; se solicitó a las responsables informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual dio inicio a las diez horas de hoy, y culmina con la resolución interlocutoria que se emite al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o s : II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. III. Precisión de los actos reclamados En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, substancialmente se precisa que la parte quejosa señaló en esencia como acto reclamado la orden de despojo y desalojo de la vivienda ubicada en Venice, número 4, entre Lucrecia Ruíz de Ayón, colonia Los Ángeles, con residencia en esta ciudad. IV. Negativa de los actos reclamados No es cierto el acto reclamado a los jueces Primero y Tercero de Primera Instancia de lo Civil, jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, de Primera Instancia de lo Mercantil de Hermosillo, así como a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, a la Policía Estatal de Seguridad Pública (quien rindió por conducto del comisario general de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública), Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública SSP, y el comisario general de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, todos de esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus informes previos. Lo anterior, sin que la quejosa aportara pruebas que desvirtuarán dichas negativas; por tanto lo prudente es negar la suspensión definitiva. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Asimismo, se invoca la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa naturaleza." Conforme a lo anterior, se niega la suspensión definitiva. V. Certeza de los actos reclamados Por otra parte, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de Hermosillo y el Juzgado Primero Oral de lo Mercantil de Hermosillo, Sonora, omitieron rendir su informe previo, no obstante de quedaron debidamente notificados del respectivo oficio por el que se les solicitó dicho informe; por ende, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se les presume ciertos los actos que se les atribuye, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva en este incidente. VI. Estudio de la medida cautelar definitiva En principio, es necesario traer a colación el precepto constitucional en el que se establece la figura de la suspensión de los actos reclamados en materia de amparo. Lo anterior se sustenta en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, que dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes. [.]" En la citada porción normativa se establece que para concederse la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesiona el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver el juez de Distrito a sensibilidad, ante la realidad del acto reclamado. En segundo término, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos para la procedencia de la medida suspensional: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció ciertos requisitos para la procedencia de ésta figura en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA." Señaló que el análisis de la concesión de la medida cautelar, debe realizarse conforme al orden lógico siguiente: Expresamente la solicite el quejoso; Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y, Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Ahora, en el caso, se obtiene que el primer requisito se satisface, en tanto que la quejosa solicita expresamente la suspensión del acto reclamado para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, aspecto que colma el primero de los requisitos. En cuanto al segundo de los requisitos, también se encuentra satisfecho, pues si bien, por la naturaleza de la suspensión provisional, las responsables Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de Hermosillo y el Juzgado Primero oral Mercantil de Hermosillo aún no se pronuncia respecto de la existencia o no de los actos reclamados, lo cierto es que para determinar respecto de la certeza, debe atenderse a las propias manifestaciones de la parte quejosa, realizadas bajo protesta de decir verdad, ya que son los únicos elementos con los que cuenta el juez para resolver sobre la solicitud de concesión. Ahora, respecto del inciso c), se destaca que parcialmente también se cumple, pues se trata de la orden de desalojo del inmueble en el que quejosa refiere habita, lo que se traduce en un acto positivo por parte de las referidas autoridades, respecto del cual la quejosa pudiera ser lanzada del inmueble que defiende. Sin que se actualice totalmente tal supuesto, dado lo que se explicará más adelante. Respecto de las últimas dos exigencias, se tiene que en el caso, no se contravienen disposiciones de orden público ni de interés social, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni ninguna otra. No obstante, para que se otorgue la medida suspensional que se solicita, es necesario que la parte quejosa acredite cuando menos en forma indiciaria que es titular del derecho afectado; ello con las documentales idóneas para tal efecto, pues se trata de un derecho de propiedad y/o posesión de un inmueble. En el caso, en relación con los efectos para los cuales pide la suspensión, la parte quejosa no acredita ser titular del derecho que aduce violado; de ahí, que aunque el acto sea susceptible de suspender, lo conducente sea negar la suspensión definitiva en relación con los efectos para los cuales pide la medida suspensional. En efecto, resulta necesario traer a contexto el artículo 131 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." Del precepto legal transcrito, se aprecia que la parte quejosa, en el incidente de suspensión está obligada a la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendentes a privar de la posesión o de la propiedad al justiciable, corresponde a éste la carga de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Es así, pues al respecto la sola manifestación de la impetrante en el sentido de que tiene la posesión del inmueble que defiende por más de dieciocho años, no es elemento suficiente para el otorgamiento de la suspensión solicitada en sede constitucional, pues respecto de tal derecho no allegó prueba alguna con la cual pudiera acreditar al menos de manera presuntiva su interés suspensional sobre el bien inmueble que defiende. En efecto, la impetrante no exhibe el documento o documentos idóneos para acreditar el interés que le asiste aunque sea de manera indiciaria, pues para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título justo que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer la propiedad o bien que se defiende, de manera que la parte promovente tenga una base objetiva, que produzca cierto grado de certidumbre al juzgador de que el agraviado cuenta con la titularidad del derecho que se ejerce sobre el bien mueble o inmueble de que se trate y en ese tenor, como se advierte, no se demuestra ni presuntiva o indiciariamente el interés jurídico al respecto. Tiene aplicación al respecto, la tesis visible a foja 262, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX Enero de 1992, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, del rubro y tenor siguiente: "SUSPENSION PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERES JURIDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestra siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnara el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar. También se cita como apoyo, por