Máximo López Toledo

Expediente 420/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
420/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
05/12/2018

Partes del expediente

  • Máximo López Toledo
  • Sandra Vásquez Toledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo (fojas 36-41); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado estado para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y en términos del artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión en donde, se negó la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo a este juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Tomando en consideración que en el duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable, Juez Segundo de lo Familiar de Juchitán, Oaxaca, exhibió en copias certificadas el expediente 213/2008, de su índice, devuélvase el mismo, al no existir razón alguna para conservarlo en este Juzgado. Notifíquese en términos de ley. III-A-Penal

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Juez Segundo Familiar de Juchitán, Oaxaca. Ahora bien, advirtiéndose de la constancia certificada consistente en el expediente 213/2018, del índice de la responsable, que adjuntó como justificación de su informe, la que tiene pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que el quejoso Máximo López Toledo, reclamó del Juez Segundo Familiar de Juchitán, Oaxaca, el proveído de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, que en su parte relativa, la autoridad responsable, refirió que no había lugar a tenerle por interponiendo recurso de apelación contra el auto de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, debido a que a dicho proveído no tenía fuerza definitiva y no le causaba un gravamen que no pudiera ser reparado en sentencia, pues contra dicho proveído procedía diverso recurso. De la revisión de constancias remitidas por la responsable, las cuales adjuntó a su informe justificado, se advierte, que con fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dictó sentencia definitiva en el expediente 213/2018, en la que decretó la disolución del vínculo matrimonial, dejándose a salvo los derechos de las partes para que hicieran valer lo conducente. En tal razón, en la especie, este juzgador advierte que en el presente caso se actualiza una causal de improcedencia; cuestión que es de orden público y, por ende, de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así es, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el párrafo primero de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio de garantías, como ya se precisó, se advierte que la parte quejosa reclamó el proveído de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, que en su parte relativa, la autoridad responsable, refirió que no había lugar a tenerle por interponiendo recurso de apelación contra el auto de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, debido a que a dicho proveído no tenía fuerza definitiva y no le causaba un gravamen que no pudiera ser reparado en sentencia, pues contra dicho proveído procedía diverso recurso. Ahora, toda vez que en esta fecha se tienen por recibidas las constancias relativas al expediente 213/2018, del índice del Juzgado Segundo Familiar, relativas al juicio de divorcio incausado, documental con la que se ordenó formar el cuaderno de anexo I, la que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2°, de la que se advierte que el juez responsable, el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dictó la sentencia correspondiente, en la que se declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a los señores Máximo López Toledo (aquí quejoso) y Sandra Vázquez Toledo (aquí tercera interesada), hechos estos de los que derivaba el acto aquí reclamado. Luego, al haberse dictado la sentencia correspondiente, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma, y ello obedece a que, en este caso la sentencia de divorcio ha creado una situación jurídica distinta y autónoma respecto de la liquidación de la sociedad conyugal, pues en el fallo de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el juez responsable dejó a salvo los derechos de las partes para que las hicieran valer conforme lo estimaren conducente. Entonces, entre el acto reclamado -desechamiento del recurso interpuesto en contra de la negativa de investigarse los antecedentes registrales de los inmuebles retenidos por el ahora quejoso en su contrapropuesta de convenio-; y la sentencia de divorcio -que, se insiste, dejó a salvo derechos para liquidarse la sociedad conyugal-, no se actualiza una situación vinculada entre sí, en tanto que la validez de la sentencia de divorcio, no depende de la validez del desechamiento de la apelación, porque no hubo pronunciamiento en la sentencia referida, en relación con la liquidación de la sociedad conyugal. De esta guisa, tomando en cuenta que la situación jurídica determinada por el acto reclamado, es que la pretensión del quejoso en el juicio de origen, de incluir en el debate de la liquidación de la sociedad conyugal, tres bienes inmuebles, está sujeta a que éste proporcione los certificados registrales de dichos bienes, pues el juzgado de lo familiar se negó a recabar las constancias ante el Registro Público de la Propiedad; y tenemos, de modo subsiguiente, que a virtud de la sentencia de divorcio se produjo como nueva situación jurídica, que la liquidación de la sociedad conyugal queda supeditada a que las partes plantearen posteriormente sus pretensiones sobre el particular; de ahí resulta que el acto sobrevenido (sentencia de divorcio) es autónomo, ya que entre éste y el acto reclamado no existe una relación de causalidad, pues aun ante una eventual ilegalidad del acto aquí reclamado, ello no traerá consigo la irregularidad de la sentencia de divorcio. Por ende, a virtud de dicha sentencia, se agotaron los efectos del acto reclamado, creándose frente al quejoso una nueva situación jurídica que no deriva de éste, sino de la sentencia de divorcio. Apoya lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia de la novena época, con número de registro 180706, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, tesis: I.7o.P. J/3, localizable en la página 1600, cuyo rubro y texto se leen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." (Lo resaltado es propio de este Juzgado) De igual manera, es aplicable la tesis jurisprudencial de la octava época registro 219750, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, de abril de mil novecientos noventa y dos, localizable en la página 522, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. NO OPERA POR REGLA GENERAL RESPECTO DE LOS JUICIOS CIVILES. Uno de los elementos indispensables para que opere la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, consiste en la autonomía entre los actos creadores de la primera y posterior situaciones jurídicas, de manera que pueda subsistir la segunda, aunque quede insubsistente la primera, los procesos jurisdiccionales del orden civil, ordinariamente se instruyen mediante una secuencia ordenada de actos, en la cual, por regla general, la validez de los posteriores dependen de la de los anteriores, de modo que si se invalida alguno, también quedan sin efectos los que se hayan continuado realizando sobre la base de aquél. Por esta razón, la causa de improcedencia en comento normalmente no opera en esta clase de juicios, pues regularmente no llegan a crearse situaciones jurídicas distintas y autónomas, mediante la afectación de bienes o derechos en dos o más actos del mismo procedimiento, sino situaciones vinculadas y dependientes entre sí, sin desconocer la posibilidad de excepciones." Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior, el hecho de que no se haya emplazado a la tercera interesada Sandra Vásquez Toledo, pues dado el sentido de esta determinación, no le depara perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis aislada P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, febrero 1998, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. III-A-Penal

