Maximo Maldonado Vásquez
Expediente 264/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 33 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 06/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Maximo Maldonado Vásquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Incidental
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de inconformidad en contra del auto del nueve de noviembre de dos mil diecisiete, por el que se declaró cumplida la sentencia; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es depurable por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo, deberá desincorporarse materialmente la demanda y sentencia que obran en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la resolución relativa a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. De igual manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días para recoger los documentos que exhibió; apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con las constancias aludidas. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de inconformidad en contra del auto del nueve de noviembre de dos mil diecisiete, por el que se declaró cumplida la sentencia; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es depurable por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo, deberá desincorporarse materialmente la demanda y sentencia que obran en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la resolución relativa a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. De igual manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días para recoger los documentos que exhibió; apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con las constancias aludidas. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado en proveído del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, para que la quejosa y terceros interesados manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, este Juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia. ... Ahora, en la sentencia dictada el cinco de julio de dos mil diecisiete (fojas 160 a 194), en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "IX. DECISIÓN Ante lo fundado de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, analizados a la luz de la suplencia de la queja, se concluye que la diligencia de emplazamiento de trece de junio de dos mil dieciséis, -incluida la de entrega del citatorio del día hábil anterior-, resulta violatoria de los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica establecidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de esos derechos, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados para que el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, antes Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, deje insubsistente la diligencia de emplazamiento de trece de junio de dos mil dieciséis -incluida la de entrega del citatorio del día diez del mismo mes y año-, practicada al quejoso Máximo Maldonado Vázquez, así como todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 184/2016 de su índice, a partir de tal diligencia, únicamente por cuanto hace a dicha persona, y ordene que se lleven a cabo otras conforme a las prevenciones contenidas en los artículos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio, y sus relativos 311 y 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles. (.) 100. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución, dado que sus actos no se reclamaron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la ilegalidad del emplazamiento reclamado. Transcurrido el término legal pertinente, sin que las partes hubieran promovido recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, causó ejecutoria por auto del siete de agosto de dos mil diecisiete (226 a 228). Por autos del cinco de septiembre y tres de octubre, ambos del año en curso (fojas 258 a 262 y 284 a 287), este órgano jurisdiccional determinó que no se encontraba cumplido el fallo protector, por lo que se requirió nuevamente el cumplimiento de la ejecutoria a la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala. Así, mediante proveído del veintisiete de octubre del presente año (foja 314), se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, a través del cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, para lo cual anexó copia certificada de las constancias de cancelación de embargo, únicamente respecto de la parte proporcional que le correspondía al quejoso Máximo Maldonado Vásquez, con motivo de la diligencia de exeqüendo dentro del juicio ejecutivo mercantil 184/2016 de su índice, ordenándose dar vista a las partes con el oficio y anexos de mérito (fojas 310 a 313); así como, con el diverso presentado ante este órgano jurisdiccional el veintiuno de agosto del año en curso (fojas 238 a 242), el cual fue acordado el veintidós de agosto siguiente; y el diverso recibido el veinticinco de agosto del presente año, signado por la Diligenciario de su adscripción (foja 246). Ahora, el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, mediante oficio número 1191, de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, acordado el veintidós de agosto del año en curso, remitió copia autorizada del proveído de quince de agosto del año en curso, así como, del oficio 1178 de diecisiete del mes y año señalados, dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 184/2016 de su índice, mediante los cuales en el primero, dejó insubsistente todo lo actuado dentro del citado expediente, hasta antes del emplazamiento realizado al quejoso Máximo Maldonado Vásquez, incluso la diligencia de citatorio de espera domiciliaria de diez y trece de junio de dos mil dieciséis, así como, el embargo trabado en el citado procedimiento judicial y la sentencia definitiva de veinte de febrero de dos mil diecisiete. Asimismo, facultó a la Diligenciaria de su adscripción para que se constituyera asociado de la parte actora en el domicilio del demandado Máximo Maldonado Vásquez, aquí quejoso, para que en términos de los