Mayda Elena Gámez Gómez

Expediente 1221/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1221/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Mayda Elena Gámez Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Apercibimiento efectivo. Del estado de autos, se advierte que en proveído de ********************, se otorgó vista a la parte quejosa con el oficio y constancias con las cuales, la responsable manifestó cumplir con el fallo protector. Sin embargo, la parte quejosa no formuló manifestaciones sobre el particular; por ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia y se procede a calificar el acatamiento de la sentencia. Fallo protector. En resolución constitucional de ********************, se concedió a ********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las responsables, efectuaran los siguientes actos: ".La Junta responsable, en caso de que no se desahogue la prueba pericial tercero en discordia a cargo del experto ********************, se señale nueva fecha dentro del plazo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo." Firmeza del fallo. Seguidos los trámites de ley, en proveído de ********************, se hizo constar que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia; por ello, se declaró que causó ejecutoria y se requirió a la responsable por su cumplimiento. Cumplimiento. Del estado de autos, se advierte que la responsable, mediante auto de ********************, hace constar que no compareció el perito tercero en discordia ********************, y señaló las doce horas con treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, pues la autoridad responsable acreditó que dio cumplimiento a los efectos para los que se emitió la sentencia concesoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo suscrito por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y exhibe la constancia correspondiente. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga; bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo indicado, este juzgador se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente, realicen lo siguiente: "La Junta responsable, en caso de que no se desahogue la prueba pericial tercero en discordia a cargo del experto Martín Alfredo Arvizu Llanez, se señale nueva fecha dentro del plazo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con once minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes. También, con el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, así como un escrito y anexo presentados por los autorizados legales de la parte quejosa, registrados con folios 14706 y 14844. El juez acuerda, se tiene por hecha la certificación anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el informe justificado rendido por la citada autoridad responsable; igualmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa; asimismo, tómese en consideración al emitir la sentencia constitucional. Por otro lado, con base en el artículo 124 de la Ley de Amparo, glósense a los autos el escrito y anexo apenas precisados. En cuanto a lo que solicita, no ha lugar a diferir la audiencia constitucional, ello en virtud de que resultan innecesarias las constancias que la parte quejosa pretende ofrecer al presente sumario para acreditar la existencia del acto reclamado, ello en virtud de que el informe justificado que obra en el asunto en que se actúa es suficiente para pronunciarse en sentencia. Ya que este operador jurídico estima que diferir la audiencia por el motivo que se solicita, únicamente sería en perjuicio de la aquí quejosa y en contravención a las directrices que dimanan del artículo 17 constitucional, a saber, la justicia pronta. Asimismo, el secretario certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. Además, en auto de radicación se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero interesado. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que no les transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica: No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado (hoy tercero interesado), no comparezcan a esta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el presente caso, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución del juicio de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. También, el secretario certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con la documental ofertada por la Junta responsable; asimismo, hace constar que las demás partes no ofrecieron medios de convicción. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su especial naturaleza la aludida probanza; por otro lado, téngase por perdido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizarlos. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** L-III; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. El diecisiete de agosto siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos cuya ejecución material tienen verificativo en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: El retardo en la impartición de justicia de la responsable al no efectuar debidamente la prosecución del juicio laboral 2431/2011, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; en específico, las fecha lejana señalada para el desahogo de una prueba pericial tercero en discordia a cargo del experto Martín Alfredo Arvizu Llanes, en audiencia de diez de agosto de dos mil veintitrés. Existencia del acto reclamado La autoridad responsable, al rendir su informe justificado, admitió parcialmente el acto que se le atribuye; sin embargo, debe tenerse por cierto el reclamo de la parte quejosa, pues de las documentales que anexó a su informe con justificación, consistentes en copia certificada de autos del expediente 2431/2011 del índice de la Junta responsable, obra el auto precisado en el apartado anterior, donde se dilucida la fecha lejana. Certeza que se deduce de las constancias que remitió en apoyo, de las que se desprende la omisión reclamada. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio las advierta este juzgador, de conformidad con lo establecido en artículo 62 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, invocó la causal de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de amparo, porción normativa que se reproduce enseguida: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Sin embargo, en razón de que la Ley Federal del Trabajo no prevé algún recurso que proceda en contra de una actuación como el auto y la omisión reclamada, es inconcuso que no puede agotar algo que no existe en la ley. Por ende, es inaplicable la causal invocada por la Junta responsable. Por otro lado, toda vez que las demás partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia, y este juzgador, de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna; en consecuencia, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. Consideraciones jurídicas La parte peticionaria aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, dado que existe una evidente dilación procesal en la etapa probatoria. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, establecen, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Asimismo, se advierte que una vez admitidas las pruebas se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, así como que cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado, dicho periodo no deberá exceder de treinta días. Ahora, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, en lo que interesa se advierte lo siguiente: La parte quejosa entabló demanda laboral ante la responsable radicada bajo el número de expediente 2431/2011. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia de admisión y desahogo de pruebas, señalando fechas para diversas probanzas, las cuales, se han diferido por varios motivos. El diez de agosto de dos mil veintitrés, la Junta responsable, fijó data para el desahogo del aludido medio de prueba para las doce horas del trece de octubre de dos mil veintitrés, el cual, la parte quejosa aduce se encuentra fuera de los términos establecidos en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, de lo anterior se dilucida que, la autoridad responsable no atendió los plazos del multicitado numeral 883 de la ley obrera. En ese tenor, se concluye que vulnera la garantía de administración pronta y expedita de justicia que tutela a favor de los justiciables el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se ha retardado la debida prosecución del juicio natural; por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Por otra parte, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. Decisión En las relatadas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: La Junta responsable, en caso de que no se desahogue la prueba pericial tercero en discordia a cargo del experto Martín Alfredo Arvizu Llanez, se señale nueva fecha dentro del plazo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. En esa inteligencia, resulta relevante precisar que emitir una resolución concediendo el amparo solicitado con efectos de que la responsable señale nueva fecha para llevar a cabo el desahogo de la multicitada audiencia, resultaría más perjudicial que benéfico para la quejosa, toda vez que sería una labor compleja notificar a las partes, lo que desemboca en su inminente diferimiento y, por ende, un trámite retardatorio, toda vez que los tribunales obreros cuentan con una carga excesiva de trabajo para realizar diligencias y demás actos judiciales. Ahora, la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Asimismo, se destaca que los alcances de la protección federal, se limitan al acto reclamado y a la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado precisado en el apartado III, por las razones expuestas en el considerando VI, para los efectos precisados en el diverso VII, del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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