Máximo Hernández Flores

Expediente 479/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
479/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Máximo Hernández Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo para interponer el recurso de queja previsto por los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, ya transcurrió para la parte quejosa Maximino Hernández Flores y Enedina Pedraza Maravilla; por tanto, se declara que el auto que tuvo por desechada la demanda de amparo radicada en este expediente, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueven Maximino Hernández Flores y Enedina Pedraza Maravilla, contra actos del Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, de la Ciudad de San Pablo del Monte Tlaxcala y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 479/2018-VII. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, lo siguiente: El auto de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, que fue dictado dentro del expediente 582/2017, relativo al juicio plenario de posesión, en el que se desechó el recurso de revocación, así como su posible ejecución. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: En efecto, en el último precepto citado se establece que el amparo biistancial procede contra actos dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional sólo cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, y explica que por éstos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los actos en juicio de imposible reparación son aquellos que lesionan derechos fundamentales consagrados en la Ley Fundamental o los tratados internacionales mencionados, ya sean personales, reales o del estado civil, porque sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Así, para que dichos actos puedan ser calificados como irreparables, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectivaAhora bien, de la lectura integral de la demanda se desprende que el quejoso tilda de inconstitucional el auto de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, que fue dictado dentro del expediente 582/2017, relativo al juicio plenario de posesión, en el que se desechó el recurso de revocación, así como su posible ejecución. Sin embargo, el mismo no constituye un acto de imposible reparación en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque no afecta en forma material derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etcétera) y sus consecuencias sólo son de carácter intraprocesales que pueden ser reparables si la resolución que se emita en el juicio 582/2017 no le resulta favorable; en caso contrario, tiene la posibilidad de impugnar tal violación en amparo directo junto con el fallo definitivo. Como se puede observar, la posible violación procesal reclamada en esta instancia constitucional no producirá materialmente una afectación a los derechos fundamentales de quien promovió el amparo, cuenta habida que puede obtener un fallo definitivo favorable, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta la esfera jurídica de la parte quejosa al no alterarse ningún derecho sustantivo; por ende, será hasta que se dicte la resolución correspondiente cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas de la parte inconforme y, en su caso, si la supuesta violación procesal trascendió al resultado del fallo, tiene la posibilidad el impetrante de combatirla conjuntamente con la resolución incidental si ésta resultara desfavorable a sus intereses. De ahí que se asevere que el juicio de amparo indirecto promovido contra el acto reclamado resulta improcedente de conformidad con lo previsto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este juzgado, y en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como autorizado en términos amplios a José Luis Cruz Gómez, ello, en virtud de contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales.

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