  3. Incidental

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso Máximo López Toledo, en términos del considerando segundo de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. III-A-Penal

  4. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso Máximo López Toledo; atento a su contenido, téngasele en tiempo y forma dando cumplimiento a la prevención formulada en proveído que antecede; en consecuencia, se procede a admitir la demanda correspondiente. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Máximo López Toledo, por propio derecho, contra el actos del Juez Segundo Familiar de Juchitán, Oaxaca, que hace consistir en lo siguiente: "IV.- ACTOS DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMAN: Proveído de fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, consistente en la parte relativa, en que la autoridad responsable acordó en los siguientes términos: ".de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, 664 Unvices y 673 del Código de Procedimientos Civiles, no ha lugar a tenerle interponiendo recurso de apelación en contra del auto de fecha catorce de junio del año dos mil dieciocho, lo anterior, debido a que dicho proveído no tiene fuerza definitiva y no le causa un gravamen que no pueda ser reparado en sentencia, pues contra dicho proveído procede diverso recurso" Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1o. fracción I, 36, 114, 116, 147, 149, 156 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda. En consecuencia, se ordena formar el expediente 420/2018 y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Tramítese este juicio con incidente de suspensión, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, por lo que, con fundamento en los artículos 115 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena su apertura por duplicado y cuerda separada. SOLICITUD DE INFORMES. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el mismo fundamento, apercíbasele que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en congruencia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las once horas con cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional; en términos del precepto 115 de la ley de la materia. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dése la intervención que corresponda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, haciéndole entrega de la copia simple de la demanda de amparo. Asimismo, se solicita a la responsable que en el supuesto de que acepte la existencia de los actos reclamados, informe a este Juzgado, si se ha promovido juicio de garantías diverso contra el acto aquí reclamado o cualesquiera otra resolución que verse sobre los mismos hechos y, en su caso, remita copia certificada de las constancias relativas; de existir, exprese el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de juicio de amparo; y, de existir más partes donde tiene su origen el acto aquí reclamado, también informe, en su caso, la existencia de juicios de amparo diversos, el Juzgado de Distrito correspondiente, el número de expediente y, si ya fue resuelto o se encuentra en trámite. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (971) 71 4 54 93, al cual también, en su caso, pueden mandar sus informes vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contiene información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. Resérvese acordar respecto de la designación de los terceros interesados, hasta en tanto obre el informe justificado de la autoridad responsable. APERCIBIMIENTO. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, sin ulterior acuerdo, se dejará de tenerla con tal carácter y cesará toda comunicación con ella, lo anterior, acorde con el principio consagrado por el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese en términos de ley. III-A-Penal

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