consubstancialidad en el tópico tratado y en lo conducente, la tesis I.3o.C.279 C (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página1036, del Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2014724, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE AQUÉL EL FAMILIAR QUE OCUPA EL INMUEBLE COMO TERCERO AJENO AL TITULAR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR EL QUE SE LE TRANSMITIÓ LA POSESIÓN DERIVADA A ÉSTE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 1/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 5, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.", estableció que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que produzca la certeza de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Por su parte, el artículo 6o. de la Ley de Amparo señala que sólo puede promover el juicio de amparo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. De igual forma, el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o., indica que sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, así como quien tenga el interés contrario; lo que implica que podrá hacerse válido un derecho reconocido por la ley, cuando se considere que el mismo ha sido violentado o desconocido. Derivado de lo anterior, para determinar el interés jurídico en el juicio de amparo respecto de familiares del titular de un derecho de posesión derivada, como el comodato, el arrendamiento, el depósito, etcétera, que ocupan un bien inmueble no bajo un derecho propio, sino bajo un derecho personal frente a su deudor alimentario, debe considerarse que la posesión que disfrutan los familiares del poseedor derivado, es resultado del derecho personal que tienen con su deudor alimentario; esto es, que el derecho de habitación, integra el genérico de alimentos. Por ende, el propietario del inmueble no se encuentra obligado a entablar acción alguna en contra de cada uno de los ocupantes del inmueble, sino contra aquel con quien se firmó el contrato que transmitió la posesión, esto es, ese poder físico en virtud de un acto volitivo previo, concertado con el dueño del bien, implica que la posesión sea derivada y tenga apoyo en un título que surte efectos hasta que no sea declarado ineficaz jurídicamente. Por consiguiente, las obligaciones que nacen de los actos jurídicos bilaterales mediante los que se cede la posesión de un bien inmueble, tienen naturaleza personal en virtud de que no afectan la cosa u objeto materia del pacto, sino que recaen, únicamente, en los individuos que lo celebran; en la especie, los que establecen de manera onerosa o gratuita, el uso de un bien inmueble. En dichos contratos se crean derechos y obligaciones cuando es el propietario quien cede la posesión y se obliga a respetarla, ello frente al que recibe la posesión del fundo, quien es el que está obligado a restituirlo en determinado tiempo y condiciones, de manera que si el primero exige esto último, debe acreditar que el acto jurídico por el que cedió ese poder físico es nulo, debe rescindirse o llegó a su término. Así pues, se trata de una relación de naturaleza personal derivada de un contrato de arrendamiento en el que sólo los que participaron en él, pueden quedar obligados en los términos de las documentales o el pacto relativo. Así, la acción personal se crea, por regla general, a través de un contrato donde las partes se vinculan de forma personal en relación con las obligaciones que hayan contraído entre sí, para lo cual se reconocen mutuamente la personalidad con la que actúan por lo que están impedidas legalmente para desconocer posteriormente el carácter y personería con que se ostentaron, salvo disposición legal específica. Ahora bien, la relación personal solamente produce efectos entre las partes que celebran el acto jurídico mediante el que se cedió la posesión y no contra terceros ajenos a dicho pacto pues, lo contrario, equivaldría a obligar a quienes no intervinieron en él, sin que su voluntad haya sido manifestada, dicho en otras palabras, se constituiría una estipulación contra terceros, inadmisible en el sistema de las obligaciones civiles. Bajo este orden de ideas, sólo se encontrará legitimado a ejercer una acción personal y ante su desestimación, el juicio de amparo, aquel que celebró el contrato que le da origen, si es que pretende desconocerla y no quien se abstuvo de intervenir en él, razón por la cual, carece de legitimación un tercero ajeno a un contrato para demandar judicialmente su cumplimiento, nulidad, rescisión o terminación, en la medida que carece de titularidad, tanto de derechos, como de obligaciones, respecto del mismo. Por tanto, se establece que el familiar de quien tiene un título de posesión derivada, ocupa dicho bien no bajo un derecho propio, sino por virtud del derecho personal que tiene frente a su deudor alimentario, que es lo que le permite ocupar el inmueble, empero, ello no le genera una acción o derecho oponible frente al propietario del inmueble porque no formó parte del acuerdo de origen que cedió la posesión del bien inmueble y, en consecuencia, carece de interés jurídico para promover un juicio de amparo.". De ahí que no obstante tenerse por cierto el acto reclamado a las señaladas como responsables que nos ocupa, debe atenderse a lo expuesto con antelación dado que la certeza del reclamo se determinó ante la omisión de rendir el informe previo por parte de dichas autoridades, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión, en relación con el inmueble que defiende la quejosa y respecto del cual no acredita interés suspensional. En medida de lo expuesto y razonado, se niega la suspensión definitiva. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA. Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario debe concluirse que no surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de quien solicita la suspensión sea "agraviado"; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.C.295 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO APORTAR EN LA AUDIENCIA INCIDENTAL LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE JUSTIFIQUEN QUE EL INTERÉS SUSPENSIONAL ACREDITADO AL OTORGARSE LA PROVISIONAL SUBSISTE AL EMITIR LA INTERLOCUTORIA CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto por los artículos 124 y 131 de la Ley de Amparo, se desprende que el hecho de que el Juez de Distrito otorgue la suspensión provisional no implica que ésta pueda volverse definitiva por el mero transcurso del tiempo, pues la segunda está sujeta a las pruebas ofrecidas por las partes, a los informes rendidos por las autoridades responsables, así como a la valoración y apreciación que el Juez haga sobre los mismos requisitos que observó para conceder la provisional; de ahí la obligación del quejoso de aportar en la audiencia incidental los medios de prueba que justifiquen que el interés suspensional acreditado al inicio subsiste al emitir la interlocutoria correspondiente." Sin que la anterior determinación prejuzgue sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del reclamo, ya que esas cuestiones sólo pueden analizarse y determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Mayra Alejandra Camacho Mascorro, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en los considerandos IV y V, por los motivos expuestos en el indicado apartado IV y en el diverso VI de esta interlocutoria. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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