Mayela Ramirez Flores o Mayeli Ramirez Flores
Expediente 556/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mayela Ramirez Flores o Mayeli Ramirez Flores
Actuaciones
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- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Fiscal Segunda Orientador de la Unidad de Atención Temprana del XIV Distrito Judicial en Córdoba, Veracruz, consistentes en la orden de comparecencia, presentación y su ejecución. Lo anterior, dado que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto a los actos y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. La Fiscal Segunda Orientador de la Unidad de Atención Temprana del XIV Distrito Judicial en Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado señaló que era cierta la citación reclamada. Por su parte el Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Córdoba (denominación correcta de las autoridades señaladas como Delegado Regional de la Policía Ministerial, Delegado de la Policía Ministerial y Comisario de la Delegacion Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba), negó la ejecución del citatorio reclamado, negativa que se desvirtúa en atención a que tiene el carácter de ejecutora y la autoridad ordenadora aceptó la existencia del mismo, motivo por el cual se encuentra obligada a su cumplimiento. Cabe precisar que si bien, en las copias certificadas de la carpeta de investigación UAT/DXIV/294/2020 que remitió la Fiscal responsable al rendir su informe justificado, no obra el oficio emitido el veintiuno de junio del año en curso, que contiene la citación, su existencia se corrobora con la copia que anexó a su demanda la quejosa. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. De ahí que se tenga por cierto el acto que se reclama. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia, toda vez que son de estudio oficioso y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, al no contar la quejosa con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional a combatir el acto reclamado. En efecto, los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras conviene precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico. Ello, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que de lo que se duele la quejosa es de una posible transgresión a su libertad personal, pues teme ser privada de ella o que se restringa su ejercicio. Elementos que, conforme a lo previamente expuesto, corresponden a la figura del interés jurídico para efectos del juicio de amparo, y no a la de interés legítimo. Hecha esta precisión se tiene que, en el presente asunto, el acto reclamado lo constituye la citación de la quejosa, ***********, para que comparezca ante la Fiscal Segunda Orientador de la Unidad de Atención Temprana del XIV Distrito Judicial en Córdoba, Veracruz, emitida en la carpeta de investigación **********. Lo que tiene como finalidad, únicamente que comparezca a dicha actuación, a desahogar su declaración en calidad de denunciada. Luego, la citación de la quejosa para el efecto indicado no conlleva, por sí misma, una afectación a su libertad personal. Máxime que no le fue formulado apercibimiento de ninguna especie para el caso de que no asista a la audiencia indicada. Además, en términos de lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la persecución de los delitos es una función del Ministerio Público y, ante ello, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer los posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente carpeta de investigación. En ese sentido, el desahogo de diligencias tendentes a su integración no causa daño o perjuicio a persona alguna, por ser de orden público, entonces no procede el amparo en su contra, dado que no existe transgresión a su libertad, propiedades o cualquier otro derecho; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer esas facultades de investigación. Efectivamente, dentro de la facultad de la institución del ministerio público se encuentra la de recabar datos de pruebas idóneos, para acreditar el hecho que la ley señala como delito y la responsabilidad de alguien en su comisión; aunado a que, existen diversos medios de convicción que puede recabar el fiscal en la integración de la carpeta, de las cuales destaca las manifestaciones de personas que hubieren intervenido o tengan conocimiento de los hechos vía confesión o testimonio. Asimismo, conforme al artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público podrá -con pleno respeto a los derechos que lo protegen y en presencia del defensor-, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención, utilizando como medio el citatorio. De manera que el citatorio ministerial reclamado sólo constituye una diligencia dentro de la carpeta de investigación, que por sí mismo no afecta algún derecho fundamental de la quejosa; por tanto, el juicio de amparo no procede en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 33, agosto de 2016, tomo IV, página 2592, con número de registro digital 2012423, que dispone lo siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular". Se cita también la tesis II.2o.P.51 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 47, octubre de 2017, tomo IV, página 2601, con número de registro digital 2015368, del rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente". En las relatadas condiciones, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En el entendido de que, no pasa inadvertido que no se emplazó al denunciante en la carpeta de investigación, quien tiene el carácter de tercero interesado; sin embargo, el sentido de esta sentencia no le causa agravio alguno, por el contrario, resulta favorable a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 59/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 841, del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN ESENCIAL QUE LA HACE PROCEDENTE, LA OMISIÓN DE NOTIFICAR AL MINISTERIO PÚBLICO QUE HAYA INTERVENIDO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL CUAL DERIVE EL ACTO RECLAMADO, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, SIEMPRE QUE SU INTERVENCIÓN PUEDA TENER TRASCENDENCIA PARA EL SENTIDO DEL FALLO, PERO NO CUANDO TENGA QUE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la jurisprudencia 1a./J. 87/2012 (10a.), (1) emitida conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la omisión de notificar al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal, sobre la presentación de la demanda en que se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que esté en posibilidad de formular alegatos, constituye una violación esencial a las reglas del procedimiento del juicio de amparo, en virtud de que su intervención podría influir en el sentido de la sentencia de amparo que deba dictarse. Dicho criterio continúa siendo aplicable, en términos del artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que no se opone a este último ordenamiento, sino que ha ampliado la participación del Ministerio Público que intervino en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, al reconocerle el carácter de parte tercero interesada, como se advierte del contenido de los artículos 5o., 12, 115, 116 y 124 de la nueva ley". