Max Omar Estévez Altamirano
Expediente 220/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Max Omar Estévez Altamirano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor proveído el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Número 54 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Orizaba, Veracruz, con un anexo; toda vez que proveído de once de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibidas las constancias que remite y se acordó lo conducente. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, once de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio y anexo remitidos por el Presidente de la Junta Especial Número 54 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Orizaba, Veracruz, relativos al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia certificada de las constancias remitidas por la autoridad responsable, dese vista a las partes, por el plazo de tres días, computado legalmente, para que manifiesten lo que su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector. Notifíquese; y por oficio al tercero interesado.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de esta fecha, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, los efectos de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, son los siguientes: ". una vez que ésta cause ejecutoria, la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, de inmediato deberá emitir el laudo que resuelva la controversia planteada en el juicio laboral 433/2020, de su índice. " En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, cumpla puntualmente con la ejecutoria de amparo e informe a este Juzgado Federal sobre ello, con la remisión de las constancias que avalen dicho acato. Apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida de Actualización conforme a su valor diario, de conformidad con lo previsto por los artículos 237, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En el entendido que si no cumple con el requerimiento señalado en párrafos precedentes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, conforme a lo establecido por los párrafos segundo y tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y por oficio al tercero interesado.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 220/2023, promovido por*** por conducto de su apoderado, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, los que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que, además, se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias relativas al juicio laboral*** de su índice; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme a lo establecido en el precepto 2, de la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado lo alegado por la parte quejosa respecto a que la omisión de dictar el laudo correspondiente en el término que establece el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, transgrede en su perjuicio el derecho de que la justicia debe ser pronta, principio consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna. Previo a exponer los razonamientos que sustentan tal tesis, es pertinente precisar que el juicio de origen se rige por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, de conformidad con el transitorio Octavo del Decreto, ya que el contencioso natural inició el diecisiete de septiembre de dos mil veinte ante la Junta Federal responsable. Precisado lo anterior, quien esto resuelve advierte que la omisión de la autoridad responsable viola el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no cumplir con el término que establece la Ley Federal del Trabajo para dictar el laudo respectivo. A fin de demostrar la tesis anterior, resulta imperativo mencionar que el artículo 17 Constitucional, en lo conducente, establece lo siguiente*** El citado precepto consagra el derecho de acceso a la impartición de justicia, la cual contiene como uno de sus principios la justicia pronta. Este principio consiste en que las autoridades deben tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezca las leyes aplicables. ha establecido lo siguiente, en relación con el artículo 17 constitucional, relevante para el presente asunto*** La justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes*** La justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario*** La justicia debe garantizar al gobernado, la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Por su parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en San José, Costa Rica, el día veintidós del mes de noviembre del año de mil novecientos sesenta y nueve, establecen en lo conducente lo siguiente*** De una interpretación sistemática de tales dispositivos, se desprende el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en exigir a los jueces del proceso, que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que pudiesen conducir a la impunidad y debida protección judicial de los derechos humanos. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por otro lado, los artículos 884 a 890 de la Ley Federal del Trabajo disponen lo siguiente*** Los invocados preceptos establecen los plazos y términos en que deben desarrollarse las diversas etapas que conforman el procedimiento ordinario laboral y que son ulteriores al dictado del cierre del periodo instructivo. En las mencionadas disposiciones es posible obtener el término con que cuenta una Junta para emitir el laudo que resuelva en definitiva el juicio laboral, una vez declarado el cierre de la instrucción en el controvertido de que se trate. Así es, tales artículos establecen que una vez declarada cerrada la instrucción*** Dentro del término de diez días siguientes deberá formularse, por escrito, el proyecto de resolución en forma de laudo, con los requisitos que indica el artículo 885, de la Ley Federal del Trabajo*** Elaborado el proyecto respectivo, deberá entregarse una copia a cada uno de los miembros de la Junta, quienes dentro del término de cinco días hábiles, de su recepción, podrán solicitar la práctica de diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes o que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; en este último caso, la Junta, con citación de las partes, fijará día y hora para el desahogo de la diligencia que corresponda dentro del término de ocho días*** Transcurrido el término a que se refiere el artículo 886, de la Ley Federal del Trabajo (cinco días hábiles a partir de la recepción del proyecto de laudo), o bien, desahogadas las diligencias que en ese término se hubieren solicitado (desahogadas dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de los cinco días hábiles), el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma para la discusión y votación, la que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes contados a partir de cualquiera de los dos supuestos antes mencionados*** Terminada la discusión, se procederá a la votación y el Presidente declarará el resultado (artículo 888, de la Ley Federal del Trabajo). Si el proyecto fuere aprobado sin modificación alguna, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si se hicieren modificaciones al proyecto, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado (artículo 889, de la Ley Federal del Trabajo). Engrosado el laudo, el secretario recogerá las firmas de los miembros de la Junta, y una vez recabadas, turnará el expediente al actuario para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Como se ve, en suma, como término máximo para emitir laudo en un asunto en el que se ha declarado cerrada la instrucción, la Junta laboral correspondiente cuenta con treinta y tres días hábiles contados a partir de que decretó dicho cierre instructivo. Luego, la junta laboral que en contravención a los artículos 885 a 889, de la Ley Federal del Trabajo, omita dictar el laudo respectivo en el citado lapso contado a partir de la emisión del auto de cierre de instrucción, infringe el derecho de acceso a la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. En el presente asunto se aprecia que la omisión atribuida a la Junta responsable, ha vulnerado los anteriores preceptos, pues de las constancias que integran el juicio laboral número 433/2020, se desprende lo siguiente*** De lo anterior se obtiene que la Junta responsable ha soslayado el principio de acceso efectivo a una justicia pronta, completa e imparcial, debido a que su omisión en dictar el laudo que dirima la controversia entre la partes, infringe el contenido del artículo 17 Constitucional, así como lo establecido en los numerales 885 a 889, de la Ley Federal del Trabajo. Es así, pues de las constancias anteriormente relatadas se desprende que el cuatro de febrero de dos mil veintidós turnó los autos a efecto de elaborar la resolución correspondiente en el juicio laboral 433/2020, sin que a la fecha en que se emite esta sentencia exista en autos constancia alguna que demuestre que la citada autoridad emitió el laudo que resuelve en definitiva el indicado controvertido laboral, por lo cual, resulta evidente que al día de hoy han transcurrido más de treinta y tres días hábiles (término máximo con que cuenta la Junta para dictar el laudo), sin que la autoridad responsable hubiera dictado tal resolución. Luego, resulta inconcuso que la Junta responsable no respetó los términos legales que prevén los artículos 885 a 889, de la Ley Federal del Trabajo, en los que deben desarrollarse las diversas etapas que conforman el procedimiento ordinario laboral y que son ulteriores al dictado del cierre del periodo instructivo. Términos que en total, suman un lapso de treinta y tres días hábiles contados a partir de que se haya decretado el cierre de instrucción, en el que la Junta responsable debe emitir el laudo respectivo. Por tanto, la omisión de la autoridad responsable violó el artículo 17 Constitucional, al retardar indebidamente la solución de la controversia planteada en el juicio laboral, por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Cabe señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el efecto de las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contra actos negativos u omisiones, es obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y cumplir a lo que el mismo exija. En ese contexto, para cumplir con la presente sentencia, una vez que ésta cause ejecutoria, la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, de inmediato deberá emitir el laudo que resuelva la controversia planteada en el juicio laboral 433/2020, de su índice. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar, que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA a*** contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese
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