Maximo Raymundo Jimenez

Expediente 365/2014 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
365/2014
Año
2014
Actuaciones
17
Última actuación
30/07/2015

Partes del expediente

  • Maximo Raymundo Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso Máximo Raymundo Jiménez; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, devuélvasele la documentación que solicita, previa razón que se deje en autos para constancia legal, teniéndose como autorizados para recibirla a Carlos Engels Leonardo Espinosa, Mariana Lisbeth Bastida Graillet, Leonardo Jesús Ventura Díaz. Notifíquese. IIIB

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a uno de julio de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías el once de junio de dos mil quince, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia; con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó y se concedió la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIIB

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de junio de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por acuerdo de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince (foja 393, 394 y vuelta), se ordenó emplazar a este juicio de garantías al tercero interesado, JORGE ABURTO SÁNCHEZ, por edictos, requiriéndose a los autorizados del quejoso para que compareciera dentro del término legal de tres días siguientes a su legal notificación de dicho acuerdo, a efecto de que se le hiciera entrega de los edictos de mérito para su publicación por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República. Así también, en dicho auto se ordenó requerir al quejoso de mérito, para que dentro del citado plazo legal, manifestara expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes, debiendo acreditar tal circunstancia con prueba fehaciente, para estar en aptitud de determinar si procedía su publicación a costa del Consejo de la Judicatura Federal; apercibiéndolo que no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo legal, se entendería que sí tiene capacidad económica para sufragar el costo de los mismos, sin que lo hubiera hecho, por lo que, se hace efectivo en su perjuicio el apercibimiento respectivo, entendiéndose que sí tiene capacidad económica para el pago de los aludidos edictos. En consecuencia, se actualiza una causal de improcedencia; cuestión que es de orden público y, por ende, de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisaran y al tenor de lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de esa Ley. Ello es así, toda vez que el quejoso Máximo Raymundo Jiménez dentro del plazo legal que se le otorgó por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil quince, no manifestó expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes, por lo que es evidente que con dicha conducta contumaz por parte del quejoso de mérito, actualiza la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 27, fracción I, y 5°, fracción III, inciso b) del propio ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que impone sobreseer en el juicio. Funda lo expuesto, la jurisprudencia número 16/2000-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos once, del tomo XVI, correspondiente al mes de julio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Desde luego, no se desatiende la existencia de la jurisprudencia 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO", en la que se determinó que en aquellos casos en los que el quejoso afirme que no tiene la capacidad económica para sufragar el pago de los edictos y consten en autos elementos que demuestren esa circunstancia, se determinará que su pago (edictos) correrá a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, se estima que ese criterio no es aplicable en el caso, en razón de que como ya se dijo, la parte quejosa no acreditó que estuviese imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza pues no hizo manifestación alguna en ese sentido, no obstante habérsele requerido expresamente para ese efecto. Déjese sin efecto la fecha y hora señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista al quejoso en cumplimiento al proveído de cuatro de agosto del dos mil catorce, y a los terceros interesados por lista en cumplimiento a los acuerdos de once de diciembre de dos mil catorce y once de febrero del año en curso. IIIB

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintiocho de mayo de dos mil quince. Agréguese a sus autos, el oficio número 421, signado por el Apoderado y representante legal de Teléfonos de México, con sede en esta ciudad, por el que informa que se realizó una búsqueda en las bases de datos y sistemas relacionados con la prestación del servicio telefónico, y no se localizó registro alguno bajo el nombre de JORGE ABURTO SÁNCHEZ. Ahora bien, toda vez que a pesar de la investigación realizada por este Juzgado, no se ha podido emplazar a este juicio de garantías al tercero interesado, JORGE ABURTO SÁNCHEZ, por lo que a fin de no retrasar el procedimiento y lograr una pronta y expedita administración de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena verificar el emplazamiento del aludido tercero interesado, por medio de edictos, los cuales en términos del numeral citado, correrán a cargo de la parte quejosa, y deberán contener los requisitos que previene el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia; consecuentemente, por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado, y toda vez que la parte quejosa designó a Genaro Robles Bonifacio y Antonia Koral Carrasquedo Antonio, para recibir notificaciones, hágase entrega a éstos los edictos de mérito, mismos que se deberán publicar por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial y en "EL UNIVERSAL", que es uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, debiéndose hacer constar en tales edictos, que el citado tercero interesado, deberá apersonarse a este juicio dentro del término de treinta días, contado del siguiente al de la última publicación; asimismo, se deberá fijar en la puerta de este tribunal, una copia íntegra de la resolución respectiva, por todo el tiempo del emplazamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia; formalidades que se deberán observar por el fedatario judicial adscrito. Por lo que, los aludidos autorizados de la parte quejosa para recibir notificaciones, deberán presentarse en este Juzgado a recibir los edictos de mérito, dentro del plazo legal de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído. En otro aspecto, tomando en cuenta que en el presente juicio de garantías, los actos reclamados se hicieron consistir en el acuerdo emitido el veinte de mayo de dos mil catorce, dictada en el expediente agrario número 400/2009 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXII de Tuxtepec, Oaxaca, y a efecto de no hacer nugatorio sus derechos correspondientes, requiérase al aludido quejoso, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación de este proveído, manifieste expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes, debiendo acreditar tal circunstancia con pruebas fehacientes, para estar en aptitud de determinar si procede su publicación a costa del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que el no hacer manifestación alguna dentro del término legal establecido, se entenderá que sí tiene capacidad económica para sufragar el costo de los mismos. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicado en la página cuatrocientos dieciséis, del tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 164074, cuyo tenor literal es: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." III-B

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