artículos 1391, 1392,, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399 y 1401 del Código de Comercio, procediera a requerir y a emplazar a dicho demandado, en términos del auto de exeqüendo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. De igual forma, giró el oficio correspondiente al Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, para que procediera a la cancelación del embargo del inmueble practicado en dicho juicio ejecutivo mercantil. Por oficio 1221 de veinticuatro de agosto del presente año, recibido ante este órgano jurisdiccional el veinticinco siguiente, y acordado el veintiocho posterior, la Diligenciaria Par adscrita al Juzgado responsable, en cumplimiento al fallo protector manifestó adherirse al cumplimiento que dictó el titular del juzgado de su adscripción. Posteriormente, mediante oficio 1693 de veinticinco de octubre de la presente anualidad, recibido en este juzgado federal el veintisiete de octubre siguiente y acordado en la misma fecha, el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, remitió copias certificadas del oficio DRP/7013/2017 y sello registral de cancelación de embargo, ambos de veinticinco de octubre del año en curso, suscritos por el Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, únicamente respecto de la parte proporcional que le correspondía al quejoso Máximo Maldonado Vásquez, con motivo de la diligencia de exeqüendo dentro del juicio ejecutivo mercantil 184/2016 del índice de la autoridad oficiante, del inmueble inscrito bajo el documento electrónico RP29NM-84AZ37-WY43M4, con folio real electrónico TL42-P9J7-CN3P-3H8X, de seis de julio de dos mil dieciséis, inscrito en la partida número mil ciento sesenta y nueve, sección primea, volumen veintiuno, del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, de uno de abril de dos mil doce. A tales documentos se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, es evidente que las mencionadas autoridades responsables acreditaron haber dado cumplimiento con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. Por otra parte, en relación a las manifestaciones vertidas por el tercero interesado Mario César Zecua Aguilar, mediante escritos recibidos el cuatro de septiembre y dos de octubre, ambos del año en curso, a través de los cuales manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, toda vez que en el juicio de origen no se ha llevado a cabo el emplazamiento al demandado; asimismo, no se canceló el embargo trabado en el juicio natural, únicamente respecto de la parte proporcional del inmueble del quejoso Máximo Maldonado Vásquez. Al respecto, debe decirse, que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, dejara insubsistente la diligencia de emplazamiento de trece de junio de dos mil dieciséis -incluida la de entrega del citatorio del día diez del mismo mes y año-, practicada al quejoso Máximo Maldonado Vásquez, así como todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 184/2016 de su índice, a partir de tal diligencia, únicamente por cuanto hace a dicha persona, y ordenara que se llevara a cabo otra conforme a las prevenciones contenidas en los artículos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio, y sus relativos 311 y 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, conforme a los efectos de la protección constitucional solicitada, la autoridad responsable facultó a la Diligenciaria de su adscripción para que se constituyera asociado de la parte actora en el domicilio del demandado Máximo Maldonado Vásquez, aquí quejoso, para que en términos de los preceptos invocados, procediera a requerir y a emplazar a dicho demandado. En otro aspecto, el juez responsable remitió copias certificadas de la cancelación de embargo, únicamente respecto de la parte proporcional que le correspondía al quejoso Máximo Maldonado Vásquez, con motivo de la diligencia de exeqüendo dentro del juicio ejecutivo mercantil 184/2016 de su índice, respecto del inmueble inscrito bajo el documento electrónico RP29NM-84AZ37-WY43M4, con folio real electrónico TL42-P9J7-CN3P-3H8X, de seis de julio de dos mil dieciséis, inscrito en la partida número mil ciento sesenta y nueve, sección primea, volumen veintiuno, del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, de uno de abril de dos mil doce. Conforme a lo expuesto, este órgano jurisdiccional concluye que se encuentra debidamente cumplimentado el fallo protector en el presente juicio. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, pueden interponer recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días.
- Principal
Agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar el oficio con anexos de cuenta, signado por el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, por el que remite copias certificadas del oficio DRP/7013/2017 y sello registral de cancelación de embargo, ambos de veinticinco de octubre del año en curso, suscritos por el Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, únicamente respecto de la parte proporcional que le corresponde al quejoso Máximo Maldonado Vázquez, con motivo de la diligencia de exeqüendo dentro del juicio ejecutivo mercantil 184/2016 del índice de la autoridad oficiante; lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, dese vista a las partes por el término de tres días con el oficio con anexos, de la autoridad oficiante, así como, con el diverso con anexos, presentado ante este órgano jurisdiccional el veintiuno de agosto del año en curso, por el que la citada autoridad oficiante, dio cumplimiento al fallo protector, el cual fue acordado el veintidós de agosto del presente año; para que manifiesten lo que a sus intereses convengan, con el apercibimiento que de no desahogar la vista este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese, y personalmente al quejoso y tercero interesado con las copias de las constancias precisadas. Así lo proveyó y firma Doctor en Derecho Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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