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 36/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 40, del Tomo XXXII, Mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. CASOS EN QUE LA OMISIÓN DE EMPLAZARLO COMO TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL JUICIO QUE DA LUGAR A ORDENAR SU REPOSICIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 114/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 550, determinó que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo indirecto con el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado afecte en los hechos a la reparación del daño, aunque no se refiera directamente a ella, con lo cual transfirió a los órganos aplicadores de la misma, la obligación de determinar en cada caso concreto si el acto reclamado actualiza el supuesto que legitima a la víctima u ofendido del delito para intervenir en el juicio de garantías con el carácter de mérito. De ahí que si el tribunal revisor al analizar el caso concreto sujeto a su estudio, advierte que la víctima u ofendido del delito que tiene el carácter de tercero perjudicado -al satisfacer la condicionante prevista en la jurisprudencia de referencia- no concurrió al juicio de garantías por no habérsele reconocido legalmente dicho carácter ni haber sido emplazado a él, procede que, por regla general, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, revoque la resolución recurrida y ordene reponer el procedimiento a efecto de subsanar esa irregularidad, dada la posibilidad de que pudiera emitirse un fallo que le resultara perjudicial sin haberle dado previamente la oportunidad de ser escuchado en el juicio. No obstante, esta regla no puede considerarse absoluta e irrestricta, pues en los casos en los que se advierta notoriamente que la sentencia que dicte el órgano revisor le será favorable, no procede reponer el procedimiento al no beneficiarle y, por el contrario, pudiendo incluso irrogarle perjuicio, al menos en lo relativo al tiempo que transcurre hasta en tanto se dicte una nueva resolución". En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de veintiocho de junio del año que transcurre, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *********** contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el mismo y en el diverso quinto.
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Córdoba, Veracruz, a dos de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Fiscal Segunda Orientador de la Unidad de Atención Temprana del XIV Distrito Judicial en Córdoba, Veracruz, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veinticinco de agosto del actual, remite copia certificada de la carpeta de investigación UAT/DXIV/294/2020 de su índice; dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable Fiscal Segunda Orientador de la Unidad de Atención Temprana del XIV Distrito Judicial en Córdoba, Veracruz, para que remitiera copia debidamente entreselladas, foliadas, rubricadas y certificadas de la carpeta de investigación UAT/DXIV/294/2020, sin que a la fecha haya dado cumplimiento, a pesar de encontrarse debidamente notificada del oficio que tiene inserto dicho proveído. En consecuencia, REQUIÉRASE por última ocasión a la citada autoridad, para que en el término de tres días legalmente computado, en términos de lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su segundo precepto, remita dichas constancias; en el entendido de que subsiste el apercibimiento de multa decretado en el proveído de trece de julio de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y objetivamente, atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 5°, fracción II, segunda parte, del citado del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. En el supuesto de que alguna de las partes esté interesada en comparecer a la audiencia, ésta se llevará a cabo por videoconferencia, de conformidad con los artículos 25 y 26 del Acuerdo General en cita; por tanto, tres días hábiles antes de la fecha señalada para la audiencia constitucional, sin contar el día de la propia audiencia ni el de su presentación, por ser necesario realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional; deberá hacerlo saber a este juzgado y proporcionar el correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, además de exhibir copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma, quien deberá estar legitimada para tal efecto. De no hacerlo se realizará sin su comparecencia.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a cinco de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Fiscal Segunda Orientador de la Unidad de Atención Temprana del XIV Distrito Judicial en Córdoba, Veracruz, a través del cual, pretende dar cumplimiento al requerimiento de trece de julio del actual, toda vez que remite copia cotejada de la carpeta de investigación ., sin embargo, se solicitaron debidamente entreselladas, foliadas, rubricadas y certificadas. Por tanto, devuélvanse dichas constancias a la autoridad oficiante, para que en el término de tres días legalmente computado, en términos de lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su segundo precepto, remita dichas constancias debidamente integradas y certificadas, se le hace del conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en dicho auto. Notifíquese.
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